Una silla para las mujeres colombianas en la mesa de paz

Este reportaje forma parte de una serie sobre sobre mujeres y paz en Colombia que puedes leer en Catalunya Plural, El Diario de la Educación y La Marea. Puedes leer la introducción aquí.

A mediados de 2012, en Colombia soplaban vientos de esperanza: se empezaban a escuchar palabras como paz, negociación y alto al fuego. Hacía dos años que Juan Manuel Santos (2010-2018) había relevado a Álvaro Uribe (2002-2010) en la Presidencia de la República. La política de Defensa y Seguridad Democrática de Uribe había dejado en sus 8 años de doble mandato más de 2,4 millones de nuevos desplazados vinculados al auge del paramilitarismo, e incluso al accionar irregular de las fuerzas del orden.

El nuevo gobierno quería intentar una estrategia de diálogo para poner fin al conflicto con las FARC y aprovechar que, luego de ocho años de la intensificación de las acciones armadas para doblegar militarmente a las FARC, la insurgencia había sufrido golpes muy importantes.

El 4 de septiembre de 2012 Juan Manuel Santos confirmaba que las negociaciones con las FARC comenzarían en octubre en Oslo, tras seis meses de «conversaciones exploratorias». Ambas partes firmaron una hoja de ruta constituida por cinco puntos: el problema de la tierra, el abandono de las armas, la entrada de los rebeldes desmovilizados en la vida política –que actualmente conforman la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común–, la solución de la problemática del narcotráfico y la reparación a las víctimas del conflicto.

En el artículo 3 de la resolución 339 del 19 de septiembre de 2012, que establecía las reglas de funcionamiento de la mesa de conversaciones, el Gobierno colombiano designó a sus plenipotenciarios: todos hombres. “Alegando una supuesta neutralidad, ignoraban la necesidad de aplicar una perspectiva diferencial de género para evaluar los abusos del pasado”, afirman Dhayana Carolina Fernández-Matos y María Nohemí González-Martínez, investigadoras de la Universidad Simón Bolívar.

Según María Villellas, investigadora de la Escuela de Cultura de Paz de la Universitat Autònoma de Barcelona, la ausencia de las mujeres en los diálogos de paz se debe a que “ha habido una falta deliberada de esfuerzos para integrarlas en procesos de paz formales”. Delante de la vulneración de sus derechos de participación y representación, las mujeres, organizadas, recordaron al gobierno colombiano los compromisos internacionales que había suscrito en materia de igualdad de género y derechos humanos.

“Cuando se instala la mesa de negociación de paz en un primer momento, las mujeres recurren a la 1325 para denunciar que no había presencia de mujeres en ella, y buena parte de la emergencia de lideresas viene de ese momento”, explica Luz Piedad Caicedo, subdirectora de la Corporación Humanas, Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género.

La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad fue aprobada por unanimidad el 31 de octubre de 2000. La resolución reconoce el impacto desproporcionado y único de los conflictos armados en las mujeres y los niños y hace un llamado a adoptar una perspectiva de género en los procesos de paz. La normativa se focaliza también en la importancia y el derecho a la participación de las mujeres en los procesos de paz. 

Según Caicedo, la Resolución 1325, que conmemora su vigésimo aniversario en 2020, fue impulsada por los movimientos feministas, aunque el hecho de que también sugiera el aumento de mujeres en los ejércitos hace que sea muy criticada por algunos sectores feministas. Además, pese a salir de una de las “estructuras duras” de la ONU –el Consejo de Seguridad–, es un documento débil porque “insta”, pero no obliga.

“Como dicen las abogadas, no es un instrumento que tenga dientes, y eso dificulta cómo exigir su cumplimiento”, comenta Caicedo. Muy crítica, la subdirectora de la Corporación Humanas denuncia que “ni siquiera la ONU se la ha creído, ya que la propia organización no cumple las cuotas mínimas de participación de mujeres”. Aun así, Caicedo reconoce que al menos estos documentos les permiten “exigir unos mínimos”.

El organismo estadounidense especializado en política exterior Council on Foreign Relations (CFR) asegura que cuando las mujeres participan en los procesos de paz, hay un 64% menos de probabilidades de que los acuerdos fallen. Además, hay un 35% más de probabilidades de que esos acuerdos permanezcan en el tiempo. Sin embargo, las cifras de participación femenina en las negociaciones de paz son muy bajas, tanto como su representación en los acuerdos alcanzados. De 1.187 acuerdos de paz firmados entre 1990 y 2017, solo en un 19% de ellos se hace referencia a las mujeres, y solo el 5% de los pactos se refieren a la violencia de género durante el conflicto.

En este contexto de pugna internacional feminista por conseguir la inclusión de las mujeres en los procesos de paz, nace en Colombia Mujeres por la Paz. En su acta de conformación, fechada en octubre de 2012, las mujeres le exigieron al Gobierno y a las FARC que no se levantaran de la mesa de conversaciones hasta que no se hubiese firmado el compromiso de poner fin a la guerra y construir la paz, tal y como recogen Fernández-Matos y González-Martínez. Dos meses más tarde, el 4 de diciembre de 2012, Mujeres por la Paz elaboró el manifiesto La paz sin las mujeres ¡No va!, que expresaba la necesidad de que las mujeres asumieran un rol protagónico en las negociaciones entre el Gobierno y las FARC.

De acuerdo a los planteamientos de María Villellas, las mujeres se encuentran con un doble desafío por delante: primero, conseguir tener presencia en las mesas de paz, espacios de masculinidad hegemónica tan marcados por el género como las guerras. Segundo, una vez en las mesas, lograr que se incluya la perspectiva de género en los acuerdos.

Los reclamos de Mujeres por la Paz y los de tantas otras organizaciones de mujeres fueron parcialmente escuchados. En 2013, más de 400 mujeres se reunieron en la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz y, como respuesta, el gobierno colombiano nombró dos mujeres plenipotenciarias en las mesas de diálogo de La Habana. Al año siguiente se creó la Subcomisión de Género adscrita a la mesa de negociación de La Habana, la primera en el mundo de este tipo después de la creada en el proceso de paz fallido de Sri Lanka, en 2003.

La presencia de mujeres en las negociaciones de La Habana abría la posibilidad de imaginar nuevas agendas que incluyesen las necesidades de las mujeres. Nuevas agendas de construcción de paz que no fueran excluyentes pues, como recoge María Villellas, “desde la perspectiva feminista, los procesos de paz llevados a cabo hasta el momento han sido insuficientes porque el final de los conflictos armados, para muchas mujeres, no ha significado automáticamente el fin de la violencia”.

La importancia de la perspectiva de género en los Acuerdos 

En 2014, las mujeres ya habían logrado tener un par de sillas en las negociaciones, así como una Subcomisión de Género, y 36 de las 60 víctimas del conflicto armado que viajaron a La Habana para dar sus testimonios y ofrecer recomendaciones a la Mesa de Negociaciones fueron mujeres. Sin embargo, la participación de colombianas en el proceso de paz no significaba automáticamente un cambio sustantivo en el contenido y la perspectiva de los acuerdos. 

Estebana Ortiz, lideresa social colombiana experta en equidad de género que se exilió en Barcelona después de ser amenazada de muerte, considera necesario “aplicar la perspectiva feminista a la percepción del conflicto armado para conseguir la paz; un proceso de paz que permita crear nuevos discursos, cuestionar el patriarcado y aplicar la lógica y la ética feministas en los acuerdos”. 

Según Ortiz, para lograr unos acuerdos reparativos y con perspectiva de género, “las víctimas deberían tener un rol protagonista dentro de una mesa de negociación, recogiendo su memoria, ya que ellas le pondrían conciencia, pecho y mente a los hechos como tal”.

En el caso del Acuerdo de Paz colombiano de 2016, la importancia de la presencia de las mujeres en el proceso fue señalada por quienes participaron en la mesa de conversaciones de La Habana. Esta es una de las conclusiones del texto La paz sin las mujeres ¡No va! El proceso de paz colombiano desde la perspectiva de género, publicado en 2019 por Fernández-Matos y González-Martínez.

Asimismo, la Corporación Humanas y la Corporación de Investigación y Acción Social y Económica constataron el papel fundamental de las mujeres en la inclusión de temas relevantes en la mesa de diálogo. A través de entrevistas a las mujeres que participaron en la mesa de negociación, las organizaciones aseguraban que “el proceso de paz y el Acuerdo Final habrían sido diferentes sin su participación, pues sin las mujeres las discusiones sobre la igualdad de género, la importancia de la voz de las mujeres en la construcción de la paz y el tratamiento diferenciado de menores de edad seguramente no se hubiesen dado”.

Además, en el punto sobre víctimas del Acuerdo se garantizaba que el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición respondería a las características particulares de la victimización en cada territorio y cada población, teniendo en cuenta un enfoque diferencial y de género.

Diferentes mujeres víctimas-supervivientes entrevistadas en marzo de 2020 en el departamento del Tolima valoran positivamente los Acuerdos de Paz. Aun así, matizan algunos aspectos y, sobre todo, consideran indispensable que se trasladen del papel a la realidad. Leonoricel Villamil, líder de la organización Voces de Mujeres Rurales Urbanas por la Paz de Gaitania, resaltó la importancia de los acuerdos para la gente del campo. “Estoy agradecida con el gobierno de Santos que, en medio de las discordias, y que a muchos no les gustó, se puso los pantalones y tuvo ese acuerdo de paz, en el cual los que nos hemos visto beneficiados somos los campesinos, los que vivimos la guerra. Porque el que está en la ciudad no sabe qué es una guerra, no sabe qué es un conflicto y qué es vivir en el campo”, reflexionaba la lideresa de Gaitania, un municipio ubicado en el sur del Tolima y marcado históricamente por el desarrollo del conflicto. 

A su vez, Flor Múnera, defensora de los derechos humanos e integrante del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, considera que es fundamental que se incluyera la perspectiva de género en los acuerdos de paz: “Es muy importante lo que se firmó para las mujeres, y sobre todo tan importante es que la mujer fue botín de guerra, fue totalmente maltratada por todos los actores del conflicto armado. Nosotras pagábamos muchas veces las consecuencias de lo que podían hacer los hombres». 

Sin embargo, pese al reconocimiento que les ha supuesto que los Acuerdos de La Habana hayan incluido en uno de sus principales puntos la equidad de género, Leonoricel opina que ellas, las mujeres víctimas-supervivientes, solo están representadas en parte: “En parte sí, porque hemos trabajado para que la paz continúe, y la inclusión de la equidad de género ha sido vital para nosotras salir a reclamar y mostrar que lo podemos hacer. Pero en parte no, porque nosotras también hemos sido afectadas por el gobierno nacional, y en eso uno no ve justicia, uno no ve nada. Por eso, nosotras hacemos parte y reclamamos el esclarecimiento de la verdad, que tanto los Acuerdos como la JEP [la Jurisdicción Especial para la Paz] recogen. Si usted cuenta la verdad, está sanando. Y a eso es a lo que nosotros hacemos un llamado”.

Para Luz Piedad Caicedo, uno de los principales logros del movimiento feminista colombiano por la paz fue la transversalidad del enfoque de género, una mirada que, según ella, irritó a los sectores más conservadores del país: “Que se incluyera la perspectiva de género en los seis puntos de los Acuerdos de Paz fue lo que llevó también a que fuera rechazado en el referendo. Las iglesias y la derecha hicieron campaña en contra”, explica Caicedo. “Hablaban de la trampa de Santos, e hicieron una dura campaña en contra de los acuerdos, argumentando que estos querían imponer una ‘ideología del género’”, recuerda la subdirectora de la Corporación Humanas.

Mara Viveros Vigoya, investigadora de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia, coincide con Caicedo, y explica que “se ha creado un enemigo común, conocido como “ideología de género”, que corrompe a los niños y niñas y destruye los valores familiares, basándose en noticias falsas sobre la presunta distribución de manuales de educación sexual en los colegios”. Según argumentan Viveros Vigoya y Rodríguez Rondón en su artículo Hacer y deshacer la ideología de género, “se trata de una estrategia de desinformación que utiliza el pánico moral para deslegitimar los conocimientos sobre las relaciones de género y sexualidad y los derechos alcanzados por las luchas del movimiento feminista”.

El enfoque de género de los acuerdos después de La Habana

Es conocido el resultado de la intensa campaña mediática en contra del proceso de paz. El primer redactado de los Acuerdos de Paz fue rechazado en el referéndum del 2 de octubre de 2016: el no ganó al sí por una diferencia del 0,4% (53.726 votos), y con una abstención de más del 60% del electorado. 

Después de la derrota del Sí, los signatarios hicieron modificaciones en los acuerdos originales para incluir propuestas de los partidarios del no, entre las cuales estaban las que afectaban a los temas relacionados con los derechos de las mujeres y las personas LGBTI. “Se borraron los términos género y LGTBI de los acuerdos, así como se ha borrado de otros textos de la ONU, sustituidos por ‘mujeres’”, afirma Caicedo. 

El propio expresidente Juan Manuel Santos así lo aseguró a los líderes religiosos: «Vamos a sacar todo aquello que amenace a la familia, que amenace a la Iglesia y vamos a buscar una frase, una palabra, que no les dé temor a los creyentes”. En el nuevo acuerdo final, firmado el 12 de noviembre en La Habana, las menciones al enfoque de género se redujeron de 144 a 55. A pesar de los recortes, los acuerdos continuaban reconociendo que “el conflicto ha impactado de manera diferenciada a la mujer y que, en consecuencia, se requieren acciones distintas y específicas para restablecer sus derechos”, también en palabras de Santos.

Muchas feministas están de acuerdo con la afirmación de Santos y aseguran que el Acuerdo conserva el enfoque de género y, sobre todo, su gran logro: el punto 5, relativo a las víctimas del conflicto. Pero, pese al reconocimiento que mereció el proceso de paz por su perspectiva de género, según recoge el Council of Foreign Relations, las mujeres, finalmente, solo supusieron un 33% de los participantes de las mesas de paz de las negociaciones finales: conformaron el 20% del equipo negociador del gobierno y el 40% del de las FARC. 

En el posacuerdo aún hay mucho que hacer para que el enfoque de género sea más que un enunciado, tal y como destacan los dos informes de seguimiento al enfoque de género realizados por el Instituto Kroc para Estudios Internacionales de Paz, ONU Mujeres, la Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM) y el gobierno de Suecia. 

Tras comparar los niveles generales de implementación del Acuerdo con los niveles de implementación del enfoque de género, el último de los informes, publicado en agosto de 2019, concluye que “aún persiste una brecha entre ambos, con mayor rezago en el inicio e implementación de las medidas para la igualdad de género”. Por lo que respecta al análisis cualitativo, el documento destaca que “los mayores avances en los últimos meses se han presentado en el Punto 5 (Derechos de las Víctimas) mientras que, en otros puntos del Acuerdo (puntos 1, 2 y 4) se han evidenciado pocos avances”. 

En los campos y ciudades muchas víctimas denuncian que los acuerdos no se cumplen, y mantienen su lucha por una paz que las incluya.