¿Qué ha pasado en Canarias? Seis claves para entender la crisis de acogida de 2020

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Desde el 1 de enero hasta el 15 de diciembre llegaron a las costas canarias 21.452 personas a través de 702 embarcaciones, según datos del Ministerio de Interior. En el mismo periodo de 2019, la cifra no llegó a las 2.000. Solo en el undécimo mes del año que acaba de terminar arribaron a las islas unas 8.000 personas a bordo de pateras y cayucos, lo que supone el récord de la serie histórica con una media diaria de unas 257 personas. Cerca del 70% de las personas que han llegado a las islas Canarias lo han hecho a Gran Canaria. Y es en esta isla donde se ha escenificado la crisis migratoria y de acogida que se ha vivido en 2020, con el simbólico campamento de la vergüenza en Arguineguín. Aquí van unas cuantas claves para entender qué ha pasado, qué está pasando y qué pasará previsiblemente.

1. Un problema que se veía venir

Las autoridades no podrán decir que esta crisis les ha pillado por sorpresa. Durante el último año y medio, han sido muchas las organizaciones y especialistas que han alertado de una reactivación de la ruta atlántica, concretamente desde septiembre de 2019. Conocida como la ruta canaria, se trata de una de las más mortíferas. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 560 personas han muerto en este camino solo en 2020. A diferencia de la llamada crisis de los cayucos de 2006, cuando llegaron a Canarias 36.000 migrantes, el perfil de las personas que parten desde África ha cambiado, con una importante presencia de jóvenes, mujeres, embarazadas, menores y bebés.

2. El ‘campamento de la vergüenza’ de Arguineguín

El punto de inflexión de la actual crisis migratoria ha tenido lugar en un pequeño pueblo pesquero de Gran Canaria. El muelle del puerto de Arguineguín ha funcionado en los últimos años como punto de recepción de las pateras interceptadas por Salvamento Marítimo. Sin embargo, desde principios de agosto, la explanada del muelle fue poco a poco reconvertida en un campamento provisional de acogida. Este lugar evidenció todas las carencias de un Gobierno que no supo reaccionar a tiempo, y cuya situación le pilló sin un plan de actuación claro y sin un sistema de acogida estable.

En el bautizado como campamento de la vergüenza llegaron a estar hacinadas cerca de 2.700 personas, cuando su capacidad ronda las 400. Debido a la ausencia de espacio físico, se tuvieron que desmontar las duchas. Y no fue la única irregularidad y violación de derechos fundamentales: desde personas con COVID durmiendo al ras del suelo, pasando por la falta de asistencia letrada y de intérpretes, hasta las insalubres condiciones en las que se encontraban unas personas que sobrevivían con tres bocadillos al día. Y, a diferencia de las palabras del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que aseguraba en una entrevista que en el muelle ninguna persona está “nunca más de 72 horas”, el plazo máximo legal que pueden estar retenidos, hay documentados casos de personas que han estado varias semanas. Supuestamente, las personas que habían superado esos tres días no estaban retenidas, como concluía un auto desvelado por el fotoperiodista Javier Bauluz en el que el juez asegura que las personas migrantes permanecen allí en libertad y nadie puede impedir su salida después de que les entreguen la orden de devolución. Sin embargo, a la hora de la verdad, esto no ocurría hasta que se conoció dicha resolución judicial.

Las retenciones ilegales, así como las pésimas condiciones del muelle, hicieron que el Defensor del Pueblo pidiera al Ministerio de Interior cerrar “de inmediato” el campamento. Finalmente, el 29 de noviembre, casi cuatro meses después de que se levantara, quedó completamente vacío. Unos días sin llegadas y los continuos traslados a otros recursos humanitarios permitieron poner fin a un entramado que nunca debió existir.

Estas retenciones ilegales, así como las pésimas condiciones del muelle, hicieron que el Defensor del Pueblo pidiera al Ministerio de Interior cerrar “de inmediato” el campamento. Finalmente, el 29 de noviembre, casi cuatro meses después de que se levantara, el campamento provisional de acogida para migrantes de Arguineguín quedaba completamente vacío. Unos días sin llegadas y los continuos traslados a otros recursos humanitarios permitieron poner fin a un entramado que nunca debió existir.

3. Ausencia de un plan de acogida estable

Lo ocurrido en el campamento de Arguineguín no es más que el resultado de la inexistencia de una red estable de acogida en las islas y la falta de un plan de actuación en materia migratoria. Esto ha hecho que estos últimos meses imperase la improvisación política. Unos de los ejemplos más claros de la descoordinación entre administraciones se produjo el martes 17 de noviembre. Ese día, que coincidió con el pico máximo de personas en el muelle, 227 personas fueron puestas en la calle sin ninguna otra alternativa. Nadie sabe decir quién dio la orden.

Durante los meses que estuvo el campamento operativo, las personas rescatadas debían pasar allí un máximo de 72 horas para la reseña policial. Posteriormente, eran derivadas al sistema de acogida. Según datos de principios de diciembre de la Secretaría de Estado de Migraciones, el Gobierno tiene acogidas a más de 8.000 personas. De esas, 7.000 están alojadas en 17 complejos turísticos de las islas cerrados debido a la crisis derivada de la pandemia, mientras que el resto están en las mil plazas con las que ya contaba el sistema de acogida del Estado. Además, hasta mediados de diciembre, había un total de 2.380 menores no acompañados a cargo del Gobierno de Canarias dado que es una competencia autonómica.

Con el operativo de Arguineguín desmantelado, la función de centro de recepción y custodia policial la cumple el Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE), un campamento situado en terreno militar cedido por Defensa, gestionado por Interior y custodiado por Unidades de Intervención Policial. Este lugar tiene, según datos de Interior, capacidad para 1.000 personas, y la idea es que también funcione como centro de acogida. Como explica el técnico de CEAR Canaria Txema Santana, “esto pone de manifiesto que Arguineguín podía tener una alternativa desde hace mucho tiempo”.

Otro ejemplo que pone en evidencia la política migratoria española es lo ocurrido con los menores y sus progenitores. Hasta finales de octubre, la Fiscalía de Las Palmas separaba sistemáticamente a los niños y niñas de sus padres y madres nada más bajar de las pateras, incluso a pesar de aportar el libro de familia, a la espera de una prueba de ADN que en muchos casos tardaba meses.

Otro ejemplo que pone en evidencia la política migratoria española es lo ocurrido con los menores y sus progenitores. Hasta finales de octubre, la Fiscalía de Las Palmas separaba sistemáticamente a los niños y niñas de sus padres y madres nada más bajar de las pateras, incluso a pesar de aportar el libro de familia, a la espera de una prueba de ADN que en muchos casos tardaba meses.

4. Turismo y brotes xenófobos

En un primer momento, cuando se activó la opción de usar complejos turísticos vacíos por la pandemia, la patronal turística de Canarias aceptó la oferta con buenos ojos. Sin embargo, con el paso de los meses y sin una alternativa por parte del Gobierno, los empresarios han reclamado que los hoteles y apartamentos sean desalojados de cara a la temporada de invierno, época clave para el turismo en Canarias. La alcaldesa del municipio de Mogán, del que forma parte Arguineguín, Onalia Bueno, anunció a finales de noviembre sanciones y multas a aquellos complejos turísticos que sigan dando acogida a las personas migrantes más allá del 31 de diciembre. Lo hace, dice, para poder reactivar el turismo. Bueno fue detenida en septiembre por un presunto delito de fraude electoral en las dos últimas elecciones municipales.

La falta de alternativas de acogida y la precaria situación del sector turístico debido a la pandemia está sirviendo para que la extrema derecha alimente los discurso racistas y xenófobos. El líder de VOX, Santiago Abascal, estuvo a principios de diciembre en Gran Canaria en una manifestación en defensa del turismo y contra la mal llamada inmigración ilegal. Como bien apunta Santana, de CEAR Canarias, alargar la situación de los hoteles solo hará que a las migraciones les caiga el “terrible” sambenito de fastidiar el motor económico de las islas, que intenta arrancar con la época invernal.

Ya el sábado 12 de diciembre se vivió uno de los momentos más vergonzosos. Ese día, una manifestación antiinmigración liderada por una treintena de vecinos de Arguineguín acabó a las puertas de uno de los complejos hoteleros de la zona increpando a las personas migrantes alojadas. La situación hizo que Cruz Roja pidiera a los migrantes no salir en las siguientes 48 horas para evitar cualquier incidente.

5. Opacidad en los traslados

Al igual que ocurre con el turismo, la extrema derecha y las personas con discursos antiinmigración están usando la mala gestión del Gobierno de España en los traslados desde las islas a la península para alentar el fantasma del inexistente efecto llamada. Organizaciones y hasta el propio Gobierno de Canarias -con PSOE y Podemos en el Ejecutivo- reclaman traslados ágiles, periódicos y transparentes, justo lo contrario de lo que se está haciendo, para aliviar la situación de las islas, que están asumiendo toda la responsabilidad de la acogida. Además, muchas ciudades y comunidades se han ofrecido a acoger migrantes. No obstante, esta opción ha sido descartada por el Gobierno de coalición en varias ocasiones comprando, así, el discurso de la ultraderecha. Hasta el momento, los viajes que se están llevando a cabo, aseguran desde el Ministerio de Interior, han sido puntuales, priorizando perfiles vulnerables. Cualquier desplazamiento masivo de migrantes en los últimos meses responde a viajes costeados por ellos mismos. A pesar de que tienen abierto un expediente de devolución, son libres y no tienen restringida su libertad deambulatoria por España.

6. Plan Canarias

La respuesta del Gobierno a la situación migratoria de las islas llegó el 19 de noviembre con la presentación del Plan Canarias. El objetivo principal es contar con cerca de 7.000 plazas de emergencia. En total,  se habilitarán en las tres islas con mayor presión migratoria -Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura- nuevas carpas en siete emplazamientos, entre los que se encuentra una nave industrial cedida por Bankia.

Con las cifras actuales de llegada -más de 8.000 solo en noviembre- esas plazas son insuficientes. Esto quiere decir que el plan sobredimensiona la acogida y centra solo sus esfuerzos en dar una solución -a la vista insuficiente- alojativa sin contemplar otras medidas como son los traslados a otros territorios. ?

Con las cifras actuales de llegada -más de 8.000 solo en noviembre- esas plazas son insuficientes. Esto quiere decir que el plan sobredimensiona la acogida y centra solo sus esfuerzos en dar una solución -a la vista insuficiente- alojativa sin contemplar otras medidas como son los traslados a otros territorios.

No son números

El año de la pandemia acabará con más de 20.000 personas llegadas en pateras y cayucos a las costas canarias. Cifras no vistas en más de una década. Pero son más que una estadística. Son personas, cada una con su historia. Durante los meses que estuvo levantado el campamento de Arguineguín era constante el ir y venir de familiares en busca de sus seres queridos. Fue el caso de Sarah y Tarik. Ambos, de origen marroquí, tenían dentro a su hermano y su sobrino, respectivamente. No sabían si estarían ahí. Por no saber, no sabían si seguían con vida. Sarah viajó desde Francia, y Tarik desde Sevilla. Pasaron horas y días a las puertas del muelle, pero nadie era capaz de ayudarles. Finalmente, ya de noche, una joven voluntaria de Cruz Roja consiguió localizarles. Estaban dentro. Sin embargo, aquel día solo pudieron comunicarse a más de 100 metros de distancia, a pesar de que llevaban retenidos más días de los legamente establecidos.