Sociedad
Más de 51.000 solicitantes de dependencia han muerto en el Estado en 2020 sin cobrar la ayuda
Catalunya, con 13.134 personas muertas sin cobrar la ayuda, es la comunidad con más casos hasta el mes de noviembre y también la que reporta más expedientes no resueltos.
Muertos en el “laberinto de la burocracia”. Así define la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales la situación en la cual han perdido la vida 51.540 personas en el estado español; esperando a recibir las ayudas a la dependencia este año. Los datos, actualizados a finales de noviembre, revelan que cada nueve minutos muere en el Estado una persona que estaba esperando a cobrar la ayuda.
En los once meses cumplidos de 2020, 31.976 personas que tenían el derecho reconocido a recibir la prestación han muerto en el Estado sin cobrarla. A esta cifra se le suman 19.564 personas con el expediente pendiente de valoración. La suma, que demuestra la saturación del sistema y la poca agilidad que juega en contra de unas personas a menudo en edades muy avanzadas, llega a los 51.540 decesos a falta de conocer el balance del último mes del año.
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El Estado con algunos organismos parásitos y manipuladores de mentes como la iglesia es muy diligente y generoso obligándonos a todxs a mantenerlos. Con los once mil millones que regalamos cada año la iglesia, además de mantener su patrimonio inmobiliario, el suyo y el que nos han robado, miles de trabajadores honrados tendrían atendida su dependencia.
La iglesia justifica el dinero del contribuyente en su obra de caridad; pero el director de Cáritas no hace tanto tiempo que dejó claro que no llega al 3% lo que reciben de la iglesia.
Y no es caridad lo que exigimos, son nuestros derechos, falsos representantes del revolucionario que vivió entre los pobres y oprimidos sin pertenencias algunas.
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Coordinadora Recuperando, 11 de diciembre de 2020
Comunicado-Nota de prensa
El Gobierno podría haber pactado en secreto la impunidad de las decenas de miles de inmatriculaciones de los obispos como moneda de cambio en las negociaciones con el Vaticano. A eso apuntan todos los indicios, según estima la coordinadora estatal Recuperando, que agrupa a una veintena de colectivos patrimonialistas, que luchan desde hace años por la nulidad de todas las inscripciones eclesiásticas y la devolución del patrimonio público cultural apropiado por los prelados.
Con dos años de retraso, el Ejecutivo de Pedro Sánchez entregará previsiblemente el listado de inmatriculaciones al Congreso de los Diputados en las próximas semanas, según apuntan diversas fuentes periodísticas. Lo hará después de haber negociado con la alta jerarquía eclesiástica en medio de una evidente opacidad y sin haber articulado soluciones globales para deshacer lo que a todas luces ha sido un expolio monumental, que ha permitido a la Iglesia registrar a su nombre miles de bienes, entre ellos la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla, el tesoro prerrománico de Asturias o la arquitectura mudéjar de Aragón.
En ese caso, el presidente del Gobierno habría incumplido uno de sus compromisos electorales, reafirmado expresamente en el discurso de investidura, cuando anunció en el Parlamento que “realizaría las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente por la Iglesia”. En aquel solemne escenario también argumentó que “en un Estado aconfesional no tiene sentido que ninguna confesión se sitúe por encima de la ley ni disfrute de privilegios que hieren el principio de legalidad y de igualdad”.
Los pasos que ha dado en estos meses, sin embargo, no caminan en la dirección de desanudar el escándalo de las inscripciones episcopales. Aparte de guardar en un cajón el inventario con 35.000 inmatriculaciones entregadas por los registradores de la propiedad, el Gobierno de Sánchez recurrió la resolución dictada por el Consejo de Transparencia, que le obligaba a hacerlas públicas.
El listado fue elaborado a instancias de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados y tras una solicitud cursada por Recuperando en febrero de 2017. El inventario incluye únicamente los bienes inscritos por la Iglesia católica entre el decreto de Aznar de 1998 y su derogación en 2015, mientras que los colectivos patrimonialistas exigen el número total de inscripciones efectuadas desde 1946, la fecha en que se reformó la Ley Hipotecaria. Si se toma ese periodo como referencia, las inmatriculaciones podrían alcanzar los 100.000 bienes.
Recuperando sostiene que todas las inscripciones son nulas de pleno derecho, toda vez que fueron efectuadas por un obispo sin aportar pruebas en virtud de un privilegio anticonstitucional, que los equiparaba con fedatarios públicos. Cualquier solución, en opinión de la coordinadora, debe partir de ese principio. La segunda condición es que los bienes de dominio público, integrantes del legado cultural inmemorial, no pueden ser privatizados por la Iglesia.
Los colectivos patrimonialistas están trabajando en una propuesta concreta de solución que entregarán al Congreso de los Diputados y al Gobierno en las próximas semanas.