Política
Pistolas ‘táser’ y bastones extensibles contra la pandemia
Entre las últimas compras para reforzar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, hay pistolas eléctricas, bastones extensibles y cámaras, y se han utilizado drones y helicópteros para vigilar el cumplimiento de las restricciones.
Este artículo forma parte del dossier de #LaMarea79: ‘Los anticuerpos del orden’. Puedes conseguir la revista aquí.
El pasado 14 de octubre, la Policía Nacional anunció la compra de 300 pistolas táser, también conocidas como pistolas eléctricas (que permiten la inmovilización de una persona con descargas eléctricas), más otras 700 en los dos próximos ejercicios. Su uso, recalcan, será eminentemente disuasorio y estará restringido a aquellos agentes que hayan superado la preceptiva formación teórico-práctica. Solo podrán recurrir a la utilización de estos dispositivos cuando “resulte pertinente de acuerdo con los criterios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad (…) y una vez agotadas todas las vías de diálogo y negociación posibles”, tal y como se apunta en un comunicado del Cuerpo Nacional de Policía.
De igual forma, se han adquirido 15.384 bastones policiales extensibles. Se trata, exponen, “de un elemento coercitivo discreto, de cómoda portabilidad, que produce un eficaz efecto disuasorio al ser desplegado por inercia, debido al ruido generado por los diferentes tramos al encastrarse entre sí”.
Con anterioridad –el pasado septiembre–, fue el Ayuntamiento de Madrid el que equipó a sus agentes de la Policía Municipal con 175 pistolas táser con cámara. Cada uno de estos dispositivos, según fuentes del Consistorio madrileño, costó 2.000 euros. Desde el Govern de Catalunya no han dado información concreta al respecto, aunque una información de Crític, en junio de 2017, cifraba en 17,3 millones de euros el gasto de la Generalitat en furgonetas, armas y munición en los últimos diez años. De ellos, más de dos millones se destinaron a armamento: porras, pelotas de goma, lanzadores y cartuchos.
En la actualidad, con datos del Ministerio del Interior, la Policía Nacional dispone de 150 cámaras personales y la Guardia Civil de 1.736 cámaras de vídeo portátiles. Dejan claro lo siguiente: “No es obligatorio ni necesario que los agentes con armas táser lleven cámaras”. Respecto al uso de las mismas, aluden al artículo 5 de la Ley Orgánica 4/1997, el cual permite su utilización “en las vías o lugares públicos donde se haya autorizado la instalación de videocámaras fijas” y, con carácter general, “en los restantes lugares públicos”, siempre y cuando esté autorizado por el responsable provincial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Todo ello “sin perjuicio de su uso en situaciones o actuaciones de investigación delictiva amparadas por la Ley de Enjuiciamiento criminal”, avisan.
Contratos basura para los médicos
El pasado 21 de septiembre, la Comunidad de Madrid decidió restringir la movilidad en 37 áreas sanitarias –en una suerte de confinamiento más clasista que sanitario– y solicitó al Gobierno de España el apoyo de 222 policías nacionales y guardias civiles para que se desplegaran en esas zonas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, fue más allá y puso a disposición de la Comunidad 7.500 efectivos. Después, también se pidió una reforma exprés de la normativa vigente para poder contratar a 300 médicos extracomunitarios. “No hay médicos en España”, llegó a decir la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso (PP). No los hay por “los precarios contratos basura” que ofrece la Comunidad de Madrid, replicaron los sindicatos.
Finalmente, según los datos proporcionados por el Ayuntamiento de Madrid, se destinaron 250 policías a las zonas básicas confinadas, que subieron a 300 cuando las restricciones aumentaron ordenadas por el Gobierno central, con la famosa orden que, posteriormente, tumbaría el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Se primó, indican, una función informativa, “dando consejos de higiene a los ciudadanos o enseñándoles cómo ponerse la mascarilla”. Las imágenes de las cargas policiales contra las personas que se manifestaban ante la Asamblea de Madrid, en el barrio de Vallecas, indican que su labor no fue únicamente informativa. Esa acción fue competencia directa de la Delegación del Gobierno (PSOE).
En Madrid, no cumplir las restricciones decretadas para hacer frente a la pandemia tiene un coste: las multas van desde los 601,01 euros hasta los 601.012,11. Las infracciones penales han descendido un 30% en la región en los seis primeros meses de 2020 respecto al mismo periodo del año anterior (de 203.723 a 142.707).
Madrid tendrá todavía más agentes
En 2004, había 8.231 policías nacionales y 5.362 guardias civiles trabajando en la Comunidad de Madrid. Hoy son 12.987 y 6.853. Aumentan los miembros de este cuerpo y también los de la Policía Municipal. En febrero del año actual, la concejala delegada de Seguridad y Emergencias del Consistorio madrileño, Inmaculada Sanz (PP), anunció que en 2021 habría 1.086 nuevos agentes en las calles. Su objetivo, reconoció, es recuperar la cifra de 7.000 policías que, según sus palabras, era la cantidad habitual durante los gobiernos del PP y que bajó a 5.600 durante el mandato de Manuela Carmena.
Ramón Silva es concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid y portavoz del Grupo en la Comisión de Seguridad y Emergencias. Comparte con la edil popular la necesidad de que haya más presencia policial: “El número de efectivos cayó mucho durante la crisis financiera y necesitamos más agentes”. Pero muestra su disconformidad con que la primera medida en las zonas confinadas fuera poner más policías: “Eso sí, de reforzar los centros de salud, cero”, dice el socialista. “Bienvenida la Policía”, aclara, “pero hace falta que se contraten más sanitarios para atención primaria”.
La vigilancia también se ha reforzado por el aire. Desde la Policía Municipal madrileña mencionan que están trabajando con drones: “Se han empleado recientemente para vigilar amplios espacios que hubo que cerrar durante el estado de alarma, como Madrid Río o la Casa de Campo”. Próximamente, comentan, esta sección de medios aéreos se convertirá en una unidad”.
Un 182 % más de Mossos d’Esquadra
5.997 eran los Mossos d’Esquadra en activo en el año 2000, entre majores (ninguno en aquel momento), comisarios, intendentes, inspectores, subinspectores, sargentos, cabos y agentes. La cantidad no cesó en su crecimiento hasta 2012, cuando alcanzó su cénit (17.160); posteriormente llegaron años de altibajos y, en la actualidad, con cifras de la Generalitat, hay 16.916 efectivos. En la ciudad de Barcelona, por su parte, el número de agentes en activo de la Guardia Urbana en 2018 era de 3.125. Un 3,2 % más que en 2017.
La presencia de efectivos locales en Barcelona no ha ido a más por el coronavirus, afirman desde el consistorio. Lo que se hizo, en los meses más duros del confinamiento, fue que todos los agentes (además de sus funciones habituales) se dedicaran a “tareas relacionadas con el cumplimiento de las restricciones del COVID”. Algo similar aseveran en el Govern de Catalunya, en referencia a los Mossos d’Esquadra: “No se ha aumentado, simplemente se han priorizado faenas. En momentos de confinamiento se dedicaban más efectivos a la seguridad ciudadana”. Asimismo, se ha utilizado de manera puntual un helicóptero de vigilancia.
En Catalunya, las multas por saltarse las restricciones sanitarias van de los 100 euros a los 600.000. Como en el caso de Madrid, las infracciones penales han decrecido en Catalunya en el primer semestre del año actual, en concreto, un 31% (de 236.868 a 163.462).
En lugar de invertir en buena educación, en una robusta sanidad pública, ya vemos, contratos basura para los médicos y inversión en armas represivas.
Brutalidad versus sabiduría. Que mal porvenir nos espera con estas bases.
Posiblemente no ande desencaminada Angeles Maestro:
ESTADO DE ALARMA: INSTRUMENTO DE CONTROL SOCIAL A LAS PUERTAS DE UN CATACLISMO. (Canarias Semanal)
«Todas las instancias del poder se preparan para hacer frente a rebeliones sociales que sin duda van a producirse»
Tras nueve meses de pandemia, con los servicios sanitarios otra vez al borde del colapso sin que se haya tomado medida significativa alguna -para enfrentar una situación absolutamente previsible tenemos el derecho de afirmar – escribe Nines Maestro – que la estrategia del gobierno central, y de todos los gobiernos autonómicos, se dirige a utilizar todo tipo de instrumentos de control social y de represión contra previsibles revueltas populares.
Aún no sabemos de dónde surgió el virus, pero sí sabemos que antes de que apareciera ya estaban encendidas todas las alarmas del estallido de una gran crisis y de que la situación social era explosiva en muchos países. En el caso del reino de España, «siendo un país rico, vive en situación de pobreza generalizada» afirmaba a principios de 2020 el Relator de la ONU para la Pobreza.
La respuesta a la crisis: una gigantesca destrucción de capital al servicio de la oligarquía financiera y de las multinacionales de la energía
Como en todas las crisis capitalistas, y esta es de gigantescas proporciones, la destrucción de capital sigue su curso arrasador barriendo de la escena masivamente pequeñas y medianas empresas. También como ocurre en las crisis, los bancos aceleran los procesos de concentración aderezados con la compra a precio de saldo de lo poco que queda de banca pública con la complicidad directa del Gobierno, como fue el caso de Bankia y con los correspondientes despidos masivos, al tiempo que se constituyen en administradores del crédito procedente de la UE.
El miedo y la creación de una psicosis de guerra son el mejor instrumento para disciplinar a las masas y neutralizar, mediante la criminalización, cualquier resistencia.
Cuando el hambre y la desesperación se extienden no se puede caer en el juego de quienes pretenden confinar la resistencia y la movilización social.
Pistolas ‘táser’ y bastones extensibles contra la pandemia, Contratos basura para los médicos, más agentes, más mossos d’esquadra, y lo más inquietante: el silencio de los corderos.
Por si fuera poco sombrío el panorama podemos añadir de que nos alertan de un nuevo submarino nuclear en Gibraltar.
Verdemar-Ecologistas en Acción exige al Gobierno de España que informe a la población campogibraltareña sobre el submarino nuclear norteamericano de ataque clase Seawolf (SSN), que arribó a la Base Naval en Gibraltar.
Verdemar-Ecologistas en Acción pide la activación del Plan de Emergencia Nuclear de la Armada (PENAR), y la activación de los GOVRA (Grupos de Vigilancia Radiológica Ambiental de la Armada) cuando naveguen en la Bahía de Algeciras » bombas flotantes» de este tipo.
Aseveramos que los movimientos que ha habido en La Bahía de Algeciras son sospechosos y la sociedad civil necesita información.
Pedimos de una vez por todas que Gibraltar quede libre de artefactos de propulsión nuclear y otros buques que son auténticas bombas flotantes, los submarinos de la clase Trafalgar tienen problemas de diseño un añadido a tener en cuenta.