Fernando Martínez: “La ley de memoria pretende evitar la polarización”

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, analiza cuestiones relacionadas con el clima político empozoñado por la extrema derecha y aspectos claves del anteproyecto de ley de memoria aprobado por el Consejo de Gobierno en septiembre. En algunos casos, la fórmula elegida desde la Secretaría de Estado para la entrevista, respuestas a través de un cuestionario por email, deja preguntas sin aclarar –el caso de Queipo, por ejemplo– y, como consecuencia, muchas repreguntas en el aire.

2007-2020: 13 años después de la primera ley de memoria histórica aprobada en España, tenemos 52 diputados de extrema derecha sentados en el Congreso. ¿Qué ha pasado en medio? ¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí? ¿Tiene la sensación de que hemos desaprovechado ese valioso tiempo en el que parecía que en España, a diferencia de otros países de Europa, no había extrema derecha?

Obedece a cambios más profundos y complejos que se vienen dando en el ámbito internacional, con las particularidades en cada país, y cuyas causas poco o nada tienen que ver con la mayor o menor efectividad de la llamada Ley de Memoria Histórica. No hay que olvidar que su aplicación ha sido nula durante los gobiernos del Partido Popular.

¿Por qué cree que es necesaria esta ley, incluso en mitad de una pandemia, como critican los sectores opuestos a este tipo de normas?

Es absolutamente necesaria y se lleva trabajando en ella mucho tiempo. Quizás nos podríamos plantear si esta crítica obedece más a los fines de la Ley que al momento. También resultan llamativas las críticas que al mismo tiempo plantean que la Ley llega tarde y que no sea ahora el momento.

¿Cuál cree que es la mejor forma de hacer pedagogía con este asunto en una sociedad, además, tan polarizada? ¿Cree que una ley de este tipo puede contribuir aún más a la polarización a la vista de los últimos acontecimientos (por ejemplo, el caso de las calles Largo Caballero e Indalecio Prieto en Madrid)?

Yo creo que la forma en que lo hace el anteproyecto de ley de Memoria Democrática, esto es, que las acciones de la Administración en materia de memoria tendrán un componente pedagógico adecuado para el fomento de los valores democráticos y de convivencia que la ley contempla transversalmente en todo su texto. En concreto, se disponen medidas en materia educativa y de formación del profesorado, actualizando los contenidos curriculares de la ESO y Bachillerato para garantizar el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española, y adoptando también medidas similares en la formación inicial y permanente del profesorado. Complementariamente, se incorporarán contenidos específicos de capacitación y sensibilización en relación con la memoria democrática en los planes de formación continua de la Administración General del Estado, así como en las actividades formativas que integran los procesos de selección. Evitar la polarización a que se refiere es lo que pretende precisamente la ley, que expresamente señala como objetivo fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones en torno a los principios, valores y libertades constitucionales, suprimir elementos de división entre la ciudadanía y promover lazos de unión en torno a los mismos. La solución a la polarización no puede ser no hacer nada. El ejemplo que plantea del Ayuntamiento de Madrid no es el más apropiado, pues se trata de un uso torticero de la Ley de Memoria Histórica.

¿Cuáles son las claves fundamentales que harán de esta ley una norma avanzada que permita a las familias de las víctimas esa justicia, verdad y reparación que llevan reclamando tantos años, a veces, como quien predica en un desierto?

La ley recoge las demandas de los familiares y del movimiento asociativo de los últimos años, así que, usando sus palabras, le aseguro que “no han predicado en el desierto”. Resumo algunos de los aspectos en este sentido. En primer lugar, hay un cambio de modelo muy importante en lo que se refiere a las exhumaciones. A partir de ahora, el Estado se ocupará directamente de responder a las solicitudes que se hagan. Y el Estado no es solo la Administración General o el Gobierno central, sino también las comunidades autónomas, las diputaciones y cabildos, y los ayuntamientos. Se está trabajando en un plan cuatrienal de exhumaciones y en una estructura de coordinación estable para analizar las particularidades, necesidades y marcos legislativos de cada uno de ellos. En relación con la justicia, la ley propone la creación de una Fiscalía Especial de Sala que investigue los crímenes del franquismo. Hace unos años, una figura jurídica de este calado era impensable. Hay muchas medidas de reparación también en la propia ley, relacionadas con la puesta en marcha de lugares de memoria, por ejemplo, o con la elaboración de un censo de incautaciones. Pero por encima de todo, hay voluntad política e implicación para que los artículos de la ley se desarrollen en todo su potencial.

El hecho de que el Estado asuma la obligación de exhumar, como hizo la ley andaluza, que usted conoce bien, suscitó suspicacias en parte del movimiento memorialista en Andalucía y también está pasando ahora con el anteproyecto de ley. La pregunta que subyace es: ¿podrá garantizar el Estado todas esas exhumaciones? ¿Tendrá la ley un presupuesto suficiente?

La ley contará, como cualquier otra, con las partidas presupuestarias necesarias para su aplicación, que se consignarán en los Presupuestos Generales del Estado. Como muestra inequívoca de la voluntad política de este Gobierno con la exhumación de fosas comunes, obsérvese que con cargo a los Presupuestos vigentes que están prorrogados, como bien se sabe, se han habilitado como plan de choque partidas para una convocatoria de subvenciones por importe de 750.000 euros (el 60% destinado a exhumaciones) y, por otra parte, otra línea para intervención en fosas dirigidas a ayuntamientos, con importe de otros 750.000 euros.

Y otra cuestión relacionada con la anterior. ¿Comparte que este intento del Estado por reparar a las víctimas no ha llegado a tiempo o que, en todo caso, ha llegado demasiado tarde? Porque durante esos 13 años de los que hablábamos al principio muchas personas han muerto sin lograrlo, desamparadas por la propia Administración.

Siempre podrá decirse que llegamos tarde, pero no que la ley aprobada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero no supusiera un impulso para la puesta en marcha de una política pública integral de memoria histórica, un paso adelante en las medidas de reconocimiento y reparación que, en cuanto a medidas económicas, se habían desarrollado parcialmente ya en el siglo XX por gobiernos democráticos. Desconocer que en los primeros años de su vigencia la ley tuvo un alto grado de cumplimiento y ejecución, y que fue a partir de 2011 con los gobiernos del PP cuando sufrió un parón hasta 2018, quizá sea no tener en cuenta elementos de análisis que considero que no deberían perderse de vista.

Como decía, el proyecto de ley propone la creación de una Fiscalía específica para investigar los crímenes franquistas. Sin embargo, entre los familiares de víctimas se preguntan cómo es posible esto sin la derogación de la Ley de Amnistía, que es lo que, en la práctica, alegan los jueces para no investigar los asesinatos denunciados, y que hayan tenido que recurrir a la justicia argentina.

La creación de esta nueva Fiscalía de Sala es parte de un conjunto de medidas que el anteproyecto de ley de memoria democrática contempla, como la garantía del derecho a la investigación de las violaciones a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario ocurridas con ocasión de la guerra civil y la dictadura, así como el periodo que va desde la muerte del dictador hasta la aprobación de la Constitución española. Asimismo, se dispone de manera expresa que de acuerdo con el artículo 10.2 de la Constitución, los poderes públicos interpretarán la ley de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos en la materia ratificados por España, sin perjuicio de su aplicación directa cuando correspondiera. En ese contexto, mediante la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, se atribuye a esta Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, entre otras funciones, la de practicar las diligencias a las que se refiere el artículo 5 de dicho Estatuto y ejercitar la acción pública en cualquier tipo de procedimiento, directamente o a través de instrucciones, exigiendo las responsabilidades que procedan cuando se refiera a hechos producidos con ocasión de la guerra civil, la dictadura franquista y las violaciones de derechos humanos, incluyendo los que tuvieron lugar hasta la entrada en vigor de la Constitución, siempre que pudieran ser constitutivos de delito. Asimismo tendrá entre sus funciones facilitar y coordinar los instrumentos de cooperación internacional para la reparación de las víctimas.

Personalmente, ¿qué siente cuando piensa en que una víctima española tiene que recurrir a la justicia argentina?

A esta situación viene a dar respuesta lo mencionado en la anterior pregunta.

¿Tiene el Gobierno pensado algún tipo de reparación para las familias de víctimas cuyos crímenes en fechas posteriores a la aprobación de la Constitución no fueron juzgados o fueron despachados sin justicia real? Le hablo, por ejemplo, de los chavales del caso Almería, cuyos familiares llevan pidiendo sin éxito al Estado que sean considerados como víctimas del terrorismo. O el caso de María José Bravo del Valle, que fue violada y asesinada en San Sebastián en 1980 en un crimen reivindicado por el grupo ultraderechista Batallón Vasco Español y nunca fue juzgado. ¿Qué solución puede darse a esas familias que, en algunas ocasiones, se han autodefinido como víctimas de segunda?

Este anteproyecto tiene por objeto el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa o de orientación sexual, durante el periodo comprendido entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la guerra civil y la dictadura franquista, hasta la promulgación de la Constitución de 1978. En coherencia, a los efectos de la misma, se considera víctima a toda persona que haya sufrido, individual o colectivamente, daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan violación de los derechos humanos durante dicho periodo.

¿Se podrá exhumar a Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena, sí o no? El artículo del anteproyecto que hace referencia a estas situaciones es prácticamente el mismo que el de la norma andaluza. ¿O seguiremos a expensas de las interpretaciones de la ley, como ocurre con la ley de Andalucía? ¿Por qué estamos ante esta situación con Queipo de Llano y a Franco se le exhumó sin necesidad de esta ley? ¿Qué los diferencia?

El anteproyecto de ley prohíbe la exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la guerra civil y de la dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial. Específicamente establece que los restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 no podrán ser ni permanecer inhumados en un lugar preeminente de acceso público, distinto a un cementerio, que pueda favorecer la realización de actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil o la dictadura.

El anteproyecto de ley pone el foco por primera vez en las empresas que se lucraron gracias al trabajo esclavo. ¿Qué efecto tendrá en la práctica? ¿Se dejará en manos de las empresas el reconocimiento que reivindica la ley? Es decir, ¿se corregirá en el anteproyecto esta buena intención para que se pueda cumplir en la práctica?

Se trata de una medida que forma parte del conjunto de actuaciones a impulsar para el reconocimiento y reparación a las víctimas que realizaron trabajos forzados. Sin perjuicio de lo que pueda resultar del proceso de tramitación del anteproyecto, no se contemplan escenarios de no cumplimiento, lógicamente.

Hablemos del expolio. Se hará una auditoría con los bienes incautados. ¿En qué consistirá la reparación? ¿Cuáles son esas posibles vías a las que hace referencia el anteproyecto? Una víctima me comentaba que no todo consiste en dinero, que lo importante es el mero hecho de reparar, con el nombre de una calle, con algo….

Efectivamente, el anteproyecto establece que la Administración General del Estado promoverá las iniciativas necesarias para la investigación de las incautaciones producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la guerra civil y la dictadura y, en particular, realizará una auditoría de los bienes expoliados en dicho periodo, que incluirá un inventario de bienes y derechos incautados. Será una vez finalizada dicha auditoría cuando se implementen las posibles vías de reconocimiento.

Este anteproyecto recoge también por primera vez la nulidad de las sentencias del franquismo. ¿Habría que pedir la nulidad caso por caso?

No, será la propia ley la que declare el carácter radicalmente nulo de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa, durante la guerra civil, así como las sufridas por las mismas causas durante la dictadura. Se declara pues, tanto la ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos, como la ilegitimidad y nulidad de sus resoluciones. Dicha declaración de nulidad dará lugar al derecho a obtener una declaración de reconocimiento y reparación personal.

Como conclusión: hay quien dice que no hace falta ninguna ley para hacer memoria de verdad. Solo compromiso político. Y hay un ejemplo del que podemos tirar: el gobierno del PP y Ciudadanos sustentado por VOX en Andalucía ante la ley de memoria elaborada por PSOE e IU y aprobada por el último gobierno socialista de la Junta. O el uso que han hecho de la ley de 2007 PP, Ciudadanos y VOX en el Ayuntamiento de Madrid, como decía al principio. Cuando el PP gobernó España, aunque no la derogó, dejó ‘muerta’ la ley de Zapatero. Con estos antecedentes y el discurso actual de la derecha, si el PP vuelve a gobernar España puede que haga lo mismo o algo parecido con esta nueva ley. ¿Qué reflexión hace de ello?

La reflexión que puede hacerse es que tal planteamiento me parece desatinado, pues parece concluir que, como en un futuro pudiera haber gobiernos que no aplicaran la ley, da igual aprobarla que no. Complementariamente, que si hubiera voluntad política de llevar a cabo políticas de memoria, no haría falta ley. Un planteamiento tan simplificador merece traer a colación dos reflexiones: la primera es que determinadas medidas necesitan de un rango normativo legal, a no ser que se pretenda actuar por la vía de hecho, lo que en un régimen democrático no cabe. La segunda: los que cuestionan la necesidad de una ley suelen coincidir con aquellos que hablan desde el compromiso político que no implica ni se plantea las dificultades del ejercicio de gobierno, y siempre olvidan que cuando ha habido gobiernos socialistas, ha habido políticas de memoria. Y puesto que cita el caso de Andalucía, suelen adormecer, paradójicamente, su nivel de crítica cuando las políticas de memoria se ven amenazadas realmente por gobiernos de derechas.

¿Estamos a tiempo, al menos, de revertir la educación con las generaciones más jóvenes o cree que será más difícil aún dado el clima político y social con el que vivimos?

En eso estamos y para ello la Ley planteará herramientas eficaces y convocará a todos aquellos colectivos memorialistas, y a la ciudadanía en general, para que se sumen a este ambicioso reto.