La Marea Púrpura pide fortalecer la atención psicológica en la sanidad pública

«Se habla poco de las consecuencias que tendrá la pandemia para nuestra salud mental». La frase se repite en redes sociales desde finales de marzo. Las conversaciones con amistades y familia lo recuerdan a diario: llevamos todo el año hablando de lo mal, lo ya un poco mejor, de lo tristes, decaídos, cansadas, abrumados y ansiosas que nos sentimos mientras se multiplica la incertidumbre, los ERTE y los despidos; se estrechan los contactos sociales y enferman o fallecen personas queridas.

No es que antes de la pandemia hubiese una conversación pública potente sobre salud mental. Sin embargo, ahora que «salud pública» son dos palabras repetidas hasta la saciedad, parece todavía más urgente plantear qué se prioriza y –sobre todo– qué se olvida dentro de esa máxima.

A finales del pasado enero, el Defensor del Pueblo ya se lo advirtió al Ministerio de Sanidad: hay que incrementar el servicio de atención psicológica en el Sistema Nacional de Salud (SNS). En concreto, este órgano hacía dos propuestas que debían llegar con la máxima urgencia al Consejo Interterritorial de Salud (CISNS). Antes, claro, llegó la pandemia. Estas eran: extender el servicio de atención psicológica al ámbito de la atención primaria y crear más plazas de formación especializada.

A pesar de ser un servicio incluido en la cartera del SNS, este órgano insistía en que «las administraciones públicas no son capaces de ofrecerlo, al menos en una extensión adecuada».

#MásPlazasPIR –las siglas PIR hacen referencia a Psicólogo Interno Residente– es, precisamente, lo que profesionales de la psicología de todo el país llevan semanas pidiendo a través de una campaña en redes sociales. Marea Púrpura es el colectivo que aglutina las demandas de este sector bajo su «triste experiencia de que el criterio de la salud mental no suele tenerse en cuenta a la hora de tomar decisiones políticas«. Lo explican así a La Marea dos de sus miembros, Alejandro Cobos y Elena Alcalá. Su principal objetivo, según ambos, es «reclamar y trabajar por una psicología basada en la ciencia, de calidad, accesible y que ponga por delante a las personas y sus derechos».

Un sistema de salud mental «cortoplacista»

En su petición, el Defensor del Pueblo se basaba en cifras de un informe elaborado en 2010 por el Senado y los datos actualizados facilitados por Sanidad. En España, hay seis psicólogos por cada 100.000 habitantes mientras que la media europea asciende a 18. No es la única diferencia: la ratio también es amplia entre comunidades autónomas. Así, mientras que en Madrid, Canarias o Navarra se ha doblado su presencia en la sanidad pública, otros territorios apenas han tenido cambios entre el año 2009 y el 2018. Es el caso, por ejemplo, de Ceuta y Melilla, Asturias, Castilla y León o La Rioja.

Para el Defensor del Pueblo, «las quejas de los ciudadanos reflejan también que la carencia de profesionales provoca que sea habitual que los tiempos entre consulta y consulta puedan alargarse hasta los tres meses para tratamientos que requerirían una periodicidad mucho mayor».

Desde Marea Púrpura concretan algo más este tipo de situaciones: «A veces la gente tiene que esperar hasta cuatro o cinco meses para conseguir una cita de 30 minutos». «A esto le añadimos que tenemos un sistema de salud mental cortoplacista, anclado en un modelo biomédico que reniega de tratamientos en profundidad –como la psicoterapia– y que no tiene los recursos ni la inquietud para afrontarlos», cuentan.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), antes de la pandemia, los países destinaban menos del 2% de sus presupuestos nacionales de salud a la salud mental. La insuficiente respuesta que ofrecen a las necesidad de sus poblaciones es un problema a nivel global. Durante este año, además, la misma OMS destaca que estos servicios se han visto alterados en más del 60% de los países, en un momento en el que aumenta la demanda de servicios de salud mental por el duelo, el aislamiento, la pérdida de ingresos y el miedo.

A raíz de datos como estos, Alejandro Cobos y Elena Alcalá, ambos psicólogos, insisten en que «el sufrimiento psicológico y los problemas de bienestar psicológico no son una cuestión individual y muchas veces tienen que ver con las condiciones de la población».

Para estos fines, los Presupuestos Generales del Estado de 2021 contemplan la cantidad de 3 millones de euros, dentro de la nueva estrategia de salud mental que el Gobierno puso en marcha en 2019.

Consecuencias directas e indirectas

«Las consecuencias más directas y preocupantes las sufren las personas que necesitan algún tipo de tratamiento en salud mental», dicen desde Marea Púrpura. «Cuestiones como las listas de espera, la escasa frecuencia de citas o la falta de planificación disminuyen seriamente las posibilidades de recuperación o de mejora», añaden. Frente a estas deficiencias, el consumo de psicofármacos se presenta como una línea más del sistema «cortoplacista» que mencionan Cobos y Alcalá. «Se recurre al tratamiento farmacológico como opción prioritaria y aislada», dicen a la par que recuerdan que España está entre los diez países donde más psicofármacos se consumen, según la OMS.

Más allá de los pacientes, esta situación de precariedad también afecta a las y los profesionales. «Por una parte, quienes trabajan en el sistema público de salud tienen que enfrentarse a la sobrecarga y la frustración de no tener tiempo ni recursos para una atención adecuada. Por otra, quienes están estudiando la carrera o en paro, ven pocas expectativas de futuro y en muchas ocasiones tienen que abandonar su carrera profesional», explican desde Marea Púrpura.

Como un mantra, en los últimos meses se ha repetido la necesidad de cuidar al personal sanitario. Más allá de la pandemia, cuando todo pase o al menos se estabilice o cambie, «seguiremos teniendo una crisis en la salud psicológica de buena parte de la población», tal y como señalan Cobos y Alcalá, quienes lamentan que hasta ahora «no se ha tomado ninguna medida para fortalecer el sistema de atención».

Lo tienen claro: como ya avisaba el Defensor del Pueblo antes de que todo diese un vuelco, «un nuevo sistema de salud –público, digno y de calidad– es posible si se incluyen cuestiones fundamentales como la Atención Primaria o la visión comunitaria de la salud». Lo que falta, dicen desde Marea Púrpura: «Que las administraciones confíen en nosotras».