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El acceso a la información: una cuestión de salud
"Sin una fuerza social que reclame regular por ley las prácticas de gobiernos y grandes empresas en su modelo de negocio basado en vigilarnos, obtener nuestros datos sobre qué hacemos, qué comemos, con quién hablamos, vivimos, dónde viajamos, no habrá luz sobre las cloacas".
LIDIA UCHER |
— ¿Por qué quiere usted entrar en la CIA?
— La verdad, suena muy chulo eso de tener el máximo nivel de acceso.
Con esta honesta y contundente respuesta logra Edward Snowden entrar en la Academia de la CIA. Lo vemos en el film Snowden.
Corrían otros tiempos, pero ni eran ya tan normales ni son tan lejanos. Los hechos que se relatan en el documental de Oliver Stone se remontan a 2013. Snowden huyó tras filtrar a los medios de comunicación los documentos secretos que probaban “la gigantesca máquina de vigilancia que están construyendo en secreto”, según sus propias palabras. Muy lejos de su visión original de lo que era la gran red: “Internet es una tecnología que tiene el poder de hacer que todos los habitantes del mundo se entiendan entre ellos”.
En otro film, The Social Dilemma (2020), un ex-ejecutivo de Facebook, Tim Kendall, llega a decir que lo que le preocupa, a muy corto plazo, es “una guerra civil”. Es la alerta más distópica de todas las que ex-empleados de Facebook, Twitter, Youtube, Instagram… confiesan en este documental: los riesgos que todos corremos por la impunidad con la que estas redes sociales entran en nuestras vidas y roban algo más que nuestro tiempo.
Riesgos que van mucho más allá de la adicción a nuestros móviles, de los problemas de salud que provoca la falta de sueño y que afecta a nuestra capacidad de atención, a nuestros hábitos de alimentación, a nuestras relaciones sociales, sobre todo en la infancia y adolescencia, con trastornos probados en su desarrollo. “Nadie está preparado para basar su existencia en un número de likes”.
Hablamos también de salud democrática, de una invasión tal en nuestras vidas de la tecnología que nos incapacita para reaccionar ante cualquier ataque a nuestras libertades, nos ralentiza, nos invalida como sujetos de derechos, nos trata como productos, nos hace creer que tenemos poder sobre nuestros cuerpos y decisiones cuando es todo lo contrario. “No quiero vivir en una sociedad que hace este tipo de cosas… No quiero vivir en un mundo donde se registra todo lo que hago y digo. Es algo que no estoy dispuesto a apoyar o admitir”. Snowden perdió su vida “normal” para ponernos a todos frente a un espejo: “La ley no reemplaza la conciencia”. El caso Snowden ocurrió con Obama en la Casa Blanca. Hoy tenemos a Trump pero las leyes sobre protección de personas alertadoras como Snowden no han hecho más que iniciar un largo recorrido.
Es precisamente la falta de regulación legal lo que da libertad a grandes empresas anulando así las nuestras, las libertades básicas de todos, en todo el mundo: para actuar “como una especie de gobierno de facto”, y que digan: “Podemos regularnos nosotros”. Así lo expresa otro ex-directivo en The Social Dilemma: “Es el modelo de negocio. Las empresas van a seguir dedicadas a ganar dinero. Lo malo es que no hay leyes, reglas ni competencia”.
Tengo datos, luego existo
Una cosa está clara: sin datos no hay negocio. El capitalismo de vigilancia se beneficia del rastreo infinito de datos, de dónde venimos y a dónde vamos.
Y se lo ponemos fácil. Porque, si antes eran los gobiernos –“Obama is watching you”– ahora son las grandes empresas de tecnologías y telecomunicaciones. Ellas ponen la app, nosotros el click. Y no solo eso, sino que los gobiernos legislan –o no– para facilitar la tarea a estas grandes corporaciones.
Frente a esto, The Social Dilemma concluye con una sentencia demoledora, también defendida por Snowden desde su “nueva vida” en Moscú: somos responsables de obligar a nuestros gobiernos a rendir cuentas, a decidir sobre el poder que le otorgamos al Estado y defender nuestra privacidad, nuestro derecho a la información, nuestra libertad en internet. En definitiva, nuestras libertades básicas. Y defender a quien nos defiende.
Dicho de otra manera: sin una fuerza social que reclame regular por ley las prácticas de gobiernos y grandes empresas en su modelo de negocio basado en vigilarnos, obtener nuestros datos sobre qué hacemos, qué comemos, con quién hablamos, vivimos, dónde viajamos, no habrá luz sobre las cloacas.
Pero hoy más que nunca en nuestra historia es perentoria la necesidad de regular por ley las prácticas de las grandes corporaciones y dotarnos como sociedad del poder que nos corresponde para controlar nuestras vidas y ejercer nuestros derechos y libertades desde la responsabilidad individual y colectiva como sujetos de derecho y no meros instrumentos de la macroeconomía global con impunidad para anularnos como seres pensantes.
La pandemia nos ha hecho ver –y sigue el dilema– la necesidad de regular el derecho a la salud por encima de la economía, la vida o el beneficio económico. “Hay que evitar el estado de alarma, sería el desastre de la economía”, dijo Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Dónde queda nuestro derecho a saber qué datos científicos avalan esta sentencia?
Llevamos días, semanas, meses desayunando con noticias de cierres de comunidades autónomas a golpe de resolución sanitaria. La última, la crónica de una alarma anunciada y aprobada, no sin rifirrafes, hasta la próxima primavera.
Más vale prevenir
En tiempos de COVID-19 y en plena –y lamentable– batalla política, mediática y social por quién confina a quién y cómo, cuándo y dónde, más nos vale prevenir que curar: necesitamos conocer el fondo de las políticas y las reglas con las que vamos a movernos en esta nueva normalidad, con información veraz.
También protegiendo a nuestros alertadores y alertadoras, que son los que pueden prevenirnos ante más que probables ataques a nuestra salud, física, social, ambiental y democrática. Necesitamos transparencia para que no nos llevemos de nuevo las manos a la cabeza cuando un programa de ‘Salvados’ o uno de ‘Crónicas’ nos desvele lo peor de la falta de previsión y de transparencia.
Hay que poner luz y cámara, como lo han hecho estos programas de televisión, sobre los profesionales que se han visto desbordados, han trabajado en la sombra, no han podido alertar de las consecuencias de los desatinos políticos pero han aprendido de esta. Ahora es nuestro deber darles voz y escucharles.
Necesitamos, también, no tener que leer nunca más estos titulares:
‘Madrid prohíbe al personal sanitario y a los docentes hablar con los medios de comunicación’
Pues bien. Para que esto no vuelva a pasar en nuestro país, hay leyes que están esperando el visto bueno en pro de nuestra democracia. España debe hacer efectiva la directiva europea 2019/1937 antes de finalizar 2021, que precisamente compete a la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la UE. ¿Dónde estamos en este 2020, pandemia de por medio?
Este verano, durante la desescalada, el Ministerio de Justicia puso en marcha un Grupo de Trabajo para la transposición de la directiva europea, pero sin contar con la participación de la sociedad civil.
Por ello, en una carta abierta, más de 15 organizaciones reclamaron que se considere y valore la experiencia y el conocimiento de causa de las personas alertadoras y la sociedad civil organizada, en pro de un proceso que ponga a España a la vanguardia de la transposición de esta ley en un momento de crisis como el actual.
Proponen, como manera de incentivar un proceso abierto, la creación de un portal de participación ciudadana que permita la presentación de propuestas a la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso.
Proteger a quién protege nuestra salud y la de nuestras democracias
La carta expresa el “extremo valor de proteger a las personas alertadoras y denunciantes”, que repetidas veces han mostrado ser esenciales en “la defensa de los derechos más fundamentales de la ciudadanía”, así como a la hora de prevenir y luchar contra la corrupción, defender el medioambiente y respetar los Derechos Humanos.
La iniciativa, promovida por Blueprint for Free Speech y la fundación FIBGAR espera conseguir un proceso participativo abierto para lograr “una transposición ambiciosa, horizontal y responsable de la Directiva Europea 2019/1937?.
De aquí a fin de este malogrado año 2020 sabremos si la pandemia global nos ha hecho abrir los ojos, a ciudadanía y gobiernos, a un mundo regido por la cordura, la transparencia y el cuidado de nuestra salud, la nuestra, la de nuestro planeta, la de nuestras democracias y quienes nos protegen de sus “virus”, valga la palabra en estos días de rebrotes, re-confinamientos, segundas olas y una nueva alarma con la que nos darán las uvas.
Snowden, Assange, y otrxs que tanto han arriesgado por la verdad, la justicia, en definitiva por un mundo más habitable y justo y que nosotrxs, beneficiarios de su lucha, abandonamos a su suerte y al olvido. Ingratos.
DEFENDER A QUIEN NOS DEFIENDE. Es de sentido común; justo lo que le falta a este mundo actual.
Mejor que regular las prácticas de las grandes corporaciones, prescindir de ellas. No seguir engordándolas.
Fuck off capitalism. No llameis democracia a la dictadura del capital.
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Estados Unidos debe retirar los cargos contra Julian Assange
Las autoridades de Estados Unidos deben retirar los cargos de espionaje y todos los demás cargos formulados contra Julian Assange en relación con sus publicaciones en Wikileaks. La implacable persecución del gobierno estadounidense contra Julian Assange por la publicación de documentos a los que tuvo acceso sobre posibles crímenes de guerra, entre otros, cometidos por el ejército de Estados Unidos no es sino un ataque en toda regla al derecho a la libertad de expresión.
Julian Assange está recluido actualmente en Belmarsh, una prisión de alta seguridad en el Reino Unido, debido a una solicitud de extradición de Estados Unidos por cargos derivados directamente de la publicación en Wikileaks de documentos a los que tuvo acceso.
El hecho de que haya sido blanco de una campaña pública negativa de funcionarios estadounidenses a los máximos niveles menoscaba su derecho a la presunción de inocencia y lo pone en peligro de ser sometido a un juicio injusto.
La publicación por Julian Assange de documentos a los que tuvo acceso como parte de su trabajo en Wikileaks no debería ser punible, pues refleja una actividad que deben llevar a cabo periódicamente todos los profesionales del periodismo de investigación. Enjuiciar a Julian Assange por estos cargos podría tener un efecto inhibidor en el derecho a la libertad de expresión, al hacer que los profesionales del periodismo se autocensuren por temor a ser procesados.
Firma la petición y protege el derecho a la libertad de expresión.
https://www.amnesty.org/es/get-involved/take-action/julian-assange-usa-justice/
La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón (ADSPA):
Seguimos manifestando nuestra indignación respecto a las decisiones del equipo de Gobierno municipal de hacer negocio con el derecho a la salud de su ciudadanía, fomentando el negocio sanitario privado con la cesión de terrenos públicos al Grupo Quirón (de la multinacional alemana Fresenius que facturó en 2018 más de 3.000.000.000 euros con 413 millones de beneficios).
Sobre todo nos parece un insulto el que se haya realizado esta operación especulativa en unos momentos en que la sanidad pública, gracias sobre todo a su personal, ha hecho y sigue haciendo un esfuerzo sobrehumano para contener la epidemia del Covid, (habiendo soportado anteriormente grandes recortes de personal, de camas hospitalarias y abandono de sus servicios de Atención Primaria y de Salud Pública).
Vemos con estupefacción, al presidente del Gobierno de Aragón Sr. Lambán decir que no se opondría a la operación del macro hospital, y a la Consejera de Sanidad Sira Repollés acudir a celebrar la inauguración de un nuevo hospital privado en Zaragoza (en este caso del Grupo HC – Hernán Cortés) mientras la DGA desvía otros 32 millones más a la Sanidad privada y aprueba, a primeros del mes de septiembre, aumentar un 21% el gasto en ‘derivaciones a dicha sanidad (durante los próximos cuatro años por un importe estimado de 31,4 millones de euros).
Mientras tanto, el Hospital de Alcañiz y el de Teruel acumulan décadas de retraso sufriendo en la actualidad una situación difícilmente soportable. En un momento en que es preciso y urgente paliar las carencias de asistencia social a la gran cantidad de población vulnerable, el consistorio municipal va a aplicar un gasto extra para costes de urbanización de los terrenos del hospital privado de alrededor de siete millones de euros, que recaerán completamente en las arcas del Ayuntamiento.