“Veto o muerte”: Polonia y Hungría bloquean las ayudas europeas

El resumen rápido de la crisis que sobrevuela la Unión Europea estos días sería el siguiente: Hungría y Polonia bloquearán los fondos de ayuda para la recuperación post pandemia si se les obliga a cumplir la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Si es así, no habrá dinero para nadie. Ni para España, ni para Italia, ni para nadie.

El respeto al Estado de Derecho se ha convertido en el gran escollo para empezar a repartir las ayudas. La UE lo ha incluido como condición y eso, en el Este, ha sonado a amenaza intolerable. Por aclarar los conceptos, se entiende por Estado de derecho, muy básicamente, aquel que respeta la libertad de expresión y en el que no se detiene a la gente sin una causa justificada y sin informar al detenido de sus derechos y de las razones de su arresto. Hungría y Polonia no están dispuestas a pasar por ese aro. El viceministro polaco Janusz Kowalski lo dejó meridianamente claro hace unos días a través de Twitter: “Veto o muerte. Este es el lema-símbolo de la soberanía de Polonia frente a las tendencias antidemocráticas de los eurócratas”.

Hungría, por su parte, ya puso el veto encima de la mesa el pasado lunes, durante la reunión de los embajadores de los Estados miembros en la Unión. Según su prensa oficialista, las condiciones asociadas a las ayudas son “un chantaje”. El portal Origo, cercano al gabinete de Viktor Orbán, incluso ha dado pábulo a una burda teoría de la conspiración: “La voluntad de George Soros se ha concretado en el seno del Parlamento Europeo”.

Patria y libertad son los dos conceptos jaleados desde Varsovia y Budapest para frenar unas ayudas que deben contar con la aprobación unánime de los Veintisiete. El presupuesto que hay en juego, ya conocido desde el acuerdo del pasado verano, es de 750.000 millones de euros.

Los países del Este tensan la cuerda, sin duda, por motivos ideológicos, pero también por motivos económicos. Al ser los menos afectados por la primera ola de la pandemia, recibirían menos ayudas que el resto. Los funcionarios de la Unión estudian si un cambio en las cifras del reparto podrían hacer a Varsovia y Budapest deponer su actitud. En resumidas cuentas: más dinero a cambio del desbloqueo. Es una de la opciones, pero no cambia la cuestión de fondo: los continuos ataques de los gobiernos del llamado grupo de Visegrado (Eslovaquia, Hungría, Polonia y República Checa) a los derechos fundamentales de opositores políticos, mujeres, homosexuales y migrantes.

Orbán contra la UE

La historia de choques y tensiones entre Hungría y la Unión Europea viene de lejos. En 2013, el informe Tavares (llamado así por su ponente, el diputado portugués Rui Tavares, del Bloco de Esquerda) puso en evidencia las muchas deficiencias de la reforma constitucional húngara aprobada un año antes y auspiciada por Orbán. Esa reforma afectaba seriamente a la separación de poderes, a la libertad de expresión, a la independencia de la justicia, a la defensa de las minorías, a la libertad religiosa e, incluso, a la representatividad de las elecciones.

Cinco años después, el informe Sargentini (elaborado por la diputada verde holandesa Judith Sargentini) concluyó que existía “un riesgo claro de violación grave, por parte de Hungría, de los valores” de la Unión Europea; a saber, “el respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, incluyendo los derechos de las personas pertenecientes a minorías”.

Pero Orbán no se da por vencido. Uno de sus últimos proyectos es introducir una enmienda en la Constitución húngara para consagrar la defensa de los “valores cristianos”, lo que afectaría a los derechos de la comunidad LGTBi, que es también uno de los enemigos declarados del partido polaco en el poder, Ley y Justicia (PiS). En Polonia, además, hay una campaña oficial, iniciada por la Iglesia católica y secundada con entusiasmo por el gobierno, contra los derechos reproductivos de las mujeres. Y en Eslovaquia, el pasado 4 de noviembre, se restringió aún más el pluralismo político: el parlamento ilegalizó el Partido Comunista y lo declaró, oficialmente, “organización criminal”.

Estos países tienen la llave de la recuperación europea. Entre otros muchos proyectos, el llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española, presentado por Pedro Sánchez hace un mes y dotado con 72.000 millones, está en el aire.

Las reuniones se suceden en Bruselas, intentando que Polonia y Hungría entren en razón. Si no se avanza en las negociaciones, la patata caliente pasará a manos de los gobiernos nacionales los días 10 y 11 de diciembre, cuando los jefes de Estado y de gobierno se reúnan en el Consejo Europeo.