[EleccionesEEUU] Inmigración: Reparar el legado de Trump, pero también el de Obama (VII)

MICHIGAN (EE.UU.) // En la autovía que comunica Detroit con Flint, dos de las diez ciudades más pobres de Estados Unidos, con los gigantescos edificios de las fábricas abandonadas de fondo, las vallas publicitarias se suceden una tras otra. La escena tiene un aire apocalíptico a lo Blade Runner, aunque sin su desarrollo tecnológico. Los carteles ofrecen ayuda a las personas que sufren adicción a los opiáceos, alertan sobre la otra pandemia, la de la pobreza, y anuncian la cercanía de una de las cadenas de comida basura que están matando lentamente a sus clientes. Tres de las grandes emergencias que vive uno de los países con más personas pobres del mundo: 40 millones, de los cuales 30 millones no tienen un empleo. 

Una camioneta con bañera de tamaño Double Big Mac, como se estila todo por aquí, adelanta por el carril de la izquierda. La puerta trasera está pintada con una gigantesca bandera estadounidense en la que las rayas rojas han sido sustituidas por un color azul oscuro. Recuerda a la conocida como ‘thin blue line’, el símbolo del ‘Blues lives Matter’, el contramovimiento que reivindica que los asesinatos de policías sean juzgados como delitos de odio. Surgió como respuesta al movimiento Black Lives Matter, que ha conseguido poner en el centro de la crispada opinión pública el incesante goteo de asesinatos de personas negras a manos de un cuerpo que, denuncian, tiene una naturaleza racista. Por ello, como se puede leer en muchas de las mascarillas de sus activistas, piden “Refundar la policía”. 

Así es como solo en este tramo de conducción, encontramos representadas algunas de las cuestiones a las que el gobierno de Joe Biden y Kamala Harris debería dar respuesta en los próximos cuatro años. Pero buena parte de sus votantes, la mayoría social afectada por estas problemáticas, no confían en que el ala más moderada del partido demócrata vaya hacerlo, tras décadas gobernando el país.

Por eso, los activistas más participativos durante la campaña electoral, como el profesor de Ciencias Políticas Mathew Cross, tienen claro que una vez conseguido el objetivo urgente, “frenar al fascismo”, van a “tener que presionar mucho no solo para arreglar lo que ha roto la administración Trump, sino para crear una sociedad basada en el amor, la compasión y la justicia. Algo que creo que no han hecho ninguno de los dos partidos”, explicaba la mañana del sábado 7 de noviembre, cuando los demócratas superaron los 270 delegados electorales, y aseguraban así su victoria.

Tocando un tambor de juguete de su hija, celebraba con otros vecinos y vecinas de su barrio de Detroit, el fin de “unos años muy duros”. La palabra alivio era la más repetida entre los celebrantes. Al igual que entre el resto de votantes demócratas consultados para este reportaje. No sienten ningún entusiasmo por Biden, pero sí tienen muy presente que el partido demócrata se arriesgó a perder las elecciones, como le ocurrió en 2016 con Hillary Clinton, con tal de no dejar que liderase la candidatura el socialista Bernie Sanders. Ahora, muchos de estos votantes, les exigen que adopten sus propuestas electorales, especialmente en el ámbito de las migraciones. 

Once millones de personas ‘indocumentadas’

En Estados Unidos hay una cifra que lleva años siendo el mínimo común denominador de la estimación de las personas que viven en situación administrativa irregular en el país: 11 millones de personas. Según datos del Centro de Estudios de Migración, un lobby dirigido a frenarla, la mitad de ellos entraron con visa de turista, de estudiantes o de negocios, y se quedaron cuando expiró. Es decir, como en el caso europeo, mientras el foco se pone en las fronteras terrestres de las fronteras sur, la mayoría de los nuevos habitantes, hasta antes de la pandemia, llegaban en avión. 

Muchos de ellos, llevan cinco, diez, quince, veinte o incluso treinta años residiendo y trabajando en el país, sin posibilidad de regularizar su situación. “El neoliberalismo es una fábrica de ilegales, de mantener a estas personas en la indocumentación para que no puedan levantar su voz, exigir derechos y que los empleadores y compañías puedan sacarles el mayor jugo”, explica Gonzalo Mercado Cisternas, cofundador de La Colmena, un centro de trabajadores migrantes indocumentados en Staten Island.

Esta isla, conocida por estar conectada con Manhattan por el ferry desde el que millones de turistas veían la Estatua de la Libertad, fue el único distrito de la Ciudad de Nueva York en el que en 2016 ganó Trump. Lo mismo ha ocurrido en 2020. También es donde se concentra un mayor número de contagios, entre otras razones, por el rechazo de los trumpistas a usar mascarillas o respetar las medidas de distanciamiento social.

Como recuerda Alejandra Morán, una peluquera mexicana que lleva dos décadas viviendo en Staten Island, en los primeros años iba regularmente a México a visitar a su madre. Pero, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, con la consecuente militarización de las fronteras “se fue volviendo cada vez más peligroso cruzarla”. Hasta entonces, el flujo por tierra entre ambos países era constante. Muchos mexicanos y sudamericanos cruzaban a pie para trabajar por temporadas y volvían a sus países con lo ganado. En 2005, fue la última vez que Morán pudo visitar a su madre, tras constatar que cruzar el desierto a pie y coche, como lo hacía hasta entonces, suponía un grave riesgo para su vida por verse obligada a recurrir a las mafias. 

Como Morán, desde entonces, buena parte de las personas migrantes indocumentadas en Estados Unidos, han trabajado contratadas o con su propios negocios, han contribuido a las arcas públicas con sus impuestos y aun así no tienen derecho a nada. Tampoco a las ayudas federales que se aprobaron para las personas que se quedaron sin ingresos durante la pandemia, de unos 600 dólares semanales. 

Trabajadores que, como en el caso de Servando, no esperan que el gobierno de Biden cumpla su promesa electoral de regularizar a 11 millones de personas sin papeles. “Él era el vicepresidente de Obama, que tantas veces prometió la reforma migratoria y que, en lugar de eso, fue el presidente que más migrantes deportó”, explica tras una jornada de trabajo con una constructora que reforma apartamentos en Manhattan. Lleva 30 años en Estados Unidos. 

Solo en su primer mandado, Obama deportó más de 1.625.000 personas. Trump ha expulsado de Estados Unidos a más de 700.000, según cifras oficiales. No siempre a sus países de origen, gracias a acuerdos alcanzados con Estados centroamericanos que han aceptado a personas de terceras nacionalidades.

Sin embargo, si ha habido un punto de inflexión en la política migratoria de Trump, fue cuando ordenó las deportaciones express en 2018. Según datos del Departamento de Justicia, más de 2.800 niños, niñas y menores fueron separados de sus padres y madres durante las batidas policiales en la frontera de Estados Unidos con México. Una política que comenzó un año antes con un programa piloto y que fue suspendida después de que las imágenes de niños y niñas en jaulas o prestando declaración solos ante jueces desatase la indignación internacional. Más de 540 de ellos siguen sin conocer el paradero de sus progenitores. 

“Hay que tomar el ejemplo de los juicios de Chile o de Nuremberg para ver qué daño y dolor ha causado la administración de Trump en estos cuatro años y qué se va a hacer para deshacerlo”, sostiene Mercado. “Cuando han deportado al padre y han dejado a la madre y a la hija, no solo está la separación familiar, sino que ya no tienen quién lleve el dinero a casa, y él tiene que empezar desde cero”, explica quien ahora es el director de las iniciativas transnacionales de la Red Nacional de Jornaleros (National Day Laborer Organizing Network). Esta entidad ha recopilado medidas en cuestión migratoria para que sean aplicadas en los primeros 100 días del nuevo gobierno.

Entre ellas destacan las dirigidas a restituir los derechos arrasados por la administración Trump, como la suspensión de las cuotas mínimas de deportaciones y que sean los jueces de inmigración quienes estudien los casos, restablecer los programas para los llamados ‘dreamers’ – las personas que llegan a Estados Unidos siendo menores–, así como el programa de asilo y refugio; la reunificación de los niños y niñas separados de sus padres y madres en la frontera; que los migrantes puedan recibir ayudas ante la pérdida de sus empleos y que se les ofrezca la vacuna contra la covid-19 cuando salga. De hecho, las personas migrantes que han sido detenidas en Estados Unidos desde que comenzó la pandemia no tienen acceso a las test para diagnosticar la enfermedad. Además, una investigación conjunta de The New York Times y Marshall Project ha revelado que personas contagiadas fueron deportadas en vuelos de expulsión, contribuyendo así a la expansión del virus.

Mercado explica que la reparación por lo provocado por el último gobierno republicano debería incluir que “si la deportación se ha dado injustamente, porque no se les ha citado en la Corte o aplicado la ley de asilo, hay que traerlos de vuelta. Luego está el derecho a poder viajar. Millones de padres y madres se pasen años o décadas sin poder ver a sus hijos porque dependen de sus remesas. Y tienen que elegir entre la separación o la supervivencia”.  

El peso en la economía de los trabajadores y trabajadoras migrantes indocumentados es tan crucial para Estados Unidos que, gracias a su lucha, han conseguido el reconocimiento de derechos en algunos Estados como poder ejercer su profesión si consiguen una licenciatura universitaria que requiera una licencia, como es el caso de la abogacía, la enfermería o la medicina. También a tener el carnet de conducir. Y está tan normalizada su explotación que, ni siquiera cuando implica un atentado para la salud, consigue ser perseguida.

Es el caso de las cientos de trabajadoras que todos los días esperan ser contratadas para labores domésticas en un cruce de calles de Williamsburg, un barrio judío ultraortodoxo de Brooklyn. Esta zona concentra uno de los ratios más altos de contagios de covid-19 de la ciudad de Nueva York por el rechazo de parte de sus habitantes a las medidas dirigidas a combatirlo, como el uso de mascarillas. Las jornaleras indocumentadas denuncian que, a menudo, les obligan a limpiar los suelos arrodilladas con trapos y que no suelen pagar más de 10 dólares la hora. 

Esterilizaciones forzosas en los centros de detención

Pero hay un aspecto que ha pasado más desapercibido en la vorágine de la agenda informativa y que resulta especialmente espeluznante: las esterilizaciones forzosas a las que fueron sometidas mujeres en un centro de detención de inmigrantes del estado de Georgia. Seis de las denunciantes han sido ya deportadas a sus países, y otras siete han sido amenazadas con serlo de seguir adelante con sus denuncias, según sus abogados.

Como ha declarado Amnistía Internacional con respecto a este asunto, “Estados Unidos tiene un historial de esterilización forzada de mujeres de color (indígenas, negras y otras), mujeres encarceladas y personas intersexuales. Además de violar el derecho a la salud y la seguridad y los derechos sexuales y reproductivos, la esterilización forzada puede constituir un crimen de lesa humanidad en virtud del derecho internacional”.

Un crimen que ha sido posible gracias al ostracismo que rodea a los centros de detención de inmigrantes, parte del engranaje de lo que la investigadora Claire Rodier ha denominado como «el negocio de la xenofobia». Estas cárceles suponen unos ingresos anuales para empresas privadas de más de 3.000 millones de dólares, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Por eso, su cierre es una de las exigencias de los movimientos de derechos humanos.

Tras una visita a un centro en Texas, la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez declaró que «un gobierno que crea campos de concentración es fascista». Añadió que no estaba utilizando los términos a la ligera. Una de las internas le había explicado cómo tenían que beber agua de los inodoros.

Todos estas demandas al nuevo Gobierno tendrán, previsiblemente, un lobby interno potente: la nueva hornada de líderes políticos de origen migrante.

La reforma migratoria, la eterna promesa electoral demócrata

Uno de sus exponentes es Carlos Menchaca, un licenciado en Bellas Artes de 40 años que en 2017 se convirtió en el primer concejal mexico-americano y declaradamente gay, como él mismo reinvidica, del Ayuntamiento de Nueva York por el distrito de Brooklyn. Acaba de anunciar que se va a presentar a las primarias demócratas para competir por la alcaldía en las elecciones de 2021.

Responde a las preguntas de La Marea en un local de danza que, tras el cierre por la pandemia, se ha convertido en un centro de apoyo comunitario social en estas desoladas calles de Brooklyn. Entre otras medidas, en su etapa como concejal atesora un gran logro: el carnet de identificación de Nueva York. “Es una idea del pueblo inmigrante, ellos querían algo que les identificase oficialmente como ciudadanos y ciudadanas de la ciudad. Un papel que puedan mostrar a la policía o para ir a la biblioteca, una llave para la ciudad. Más de un millón de personas ya lo tienen”, nos explica el coautor de una idea que la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, exportó a París.   

“Necesitamos la reforma migratoria. Las personas migrantes quieren ser ciudadanos. Tenemos a muchas familias aquí que llevan 20 años trabajando cada día, pagando sus impuestos y el racismo es tan grande que sin la ciudadanía no pueden hacer mucho. Esta es una nación de inmigrantes y hay que crear un procedimiento para que pasen a ser ciudadanos y ciudadanas”, sostiene.

Mientras, empiezan a llegar al local jóvenes norteamericanos cuyos padres y madres llegaron a esta ciudad antes de que ellos nacieran. Vienen a estudiar, a preparar actividades sociales para el vecindario, a organizar reparto de ayuda y de información. Porque ellos no olvidan que durante la etapa de Obama, en los tribunales, era habitual que se consiguieran frenar deportaciones de padres y madres migrantes por el dolor que esa decisión les generaría a ‘ciudadanos estadounidenses’: para el sistema no había que protegerles por ser niños y niñas, hijos e hijas, que no pueden ser separados de sus progenitores sin haber cometido ningún delito, sino por su nacionalidad adquirida al azar por haber nacido en su territorio. 

La periodista Suzy Hansen explica así este ultranacionalismo supremacista en su libro ‘Notas desde un país extranjero’: “La excepcionalidad estadounidense no sólo definía a Estados Unidos como una nación especial entre naciones inferiores, sino que también exigía a los estadounidenses que se creyesen que había nacido siendo superiores, un concepto de bondad que requiere la existencia del mal para su sustento. Esto va más allá del racismo, de los prejuicios y de la ignorancia: se trata de un nacionalismo tan insidioso que no sabía que debía llamarlo nacionalismo”.

Fe de errores: En la primera versión del reportaje se presentaba a Estados Unidos como el país con más personas pobres del mundo, en lugar de como uno de los que tienen más personas en situación de pobreza.