Jorge Cabezas: “Los propios cuerpos policiales tienden a tapar todo lo que huele mal”

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La Guardia Civil –con 6,02 puntos– y la Policía Nacional –con una nota de 5,95 puntos– fueron las instituciones mejor valoradas en el último barómetro que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) hizo en 2015. Según explicaba el Ministerio del Interior ese año, estos resultados ponían de manifiesto que «la labor que realizan a diario los guardias civiles y los policías nacionales, como garantes de la seguridad ciudadana, ha merecido un año más que los españoles consideren a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como la principal institución del Estado en la que depositar su confianza».

No obstante, en los últimos años, las FCSE se han visto inmersas en polémicas como la actuación durante el referéndum ilegal del 1-O en Catalunya o la salida a la luz pública de la conocida como «policía patriótica». Más recientes han sido las cargas en lugares como Vallecas tras las protestas por los confinamientos selectivos de la Comunidad de Madrid o las imágenes de presuntos abusos policiales o comportamientos inadecuados por parte de algunos agentes durante el primer confinamiento, calificadas de «anécdotas» por el Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional (DAO).

Sin embargo, poco se conoce sobre las investigaciones a los cuerpos policiales cuando sus miembros traspasan la línea. «Quis custodiet ipsos custodes?» [¿Quién vigilará al vigilante?], se preguntaba el poeta romano Décimo Junio Juvenal. En la actualidad, el periodista Jorge Cabezas ha conseguido adentrarse en el control al controlador, los conocidos como Asuntos Internos, una investigación que ha plasmado en un libro de idéntico nombre y donde recoge supuestos casos de corrupción que han afectado a los cuerpos policiales.

Es difícil encontrar reportajes o investigaciones sobre Asuntos Internos, más allá de su libro. ¿Por qué?

Pienso que es complicado porque generalmente es un tema tabú: es muy difícil ahondar en todo lo que tiene que ver con las Fuerzas de Seguridad del Estado. En primer lugar, porque los propios cuerpos, a través de sus mecanismos de asuntos internos, tienden siempre a tapar todo lo que huele mal. Entonces a los medios de comunicación les es muy difícil publicar este tipo de cosas. Las FCSE hasta ahora gozan de un prestigio social importante, según se desprende del CIS; pero claro, es un prestigio que viene dado porque son cuerpos que no están sometidos a la lupa del periodismo. Se suele suavizar, o se suele ocultar todo lo que huele mal.

¿Cuál fue su experiencia respecto al acceso a la información?

Ha sido complicado acceder a algunas fuentes pero también es cierto que hay mucha gente que lucha a favor de una limpieza y una puridad democrática dentro de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Los sindicatos policiales y las organizaciones de guardias civiles son quienes más luchan por esto y son quienes facilitan mucha información de lo que está pasando dentro. Otras veces, las propias brigadas de Asuntos Internos también facilitan las cosas, pero la dinámica hasta ahora en este país es que los trapos sucios se lavan en casa y que cuanto más se tape todo, mejor. Para mí es un error.

Asegura en su libro que las brigadas de Asuntos Internos “adolecen de un fallo: no son independientes”. ¿Por qué?  

Porque dependen del propio mando jerárquico de los cuerpos policiales. En el caso de la Guardia Civil es clarísimo y Asuntos Internos tiene que reportar a sus superiores, que tienen potestad para tomar las decisiones. En el caso de la Policía pasa algo parecido, porque aunque no es un cuerpo tan jeraquizado también tienen que reportar al comisario, y el comisario a sus superiores… y en un momento determinado puede haber intrusiones de la cúpula.

Una de las preguntas que me hago en el libro es de quién deberían depender estas brigadas. Lo he consultado con expertos que creen que deberían depender de una fiscalía o de una comisión parlamentaria o, en todo caso, de los jueces. Pero que tuvieran independencia porque ya hemos visto la cantidad de veces que Asuntos Internos tapa información u oculta datos por presiones de la propia jerarquía.

“Parece que en las Fuerzas de Seguridad hay poco margen de maniobra y denuncia cuando los que están por encima o son más veteranos se comportan de manera anómala”. ¿Por qué?  

Justo por eso: porque quien investiga generalmente depende de la cúpula. En el caso de Málaga [operación Telaraña] se ve con toda claridad: guardias civiles denuncian corruptelas, ocultación de datos e investigaciones poco claras pero se topan con que el mando que está por encima muchas veces no quiere llegar hasta el fondo de esas cuestiones. Lo más grave es que a veces intentan desacreditar al funcionario que denuncia, que es algo que ha pasado en muchas ocasiones en España. Y el denunciante es quien acaba sufriendo las consecuencias.

¿A qué suelen enfrentarse los agentes que deciden denunciar corrupción u otros comportamientos deplorables de sus propios compañeros?

Hay casos en los que acaban pagando con su propia carrera policial o con cambios de destinos y jubilaciones anticipadas. También hemos visto casos de informes psicológicos adversos que puede conllevar ser apartado del cuerpo. Hay muchas maneras de silenciar casos de corrupción y en el libro se recogen muchos casos de agentes que han visto cómo sus vidas se convertían en un verdadero infierno por plantar cara a esto.

¿Tiene Asuntos Internos capacidad sancionadora? 

Tenemos que hablar de dos niveles de actuación. Si es muy grave, tienen que judicializar y tiene que ser un juez quien imponga la pena. En el caso de faltas administrativas, pueden proponer sanciones que imagino que tendrán que ser avaladas. Aquí pueden proponer apartar a un agente de empleo y sueldo durante un determinado periodo de tiempo o un cambio de destino. Todo esto bajo un proceso de garantías, claro: a ti te pueden proponer para quitarte 15 días de empleo y sueldo, pero tú puedes alegar en contra.

¿Son los castigos suficientemente duros como para actuar de manera disuasoria?

Depende. En ocasiones sí, como por ejemplo la pérdida de destino, que sí es un castigo duro porque supone un cambio de vida. Depende del grado de corrupción. Entendemos que cuando Asuntos Internos propone una sanción es porque tiene comprobado que esa persona es corrupta o ha cometido otras faltas. Pero son niveles en los que no tiene que trascender a lo penal. Cuando la cosa se agrava, es cuando pasa a los jueces, y aquí uno puede incluso perder la condición de policía o guardia civil.

Uno de los capítulos de su libro está dedicado a la operación Telaraña, en la que confluyeron varios supuestos casos de corrupción policial y que prácticamente se descubren por casualidad tras el asesinato de Lucía Garrido en 2008. ¿Qué falló para que se llegase hasta ese punto?

La operación Telaraña es un clarísimo ejemplo de corrupción policial. Un caso que no se quiso investigar. Cuando los cuerpos policiales utilizan todo su poder para hacer el mal, es muy complicado pillarles. En el caso de Málaga lo que pasó es que se taparon las irregularidades, no se abrieron diligencias, se ocultaron las transcripciones de los teléfonos intervenidos, se perdieron pruebas… 

Se juntaron demasiadas personas corruptas en un entorno en el que nadie quiso meter mano y por eso 12 años después todavía está sin resolver al completo. Hasta el año de 2014, seis años después del asesinato de Lucía, no se empezó a ver de una forma clara el trasfondo de lo que estaba pasando allí. Pero al igual que hablamos de corrupción, hablamos de una asociación de guardias civiles, la AUGC [Asociación Unificada de Guardias Civiles] que intentó remover esto. Guardias civiles honestos que en un momento determinado lo pagan muy caro por intentar resolver esto. Lo han pagado con querellas, con acosos laborales, pérdidas de destino…

En este caso, cuando se reabrió, el juez decidió cambiar el cuerpo al que había encomendado la investigación, pasando de la Guardia Civil a la Policía Nacional tras una pérdida de confianza en los primeros. ¿Es esto algo que suele pasar?

Puede pasar pero no es habitual. Pasa cuando el juez considera que el propio cuerpo que está llevando la investigación tiene demasiados intereses en ella o hay demasiadas oscuridades. No es habitual pero ha pasado en algunas ocasiones. El caso de Lucía es un claro exponente de cómo el propio juez no se fía de la investigación de la Guardia Civil y, cuando se reabre, la encarga a otro cuerpo.

En este mismo caso, un informe del Servicio de Asuntos Internos (SAI) analiza las dificultades a las que se enfrenta el SAI de cualquier cuerpo policial cuando se trata de perseguir conductas delictivas de los componentes de esos cuerpos, pues estos tienen “privilegio delincuencial”. ¿De qué formas se evitaría esto?

La verdad es que es muy complicado. Ya hay bastantes controles que de alguna manera tratan de evitar que alguien se aproveche de su condición de policía para delinquir. Pero claro, estamos hablando de que cuanto más alto es el rango del agente más fácil lo tiene, porque goza de una mayor presunción de veracidad y tiene acceso a más recursos.

Imaginemos a un teniente de la Guardia Civil; él puede dar de alta a un delincuente en la base de datos conjunta de la Policía y la GC y en teoría está haciendo su trabajo, pero claro si quiere actuar mal lo que este poder le permite es saber si a esa persona se le está investigando en otros cuerpos o no. Entonces, si no tienes la certeza de que ese agente se ha pasado al otro lado, no puedes saber si está haciendo un buen uso de los recursos de los que dispone. 

Evidentemente tendría que haber más controles. Este país tiene un modelo policial en muchos aspectos mejorables  Esto de alguna manera podría afinarse mucho si hubiese un cuerpo específico de policía judicial. Esto quizá haría más difícil que se la colasen al juez, pero el problema es que aquí no tenemos esto, aquí cuando hay un caso es a los propios agentes a los que se designa como policía judicial en ese momento y para ese caso, pero siguen con su disciplina de cuerpo y teniendo que dar los resultados a sus superiores.

Desde luego, el sistema es mejorable y se podría cerrar el paso a todos esos agentes que valiéndose de su condición y de su privilegio delincuencial pueden hacer de su capa un sallo. 

La operación Gamba Roja muestra la connivencia de un grupo de policías y guardias civiles con una banda de narcotraficantes. España ha sido un país central en el tráfico de drogas. Históricamente, ¿cuál ha sido la relación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con la droga?

España desde luego ocupa un lugar privilegiado en el mapa del narcotráfico, no hay duda, tanto en hachís como en cocaína. Evidentemente que los narcos tratan de comprar a guardias civiles y policías porque así aseguran mucho más su negocio. Ha habido muchos casos de corruptelas de este tipo y sigue habiéndolos en Galicia y en Andalucía.

Si un agente tiene un sueldo normal, no sé, de entre 1.500 y 1.700, pues si por mirar hacia otro lado te van a dar el triple de lo que cobras, la tentación es muy alta. En lo único que podemos confiar es en las profesionalidad de las FCSE.

Sabemos que por el organigrama y por el funcionamiento de los cuerpos, es fácil en un momento determinado que sean tentados. No sabemos exactamente cuál es el nivel de penetración que ha tenido el narcotráfico dentro de las FCSE porque es algo que siempre se ha intentado ocultar bastante. Pero lo que sí es cierto es que hay muchos casos en los que se ven implicados miembros policiales, también de Policía Local, y de los Mossos, o de cualquier cuerpo. Todos tiene su garbanzo negro pero hay que tener en cuenta que España ocupa un espacio central dentro del narcotráfico y por ello sería necesario reforzar estas materias.

¿Es necesaria una reforma de nuestro modelo policial? ¿En qué materias?  

Yo soy partidario de la unificación de los cuerpos de la Policía y la Guardia Civil. Puede haber muchas formas de reforma pero una reivindicación histórica es esta de la unificación, y así dejaría de haber competencias inútiles, dobles investigaciones, medios que se duplican, bases de datos que se duplican de manera innecesaria…

La España rural, por ejemplo, necesita un cambio. La Policía y la Guardia Civil tienen que dejar de pisarse las investigaciones, que sigue sucediendo a pesar de la base de datos conjunta. El problema es que son dos cuerpos de naturaleza distinta: uno es civil y el otro militar. ¿Hasta qué punto un cuerpo militar puede seguir controlando el orden público en una sociedad democrática? Hay muchas preguntas en el aire que alguna vez deberían ponerse sobre la mesa.

¿Ha visto la serie Antidisturbios? 

No la he visto pero he oído hablar de ella. Me dicen que a veces parece bastante real aunque es ficción.

Ha recibido muchas críticas por parte de los sindicatos policiales, que aseguran que se da una imagen violenta de los agentes, que a veces consumen drogas…

Desde mi punto de vista, todo es mejorable en España. Durante el estado de alarma de marzo he visto demasiadas veces mala educación por parte de las FCSE. Evidentemente no es una cosa generalizada, pero creo que el trato al ciudadano deja mucho que desear. Tienen que tener en cuenta que están al servicio del ciudadano y no se puede tratar a las personas como si fuesen presuntos delincuentes. No se trata de que sean monjas de la caridad, pero echo de menos un cambio de paradigma mental y se den cuenta de ello.

Adolecen todavía de muchos tics autoritarios. Que las respuestas sean proporcionales también depende mucho de la calidad de la democracia del Estado en el que se viva. Por supuesto, se ha avanzado mucho en todo lo que tiene que ver con torturas y malos tratos en las comisarías, pero Amnistía Internacional sigue denunciando este tipo de hechos. Lo que habría que hacer es estar muy vigilantes para evitar escenas de este tipo, porque una policía democrática tiene que ser ejemplar y no puede bajo ningún concepto dar la impresión de ser autoritaria.

Y lo repito: en la época del confinamiento he visto imágenes que a mí me han avergonzado, y no porque esté a favor de que la gente se lo saltase, sino porque no es ético que una policía democrática actúe de determinadas formas. Dicho esto, reconozco que hay muchos agentes que se comportan de manera digna y democrática. Pero se nos tiene que meter en la cabeza que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están para proteger al ciudadano y para ayudarle.