Política
Fernández Díaz no se enteraba de nada
El exministro del Interior comparece ante el juez del 'caso Kitchen' y confirma que conocía la operación pero que creía que era legal.
«Respeto mucho su trabajo como ministro pero, perdóneme… usted no se enteraba de nada». Esa ha sido la espontánea reacción del juez Manuel García Castellón, de la Audiencia Nacional, a las respuestas que ha ido desgranando Jorge Fernández Díaz en su comparecencia como imputado por la operación Kitchen.
El exministro acudía al tribunal para ser interrogado por el operativo policial montado para espiar a Luis Bárcenas y a su esposa, Rosalía Iglesias, y para sustraer y destruir pruebas que pudieran afectar al Partido Popular en la investigación de su caja B. ¿Conocía Fernández Díaz este operativo, financiado con fondos (públicos) reservados? Sí, lo conocía. Lo ha admitido ante el magistrado. Pero no conocía su verdadera naturaleza. No sabía, en suma, que era ilegal.
Entre él y su número 2 en el ministerio, Francisco Martínez, hay varios mensajes de SMS en los que, supuestamente, Fernández Díaz señalaba al chófer del extesorero del partido, Sergio Ríos, como la persona a la que debían involucrar en la operación para borrar las pruebas incriminatorias que Bárcenas pudiera tener en su poder. Los mensajes tienen fecha de 2013. El exministro ha dicho que esos mensajes son un montaje y ofreció su teléfono móvil a la autoridad judicial para que lo comprobase.
Ríos cobró, según el sumario, 53.000 euros por su trabajo como confidente. Exactamente 2.000 euros al mes durante algo más de dos años.
Sin órdenes de arriba
Fernández Díaz ha contado en la Audiencia Nacional que se enteraba de estas cosas por la prensa y que jamás recibió ninguna orden de Mariano Rajoy ni de María Dolores de Cospedal, por aquel entonces secretaria general del PP, para montar la operación Kitchen, que estuvo dirigida, presuntamente, por el excomisario de policía José Manuel Villarejo. También negó cualquier relación con este último y sostiene que apenas lo conoce por haberlo saludado, esporádicamente, en un par de ocasiones.
Juan Cotino, exdirector general de la Policía fallecido el pasado abril por la COVID, le habló de Villarejo, sí. Eso lo ha admitido Fernández Díaz. Cotino le contó que el excomisario había trabajado para el Estado en diversos asuntos, pero nada más. Si luego su número 2, Francisco Martínez, montó algún operativo con él, el exministro se lava las manos. Y eso a pesar de que fue él quien lo envió para entrevistarse con Villarejo. Lo que ocurriera después de esa entrevista es un misterio para el exministro. O así lo ha declarado ante el juez.
Fernández Díaz, en su desconcertante declaración, dijo lamentar que nadie le contara la verdadera naturaleza de la operación Kitchen, que él creía perfectamente legal y enmarcada dentro de la investigación del caso Gürtel. Pero nadie en la Policía lo hizo, y por eso lo considera «una deslealtad».
No es la primera vez que el Partido Popular es investigado por entorpecer la acción de la justicia en un asunto relacionado con su supuesta financiación opaca. En 2019, el juzgado de lo penal número 31 de Madrid absolvió al PP de un delito de encubrimiento por destruir a martillazos los discos duros de Bárcenas. No se pudo demostrar que esa destrucción se debiera a un afán por borrar pruebas sobre la caja B.
COMUNICADO CONJUNTO DE EUROPA LAICA Y MHUEL.
Las asociaciones Europa Laica y Movimiento hacia un Estado Laico (MHUEL) comunican que han sido notificadas por la Audiencia Nacional de la imposición de costas procesales (2500€) en el procedimiento 204/2014 referente al recurso contra la concesión de la medalla de oro al mérito policial a Nuestra Señora Santísima Virgen del Amor Hermoso por parte del anterior Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Europa Laica y MHUEL muestran su sorpresa al recibir las citadas costas que ascienden a 2.464 euros al haber transcurrido un tiempo excesivo desde el fallo judicial y máxime cuando ya el Tribunal Supremo impuso las desproporcionadas costas de 4000 euros por la misma causa. No dudamos que se haya actuado conforme a derecho y dentro de los plazos máximos para su ejecución, pero tampoco dudamos de un criterio de actuación caprichoso y oportunista para gravarnos económicamente con el fin de que desistamos en futuras acciones judiciales.
En el más que surrealista periplo judicial de la concesión de la más alta condecoración policial a una Virgen se han sufrido retrasos incomprensibles, cambios de sala y curiosas maniobras de la abogacía del Estado que iban más bien encaminadas a defender la confesionalidad del Estado que el principio constitucional de aconfesionalidad; tampoco ha causado excesiva extrañeza siendo el titular de interior el polémico y visionario Jorge Fernández Díaz y que a posteriori ha confirmado con sonadas actuaciones e increíbles declaraciones.
La Abogacía del Estado ha actuado en contra de los principios de aconfesionalidad del Estado y las costas disparatadas de 4.000 euros del Tribunal Supremo y los 2.464 euros de la Audiencia Nacional parecerían más una multa no declarada para hacer desalentar futuras impugnaciones en favor de la garantía de libertad de conciencia
Mientras a nuestras asociaciones se las condena con el pago de injustificadas costas procesales en procesos judiciales que buscan restaurar el principio de confesionalidad del Estado es éste precisamente quien viola diariamente este principio, financiado ampliamente las instituciones religiosa y particularmente a la Iglesia católica que recibe más de 11.000 millones de euros cada año de financiación pública y los principales ayuntamientos e instituciones el Estado como la Policía y las Fuerzas Armadas invocan su protección a los símbolos católicos, imponiendo a toda la ciudanía esta simbología particular.
Europa Laica y MHUEL exigen al gobierno que tome iniciativas en garantizar el principio de no confesionalidad del Estado y llama a los grupos parlamentarios para que tomen iniciativas en ese mismo sentido ya que ni en la ley de educación, ahora en tramitación, ni en los Presupuestos Generales del Estado vemos que se tomen iniciativas para ni siquiera limitar los privilegios de la iglesia católica en nuestro país.