Esta casa no se alquila a migrantes

“Fuimos a ver una casa en Madrid y la dueña nos hablaba de una forma totalmente racista. Decía que éramos del tercer mundo, que no éramos europeos y que nuestra cultura no era como la suya”. Lo cuenta Moussa Al Jamaat, periodista sirio refugiado en España. Llegó en mayo de 2019 con su mujer embarazada y, tras pasar por un hogar administrado por organizaciones de ayuda a refugiados, tuvo que enfrentarse a la tarea de buscar una vivienda.

En enero de este mismo año comenzó la búsqueda de un lugar para poder vivir con su familia. En ese momento, Moussa se dio de bruces con el racismo, algo que las personas migrantes sienten de una manera palmaria a la hora de intentar acceder a una vivienda. Así lo reconoce el informe ¿Se alquila? Racismo y xenofobia en el mercado del alquiler, elaborado por la Asociación Provivienda, organización referente en la lucha por el acceso a la vivienda. En el trabajo, financiado por la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria de la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la ONG aborda la problemática de la discriminación hacia los y las migrantes, especialmente aquellos que han nacido fuera de la Unión Europea. 

El objetivo, además de la visibilización, es “sugerir alternativas desde las políticas públicas”, explica Eduardo Gutiérrez, director general de Provivienda. Durante la elaboración del estudio han hecho 1.836 llamadas para interesarse por anuncios de alquiler reales por parte tanto de una persona autóctona como de una extranjera. 

Otro grupo de llamadas han sido realizadas a inmobiliarias presentándose como propietarios o propietarias de una vivienda que pedía de manera explícita que su propiedad no fuese alquilada a personas migrantes. Estas fueron algunas de las respuestas recibidas por parte de las agencias inmobiliarias: “En el anuncio no podemos ponerlo pero vamos, en las visitas vemos quién viene y cribamos”; “no te preocupes porque nosotros tampoco queremos extranjeros”; o “es que cualquiera le monta un narco-piso, porque aquí la marihuana está causando estragos”.

El resultado del estudio de Provivienda es claro: siete de cada diez inmobiliarias contactadas aceptaron las condiciones de los supuestos propietarios y la discriminación hacia extranjeros. De las restantes, explica la organización, “una amplia mayoría acepta otras formas más sutiles de discriminación, como solicitar un mayor número de garantías adicionales a las personas de otros países”. A esta petición de exceso de documentación o al incremento de las garantías adicionales, se le suman engaños sobre la disponibilidad de viviendas o la presentación de cláusulas abusivas.

Excusas que conoce bien Moussa Al Jammat y que tuvo que soportar durante los dos meses que duró la búsqueda. A ello se sumó la desidia de la ONG que debía prestarles apoyo. Finalmente, fue la Fundación por Causa la organización que ayudó a Moussa y otros periodistas refugiados a encontrar un lugar en el que empezar una nueva vida en España. De manera indirecta, también sintieron la xenofobia: “Empezamos a llamar a todos los pisos que veíamos porque si no ellos se quedaban en la calle. Nos encontrábamos racismo en cada llamada”, explican. Finalmente, en marzo de este año, encontraron una casa en la que poder vivir.

Un “modo de vida” no elegido

“[Los contagios] se están produciendo, entre otras cosas, por el modo de vida que tiene nuestra inmigración en Madrid”. A mediados de septiembre, la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso señalaba directamente a las personas migrantes de la capital española y ponía el foco en su forma de vivir. Unas características vitales no elegidas que desembocan en un hacinamiento residencial –disponer de menos de 10m2 por persona en el hogar– que alcanza casi el 19% dentro del colectivo migrante, mientras que la media nacional se sitúa en torno al 5%, señalan desde Provivienda a través de los datos de Eurostat.

Las bajas tasas de empleabilidad, la brecha salarial y la temporalidad laboral, unidas a estas barreras racistas a la hora de acceder a una vivienda, aboca a las personas extranjeras a este “modo de vida”. Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) la tasa de paro entre la población extranjera alcanza el 25%, mientras que la de la población nacional no llega al 14%, y sus salarios suelen ser de media 675 euros menores. Además, la temporalidad en 2019 fue del 88,5% según el Observatorio de las Ocupaciones.

Esta situación provoca que el periodista Moussa Al Jamaat, su mujer y su hija recién nacida tengan que compartir vivienda con otra familia refugiada, ya que no pueden hacer frente al coste completo de la vivienda. En total, cuatro adultos y tres niñas conviven en el mismo espacio.

Oportunidades que se abren

Desde la organización valoran “de una forma muy positiva” la limitación de los precios del alquiler propuesta por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos: “Todo lo que sirva para mejorar la capacidad que tenemos de enfrentarnos a las tensiones del mercado del alquiler, es bienvenido. Pero esta medida, por sí sola, no sirve a las personas migrantes”, explican. El director general Eduardo Gutiérrez cree que “la anunciada Ley del Derecho a la Vivienda, así como el aumento en los Presupuestos Generales del Estado en políticas públicas son una buena oportunidad”. 

Para complementar la medida, solicitan una legislación que impida la discriminación por cuestiones de raza y un código de buenas prácticas que comprometa a las compañías inmobiliarias a garantizar el respeto a los derechos humanos.