Nace el Sindicato de Atención Domiciliaria para combatir las externalizaciones de los ayuntamientos

Este artículo ha sido publicado originalmente en Catalunya Plural.

El pasado sábado se presentó públicamente el SAD, un sindicato formado por cuidadores de los servicios municipales de varias poblaciones de Catalunya. Cuidado en la higiene corporal, baño y alimentación, limpieza en domicilios o acompañamientos fuera del hogar, las trabajadoras atienden a personas con algún grado de dependencia, niños y personas mayores en domicilios particulares. El sindicato se dio a conocer en el parque de la Ciutadella, ante el busto de Pepita Teixidor, «primera mujer ni reina ni obradora de milagros a tener un monumento en la ciudad», enunciaba Pilar Nogués, portavoz del sindicato, que quiso dar el mensaje que el origen humilde no determina el logro de hitos monumentales.

Las trabajadoras denunciaron que la externalización de sus servicios «ha incrementado el coste a las administraciones y los usuarios, aumentando año tras año el precio de la hora de la prestación y prestando menos servicios». Lourdes, una de las sindicalistas, explica que en la empresa donde trabaja, Sacyr Social, las cuidadoras cobran aproximadamente 6 euros netos la hora mientras que la empresa ingresa 18 euros del ayuntamiento por cada trabajadora y hora realizada. La misma situación se produce en varios municipios de Catalunya. Las administraciones consideran que no tienen capacidad para gestionar el servicio, mientras que las trabajadoras denuncian que esta situación las precariza.

Una situación similar a la de las Kellys

Las trabajadoras del SAD presentaron el acto acompañadas de las Kellys, que han apoyado la iniciativa sindical para luchar contra una situación que ellas conocen bien: la cesión ilegal. El SAD reclama la municipalización del servicio de atención domiciliaria. Consideran que de esta manera se mejorarían los salarios y los materiales con los que trabajan, y que se producirían menos malas praxis contractuales. «Muchas de nosotros tenemos contratos de media jornada pero acabamos superando las horas que están establecidas en el contrato», explica Pilar. El convenio colectivo establece que no se pueden hacer más de 80 horas extras al año, mientras que la portavoz del SAD ha llegado a contabilizar 300 algún año. «En el último convenio colectivo que ha firmado CCOO, y que aún no ha hecho público, pedimos la eliminación de las bolsas de horas. Este sistema nos precariza porque muchas veces las horas extras que contabilizamos las trabajadoras son menos que las que ha contado la empresa «, explica la trabajadora de Sant Feliu de Llobregat.

Intentos frustrados de municipalización en Barcelona

Lourdes, que presta servicios de atención domiciliaria en Barcelona, ??se queja de que la ciudad quiere contratar una empresa externa para controlar que las empresas subcontratadas por parte del Ajuntament cumplen el pliego de condiciones. «Se está destinando un dinero a una empresa para que vigile que otras subcontratadas actúan correctamente. Este gasto sería innecesario si existiera una empresa pública que lo gestionara todo», explica.

La realidad en Barcelona es compleja. Desde el consistorio anunciaron la municipalización del servicio en mayo de 2019, una cuestión que Barcelona en Comú se había comprometido a aplicar a entre un 7% y un 10% de las 4000 trabajadoras que dan servicio a la ciudad. Sin embargo, en diciembre de 2019, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat emitió un informe desfavorable a la internalización del SAD y los servicios jurídicos municipales no encontraron ningún resquicio para hacerla efectiva. Desde el consistorio explican también que el otro impedimento para municipalizar la totalidad de las trabajadoras es la llamada ley Montoro, que restringió la autonomía financiera. El pasado mes de septiembre, la oposición en el Congreso consiguió frenar la propuesta del gobierno central de utilizar el superávit que las ciudades habían acumulado desde la aplicación de la ley Montoro, y que en caso de Barcelona corresponde a 480 millones.

Lourdes también denuncia que el convenio colectivo firmado en julio pasado no logró las mejoras deseadas. «Con el nuevo convenio vamos hacia atrás. Los sindicatos mayoritarios y la patronal firmaron un incremento salarial de un 1% el primer año, un 4% en el segundo y un 8% al tercero, pero no explican que las empresas también podrán hacer contratos de hasta cuatro horas». Precisamente el SAD nace con la voluntad de tener una voz independiente de los sindicatos mayoritarios. Se quejan de que estos sindicatos han «permitido que las trabajadoras del sector de los cuidados tengan los sueldos más bajos, con jornadas partidas que las incapacitan para poder encontrar otros trabajos», explicaba Pilar.

Mejorar el servicio para mejorar la atención

Otro de los aspectos que ha resaltado el sindicato es que la mejora de las condiciones de las trabajadoras repercute en la mejora de la atención a los usuarios. «Las mujeres del SAD no nos hemos podido quedar impasibles y mirar hacia otro lado mientras nuestros abuelos y abuelas estaban desatendidos», enunciaba en el acto la portavoz del SAD, en relación con la atención producida durante los meses de abril y mayo de Covid-19. El cierre de los locales, al inicio de la pandemia, que los ayuntamientos cedían a las empresas, ha obligado a que las trabajadoras tuvieran que recoger los EPI en la calle. Pilar considera que se ha expuesto a posibles contagios de Covid-19 por falta de recursos y mala gestión. «Sólo podíamos recoger los EPI de 12 h a 13:30 h, y si durante este horario estabas dando algún tipo de servicio, tenías que avisar a alguna amiga que te lo cogiera e ir a recogerlo por tu propia cuenta». La portavoz del sindicato también critica que la empresa para la que trabaja, Accent social, propiedad de Florentino Pérez, haya recortado las horas de los desplazamientos y las reste de la atención a los usuarios. «Si yo antes tenía una hora para atender a un paciente ahora tengo 45 minutos, porque 15 minutos los tengo que usar para el traslado».

Primeras acciones

El sindicato ha iniciado las primeras movilizaciones en Sant Feliu de Llobregat. A través de sus cuentas han organizado una concentración para este miércoles a las 19 h de tarde reclamando una mejora de los materiales para protegerse de la segunda oleada de contagios. La portavoz del sindicato explica que ahora les dan EPI de vinilo que se rompen con mayor facilidad, y también que no se respeta el reparto de mascarillas FPP2. «A las trabajadoras de alto riesgo les corresponde una FPP2 cada cinco domicilios, pero sólo han dado una, y la han dado porque la reclamamos a riesgos laborales», explican desde el sindicato.

El SAD también está apoyando a algunas trabajadoras del Baix Llobregat que han denunciado el impago de tres meses por parte de la empresa Senfo, que entró en concurso de acreedores en 2019. Isabel, una de las afectadas, explica que dejaron de cobrar en mayo y no fue hasta mediados de julio que la cooperativa SUARA se hizo cargo de sus contratos. Durante este período continuaron la atención domiciliaria porque como explica la afectada «estamos dando un servicio esencial, y si no lo hacemos nosotros, no lo haría nadie. No estamos hablando de un producto al que se le puede detener la producción, sino de personas con dependencia o niños que no tienen familiares ni personas cercanas que puedan hacerse cargo». Fathia, una de las afectadas por esta situación, explica que han tenido que pagar los servicios jurídicos de su bolsillo hasta ahora, y que todo indica que quien acabará pagando estos meses de impago será el Fondo de garantia salarial.

Este artículo ha sido publicado originalmente en Catalunya Plural.