Función pública e interés privado en el Ministerio del Interior

Febrero de 2014. El ministro del Interior Jorge Fernández Díaz preside el acto de jura de 22 nuevos comisarios de la Policía Nacional. En él, anima a los recién llegados a «afianzar la vitalizad de los principios y valores recogidos en el Código Ético de la Policía». «Os aguarda la obligación de ser auténticos líderes de los hombres y mujeres a vuestro cargo, y ello lo conseguiréis, fundamentalmente, siendo un modelo de comportamiento, dedicación y entrega». 

Tras varios años al frente del ministerio, el pleno del Congreso de los Diputados aprobó en 2016 la creación de una comisión de investigación sobre la «utilización partidista en el Ministerio del Interior, bajo el mandato del ministro Fernández Díaz, de los efectivos, medios y recursos del Departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con fines políticos». ¿Cuáles fueron las conclusiones? 

Pues que bajo el mandato del señor Fernández Díaz se creó una estructura policial «con el conocimiento y consentimiento del ministro destinada a obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al Partido Popular y al seguimiento, la investigación y, en su caso, la persecución de adversarios políticos». Así, esta decisión, habría sido «una inaceptable utilización partidista de los efectivos, medios y recursos del Departamento de Interior y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con un abuso de poder que quebranta reglas esenciales de la democracia y del Estado de Derecho».

De la investigación del Congreso a la investigación judicial

El denominado caso Tandem sobre el entramado profesional y empresarial del excomisario Villarejo ha llevado al juez encargado a la formación de una pieza separada que involucra a la cúpula del Ministerio del Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy. La colusión de intereses privados entre mandos de cuerpos adscritos al Ministerio del Interior y dirigentes políticos al mando del mismo. He ahí la clave del deterioro. 

El origen de esta investigación estaría en el análisis de la documentación intervenida en el chalet del excomisario Villarejo. De ella parece deducirse que entre los años 2013 a 2015 desde la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional se habría puesto supuestamente en marcha un operativo –denominado Kitchen– con el objetivo de averiguar el lugar en el que extesorero del Partido Popular Luis Barcenas presuntamente ocultaba material documental comprometedor para el Partido Popular.

Esta operativo, del cual se desconocen sus resultados últimos, tendría como finalidad –y aquí está la gravedad del asunto– la obtención de ese material comprometedor a fin de sustraerlo y evitar su conocimiento por parte de la autoridad judicial del llamado caso Barcenas. Todas las actuaciones se realizaban presuntamente al margen de la investigación que simultáneamente realizaba la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en auxilio judicial sobre la figura del extesorero del Partido Popular.

La financiación del operativo se realizó a cargo de los fondos reservados del Ministerio del Interior a través de la Secretaria de Estado de Seguridad. Modificado por el Real Decreto 20/2011, según el artículo 4 apartado 1 de la Ley 11/1999 reguladora de la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados referido a los ministerios: “Corresponderá exclusivamente a los titulares de estos Departamentos, de acuerdo con sus específicas características, determinar la finalidad y destino de estos fondos y las autoridades competentes para ordenar su realización”. Además, según el apartado 2: “Periódicamente, los titulares de los Departamentos a que se refiere el apartado 1 de este artículo deberán informar al presidente del Gobierno sobre la utilización de los créditos para gastos reservados que se hayan consignado.

Como era de esperar en las solicitudes de asignación mensual de fondos reservados elevada desde la DAO a la Secretaria de Estado y en las notas de gastos de los fondos asignados en la mensualidad anterior, no parece existir la designación de la operación policial para la cual se solicitaban fondos de carácter reservado. Es decir, la operación Kitchen no existía. De hecho, el juez concluye en su auto que la declaración del facultativo de la DAO encargado de la gestión y control de los fondos reservados pone de manifiesto las disfunciones e irregularidades que habrían permitido el uso ilícito de los mismos propiciando la financiación de un operativo intrincadamente ilegal, así como el enriquecimiento personal de altos mandos policiales.

La gravedad de los hechos da cuenta de lo extremadamente sensible que es este ministerio al empuje de actitudes carentes de los principios básicos que deben de regir en la función pública. 

De hecho, al margen de consideraciones particulares, la Ley Orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tiene como principios básicos, la neutralidad política, la imparcialidad, la integridad y dignidad, estando entre sus funciones, según el 11, “investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables, asegurar los instrumentos, efectos y pruebas del delito, poniéndolos a disposición del juez”.

Si bien la red Villarejo –en la cual se incluyen varios comisarios afines al mencionado– realizaba los encargos a través de la mercantil Cenyt. Según el juez del caso Kitchen no se aprecia retribución o pago directo, sino que según el auto, la retribución “se transforma en una suerte de influencia frente a quienes le encargaron la actuación”. ¿De dónde vendría esta influencia? Del alto poder de extorsión que le daría el tener acceso a esa y otras tantas informaciones. Una extorsión, que si bien puede concernir a los responsables políticos y empresarios que encargaban sus servicios, puede derivar en otros casos en extorsiones contra el Estado. Lamentable. 

Román Echániz es socio cooperativista de La Marea.