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Walmart y la codicia sin límite

La multinacional del ‘retail’ –comercio minorista– sube la factura un 6% de golpe a los agricultores canadienses para financiar su próximo salto tecnológico.

Un supermercado Walmart. MIKE MOZART / Licencia CC BY 2.0

Walmart le dice a sus distribuidores: ‘Voy a aplicar una reducción a vuestras facturas de entre el 1,5% y el 6,5%’. Y esos distribuidores, a su vez, le endosan esa reducción a los productores agrícolas. El proveedor no puede pedir una reducción en su factura eléctrica, no puede bajar el salario de sus empleados, no puede pedir que le rebajen los impuestos municipales, pero nuestros productos son perecederos y por eso somos mucho más vulnerables. Así que somos nosotros quienes asumimos gran parte de esa factura”. Así denunciaba Marcel Groleau, presidente de la Unión de Productores Agrícolas de Quebec, la presión que los agricultores están recibiendo de una de las multinacionales más grandes del mundo.

Walmart lidera, a día de hoy, el ranking de las empresas que más dinero ingresan al año, según la revista Fortune: 524.000 millones de dólares. Más que Amazon. Más que Apple. Más que Shell. Es la mayor cadena de supermercados del mundo. Su floreciente negocio no ha supuesto ningún reparo a la hora de poner a los agricultores canadienses entre la espada y la pared. La estrategia no es muy diferente a la que ideó Donald Trump para levantar su muro con México. “Construiré un muro enorme en nuestra frontera sur y haré que México lo pague. Tomad nota de mis palabras”, dijo el hoy presidente cuando competía por la nominación republicana a la Casa Blanca en 2015.

¿Pero por qué Walmart rebaja de golpe y unilateralmente el dinero que gasta en distribuidores y agricultores? Porque no quiere quedarse atrás en el plano tecnológico respecto a sus rivales en el gran mercado mundial del retail (el comercio al por menor), fundamentalmente frente a Amazon. Y serán los granjeros los que paguen su puesta a punto. Groleau, a través de los micrófonos de QUB Radio, es uno de los pocos que se ha atrevido a denunciar públicamente la maniobra de Walmart. La mayoría de los agricultores y ganaderos quieren mantener el anonimato cuando habla con los medios por miedo a una represalia comercial. “El único recurso que tienes es retirar tus productos de las estanterías. Pero eso sería el Armagedón. No podría ser peor”, decía uno de ellos, sin dar su nombre, en el Financial Post.

El plan de Walmart es invertir lo que le saque a los agricultores canadienses en mejorar el envío de productos frescos y renovar sus centros de distribución y sus supermercados. Enfocado en posicionarse bien en esta nueva era global del retail, el gigante americano comenzó la semana pasada en Arkansas sus tests para distribuir productos por medio de drones. Para ello se ha asociado con dos empresas especializadas, Zipline y Flytrex, la primera de ellas dedicada al reparto de material sanitario en África. La segunda, por su parte, promete en su página web sobrevolar las poblaciones a 60 km/h y llevar los paquetes “hasta su patio trasero en una fracción del tiempo que se suele dedicar al reparto”.

El pasado sábado, además, se conoció que Walmart acompañará a Oracle en su tutelaje comercial sobre la compañía de vídeos TikTok, con la “bendición” del presidente Trump. Tras acordar la adquisición del 7,5% de la empresa china, su papel será ofrecer su plataforma de “comercio electrónico, de ejecución de distribución, de pagos y otros servicios omnicanal a TikTok Global”. Además, claro está, tendrá acceso a datos de los 100 millones de usuarios de TikTok en EEUU. Todo ese desarrollo, toda esa expansión tecnológica, saldrá en parte de los trabajadores del campo.

Lo novedoso en este conflicto entre Walmart y los agricultores es que la multinacional ha hablado abiertamente de sus planes poniendo incluso las cifras sobre la mesa. A mediados de julio avisó a sus distribuidores en Canadá de que les haría pagar un 1,25 % por “gastos de desarrollo de infraestructuras” y otro 5% por “desarrollo del comercio electrónico”. En total, un 6,25 %. Pocos días después, la central de intermediarios United Grocers, que maneja el 34% de todo el comercio de alimentos del país, dijo que se avendría a los precios impuestos por Walmart.

Esta práctica coercitiva está ya muy extendida en España.

Juan Salvador Torres, secretario general de la Asociación Valenciana de Agricultores, explicaba en Salvados, el programa de Jordi Évole, cómo la bajada de precios impuesta por Mercadona acababa provocando un efecto dominó en todos los demás supermercados. Aquel programa, de 2017, levantó bastante revuelo por evidenciar una serie de prácticas, tanto laborales como comerciales, que podrían considerarse abusivas y que tienen lugar en la empresa que preside Juan Roig.

Pero no fue hasta finales de 2019 cuando los productores entraron en guerra abierta, ya sin complejos, contra los distribuidores y las grandes cadenas de alimentación.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, llegó a reunirse con los grandes grupos del sector (Mercadona, Lidl, Dia, Carrefour…) para tratar el tema del campo español. El gobierno, consciente de que la relación comercial entre productores y supermercados necesita ajustes, anunció su voluntad de modificar la ley de la cadena alimentaria. Con los retrasos lógicos provocados por la pandemia de la COVID-19, el anteproyecto de la nueva ley para fortalecer la posición negociadora de agricultores y ganaderos fue estudiado por el Consejo de Ministros y llegará este otoño a las Cortes Generales.

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