La PAH: “Esperamos un repunte alarmante de los desahucios” (y 4)

La primera vez que la Plataforma de Afectad@s por la Hipoteca (PAH) recuperó un edificio de viviendas fue en 2010. Desde entonces, ya van más de 50 bloques y 4.000 familias rescatadas. «Hablamos de recuperar, porque recuperamos derechos, recuperamos la función social de la vivienda, recuperamos la vida de las personas que pueden seguir luchando por un alquiler social bajo un techo y porque recuperamos lo que es nuestro: pisos pagados con el rescate a la banca con nuestro dinero», explica Juanjo Ramón, portavoz de la organización.

Ramón cree que la crisis sanitaria aparejada a la COVID-19 va a provocar un «repunte alarmante de los desahucios» ya que no se ha puesto sobre la mesa ninguna propuesta para paliar la vulnerabilidad que traerá consigo la recesión y que se sumará a la ya existente. Para la PAH, ese es el gran problema social relacionado con la vivienda y no el de la ocupación.

¿Es la ocupación de viviendas un problema social en España?

La ocupación no debería ser tratada como el problema sino como el resultado de todos estos años de políticas a favor de la especulación. Al mismo tiempo, y desmontando el relato propiciado por algunos medios de comunicación, la telebasura, las empresas de seguridad y la derecha reaccionaria, los datos de los que disponemos a día de hoy son claros. Las viviendas ocupadas sin contrato representan un 0,34% del total en todo el Estado, hablamos de unas 100.000 viviendas, una cifra que es irrisoria frente a los más de 1.020.000 desahucios desde 2008 o a los tres millones y medio de viviendas vacías. De este 0,34%, solo el 0,02% son pisos ocupados a particulares.

Como dato complementario y comparativo, el 13,65% del total de vivienda en todo el Estado está vacía y el parque público sólo roza el 2%.

Entonces, ¿cuál es el verdadero problema social aparejado a la vivienda?

El verdadero problema social en España es la falta de garantías del derecho a la vivienda. España, con la complicidad del sistema financiero, las administraciones y la clase política, se ha convertido en un paraíso para los especuladores. De la mano, abrieron la puerta a la estafa hipotecaria, la burbuja inmobiliaria y la actual burbuja del alquiler. Paralelamente se ha ido recalificando la vivienda pública o vendiendo directamente a fondos buitre, convirtiendo este país en un error del sistema carente de parque público de vivienda. Un país donde la vivienda ha perdido totalmente su función social o su reconocimiento como derecho humano, para ser tratada exclusivamente como una mercancía de especulación a manos de unos pocos, inaccesible para la mayoría.

Nos hemos a costumbrado a importes mensuales, ya sean de hipoteca o alquiler, muy superiores al valor que deberíamos pagar por ello. Gastar más de la mitad de los sueldos, incluso importes que pueden llegar al 100% de los ingresos, y tal como bajaron los salarios encontrarse con cuotas hipotecarias o actualmente de alquiler superiores a un sueldo mínimo, es algo que supera toda lógica. No digamos ya cuando pasas de un salario ridículo a una prestación que no te da para comer o llevar una familia; entonces es cuando estas condenado a un desahucio, cada vez más pronto que tarde, sin ninguna opción a volver acceder a una vivienda.

Unas políticas pensadas solo para proteger al sistema capitalista, dando la espalda a la gran mayoría de la sociedad. Unas políticas y leyes que se traducen en 1.024.766 desahucios desde 2008. A día de hoy y en base a los últimos datos publicados por el Poder Judicial, una media diaria de unos 200 desahucios, de los cuales casi el 70% ya son por impago de alquiler.

Unos datos alarmantes que se convierten en escalofriantes cuando las personas son tiradas a la calle, sin alternativa y sin respuesta, por la falta de vivienda pública, pero existiendo 3 millones y medio de pisos vacíos en manos de la banca y los fondos de inversión.

¿Cuál es la posición de la PAH respecto a la ocupación de viviendas?

La posición de la PAH sobre la ocupación siempre la hemos dejado clara: ocupación sí, pero siempre de pisos vacíos propiedad de bancos y grandes tenedores, nunca pisos de particulares o pequeños propietarios.

Tras la postura de la PAH en este tema hay un relato ganador que ha llegado a convertirse en leyes autonómicas que reclaman la cesión obligatoria de los pisos vacíos para dar respuesta a las familias, como el caso de la 24/2015 catalana y su extensión el pasado año con los Decretos 17/2019 y 1/2020, que amplían la definición de gran tenedor y obligan a regularizar a aquellas familias obligadas a recuperar una vivienda antes de junio de 2019, con un alquiler social en función a los ingresos de la unidad familiar. En definitiva, leyes que nos dan la razón.

Para nosotras, la definición de un alquiler social es muy distinta de lo que entienden el Estado, los bancos o los fondos buitre. Para ellos todo lo que sea un precio por debajo del precio hinchado del mercado, ya es social o asequible. Un 30 o un 40% del valor del mercado, para determinados ingresos, sigue siendo inasumible. 

Puestos a poner energías en esto deberían ir a por las mafias que se lucran de la miseria y son las autenticas culpables de las ocupaciones a particulares

Juanjo Ramón, portavoz de la PAH

¿Cuál es el perfil de las personas que ocupan viviendas en España?

El perfil es muy variado y lo conocemos bien gracias a la realidad que nos encontramos semana tras semana en nuestras asambleas. Familias sin recursos que no pueden acceder a una vivienda de mercado; familias víctimas de una ejecución hipotecaria, desahuciadas por impago de alquiler; personas a las que la administración no da respuesta; madres monomarentales; inmigrantes a quien se les niega el padrón y todos los derechos que eso les garantiza; jóvenes que a pesar de trabajar no pueden independizarse por no poder acceder a los precios de una vivienda… 

¿Es la ocupación consecuencia directa de la subida de los precios de la vivienda? ¿Qué solución se puede plantear desde las instituciones?

La ocupación no es la causa de la subida de los precios, es el resultado de dichas subidas y de las políticas que avalan la especulación con la vivienda. Como ya hemos visto, en base a los datos, las soluciones más inmediatas y que desde la PAH llevamos años exigiendo, es la movilización de los pisos vacíos de la banca rescatada, sobre todo de la SAREB [Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria] y Bankia y obligar a bancos y fondos buitre a ofrecer alquileres sociales en función a los ingresos de la unidad familiar. Con esto ganamos vivienda social y garantizamos acceso regularizado a una vivienda a familias con pocos recursos.

Uno de los mantras más repetidos es que la ley ampara al ocupa.

Estos mantras organizados están pensados para fomentar el odio entre vecinas, criminalizar la pobreza y provocar un estado de alarma ficticio. Los datos nos muestran que la ocupación de particulares es algo residual, que no deja de ser un problema si te toca, pero no es ‘el problema’’.

Tampoco es cierto que la ley proteja al ocupa cuando las leyes están pensadas para proteger la propiedad. Cuando en la PAH nos encontramos con desahucios en que la propiedad es un particular, la actuación es distinta, llegando incluso a no convocar. Son casos en los que forzamos a la administración a ofrecer alternativas y nosotras actuamos con más contundencia una vez ejecutado el desahucio para conseguir un realojo. Obviamente si la administración da la espalda activamos la Obra Social PAH, siempre en pisos de bancos y grandes tenedores, para volver a empezar y conseguir un alquiler social y regular la situación de la familia. Hemos dado más respuesta nosotras en estos casos que las administraciones con todos sus recursos.

¿Qué opinan de la propuesta de determinados partidos para agilizar las desocupaciones?

Como ya he dicho, son propuestas que nacen en falso para alimentar un monstruo que no es real. Es bastante determinante que sean los partidos que han provocado esta emergencia habitacional crónica que vivimos, los partidos que no han elaborado ninguna propuesta para garantizar el derecho a la vivienda y que se han dedicado a frenar cualquier propuesta al respecto, los que ahora se dedican a generar este relato de odio entre vecinas y de caza de brujas a la precariedad. Puestos a poner energías en esto deberían ir a por las mafias que se lucran de la miseria y son las autenticas culpables de las ocupaciones a particulares, ya que estas no miran qué ocupan y solo les interesa cobrar por unas llaves. Las personas que recurren a este sistemav son personas desesperadas que han sido expulsadas del sistema, ya que, en el sistema capitalista predominante, si no produces, te dan la patada.

Al margen de esto, cabe recordar que debemos diferenciar ocupación de allanamiento y que ya hay una ley para estos casos poder defender la propiedad particular. 

La gente humilde, trabajadora, la gran mayoría de la ciudadanía, no somos culpables, somos víctimas de todo esto.

Juanjo Ramón, portavoz de la PAH

¿Han visto algún cambio por parte del nuevo Gobierno en materia relacionada con el acceso a la vivienda? ¿Cómo lo valoran?

Hemos podido ver algunos cambios más pretenciosos de los que estamos acostumbradas pero que consideramos totalmente insuficientes. Llevamos 12 años de emergencia habitacional crónica, que lejos de solucionarse ha ido mutando y evolucionando hacía un panorama peor que cuando empezamos. En 2009 y durante los primeros 5 años, los problemas estaban claros; eran la precariedad, derivada de la crisis económica, las ejecuciones hipotecarias que esta provocó y que los bancos se quedaban tu casa y la de tus avalistas, dejando en la calle y sin opciones a dos unidades familiares –en muchos casos avalistas con viviendas pagadas– con una deuda impagable de por vida que te impedía poder volver a empezar y acceder a un alquiler.

Era un perfil de afectado claro y un enemigo directo con el que pelear y negociar una solución más digna y viable, que seguía pasando por la pérdida de vivienda. Pero logramos que se condonaran las deudas y se ofrecieran alquileres sociales, que inicialmente eran de 5 años, pero que pasaron a 3 con el cambio de la LAU [Ley de Arrendamientos Urbanos] patrocinado por el PP.

Ya sobre el 2015, el perfil de afectado empezó a cambiar y a multiplicarse. A los problemas hipotecarios, se les empezó a sumar los problemas de impago de alquiler. Eran los albores de la nueva burbuja, los precios del alquiler iban subiendo a pasos agigantados, los salarios iban a la baja y los contratos eran cada vez más cortos. 

El perfil de afectado por impago de alquiler es mucho más sangrante que en los casos de ejecución hipotecaria. Las afectadas por hipoteca se enfrentan a procesos largos, que pueden llegar a durar años, antes de llegar al final. Es un camino tortuoso donde lo pasas realmente mal, pero que tiene a tu favor el poder usar ese tiempo en recabar información, empoderarte para defenderte y poder cerrar la historia con la cabeza alta y sensación de victoria. Es una lucha de David contra Goliat. En los impagos de alquiler te enfrentas a un desahucio de manera inminente, casi no tienes tiempo de reacción y te pilla, como se suele decir, con el culo al aire. 

Si el propietario de la vivienda es un banco, un fondo buitre o un gran tenedor, con suerte puedes resistir, ir sufriendo un intento de desahucio tras otro –un sin vivir–, pero puedes llegar a conseguir un nuevo contrato que te dé 7 años de tranquilidad. Tus posibilidades aumentan si no te enfrentas sola a la situación y te acercas a la asamblea de la PAH que tengas más cercana. Pasas a formar parte de un colectivo que lo primero que te enseña es a demostrar que tu no eres la culpable de la situación, que no eres un bicho raro, que hay miles de familias pasando por lo mismo. Que los culpables son el sistema, las leyes hechas para protegerlo, los especuladores que se aprovechan de ello y los Gobiernos, que van cambiando, pero todos han mirado hacia otro lado y han avalado este escarnio a un derecho básico. La gente humilde, trabajadora, la gran mayoría de la ciudadanía, no somos culpables, somos víctimas de todo esto.

Volviendo a la pregunta inicial, el Gobierno actual es un Gobierno que no parte de cero, nada de todo esto les pilla de nuevas. Estando en la oposición han respaldado todas las iniciativas de cambios legislativos que la PAH hemos llevado al Congreso. La última fue la Ley Vivienda PAH, registrada en febrero de 2018, que pasó a tramite en septiembre del mismo año, pero que con el cambio de Gobierno vio truncado todo avance. 

Ahora no es tiempo de estudio o de valoraciones, es tiempo de actuar de manera valiente y contundente. De estar a la altura de la situación. La historia y antecedentes, la saben de sobra. Una parte del Gobierno actual ha sido cómplice y culpable directo de algunas de las acciones que han provocado esta crisis de vivienda; si realmente ahora quieren cambiar las cosas es el momento de enmendar errores del pasado. Otra parte del Gobierno, viene de la calle, del 15M, de las asambleas de la PAH; están donde están por venir de donde vienen, no necesitan que les contemos nada. 

¿Qué puede provocar la crisis de la COVID en el ámbito de la vivienda? ¿Está preparándose la PAH para este futuro cercano?

La crisis actual provocará más desahucios por impago ligados a la pérdida de empleo, caída de autónomos y cierre de pequeños comercios. Los Decretos sacados hasta la fecha son insuficientes y dejan a una gran mayoría de sectores de la población fuera y obligada a sobreendeudarse con microcréditos para poder pagar las cuotas no cubiertas durante las falsas moratorias. En las hipotecas en misión imposible acogerse a la moratoria por COVID y los bancos prefieren ofrecer microcréditos. Si la situación de perdida de ingresos no mejora en pocos meses las familias deberán enfrentarse a la cuota habitual si logran volver a pagarla, sumada a la deuda de las cuotas no pagadas. Es el principio de una dinámica nefasta que por desgracia en la PAH conocemos bien.

Nos han educado para dejar de comer antes que de pagar, nos endeudamos y aferramos a cualquier propuesta, pero en el peor de los casos cada microcrédito o propuesta de facilidad, en pan para hoy y hambre para la mañana. A la larga es insostenible y te queda la sensación que lo único que han hecho es engañarte para que vayas sumando deuda, condenarte a una muerte civil y sin casa.

Parecido con los alquileres: por mucho que ahora un gran propietario esté obligado a renovarte durante seis meses en las mismas condiciones sin subirte el precio, no es una solución a la crisis. Cuando pasen estos seis meses, ¿qué va a pasar? ¿Se habrán regulado ya los alquileres? No creo y de ser así, el Gobierno habla de una regulación en zonas tensionadas y dejando la pelota a las administraciones autonómicas y locales. Para empezar, no hay zonas tensionadas, la burbuja es general y creando dichas zonas, se provoca que el problema se traslade de sitio. También hay que ser muy ingenuo para pensar que la derecha va estar por la labor de regular nada donde gobierna. Solo hay que ver lo que está pasando por ejemplo en Madrid o Murcia, donde hay más propuestas para acabar con la vivienda pública que para crearla.

Esperamos un repunte alarmante de los desahucios, ya que, por un lado, no hay una sola propuesta o medida para dar respuesta a la vulnerabilidad preCOVID, a esa media de unos 200 desahucios diarios, que solo se frenaron por el cierre de los juzgados pero que poco a poco van reabriéndose y se irán sumando a los que no se tramitaron en este periodo y a los que se deriven directamente por esta crisis. Nos han vendido una falsa moratoria de desahucios, solo por seis meses y exclusivamente por impagos de alquiler derivados a un ERTE. Eso deja fuera a miles de familias, empezando por los autónomos.

En los tiempos que vendrán no solo aumentarán los desahucios, sino que acceder a una vivienda, formar una familia o independizarse será un privilegio para muy pocas. Qué futuro puede tener esa juventud que aún vive con sus padres porque el alquiler les costaría la vida y eso teniendo trabajo.

¿Cuáles son las medidas más urgentes que debería acometer el Ejecutivo en estos momentos?

Las medidas más urgentes, y que llevamos la mayor parte de la pandemia reclamando, serían una moratoria real para todo tipo de desahucios mínimo hasta diciembre de 2021. Esta medida se podría decretar en cualquier momento y solo hace falta voluntad política para ello. Pusimos esta fecha como un mínimo para ver los efectos reales de la crisis sanitaria y dar un cierto tiempo de recuperación a las familias.

Otra de nuestras principales exigencias es que se movilicen los pisos vacíos en manos de la banca y fondos buitre. Principalmente, que la banca rescatada devuelva el dinero en pisos, los pisos de la SAREB, entidad pública y de Bankia. Con esto ganamos parque público de vivienda, y con él damos respuesta a las familias desahuciadas, que podrían ser alojadas y no tendrían que ocupar. Así como la obligatoriedad a bancos, fondos y grandes propietarios a ofrecer y renovar los alquileres sociales.

Aunque no sea directamente un tema de vivienda, también hemos puesto sobre la mesa la necesidad de la actualización del IPREM [Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples] acorde con las subidas del salario mínimo. Al estar el IPREM muy por debajo [de dicha cuantía] y ser la referencia, mucha gente queda excluida de diferentes ayudas.