Racistas contra un Estado racista

Artículo publicado en #LaMarea. Puedes conseguirla aquí.

Nos preguntan: ¿Por qué se os ocurriría quemar vuestro propio barrio? ¡Porque no es nuestro! ¡Nada aquí es nuestro!”. El discurso de Kimberly Jones, tan certero como airado – difundido en un vídeo que se hizo viral en las dos semanas después del caso de George Floyd–, logró diagnosticar con perfecta precisión el problema: las comunidades afroamericanas han sido expoliadas de forma tan sistemática que hace mucho tiempo que perdieron toda fe en el Estado. “El contrato social se ha roto”, agregó Jones. “Normalmente, cuando hay un robo llega la autoridad para arreglar el asunto. Pero los que están encargados de arreglar el asunto ¡nos están matando! ¡El contrato se ha roto! ¡Lo rompisteis vosotros!”.

Para los afroamericanos y otras minorías en EEUU, el Estado siempre ha sido opresor. Y los representantes más directos de esa opresión estatal han sido, desde siempre, las fuerzas del orden: la policía en primer lugar. Como explica 13th, un documental de 2016 de la cineasta Ava DuVernay, la misma enmienda decimotercera de la Constitución de Estados Unidos, que ilegaliza la esclavitud, contiene una frase ominosa. “No existirá la esclavitud o la servidumbre involuntaria en Estados Unidos” –afirma– “excepto para quien haya sido condenado por un crimen”. Esto ha significado que, desde el mismo momento de la abolición, el Estado ha movilizado la policía y los tribunales para limitar las libertades civiles de la población negra y garantizar un suministro estable de mano de obra presa –es decir, esclavizada–. 

La población encarcelada ha pasado de 330.000 personas en 1980 –cuando el presidente Reagan anunció “la guerra contra las drogas”– a 2,3 millones en la actualidad. Una conversión del sistema penal en un negocio multimillonario que ha hecho que Estados Unidos siga gobernado, en la práctica, por la segregación racial y la esclavitud sobre las que fue fundado. Pero si la relación de las minorías oprimidas con el Estado ha estado marcada por la desconfianza y la oposición, la relación de los militantes del movimiento White Power no ha sido mucho mejor, al menos no en las últimas cuatro décadas. 

Como explica la historiadora Kathleen Belew en su libro Bring the War Home (Trae la guerra a casa, publicado en 2018), el nacionalismo blanco vivió una transformación importante en los años 70 y 80, cuando entraron en él veteranos militares de la guerra de Vietnam, lastrados por experiencias de extrema violencia, pero también con pericia militar y, sobre todo, una profunda desconfianza hacia el gobierno de su propio país, por el que se sentían traicionados.

Aunque a partir de 1980 la Casa Blanca volvió a ser controlada por la derecha –en la persona de Ronald Reagan– es en este periodo cuando la derecha radical se propone como objetivo máximo el derrocamiento del gobierno federal. De ahí, por ejemplo, que uno de los miembros más notorios del movimiento, Timothy McVeigh, escogiera en 1995 el edificio del gobierno federal en Oklahoma City como blanco de un atentado que acabó causando 168 muertos y 680 heridos. 

Como explica Belew, el movimiento del White Power, organizado en miles de células, estaba unido por una visión del mundo militarizada, nutrida por mitos antisemitas, anticomunistas y racistas y una teoría de la conspiración que postula que el gobierno, controlado por judíos y minorías étnicas, se ha propuesto extinguir la raza blanca. La irónica verdad era que el mismo Estado que los militantes blancos convertían en enemigo –incluidos los cuerpos de policía– seguía encarnando las mismas ideologías racistas que ensalzaba el movimiento del White Power.

¿Cómo cabe comprender esa paradoja? “Me parece importante apuntar algunos hechos fundamentales”, responde Belew cuando hablo con ella unas dos semanas después de la muerte de George Floyd. “En los años 80 y 90, mucha gente –no solo los miembros del movimiento del White Power– sintieron una lealtad intensa al Ejército y la Policía al mismo tiempo que desconfiaban con una intensidad igual del Estado. No podemos olvidar que el propio Ronald Reagan, cuando era presidente, afirmaba que el gobierno no era ninguna solución; el gobierno era el problema. Esta visión escindida, paradójica, es parte de lo que estamos viendo en las calles del país hoy”.

Cuando la derecha radical racista se convierte en un movimiento armado subversivo, las propias fuerzas del orden se ven obligadas a hacerle seguimiento; y en las últimas cuatro décadas se han vivido algunos enfrentamientos violentos entre los militantes derechistas y las fuerzas del Estado como en Waco, en el Estado de Tejas, en 1993, donde un ataque del FBI acabó con 76 muertos. Cabía esperar que el FBI y otras entidades estatales aprovecharían el momento para concienzarse sobre la naturaleza de las ideologías racistas y extirparlas de sus propias filas. 

La realidad fue otra, me dice Belew. “A pesar de que las fuerzas de Estado cobraron una conciencia más clara del movimiento del White Power y sus capacidades, el FBI y otras agencias gubernamentales redujeron de hecho su capacidad y su voluntad para hacer frente a esta amenaza. Esta tendencia se reforzó después de una serie de fracasos en los tribunales en los años 80. Incluso después del atentado de Oklahoma City de 1995, y después de un informe extenso que señalaba una actividad cada vez más intensificada del White Power a comienzos del siglo XXI, nunca se dedicaron los recursos suficientes para afrontar el problema”.

Todo indica, además, que la presidencia de Trump solo ha servido para reforzar esta tendencia de trivializar la amenaza que suponen la extrema derecha racista y el nacionalismo blanco para la democracia estadounidense. Sus representantes no solo han recibido alabanzas abiertas del ocupante de la Casa Blanca, como cuando ocasionaron un enfrentamiento en Charlottesville, en North Carolina, en 2017, o este año cuando se levantaron contra las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus. 

También parece probable que algunos hayan acabado contratados por Trump. A fin de cuentas, los cuerpos de mercenarios que Estados Unidos ha empleado desde hace más diez años para realizar sus trabajos sucios, están repletos de militantes de la extrema derecha. No es casual que la mayor empresa mercenaria del país, Academi (antes conocida como Blackwater y Xe Services) haya sido fundada por Erik Prince, veterano militar y miembro de una poderosa familia de ascendencia holandesa del estado de Michigan, y hermano de Betsy de Vos, la actual ministra de Educación en el gabinete del presidente Trump.