El caso Network: torturas y persecución al antifascismo en Rusia

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El antifascismo no es bienvenido en Rusia. Por supuesto no hablamos de la propaganda gubernamental, en la que la palabra «antifascista» se usa con frecuencia y de manera interesada como reivindicación nacionalista y patriótica, en referencia al período de la Segunda Guerra Mundial. Desde el año 2000 y hasta 2010, el Estado usó a los nazis para luchar contra los antifascistas. Para asesinarlos, literalmente. La policía tenía conocimiento de la preparación de varios asesinatos de antifascistas por parte de grupos neonazis, pero simplemente dejó que sucedieran. Más tarde, investigaciones independientes demostraron la conexión entre conocidos neonazis y funcionarios del Estado, también en la policía. 

En los últimos dos años y medio el caso Network ha sido el principal y más severo en la persecución del activismo antifascista en Rusia. Entre septiembre de 2017 y hasta enero de 2018, varias personas fueron detenidas por la policía en Penza y San Petersburgo. Al principio, se quería arrestar y acusar a otros activistas de Moscú o incluso de Bielorrusia; el Estado quería internacionalizar el caso, pero no le funcionó. Este año, esas 10 personas fueron condenadas a entre tres años y medio y 19 años de prisión por pertenencia y participación a una organización terrorista. 

Esta semana se ha conocido la condena a otros dos antifascistas: uno a siete años de prisión y el otro a cinco años y medio. En el caso de la sentencia más corta es porque ha habido un reconocimiento de culpabilidad. Los participantes de la Network, algo que en realidad nunca existió, según denuncian los activistas, no han sido condenados por una acción concreta, sino por habérseles encontrado conversaciones en las que criticaba a las autoridades y en las que hablaban sobre sus ideas, mostrando así sus posiciones antigubernamentales. Además, las principales acusaciones sobre supuesto planes para atacar el Mundial de futbol de 2018 fueron obtenidas por confesión mediante la tortura de los activistas, tal y como han denunciado varios medios de comunicación rusos. 

Descargas eléctricas, palizas, presión psicológica y amenazas a los acusados e incluso a los testigos. Esos fueron los métodos de la policía. Los servicios secretos, según denuncian los condenados, incluso se llevaron a algunos de ellos al bosque para golpearlos allí. Ni ellos mismos sabían qué querían escuchar sus torturadores. Se tuvieron, además, que aprender todas las acusaciones para poder repetirlo durante la investigación. Algunos de los torturados denunciaron el maltrato, pero de poco sirvieron las pruebas presentadas, consistentes en exámenes realizados por expertos independientes como la Comisión de Monitoreo Público, que verifica las condiciones de los detenidos en los puestos de detención. Ninguno de los torturadores fue declarado culpable. Incluso algunos activistas fueron torturados de nuevo después de haber denunciado. Varias personas se vieron obligadas a huir de Rusia y solicitaron asilo político a otros países para escapar de todo aquello. 

Durante la investigación del caso, varios de los activistas fueron presionados por sus compañeros de celda y sufrieron malos tratos. El Estado estaba detrás. Algunos de ellos desarrollaron problemas graves de salud y no recibieron el tratamiento adecuado. De hecho, uno de los acusados cayó enfermo de tuberculosis e incluso durante las audiencias en la corte estuvo junto a sus compañeros.

El caso recibió un gran apoyo por parte del antifascismo, pero también por parte de los defensores de los derechos humanos y periodistas de todo el mundo: se sucedieron las acciones y protestas públicas, hubo comunicados y declaraciones, se escribieron artículos y se hicieron presentaciones y subastas para apoyar a los presos políticos. La campaña de apoyo consiguió llamar la atención sobre el caso y se resumió, se tradujo y se difundió información para movilizar a la comunidad, y sobre todo, para recaudar dinero y así poder pagar la defensa de los acusados. Todo sucedió de manera muy espontánea y todos los que participaron en la campaña eran voluntarios. Las familias de los acusados también estuvieron al frente; incluso crearon una “red de padres y madres” para demostrar que no creían los argumentos del Estado contra sus hijos, ni siquiera de la existencia de la Network.

El caso ‘Network’ no ha sido fácil para los activistas y ni para la campaña de apoyo. Durante la investigación se conocieron varios hechos desagradables no relacionados con este caso, pero si sobre alguno de los acusados. Se le atribuía un caso de abuso sexual y otros hechos que generaron un intenso debate en el movimiento, pero que no tenían nada que ver con la causa en su totalidad ni con el resto de los compañeros presos. Aún así, los activistas de la campaña quisieron separar este asunto personal de la causa política general contra el movimiento, pero sin dejar de señalar su absoluto rechazo y su condena total de esta persona por estos actos, que han querido además no ocultar por coherencia. Aún así, estos hechos horribles no cambian la realidad: invención del relato por parte del poder y torturas a los antifascistas detenidos. 

La dura represión contra los activistas políticos, los anarquistas y los antifascistas señalados por el Estado es un aviso para que los demás guarden silencio y se conviertan en sujetos políticos pasivos. El 1 de julio, las enmiendas a la Constitución de Rusia que algunos consideramos ilegales serán aceptadas en una votación que muchos vemos ya decidida. Y es que en junio, el activismo ya fue advertido y controlado por la policía. Las oleadas de represión contra el movimiento antifascista y el resto de sociedad civil han obligado a muchísimas personas a marcharse de Rusia. Y los que se quedan están arriesgando sus vidas. 

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