No es la patria, es el negocio

TUS ARTÍCULOS | La disputa entre los países del Norte y del Sur de Europa a raíz de la crisis de 2008 se ha repetido nuevamente con la prominente crisis económica en ejercicio y sus consiguientes estragos socioeconómicos. Los más afectados sanitaria, y por ello también económicamente, vuelven a ser los países del Sur de Europa. Estos reclaman a los países del Norte ayudas solidarias a diferencia del periodo anterior donde toda ayuda fue condicionada a un duro ajuste en gasto social, que no solo produjo graves perjuicios sociales, sino también un agravamiento de la crisis económica.

Los países del Sur apuntan que no tienen responsabilidad en las consecuencias de esta crisis y que, si en la recesión precedente se defendieron los recortes como castigo por haber sido irresponsablemente dispendiosos en el gasto, en esta ocasión no existe razón alguna para ser castigados con la condicionalidad, más cuando la institucionalidad comunitaria ha aceptado el exceso de las medidas recomendadas y el perjuicio económico inherente a ellas.

En España ha creado gran controversia la posición del Partido Popular en las instituciones europeas que, a diferencia del apoyo recibido por parte de la oposición a Mariano Rajoy cuando acudía a las negociaciones en la pasada crisis, se erige en uno de los más exigentes defensores de imponer condicionalidad a España. De esta forma se alinea con los representantes de los países europeos que rechazan dar ayudas sin contraprestación alguna, temerosos siempre de países no disciplinados en las cuentas y en la vida.

La argumentación del Partido Popular se basa en evitar que el Gobierno ejecute las medidas prometidas en su programa y avaladas por la ciudadanía, tales como derogar la reforma laboral, aumentar impuestos a grandes fortunas o la consolidación del ingreso mínimo vital, bajo el manido discurso de convertir el país en la Venezuela de Chávez. Poner la carga de la exigencia en Europa evita tener que defender internamente decisiones poco populares.

La respuesta del Gobierno y buena parte de sus seguidores ha sido tildar a tales actuaciones de antipatrióticas. De tal posición se extrae que las políticas del Gobierno trascienden la ideología por su carácter patriótico y de sentido común. Es una forma errónea de enfocar la disputa latente entre los diversos modos de salir de las crisis económicas, así como de interpretar los argumentos de la oposición. No obstante, el objetivo es sacar a la derecha española de su habitual posición como única defensora de los intereses de la patria, fundada esta última en la bandera y no en los derechos de sus ciudadanos.

Con ello se lograría reconstruir un nuevo concepto de patria escapando de cuestiones de identidad hacia posturas de derechos, bienestar y libertades. Simultáneamente serviría para acabar con la apropiación de esta y sus símbolos por una derecha española que huye de enfrentar ideológicamente a sus adversarios políticos mediante conceptos simples y vigorosos como este de patria, del que se arroga la tarea de único intérprete.

La posición del Partido Popular, lejos de ser un ejercicio de traición a la patria, no es sino plenamente coherente con el ejercicio de gobierno ejercido cada vez que ha estado en el poder. Esto es, reducción de gasto social e impuestos de toda índole y defensa de los privilegiados mediante privatizaciones y licitaciones de contratas de servicio público a empresas donde lograrán un puesto bien remunerado tras el “servicio público”. Roma no paga a traidores, pero sí a colaboradores.

Estas políticas encuentran una coyuntura perfecta para su implantación y profundización en toda circunstancia que se escapa a la normalidad y generan convulsión y descontrol social. No son propias del Partido Popular, sino parte de un acervo común neoliberal. Por ello tendrán en todo momento el apoyo de los respectivos promotores del neoliberalismo en Europa, a menudo incluidos partidos socialdemócratas, que esperan un campo bien sembrado para aprovechar la circunstancia tan pronto pase lo peor de la pandemia.