El Gobierno aprueba el anteproyecto de ley contra la violencia en la infancia y la adolescencia

«España es un país comprometido con los niños y las niñas pero hay aspectos que mejorar». Así ha presentado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, la ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, cuyo anteproyecto se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros y Ministras.

El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha desgranado en rueda de prensa algunas de las claves de esta normativa y ha insistido en su «esfuerzo» para que se logre un «amplio consenso» de cara a su aprobación en el Congreso.

El anteproyecto, que estaba listo para presentarse antes de la pandemia, se adecua al marco propuesto por el Comité de Derechos del Niño en 2018. Entonces, este organismo dependiente de Naciones Unidas, reiteró que España aprobara una ley análoga a la Ley contra la Violencia de Género en materia de infancia y adolescencia.

Prevención, formación específica y cambios en la prescripción de los delitos

Pablo Iglesias ha insistido en que a través de esta ley se pretende «acabar de una vez con la impunidad» e «implicar a toda la sociedad». «Estamos enmarcando la violencia contra la infancia y la adolescencia no como algo aislado sino como un problema social«, ha detallado el vicepresidente segundo, quien ha explicado que este proceso se hace de manera similar a como se ha trabajado la violencia machista hasta ahora.

En este sentido, el anteproyecto recoge la formación específica en derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia para todas aquellas profesiones que tengan contacto con menores. Entre ellas, unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad, jueces o fiscales.

Sobre esto, Iglesias ha explicado que la ley pretende también minimizar la revictimización que sufren quienes denuncian: «Tratándose de niños y niñas, esa revictimización crea dificultades psicológicas». Así, ha anunciado que los menores no tendrán que «declarar reiteradamente para no revivir el horror».

En el ámbito escolar, el vicepresidente segundo ha comunicado la creación de una nueva figura: la coordinación de bienestar y protección. «Era necesario abordar el bullying en España», ha dicho Iglesias. Y ha añadido, sobre nuevas formas de acoso: «Hay que afrontar con instrumentos nuevos lo que significa el ciberacoso, que requiere una respuesta específica de los poderes públicos».

Otro aspecto que introduce la ley tiene que ver con los plazos de prescripción de los delitos. Para evitar que los más graves prescriban, y dado que muchas denuncias se producen en la edad adulta –»por un proceso de maduración», ha explicado Iglesias–, la ley establece que empiecen a correr cuando la víctima cumpla 30 años y no 18, como hasta ahora.

Asimismo, se privará de la patria potestad a los condenados por homicidio o asesinato siempre que el autor y la víctima tengan un hijo o hija en común o cuando la víctima fuera hijo o hija del autor. «En otras palabras: un asesino machista jamás puede ser un buen padre y no puede tener la patria potestad», ha dicho Iglesias.

Especial atención para menores bajo tutela

Además de incluir la edad como criterio de discriminación en los delitos de odio, el vicepresidente segundo ha anunciado que la nueva regulación incluye otros como la aporofobia.

Iglesias ha anunciado también protocolos específicos para la detección y prevención precoz de violencia a menores tutelados.

El anteproyecto recoge también cambios en lo relativo a la publicidad: «Se prohíbe toda aquella que pueda fomentar la conducta violenta con estereotipos de carácter sexista, homófobo o transfóbico», ha explicado Iglesias.