El Defensor del Pueblo pide una revisión profunda del modelo de residencias: más personal y mejor asistencia

El modelo de residencias necesita una revisión profunda para lograr que exista un número suficiente de plazas y en las que se preste una atención de calidad centrada en el individuo, su dignidad y sus derechos. Esta es la principal conclusión del Defensor del Pueblo en su informe anual de 2019, que viene realizando un diagnóstico de estos centros para personas mayores –uno de los principales focos de la pandemia– desde hace años.

De entre las reformas más urgentes, la institución considera necesario aumentar las ratios de personal de atención directa para mejorar la calidad asistencial. «Los usuarios con dependencia son más y su dependencia es mayor y requieren una atención correcta y plenamente respetuosa con sus derechos», sostiene el informe. Para ello, propone que el Consejo Territorial profundice en el conocimiento de las necesidades de los centros de mayores que atienden a personas con grados de dependencia II y III, para así fijar unos requisitos y estándares adecuados en materia
de recursos humanos que establezcan las ratios, tanto en cómputo global como específico, por categorías profesionales, distinguiendo gerocultores y otras categorías.

La institución también considera urgente que las comunidades autónomas aumenten su capacidad inspectora y se refuerce la atención médica y de enfermería. «Sin perjuicio de analizar la conveniencia de aumentar las residencias más propiamente sociosanitarias, con atención médica y de enfermería más amplia y extensa, para aquellos casos de mayor dependencia o enfermedad, puede resultar adecuado tender a la generación de entornos más pequeños y domésticos, en lo que resulte más fácil primar sobre todo la calidad de vida, el respeto a la autonomía y la dignidad de las personas que habitan estos espacios».

Uno de principales problemas, advierte el Defensor del Pueblo, es la gran dispersión normativa sobre los requisitos que deben reunir los centros residenciales para su acreditación y posterior autorización de funcionamiento. Según los datos recogidos en el informe, España cuenta en la actualidad con 4,1 plazas de residencia por cada 100 personas mayores. Son, en total, 372.985 plazas en 2019, según la base de datos de residencias de Envejecimiento en Red del CESIC. El número de personas octogenarias supone el 6,1% de toda la población y el de personas centenarias asciende a 16.303 personas.

«Ello pone de manifiesto –indica el documento– un claro proceso de envejecimiento del propio envejecimiento que previsiblemente se intensificará en los próximos años. En este contexto, la estructura de edad de la población y su proyección futura, junto con los cambios en los modelos de hogar y la mayor escasez de apoyos familiares, obligan a revisar las pautas de actuación en la atención social».