Argentina, un mes confinada entre la pandemia y la tormenta económica perfecta

El primer caso de coronavirus en Argentina fue confirmado por el Ministerio de Salud el 3 de marzo, una semana antes de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificase a la COVID-19 como pandemia. Desde que el hombre de 43 años infectado por la enfermedad epidémica llegase a Buenos Aires el 1 de marzo procedente de Milán, todo ha cambiado en el país sudamericano, demasiado acostumbrado a lidiar con situaciones de crisis.

Desde este domingo, la cuarentena argentina entrará en una fase de “segmentación geográfica” hasta el próximo 10 de mayo, en la que los núcleos urbanos con menos de medio millón de habitantes y con menor impacto del coronavirus podrán retomar sus actividades. En todo el país, se podrán realizar salidas breves de hasta una hora en un radio de 500 metros del domicilio. Salvo ese tiempo diario, las grandes ciudades continuarán confinadas transcurriendo la tercera etapa diseñada por el Gobierno nacional para combatir la pandemia. 

“Cuidarse es cuidarnos” es uno de los innumerables mensajes que se oyen en la radio el domingo por la noche. Desde que el pasado 20 de marzo se decretase el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, tanto el Ejecutivo nacional peronista como los provinciales han promovido diversas campañas de publicidad institucional para prevenir el contagio de los más de 44 millones de argentinos y argentinas. Según el Ministerio de Salud, habría 3.780 casos confirmados en el país, de los cuales 185 fallecieron y 1.030 personas recibieron el alta a fecha 25 de abril. 

Junto al Obelisco de Buenos Aires, monumento icono de la ciudad construido en 1936, se puede leer “No compartas mate, vasos o cubiertos” en un cartel en la esquina de la avenida 9 de Julio y Corrientes. El microcentro de la urbe de tres millones y medio de habitantes es un desierto atravesado por repartidores, hombres y mujeres sobre bicicletas que llevan comida a las casas de la ciudadanía confinada. 

Zigzagueando sin protección

Con el decreto de la cuarentena dictado hace un mes, el trabajo de los repartidores pasó de zigzaguear entre los coches y autobuses o bondis, como se denominan en Argentina, a pedalear por calles desoladas. La única compañía durante el recorrido es la música o voz de la gallega, el GPS con acento de España que indica a los ciclistas el trayecto más rápido para su próxima entrega.

Ataviados con barbijo o mascarillas; tapabocas caseros, bufandas, guantes de látex y muchos de ellos sin ningún tipo de protección, pasan el tiempo de espera entre consultas en el teléfono móvil y charlando con sus compañeros de aplicaciones de comida rápida como Glovo, Pedidos ya, Rappi o Uber Eats. 

“No queremos ser héroes ni heroínas, queremos elementos de seguridad, licencias y compensación por cuarentena”, denunciaban en un comunicado los trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales hace unos días. Organizaciones como la Asociación de Personal de Plataformas (App) y la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (Asimm), que representan tanto a repartidores independientes como contratados con relación de dependencia, reclaman protección por parte de las empresas dueñas de las plataformas. 

Con el objetivo de exigir mejoras en las condiciones laborales y de protección frente al coronavirus a estas multinacionales, los repartidores de las cuatro empresas se suman desde el 22 de abril a la huelga internacional, que también se ha convocado en España, Perú, Ecuador, Guatemala y Costa Rica. Entre las principales demandas de Glovers Unidos de Argentina y la Agrupación de Trabajadores de Reparto (ATR), en la convocatoria con el lema #22ANoReparto, están el aumento del 100% de las tarifas y la dotación de elementos de seguridad e higiene. 

Tormenta económica perfecta

La flexibilización del sistema y la precarización laboral contrasta con el debate sobre un impuesto extraordinario a las grandes fortunas con el que el Gobierno nacional, presidido por Alberto Fernández, pretende amortiguar las consecuencias económicas de la pandemia. Según el Banco Mundial, la economía del país caería un 5,2% en un contexto especialmente delicado para Argentina. Con un Producto Interior Bruto (PIB) de aproximadamente 470 billones de dólares, la situación económica del país ya presentaba “equilibrios precarios” antes del coronavirus, según el organismo internacional.

En Argentina, el salario mínimo interprofesional es de 270,3 euros al mes (3.244 al año), lo que supone tres veces menos que el español (950 euros). Según un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda, el salario promedio cayó un 44,3% desde finales de 2015, principalmente como resultado de la devaluación del peso y del atraso del salario real durante los últimos años.

La moneda perdió gran parte de su valor en 2019, acumulando una depreciación considerable. Si bien el cambio de pesos a euros estaba en 40 a 1 en agosto del año pasado, unos meses después pasaba a 65 y actualmente el cambio oscila entre los 89 y los 93 del mercado negro, lo que supone una merma considerable de la capacidad económica de la ciudadanía.

La deuda es otro de los ingredientes de esa tormenta perfecta. Diversos analistas han apuntado que, entre las posibles soluciones para esta situación, se encuentran tres escenarios: el refinanciamiento de una deuda; la extensión de los plazos y condiciones del pago –lo que significaría de facto una suspensión del pago o un default–, o la concesión de nuevos créditos a Argentina, dada la imposibilidad de cumplir los compromisos. 

Hace unos días, el Gobierno nacional propuso a los acreedores una quita del 62% de los intereses y del 5,4% del capital de la deuda externa, que comenzarían a pagar en 2023, lo que supondría un periodo de gracia de tres años. Entre ellos, cinco grandes fondos de inversiones, que poseerían cerca del 35% de la deuda local: Fidelity, y Greylock Capital Management, Pimco, Templeton y BlackRock, este último con grandes empresas españolas cotizadas en el Ibex 35.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó antes de la pandemia que “la actual deuda pública de la Argentina no es financiable, es excesivamente onerosa y no es sostenible», mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) comparó al país sudamericano con un enfermo de coronavirus de alto riesgo. La directora del FMI, Kristalina Georgieva, explicaba sobre la renegociación de la deuda que: “el virus golpea a personas con condiciones previas, con morbilidades, y de igual forma esta crisis afecta más duramente a los que ya tenían problemas”.

A la devaluación de la moneda y la deuda, se suma la inflación, con subidas en los precios de algunos productos, consecuencia de la pandemia en el país. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó el 15 de abril que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó un 3,3%, en marzo, principalmente por el impacto de la COVID-19. Esta tendencia podría provocar, según el Banco Mundial, una la tercera contracción anual consecutiva -prevista entre el 41 y el 47%-.

Escándalos en tiempos de pandemia

La polémica de los sobreprecios destapados el 6 de abril, relacionados con la compra de alimentos adquiridos por el Ministerio de Desarrollo Social; unida a las imágenes de las personas jubiladas esperando durante horas en colas para poder entrar a los bancos el 3 de abril han sido dos de las grandes crisis que el Gobierno nacional ha tenido que asumir durante la gestión de la epidemia. Pero el ejecutivo kirchnerista no es el único en recibir críticas durante la gestión del coronavirus.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, -bastión del PRO desde el 2007, partido político del anterior presidente de Argentina Mauricio Macri-, el ayuntamiento dispuso la obligatoriedad del uso de mascarillas desde el 15 de abril, bajo multa de hasta 80.000 pesos (aproximadamente 860 euros). 

Según se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad el pasado 8 de abril, el mismo ejecutivo local adquirió 15.000 barbijos por valor de 45 millones de pesos (aproximadamente 483.870 euros), 3.000 cada uno (aprox. 32 euros), precio muy superior al de mercado. El alcalde Horacio Rodríguez Larreta no respondió a las preguntas en la rueda de prensa y fue su jefe de Gabinete, Felipe Miguel, quien garantizó la transparencia de la compra.

Baile de cifras

Frente a la solvencia del presidente del Gobierno nacional, erigido como portavoz casi exclusivo para explicar las cifras relacionadas con la COVID-19, numerosas fuentes han desconfiado de la fiabilidad de las mismas. En un informe enviado por el Gobierno de Chile al periódico Clarín el pasado 12 de abril, se planteaban dudas fundadas sobre el número de infectados en Argentina, derivadas de la falta de test realizados. 

El médico Conrado Estol aludía en Infobae al mismo aspecto, que también ha sido recogido por Política Obrera, apuntando a la dificultad de explicar que Chile (4.471 infectados a 5 de abril) pudiese tener tres veces más contagiados que Argentina (1.554) y que su tasa de mortalidad fuese cuatro veces más baja sin tener en cuenta la infravalorando el número de personas infectadas. 

Confinados en el microcentro

Un barrendero arrastra el cepillo y una bolsa de basura negra en la avenida Presidente Roque Sáenz Peña, arteria que los porteños denominan Diagonal Norte. Junto a la parada del metro de Catedral, más conocido como subte, el hombre de unos cuarenta años se ha bajado la mascarilla y saluda a uno de los policías que custodian la ciudad. La militarización de la urbe es aplastante, como la humedad en la Capital Federal. Atravesar el corazón de la ciudad significa cruzar un sinfín de controles, identificaciones y explicaciones.

El Decreto 297/2020 es rotundo: solo permite desplazamientos mínimos e indispensables para proveerse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos. Desde que el pasado 6 de abril, el Gobierno nacional centralizase en un certificado único todas las licencias, se han emitido dos millones y medio de permisos y se han exceptuado 44 grupos de personas. 

Entre ellos, las propias fuerzas y cuerpos dependientes del Ministerio de Seguridad (Gendarmería, Policía Federal y demás fuerzas federales) y de las diferentes jurisdicciones provinciales del país, los trabajadores sanitarios, transportistas o los periodistas. Sin embargo, muchos de los agentes, destinados a hacer efectivo el cumplimiento de la ley, desconocen una legislación que cambia casi en cada comparecencia pública del presidente. 

La organización Amnistía Internacional denunció casos de malos tratos y uso excesivo de la fuerza en el desempeño de las tareas de control durante el aislamiento en Argentina, así como advirtió sobre los peligros de la vigilancia social por el “ciberpatrullaje” en redes sociales. Esta última medida, reconocida por la Ministra de Seguridad, Sabina Frederic, ante la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, fue apoyada públicamente por su antecesora en el cargo, la macrista Patricia Bullirich.

Suena el timbre de una de las miles de farmacias de guardia durante el confinamiento en Buenos Aires. Tras una breve conversación, la profesional de unos cincuenta años atraviesa dos pasillos y se acerca con cautela a la ventana que comunica con la calle. Se mantiene rígida, a dos metros del escaparate, con el medicamento en la mano derecha, mientras su barbijo le tapa gran parte de la cara. 

Del ruido al silencio

Solo la conversación de un vecino, que pasea a su perro, y el dependiente de una pequeña tienda de comida en la esquina de la avenida Corrientes y Suipacha rompen el silencio de la ciudad. Hace 20 grados y mucha humedad. Mañana lloverá. 

El 7 de marzo esas calles estaban abarrotadas de hinchas del Boca Juniors, que celebraban no solo la vuelta de Diego Armando Maradona a la Bombonera, como entrenador rival, sino que la victoria frente al Gimnasia y Esgrima de La Plata les encumbraban como ganadores de la Superliga. Tras el partido, miles de personas tiñeron al Obelisco de azul y oro, los colores de su equipo.

Poco más de un mes después, una de las pizzerías que albergó gran parte de los festejos, La Americana, está cerrada a cal y canto. Sus cristaleras de la avenida Corrientes están cubiertas por cartones blancos que impiden ver el interior de uno de los establecimientos históricos de la ciudad, fundado en 1935. Nadie podría imaginar ese sábado por la noche, la propia instauración de la cuarentena y que el confinamiento se alargaría, por ahora, hasta el 26 de abril, parando el tiempo en todo el país.