Trabajadores piden ayuda a Zara y Mango ante la represión sindical en una fábrica que produce para estas firmas en Myammar

Unas fotos se volvían virales en redes sociales hace unas semanas: un grupo de trabajadoras de una factoría textil en Myanmar posaban con varios carteles y pancartas en las puertas de una fábrica que elabora prendas para una de las marcas de Inditex, el imperio empresarial fundado por Amancio Ortega: “Zara: la COVID-19 no es excusa para reventar los sindicatos. Actúen para que la factoría Myan Mode readmita a los trabajadores despedidos”.

La Marea ha contactado con el activista sindical norteamericano Andrew Tillett-Saks, del centro de solidaridad internacional de la American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL–CIO), residente en Myanmar desde hace años. Él fue uno de los que publicó las fotos de las protestas de la plantilla de la Myan Mode Factory. “Los trabajadores están muy preocupados por si la pandemia lleva a muchos empresarios a aprovechar la crisis para romper los sindicatos”, afirma Tillett-Saks. 

Aunque en Myanmar todavía no ha habido ninguna orden del Gobierno de parar la producción de estas factorías, el líder sindical denuncia que la fábrica ha aprovechado la COVID-19 para despedir a cientos de personas empleadas que estaban afiliadas al sindicato Myan Mode Union, según explican también varias trabajadoras en un vídeo que han publicado en redes sociales para denunciar su situación y pedir a las marcas para las que fabrican –entre ellas, las españolas Zara y Mango– que intercedan para parar la presunta persecución sindical. 

Según explica uno de los líderes sindicales de Myan Mode Union en un vídeo, el pasado 28 de marzo se detectaron dos posibles casos de COVID-19 entre los trabajadores de la factoría. Ante el temor del resto sus compañeros al contagio, se pidió a los responsables de la fábrica pidieron no hacer horas extras ese día. La respuesta, según el sindicalista birmano, fue el despido de más de 500 trabajadores sindicados.

Mientras, las fábricas siguen abiertas y funcionando. Myan Mode Factory, según denuncian los sindicalistas, empleó a nuevas personas para suplir los puestos de trabajo que quedaron vacantes tras el despido de los trabajadores sindicados. “Los trabajadores construyeron los sindicatos y hoy son la única esperanza para conseguir trabajos decentes, con salarios decentes y condiciones de trabajo humanas. Su lucha es imprescindible”, explica Tillett-Saks. 

Inditex y Mango han sido preguntadas por la situación particular de la fábrica Myan Mode y las denuncias de los trabajadores que hemos recogido a lo largo de estas semanas, aunque solo hemos recibido respuesta por parte Inditex. En un correo electrónico, la compañía responde a las preguntas formuladas por este periódico sobre las condiciones laborales y el conflicto con las personas sindicadas que han sido despedidas: “El Código de Conducta para Fabricantes y Proveedores de Inditex prohíbe expresamente cualquier discriminación hacia los representantes de los trabajadores. En este sentido, efectivamente Inditex está siguiendo activamente la situación de un grupo de unos 30 trabajadores de la fábrica Myan Mode, cuya protesta está relacionada con un proceso de regulación de empleo iniciado por su empleador para un colectivo más amplio”. La compañía asegura que su producción no es mayoritaria en dicha fábrica aunque trabajan para “intentar que se logre la mejor solución para los trabajadores”.

Trabajar durante la crisis de la COVID-19

“Los trabajadores actualmente exigen que las fábricas cierren temporalmente ante la pandemia. No quieren arriesgar sus vidas para que un hombre rico dueño de la fábrica o una marca de moda obtengan todavía más ganancias”, explica el líder sindical Tillett-Saks. Según denuncia, en las factorías no hay suficientes medidas de protección, no se respeta las distancias de seguridad ni existen las condiciones higiénicas adecuadas. Además, piden recibir algún tipo de subsidio mientras las fábricas permanezcan cerradas, ya que la mayoría de las personas empleadas ni siquiera tiene ahorros. “Pasar semanas o meses sin ningún tipo de ayuda les llevaría a una situación de pobreza extrema, incluso de hambruna”. 

Y protestar para evitarlo es difícil, reitera Tillett Saks. Según este activista, las amenazas a los sindicalistas en este país llegan en algunos casos a las amenazas físicas. “Siempre que hay huelga, aparecen grupos de personas a intimidarlos y a amenazarlos”, explica Tillett-Saks. Según su versión, “son matones contratados, la gente lo sabe y es algo habitual aquí, pero difícil de probar”.

La presencia de activistas internacionales y ONGs permite a menudo amplificar las protestas a nivel internacional, conscientes de que estas marcas son propiedad de multimillonarios occidentales y de que los mayores consumidores de esta ropa que allí se fabrica son los países del norte. 

La Campaña Clean Clothes (CCC) lleva años monitorizando las condiciones laborales de numerosas industrias textiles alrededor del mundo y apoyando las reivindicaciones de los trabajadores y de los sindicatos y ONGs que trabajan en el terreno. Han impulsado numerosas campañas para exponer las malas prácticas de grandes marcas que se nutren del trabajo de muchas industrias que no respetan los derechos humanos ni los derechos laborales, sobretodo en países del sudeste asiático y Latinoamérica. 

Ante la crisis provocada por la COVID-19, CCC publicó una serie de recomendaciones para evitar que esta situación excepcional empeore todavía más la situación de millones de trabajadores, ya no solo a nivel laboral sino con los riesgos para su salud a falta de medidas eficientes de seguridad. 

Laura Villadiego, periodista vallisoletana de Carro de Combate, un proyecto de investigación sobre los impactos de nuestros hábitos de consumo, lleva diez años investigando las cadenas de producción en el Sudeste Asiático, y conoce bien la situación particular de Myanmar, un país sometido a una dictadura militar férrea durante décadas, aislado y bajo sanciones de varios países. Tampoco había sindicatos, aunque si que existía cierta organización entre los trabajadores, eso si, de manera clandestina. La poca industria que existía estaba destinada al mercado interno, hasta que en 2011 se produce una cierta apertura política. 

“Muchas marcas internacionales se empiezan a establecer entonces allí en Myanmar y lo hacen a través de intermediarios coreanos, como en Myan Mode, que llegan a estos países, hacen una inversión para instalar una fábrica y ofrecen sus productos a las marcas internacionales”, explica Villadiego. Según la periodista, conocedora sobre el terreno de cómo funciona este tipo de empresas, esta situación excepcional podría ofrecer mejores condiciones para su negocio que otros países del entorno. China o Camboya, por ejemplo, ya empezaban a implementar ciertas mejoras laborales y mayores salarios. “En este contexto ni siquiera los propietarios son locales, y ya están metidos en esta lógica de la industria de producir en masa sin tener ningún tipo de miramiento hacia los derechos de los trabajadores”, denuncia.

Esta cadena de producción permite a las grandes marcas evitar que se les relacione directamente con las fábricas que mantienen unas pésimas condiciones laborales hacia sus trabajadores. “Como ellos no son los propietarios de las fábricas no sienten una responsabilidad real por lo que está ocurriendo en esos centros de producción”, afirma Villadiego. 

También Tillett-Saks remarca que estas grandes compañías insisten en plazos de pedidos muy cortos y ajustados que se traducen en jornadas laborales muy intensas para los trabajadores, bajo amenazas de la cancelación de los pedidos si no se cumplen los plazos. “Algo que se ve muy a menudo –explica Villadiego– es que estas fábricas, cuando reciben algún tipo de pedido importante por parte de una de estas grandes marcas, reestructuran toda su capacidad de producción para poder dar respuesta a esta demanda. Esta inestabilidad les permite obtener condiciones más ventajosas, y esto se ve por ejemplo cuando hay algún tipo de escándalo, ellos dicen que van a hacer algo, y entonces mandan un documento a estas fábricas diciéndoles que deben cumplir determinados mínimos, pero con el mismo precio por pieza, algo que es totalmente inalcanzable para estas fábricas. Este fraccionamiento e inestabilidad en las factorías les interesa porque así pueden conseguir mejores precios”.

Una campaña para denunciar estas condiciones

“Ni siquiera las principales marcas son transparentes con los centros de producción que utilizan”, subraya Villadiego, asegurando que esta opacidad permite precisamente desvincularse de cualquier factoría cuando salta a la opinión pública cualquier escándalo por determinadas condiciones laborales o accidentes como el de Rana Plaza, del que ahora se cumplen 7 años. 

Para conmemorar la tragedia se puso en marcha hace cinco años la campaña Fashion Revolution, impulsada por dos trabajadoras del mundo de la moda del Reino Unido, Carry Somers y Orsola de Castro, para promover un cambio en la industria que respete tanto el cambio climático como los derechos humanos y laborales de las personas que trabajan en todo el proceso de obtención, producción y compra de ropa. Esta semana, varias organizaciones han programado diversas actividades virtuales para volver a poner este tema encima de la mesa y tratar de hacerse un hueco en la agenda mediática. “Falta transparencia. Mucha. Y no es verdad que no la puedan dar. Saben perfectamente dónde se ha producido cada una de las prendas que venden. Pero no quieren, porque habría alguien que iría a comprobar y desmontaría todo su sistema de producción”, finaliza Laura Villadiego.