Las personas a las que ahora, en plena pandemia, sí quieren como trabajadoras

La pandemia de COVID-19 ha conseguido que decisiones políticas que hasta ahora se planteaban como imposibles, se hayan adoptado sin titubeos: la mayoría de las personas encarceladas en Centros de Internamiento de Extranjeros han sido puestas en libertad, a los jóvenes que llegaron siendo menores no acompañados a España –y que ahora tienen entre 18 y 21 años– les han concedido un permiso para trabajar hasta el 3 de junio y así paliar la falta de mano de obra en el campo; y a las trabajadoras domésticas dadas de alta en la Seguridad Social se les ha reconocido por fin su derecho a ayudas por desempleo.

Un virus ha conseguido lo que no lograron años de activismo y denuncia: que los colectivos a los que el Estado ninguneaba y vulneraba sus derechos más básicos, hayan visto cómo de repente existían públicamente y sus circunstancias mejoraran, aunque fuese mínimamente. 

No son los únicos. Mujeres y hombres que llegaron a España buscando refugio por razón de género están encontrando trabajo en plena pandemia tras años esperando una oportunidad. Ahora sí las quieren, cuando no queda otra. 

Ese es el caso de Lena, cuyo nombre es ficticio para salvaguardar su identidad, como el de las otras mujeres entrevistadas. Por llamada telefónica explica que tuvo que huir de Gambia después de que el padre de sus cuatro hijos desapareciese durante cinco años y su familia le concertase un nuevo matrimonio. Ella se negó. “Mi familia quería denunciarme y que me encarcelaran. Hablé con una amiga que vive en Canadá y me arregló los papeles para poder viajar a España través de Marruecos”. 

Para poder ponerse a salvo, Lena tuvo que dejar con esa misma familia que la rechazó a sus hijos, el mayor de 13 años y la menor de 2. Durante 17 años había trabajado como auxiliar de enfermería, pero cuando llegó a España su experiencia y formación no servían de nada. Conseguir que la Administración española homologue un título formativo de países empobrecidos puede llevar hasta dos años, además de innumerables trámites administrativos y el pago de sustanciales tasas en centros educativos de origen. Así que esta mujer de voz dulce y susurrante tenía que empezar desde el principio. 

A través de la ONG Rescate, dedicada al acompañamiento de personas solicitantes de protección internacional por motivos de género, empezó un itinerario formativo: clases de español, de informática y un curso de atención sociosanitario. En medio, encontró un trabajo de asistencia a domicilio, que tuvo que dejar a los tres meses para poder finalizar su proceso de reciclaje profesional. Después, el páramo del desempleo. Hasta que la COVID-19 convirtió a las residencias de mayores en el epicentro de la pandemia. En ellas, el trabajo de cuidados de las personas contagiadas se multiplicó, parte de su personal cogió bajas para evitar contagiarse y otra contrajo la enfermedad, y personas como Lena –negra, extranjera, refugiada– empezaron a ser contratadas para cuidar de nuestros mayores. 

“Empecé en la tercera planta de una residencia de Madrid, donde están las personas enfermas de coronavirus. Antes de que yo llegase habían muerto 11 ancianos”, explica.

De lo primero que habla Lena es de lo tristes que están estas personas, que sufren problemas hasta para comer por el dolor de garganta. “Lo que más me gusta es cuidar, me da igual la edad que tengan”, subraya. Solo cuando se le pregunta específicamente por ello, admite que ella también tiene miedo de contagiarse, pero que confía en los equipos de protección. 

Sin guantes ni mascarillas para trabajar

No es el caso de Sonia, que tuvo que dejar su empleo como auxiliar sociosanitaria a los tres días de comenzar en una residencia gestionada por monjas en Madrid ante la falta de mascarillas, guantes y el resto de elementos de protección.

Esta enfermera hondureña de 43 años, llegó a España en 2017 después de 20 años sobreviviendo a las palizas y amenazas de su marido. Un año antes había intentado huir a Estados Unidos con el menor de sus tres hijos, que entonces contaba apenas seis primaveras. “Sabía que si me quedaba, me mataría. Aguanté hasta que mi hija tuvo 17 años y mi otro hijo 19. Pero en México, la Policía de migración nos detuvo y nos tuvo presos un mes, sin poder hacer una llamada ni nada. Yo sabía que mis hijos pensarían que nos habían matado, porque mi hermano había muerto así”, recuerda. Finalmente fue deportada de vuelta a Honduras, y así se encontró de nuevo bajo el mismo techo que su verdugo. 

Un año después, fueron sus propios hijos los que le pidieron que huyera a España porque preferían no poder verla que tener que ir a visitar sus restos al cementerio. 

“Comencé a trabajar a los 14 años en una maquila, y después 15 años como auxiliar de enfermería. Pero no tengo mi título homologado aquí”. Durante los dos primeros años en Madrid, Sonia vivía con otras diez personas en un piso: cuatro mujeres en la misma habitación. 

“Ahora ya puedo hablar, comunicarme, gracias a la terapia que he hecho en la ONG Rescate. La psicóloga me ha ayudado a superar el miedo. Esperaba cada sesión con anhelo”, explica, como el resto de las entrevistadas, mediante conversación telefónica. Más que de ella, Sonia quiere hablarle a otras mujeres víctimas de violencia machista. “Cuando estás en esa situación, sientes que no vales nada. Yo me preguntaba para qué me había traído mi madre al mundo. Solo seguía viviendo para sacar adelante a mis hijos. Que esas mujeres sepan que se puede salir, que aunque sientan que les han arrebatado la vida, se puede superar el miedo. El miedo es el peor enemigo de la persona”, expone en voz baja, como arrastrando en sus palabras el pesar y terror de tantos años. 

Un miedo que volvió a sentir hace dos semanas. Por fin, tras tres años de formaciones y trabajos precarios, pensó que había llegado la oportunidad de volver a ejercer su profesión, ahora en una residencia de mayores en Madrid. “El primer día todo fue bien, pero el segundo me dijeron que me tenía que poner los mismos guantes, mascarilla y bata protectora de nylon que había utilizado la jornada anterior. Incluso las gafas de plástico que me dieron estaban rotas. Ante mi sorpresa, me respondieron que no había más”.

Sonia no solo se sintió consternada por el riesgo para su salud y las consecuencias que dejar de trabajar tendría para sus hijos, a los que sigue mandando dinero cuando puede, sino también por la posibilidad de contagiar a su compañera de piso. “No puedo exponerla, no sería justo”, explica.

“Éramos tres cuidadoras para 40 ancianos. Muchos no podían siquiera sostener la cuchara, pero les dejaban el plato por delante. Me dolía esa situación, así que dejaba lo que estuviera haciendo para darles de comer. Claro que tengo necesidad del trabajo, pero también tengo corazón y estar ahí viendo esas situaciones…”. Al tercer día, Sonia comunicó que no volvería, tras una jornada de diez horas y tener la espalda destrozada. “Los guantes se rompen fácilmente cuando cambias los pañales, bañas a la persona o le tienes que cambiar las sábanas. Si no teníamos siquiera guantes…”, explica diez días después. “Caí enferma, no sé si era COVID-19, pero me pasé tres días en la cama con fiebre”. Pese a todo, Sonia recalca que volvería a trabajar en una residencia, siempre y cuando contase con equipos de protección adecuados. 

“Si buscar trabajo ya es un trabajo, imagínate con todas estas dificultades”

Jorge Guerra, técnico de empleo del programa RE-LANZA de la ONG Rescate, explica que desde que se declaró el estado de alarma les están llegando ofertas de empleo para el sector sanitario, especialmente en las residencias de personas mayores. De hecho, el Ministerio de Trabajo les ha hecho llegar una base de datos para que inscriban trabajadores sanitarios. También les están llegando numerosas ofertas para trabajar en almacenes, para gestionar pedidos online, como personal auxiliar de supermercado… Una situación extraña para esta entidad, que dedicaba grandes esfuerzos a buscar ofertas de empleo y que realiza una intervención integral con las solicitantes de asilo por razón de género, que abarca la cuestión psicológica, jurídica, social y laboral. 

“En las últimas semanas, siete personas con serias dificultades para encontrar trabajo, han sido contratadas. Nos dicen que lo mejor es el sentimiento de sentirse reconocidas y validadas, de participar en la vida social y profesional. Esas capacidades estaban ahí, pero no habían tenido la oportunidad de demostrarlas”, analiza Guerra, psicólogo de formación. Ninguna de las personas recientemente empleadas tiene hijos o hijas consigo. Ese sigue siendo otro de los grandes obstáculos.

Una vez que estas personas solicitan protección internacional y su expediente ha sido admitido a trámite, pueden trabajar transcurridos seis meses si no han recibido ninguna comunicación de que ha sido denegado. Sin embargo, el retraso en la concesión de citas ante las Oficinas de Atención al Refugiado que se arrastra desde hace años ha desembocado en situaciones tan sangrantes como que, a veces, no pueden renovar su permiso a tiempo y, al caducar, pierden automáticamente su permiso de residencia y de trabajo aunque estén empleados. Y por ende, la Seguridad Social les da automáticamente de baja su contrato laboral. “Si buscar trabajo ya es un trabajo en sí, imagínate con todas estas dificultades”, recalca Guerra. 

Encontrar un empleo para una mujer negra o indígena, de un país empobrecido, sin red social y solicitante de protección internacional es altamente complicado. Pero si además eres mujer trans, las posibilidades son ínfimas. En 2019, del centenar de personas que participaron en el programa de inserción laboral de Rescate, un 26% tuvieron una oportunidad laboral a lo largo del año. En el caso específico de las mujeres trans, apenas un 15% aproximadamente. La pandemia ha mejorado mínimamente estas cifras, aunque aún no se puede determinar en qué medida. 

Una de sus usuarias, una mujer transexual negra, ha sido contratada para trabajar en una residencia, algo prácticamente impensable hasta ahora. Y Leandro Juan Zaballa Rubio, cubano de 22 años que se identifica como hombre gay andrógino, en una droguería-herboristería. Zaballa cuenta que en Cuba la Policía le puso dos faltas por las que le acusaban de ejercer la prostitución simplemente por vestir de chica. Explica que cuando en su país te ponen una tercera, puedes terminar siendo condenado a prisión. 

Su familia reunió el dinero para que pudiese huir a través de un vuelo a Rusia con escala en Holanda, donde pidió asilo político. Se lo rechazaron. Entonces, vino a España. Con un grado en su país de auxiliar de veterinario, también le ha tocado volver a estudiar, en su caso un curso de cosmetología. “Cuando entraba en comercios a echar mi currículum me miraban con muy mala cara porque voy maquillado. Físicamente hay quien me identifica como chica y otros como chico. Hasta que hace un mes me entrevistó mi jefa y me dijo que querían alguien como yo: bonito y con actitud”.

Jorge Guerra, tan acostumbrado a buscar ofertas de trabajo hasta debajo de las piedras, espera que esta “paradójica y repentina apertura a contratar a personas trans, racializadas y migrantes ante la necesidad por la pandemia, ayude a que desaparezcan tantos prejuicios. Y que ese reconocimiento que están viviendo perdure en el tiempo”. Y añade: “Esta pandemia está evidenciando las ganas de trabajar que tenían estas personas y cómo ahora quieren aportar su granito de arena contra la crisis sanitaria que estamos viviendo”.