Autopistas de peaje: el Estado al rescate de las constructoras

Durante el arranque del siglo XXI, el gobierno de Aznar consideró necesario sacar a concurso la construcción de nueve autopistas de peaje en diferentes puntos de la geografía española, seis de ellas en el entorno de la Comunidad de Madrid. Hace ahora dos años conocimos que entraron en quiebra y el Estado ha tenido que rescatarlas. 

Esta metonimia bien puede servir para difuminar quiénes han sido los verdaderos rescatados, en esta ocasión un ramillete de constructoras y unas pocas entidades financieras con participaciones minoritarias.

Los estudios de viabilidad previos a la construcción de estas carreteras resultaron ser completamente erráticos: engordaron las previsiones de uso y adelgazaron el montante global de las indemnizaciones por expropiación. Fueron proyectos encargados por el Ministerio de Fomento entre 1999 y 2003, periodos comandados por los ministros populares Rafael Arias-Salgado, hijo del dirigente franquista Gabriel Arias-Salgado, y Francisco Álvarez-Cascos, histórico del PP que aparecía en los apuntes de su amigo Luis Bárcenas. 

En este punto, resulta necesario rescatar el testimonio del que fuera secretario de organización del PP en Galicia Pablo Crespo –actualmente en prisión–, cuando afirmaba que más del 80% de las donaciones que recibía el Partido Popular provenían de las grandes constructoras de obra pública, declaraciones efectuadas en noviembre de 2013 en el programa Salvados. 

El resultado de la gestión del grupo de concesionarias se traduce en más de 3.000 millones de euros en pérdidas, según la estimación provisional que realizó el Consejo de Ministros el 26 de abril del año pasado. Este asunto será una de las primeras patatas calientes que el Gobierno recientemente formado tendrá que afrontar, puesto que la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) obliga al Estado a asumir el grueso de la deuda contraída. 

Para Javier Ramírez Socorro, ingeniero de caminos y autor de la tesis Resolución del contrato de las radiales 3 y 5. Licitación de la radial 3 como concesión de servicios, los estudios de viabilidad se amparaban en una legislación anterior a la actual Ley 9/2017 de contratos del sector público, que ha venido a “solucionar errores, cambiando conceptos y procedimientos”. La conclusión es que “todos se equivocaron, la UTE de turno se arruinó y quebró, eso hizo saltar una cláusula del contrato de concesión, por la cual la administración contratante respondía, la llamada RPA», afirma Ramírez.

Las concesionarias dejan el piso destrozado

Como inquilinos perezosos y rebeldes, ninguna de las adjudicatarias ha cumplido con el requisito de “perfecta entrega” establecido en el Pliego General de Autopistas, según ha señalado Seittsa*, empresa pública actualmente encargada de la gestión de estas infraestructuras. 

A partir de un informe elaborado por INECO, se ha concluido además que la falta de mantenimiento y conservación medioambiental de las autopistas ha provocado una disminución de su valor patrimonial. Esta indolencia por parte de las concesionarias se ha puesto en evidencia en otras ocasiones, como ocurrió hace dos inviernos con el colapso en la AP-6.

En la misma línea, se ha sabido que las concesionarias no inscribieron a favor del Estado la totalidad de los bienes expropiados, tal y como indica la cláusula 56 de concesión de autopistas, siendo la Administración quien tenga ahora que asumir el coste de regularizar la situación en el Catastro y Registro de la Propiedad. El pasado 31 de enero se conoció el primer importe aplicado por entrega defectuosa de la primera autopista: la Administración ha valorado en más de 11 millones de euros las inversiones necesarias para poner a punto la autopista M-12 de Madrid, descontando su coste al cálculo por RPA efectuado para resolver la liquidación.

El gobierno solo pagará las expropiaciones de la M-12

El resultado de la liquidación publicada por el Ministerio de Transportes en relación a la autopista M-12, construida por OHL y diseñada para habilitar otro acceso al aeropuerto de Barajas, ha concluido no pagar nada a los tenedores del derecho de cobro, alegando que la cantidad a percibir es inferior a las indemnizaciones por las expropiaciones pendientes de pago.

En este sentido, el Gobierno ha estimado retener 194,72 millones de euros, que sumados a las cantidades ya pagadas por este concepto, suponen un total de 279,34 millones solo para esta infraestructura. En las próximas semanas está previsto que se haga público el resto de cálculos de RPA que corresponda al resto de autopistas rescatadas.

*Seittsa (Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre SA) es una instrumental dependiente del Ministerio de Fomento y dedicada a la gestión de infraestructuras de transporte de titularidad estatal. Las cuentas del año 2018, últimas publicadas hasta la fecha, reflejan beneficios de más de 36 millones de euros, no obstante, la asunción de las autopistas quebradas hacen prever pérdidas millonarias en el próximo balance anual.