Gambia: escuchar a las mujeres para superar la dictadura

Primero se fijaron en lo que habían hecho otros países cuando les tocó poner paz a años de conflictos. Fueron a Sierra Leona, donde más de dos lustros de guerra civil (1991-2002) habían causado entre 120.000 y 200.000 personas muertas, según diferentes estimaciones, y donde una de cada dos mujeres había sido víctima de agresión sexual. También estudiaron el caso de Sudáfrica, cuyos casi 50 años de segregación racial (el apartheid comenzó en 1948 y acabó en 1992) dejaron como legado la nación con más desigualdad del mundo, según las cifras del Banco Mundial. Aquellos años, además, el gobierno sudafricano prohibió la libre circulación a las personas negras por las zonas donde vivía la población blanca con la denominada ley de pases, norma que las mujeres, encargadas de llevar a sus hijos e hijas a la escuela –y a menudo empleadas como trabajadoras domésticas en las áreas ‘prohibidas’–, sufrieron con especial virulencia.

Explican, además, que consultaron a expertos de todo el mundo para recabar ideas y señalar dónde habían fallado otros países. Y, después de todo ello, a los encargados de gestionar la TRRC (Truth, Reparations and Reconciliation Comission), la comisión para reparar los horrores de la dictadura que creó el gobierno de Gambia tras las elecciones de 2016 (las primeras democráticas, las que acabaron con más de 20 años de dictadura), no les costó llegar a una conclusión: las mujeres, a menudo víctimas directas de los conflictos y, con más frecuencia aún, víctimas indirectas, no habían gozado nunca del reconocimiento que merecieron. A la hora de cicatrizar heridas, de sanar la barbarie pasada, las mujeres que quedaron a cargo de sus familias, que tuvieron que enfrentarse a estigmas y ausencias, pocas veces habían tenido una consideración específica y necesaria.

El dictador Yahya Jammeh, que asaltó el poder en 1994 con un golpe de Estado militar, gobernó con mano dura Gambia –el país más pequeño de África sin contar las islas Estado y con algo menos de dos millones de habitantes– hasta 2016, cuando escapó del país tras perder los comicios. La magnitud de las atrocidades que se perpetraron bajo su mandato solo resulta comparable a la grandeza de sus delirios: vendió al mundo que había inventado una cura para el VIH, respondía a las protestas y movilizaciones sociales con detenciones y tiroteos y se le acusa de ser responsable de decenas de asesinatos y desapariciones, muchas de las cuales se encuentran todavía sin resolver. 

La TRRC, que lucha para arrojar luz en la oscura obra del dictador y que deberá haber finalizado su trabajo este año (aunque el gobierno ha contemplado prorrogar un año su labor si sus responsables lo estimaran necesario), fue impulsada por Ba Tambadou, actual ministro de Justicia gambiano y reputado abogado que trabajó durante diez años para el Tribunal Penal de las Naciones Unidas para Ruanda, el organismo encargado de depurar las responsabilidades del genocidio de la población tutsi.

En febrero de 2019, la comisión comenzó una serie de audiencias y entrevistas que son retransmitidas por la televisión pública gambiana y que siguen un orden cronológico; empezaron con el interrogatorio a militares envueltos en los crímenes de 1995, justo después del golpe de Estado, y finalizarán con los acaecidos en 2016. No puede imponer penas ni conceder amnistías (potestad que corresponde a la justicia, que decidirá basarse o no en sus conclusiones para condenar o absolver), aunque sí podrá pedir la asistencia de aquellas personas contra las que haya pruebas fehacientes de violaciones de derechos humanos. Las víctimas, además, tienen la posibilidad de pedir voluntariamente su comparecencia para explicar lo sufrido. Por estas audiencias deberán pasar militares, policías y responsables de medios de comunicación. Todo para ayudar a esclarecer los crímenes cometidos.

Pero, además, la TRRC decidió crear una unidad solo para mujeres. “Fue una decisión acertada. Ten en cuenta que hay víctimas directas, las que fueron violadas, asesinadas o raptadas, pero también hay muchas madres, esposas o hijas de hombres que desaparecieron o a los que mataron, que son víctimas indirectas. Han sido muchas las mujeres que han tenido que lidiar con la desaparición de sus maridos”, explica Maimuna Sowe, coordinadora adjunta de la Unidad de la Mujer de la TRRC. “Gambia es una cultura en la que reina el silencio. Existe el pensamiento generalizado de que, si hablas, vas a ser recordada como la persona que sufrió eso (una violación, una agresión) y no como la persona que eres. Todo lo que las mujeres tengan que decir será considerado. Sus historias cuentan. Su dolor cuenta”, afirma.

La Unidad para los Asuntos de la Mujer de la TRRC ha empezado a recorrer ciudades, pueblos y aldeas para acercarse a las mujeres que no se atreven a hablar. Sus responsables quieren crear círculos para que las unas oigan las historias de las otras. “Algunas mujeres guardan sus sentimientos dentro y les cuesta mucho sacarlos. He escuchado decenas de testimonios de madres que cuentan que, con sus maridos desaparecidos, tuvieron que elegir entre dar comida a sus niños o pagarles el colegio. Nos hablan también de cuánto les costó a sus hijos encontrar un trabajo; sus apellidos estaban marcados para el gobierno”, sostiene la coordinadora adjunta. Dice que habrá que esperar a las conclusiones de la TRRC para hablar de las medidas sobre la reparación. Pero que será seguro que, esta vez, la reconciliación incluirá a las mujeres. “Sin la opinión de las mujeres, sin nuestra participación, esta historia, simplemente, no acabará completa”, finaliza.

En busca de justicia

“Yo soy víctima por mi hermano. Se llamaba Ebolo y era militar. En 2006 estuvo implicado en un motín y fue arrestado. Días después, el gobierno anunció que lo trasladaba, junto a cuatro presos más, a otra cárcel. No volvimos a saber de él. Nos dijeron que el camión que los transportaba sufrió un accidente en la carretera y que los prisioneros huyeron a pie. Pero era un hombre joven. Tenía familia, niños… Hoy estamos seguros de que lo mataron”, dice Zainab Rilwan, una mujer de 35 años y una de las fundadoras y actual responsable de documentación del Gambia Center For Human Rights Violations, una asociación creada por nueve familias, todas víctimas de un modo u otro, que aprovecharon el impass político entre dictadura, elecciones y democracia para organizarse y empezar a buscar a padres o hermanos desaparecidos, desenterrar fosas, localizar y señalar a torturadores y asesinos y exigir justicia al ministerio pertinente.

Historias como la de Zainab no son la excepción. En sus primeros años de vida, la asociación ha conseguido documentar casos de coacciones para la firma de declaraciones inculpatorias falsas, 30 denuncias por personas desaparecidas, 45 por muertes sin responsables penales y unos 800 testimonios que acusan a los militares que rigieron el país de arrestos indiscriminados, torturas sumarias y constantes violaciones de derechos humanos. “Todo ello siempre se tradujo, directa o indirectamente, en nefastas consecuencias para las mujeres. Cuando tu marido desaparece, o cuando lo arrestan durante meses, ¿quién mira por ti? En este país, como en otros de África, muchas mujeres dependen del trabajo de su marido. Ellas no están tan empoderadas como ellos; gozan de menos oportunidades y sus salarios, cuando trabajan, suelen ser más bajos”, continua Zainab.

Una brecha de género del 64%

Los datos oficiales pintan una realidad parecida a la que ella dibuja. Gambia tiene una brecha de género (índice que analiza la división de los recursos y las oportunidades entre hombres y mujeres en 149 países y que mide el tamaño de la brecha de esta desigualdad en la participación en economía, mundo laboral, política, educación y esperanza de vida) del 64,2%. Ocupa la posición 120 en este ranking. Además, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que sitúa este país como el decimosexto más pobre del mundo, subraya grandes diferencias entre hombres y mujeres: ellos tienen unos ingresos brutos anuales per capital de 1.870 dólares, y ellas de 1.168. Ellos promedian 4,3 años de escolaridad, y ellas de 2,9. La población de hombres con algún tipo de educación secundaria sobrepasa el 40% y la tasa de participación en la fuerza de trabajo (proporción de la población en edad de trabajar integrada en el mercado laboral) entre varones roza el 70%. En el primero de estos dos guarismos, las mujeres no llegan al 30%. En el segundo, se quedan en el 51%. Todo ello en un país en el que el 60% de la población vive bajo el umbral de la pobreza.

“Fue un momento difícil para toda la familia. Mi madre lo pasó realmente mal. Y mis sobrinos eran muy pequeños; no fue difícil decirles que su padre se había ido de viaje y que no sabíamos cuándo iba a regresar”, recuerda Zainab en la sede de la asociación, donde las paredes lucen carteles reivindicativos y fotos de calaveras y huesos desenterrados. Y prosigue. “Poco a poco se dieron cuenta y han crecido sabiendo la verdad. Fue un tiempo realmente complicado. Yo, la única hija, tuve que ayudar mucho. Y mi madre también. No hay forma de explicar cómo nos hemos sentido. Incluso hoy en día… No podemos aceptar que asesinaran a mi hermano y que ello pueda quedar en el olvido”, concluye.