España repatría a ciudadanos malienses a Mauritania

El Servicio Jesuita a Migrantes, ACNUR y el Defensor del Pueblo denuncian que el gobierno se ha valido de un acuerdo bilateral en materia de migración con Mauritania para repatriar a ciudadanos subsaharianos. Según ACNUR, es especialmente preocupante en el caso de personas malienses, ya que sería una práctica contraria al principio de no devolución debido al conflicto armado abierto en el país.

El Defensor del Pueblo ha documentado tres vuelos de repatriación a Mauritania desde los CIE de las Islas Canarias con ciudadanos de terceros países subsaharianos.

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) muestra su indignación ante la práctica del Gobierno español de repatriar a ciudadanos de origen subsahariano al país mauritano, especialmente a personas malienses, debido al conflicto bélico que existe en el país desde 2012.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ha mostrado su preocupación (en un documento del pasado mes de julio) ante la repatriación de ciudadanos malienses a las regiones y comarcas del norte y centro del país con un conflicto bélico aún abierto y donde la situación humanitaria y de seguridad se ha deteriorado en los últimos años. Esta práctica se agrava más aún si se efectúa a través de un tercer país como Mauritania, donde según diferentes organizaciones de sociedad civil no se garantizan los derechos humanos, lo que supondría una forma de “devolución indirecta”.

El Defensor del Pueblo, mediante el Mecanismo Nacional de prevención de la tortura (MNP), ha documentado dos casos especialmente preocupantes de repatriaciones a Mauritania desde los CIE de las Islas Canarias. El pasado 19 de septiembre 17 personas, todas ellas no mauritanas, fueron repatriadas en un vuelo de Frontex que partió del aeropuerto de Tenerife Norte hacia la ciudad mauritana de Nuadibú.

Aún más grave fue el vuelo que tuvo lugar el pasado 20 de enero, con 46 personas a bordo, con recorrido Las Palmas de Gran Canaria-Nuadibú. Del total de personas expulsadas, la gran mayoría (34) procedían de Mali, además de Senegal (4) y Costa de Marfil (1). Según ACNUR, estas prácticas de devolución a las regiones y comarcas del norte y centro de Mali son contrarias al principio de no-retorno forzado de personas malienses, que serían susceptibles de necesidad de protección internacional según la Convención de la Organización de Unidad Africana de 1969 que ratifica los criterios de refugio de la Convención de Ginebra de 1951.

Un tercer vuelo acaecido en junio de 2019 entre Tenerife Norte y Nuadibú también ha sido identificado por el Defensor del Pueblo, ya que a pesar de no comprobar que las personas habían estado en territorio mauritano, se ejecutó la devolución de ciudadanos senegaleses y mauritanos.

En virtud del acuerdo bilateral entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania en materia de inmigración del año 2003, esta devolución de nacionales de terceros países está amparada por el artículo IX, pero es preocupante que se lleve a cabo sobre la simple presunción de haber transitado por su territorio. La República Islámica de Mauritania es un país donde, según señalan organizaciones como Amnistía Internacional, no se cumplen los derechos humanos. Los activistas y defensores de derechos humanos han sido perseguidos, atacados, enjuiciados y encarcelados. La libertad de expresión, asociación y reunión pacífica está restringida, y la tortura y malos tratos bajo custodia han sido habituales. La población harratín y afromauritana sufre discriminación sistemática y aún siguen persistiendo prácticas esclavistas.

Esta sucesión de violaciones de derechos civiles, hace aún más preocupante que el Gobierno español repatríe a personas migrantes malienses con necesidades de protección internacional a un país como Mauritania.

El SJM insta a que se investiguen las expulsiones ya efectuadas y se suspenda esta práctica contraria al derecho internacional.