El precedente andaluz PSOE-IU: un recordatorio de aciertos y fallos para el nuevo Gobierno

«Mis mejores deseos para el nuevo Gobierno. Se inicia una etapa de esperanzas, nada será fácil. Como en 2012 en Andalucía, existirán muchas contradicciones, pero valdrá la pena. ¡¡Adelante, hagámoslo posible!!». Quien dice estas palabras es Diego Valderas, histórico de Izquierda Unida, vicepresidente en el gobierno de coalición entre PSOE e IU en Andalucía. Valderas capitaneó la Junta primero con José Antonio Griñán como presidente y luego con Susana Díaz. Esa coalición conformada por PSOE e IU era la que cada martes –cuando se reúnen en Andalucía los Consejos de Gobierno– combatía como podía las políticas de derechas de Rajoy adoptadas en los Consejos de Ministros de los viernes, ahora trasladados a principios de semana por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. 

No estamos, por tanto, ante una experiencia totalmente desconocida. El precedente andaluz puede ser una guía para intentar desentrañar lo que funcionará y lo que no funcionará. Los contextos son distintos, obviamente. No existía Vox. Ni Podemos. Cataluña aún no había celebrado la gran diada que marcó el impulso del procés. Pero la esencia de las políticas que llevó a firmar el acuerdo entre PSOE e IU en la Junta de Andalucía hace ocho años es la misma que ha llevado a PSOE y Unidas Podemos a firmarlo hoy en España.

Ahora, como en 2012 en Andalucía, hay un punto destacado en el acuerdo entre los partidos liderados por Sánchez e Iglesias que preocupa a la banca. Ahora hablamos de la regulación de los precios del alquiler. Antes se hablaba de la ley de la función social de la vivienda, más conocida como ley antidesahucios, que fue la primera prueba de esa nueva política de defensa de lo público que ponía por encima de cualquier cifra macroeconómica a las personas, la misma columna que vertebra el acuerdo del nuevo Gobierno de coalición. 

En aquella ocasión, la ley –que fue impulsada por IU y negociada con el PSOE fuera del pacto de coalición– fue recurrida por el Gobierno del PP en el Constitucional, que veía una barbaridad la expropiación temporal del uso de la vivienda y las sanciones –de hasta 120.000 euros– para las entidades que tuvieran viviendas vacías o que no dieran un uso social a sus viviendas protegidas. 

Fue una de las principales batallas libradas entre la Administración central y la autonómica –junto con la ley de reforma local y la ley de dependencia–. Y fue duro. El entonces ministro Cristóbal Montoro llegó a admitir en una visita a Andalucía la enorme capacidad del Gobierno PSOE-IU para resistir las embestidas de Moncloa. Finalmente, el Constitucional anuló la disposición adicional que proponía la expropiación, y lo que fue origen de unas políticas sociales fructuosas terminaron, tras el conflicto por el realojamiento de la corrala Utopía, con la ruptura del pacto de Gobierno tres años más tarde, en 2015. 

Hoy, algunos dirigentes que entonces formaban parte o asesoraban al Ejecutivo andaluz también forman parte del nuevo Gobierno de España: la actual jefa de gabinete de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad, la abogada Amanda Meyer, era secretaria general de la Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura en la Consejería de Fomento y Vivienda en Andalucía. La ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, es el ejemplo más claro. Pilotó durante esa legislatura en Andalucía la Consejería de Salud, primero, y, luego, la de Hacienda. Algunas voces andaluzas de Izquierda Unida han celebrado estos días el nombramiento de Montero como portavoz, aunque casi nunca se olvidan de recordarle que cerró varios presupuestos autonómicos con Ciudadanos. 

La mayor parte de la actuación del Gobierno PSOE-IU en Andalucía no se tradujo, sin embargo, en la aprobación de leyes incluidas en el pacto de coalición. De casi una treintena solo salieron adelante dos: la Ley de Transparencia y la Ley integral de Transexualidad. La de memoria histórica, otro de los acuerdos incluidos en el pacto y enarbolada por Izquierda Unida, tampoco vio la luz durante la legislatura. Y esto, unido a la fragmentación del Congreso, puede volver a repetirse.

En materias como educación y sanidad, el bloque PSOE-IU fue crucial como dique de contención con respecto a las políticas del PP. Y se consiguieron también avances en el ámbito medioambiental, como la recuperación de la Almoraima, la playa de Valdevaqueros y el freno al almacén de Gas Natural –hoy Naturgy–, a quien el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acaba de quitarle la razón en favor de la Administración autonómica. Hay un sector que considera que sin IU en el Gobierno, el PSOE no hubiera actuado de la misma forma en estos asuntos. 

Las contradicciones, como decía Valderas, casi siempre estuvieron presentes en el experimento andaluz y es posible que suceda ahora en Moncloa, como el propio Sánchez repetía después del primer intento fracasado tras el 28-A, cuando se refería a que temía que hubiese dos gobiernos. Una de las cuestiones más criticadas por IU a su socio de gobierno en Andalucía fue la relación de la entonces presidenta de la Junta con el IBEX, quien siempre fue clara en ese sentido: “Me reuniré con quien tenga que reunirme para conseguir que las empresas confíen e inviertan en Andalucía”. La fotoperiodista Laura León inmortalizó en una fotografía el momento en el que Emilio Botín le besó la mano a Susana Díaz en la primera visita –al menos pública– que un banquero hacía al Palacio de San Telmo, sede de la presidencia de la Junta. Por allí pasaron Telefónica, Endesa, La Caixa, BBVA, Iberdrola y Vodafone. 

«Susana Díaz no tendría que pedir ningún favor a Botín con una banca pública en Andalucía”, reprochó entonces el ahora ministro de Consumo, Alberto Garzón. La banca pública fue otra de las banderas de IU que no llegó a buen puerto y generó tensiones entre los socios de gobierno. Además, según IU, condicionaba la convocatoria de un referéndum entre sus militantes sobre su continuidad o no en el Gobierno andaluz. Las otras leyes que exigieron sacar adelante para descartar la consulta afectaban a igualdad y violencia de género, la renta básica y la agricultura integral.

Entonces, en IU atribuían la responsabilidad de la ruptura del pacto a Susana Díaz, a quien consideran más de derechas que a Griñán. En el PSOE, señalaban a Garzón y Antonio Maíllo –coordinador de IU en Andalucía, hoy fuera de la actividad política por decisión personal–. El mismo día que los nuevos ministros y ministras tomaron posesión, Valderas, el que fuera vicepresidente andaluz, le mandó este mensaje a Garzón en un tuit: “Y Garzón sentó la ‘cabeza’, con las mismas responsabilidades que Lola Muñoz en el gobierno IU-PSOE en la Junta de Andalucía. ¡Cómo la razón manda!”. 

¿Tendrá que hacer este nuevo Gobierno recortes? De momento, con la subida de las pensiones y la intención de aumentar también el salario mínimo, parece todo lo contrario. Pero esa será otra de las cuestiones que podrán sobrevolar y para la que deberán estar preparados. La primera medida que adoptó la Junta nada más arrancar el Ejecutivo PSOE-IU –con Griñán como presidente–, fue un decreto de recortes de salarios a los funcionarios que más tarde compensó con el abono íntegro de las pagas extraordinarias.

En 2014 llegó Podemos, que se situó como tercera fuerza política, con 15 escaños, en las autonómicas de 2015, adelantadas por Díaz tras la ruptura del pacto. IU bajó a cinco escaños. Y Susana Díaz, después de tres meses de bloqueo, fue investida finalmente con el apoyo de Ciudadanos. 

La relación de la actual Junta de Andalucía con el nuevo Gobierno de España también cambiará. Ahora es el Ejecutivo autonómico de PP y Ciudadanos el que pide a Moncloa un nuevo modelo de financiación. Ahora es la ministra Montero la que fiscaliza las cuentas andaluzas desde la Moncloa. Ahora es Vox el que condiciona el pacto en Andalucía. Y ahora habrá que ver cómo el independentismo condiciona el pacto entre PSOE y Unidas Podemos. 

Con distintos matices, en Andalucía los tres partidos a la izquierda han  dado su apoyo al nuevo Gobierno: “Si hay una tierra que lo necesita es Andalucía”, ha dicho la socialista Susana Díaz. “Celebro el acuerdo de gobierno. Las medidas pactadas requerirán presión en las calles porque los poderosos no se quedarán de brazos cruzados. Andalucía será clave para que el giro social encuentre impulso popular. A remangarse”, ha asegurado el coordinador andaluz de IU, Toni Valero. Quien muestra cierto escepticismo, y a la vez esperanza, es la coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez. 

Deseo a l@s compañer@s @PabloIglesias @IreneMontero @Yolanda_Diaz_ @manuelcastells y @agarzon suerte y aciertos. Nunca quise un gobierno con el SOE pero si me quitan la razón estos 4 años me alegraré infinito.Fuerza a l@s cinco, sois depositari@s de la esperanza de nuestra gente

— Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) January 13, 2020