Dueños y señores del agua

«Mi abuelo lloraba porque decía que iba a llegar el agua hasta la plaza”. Esta frase, pronunciada en un acto de conmemoración de los 30 años de lucha ciudadana para evitar la construcción de un pantano en Biscarrués (Huesca) sobre el río Gállego, se dijo hace tres décadas. Pero bien podría ser acuñada hoy. El final de este conflicto sigue sin escribirse. Una sentencia de la Audiencia Nacional determinó que el embalse iba en contra de la europea Directiva Marco de Aguas (DMA), legislación que recoge que “el agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal”. Este marco legal propone un cambio de modelo al poner énfasis en el buen estado ecológico de los ecosistemas fluviales, cuidando la gestión de la demanda de agua frente a las habituales estrategias de incremento de la oferta.

Que el agua llegue a la plaza depende ahora del Tribunal Supremo, que debe pronunciarse ante los recursos presentados. “En esta sentencia nos jugamos bastante todos”, explica la portavoz de la Coordinadora Biscarrués -Mallos de Riglo, Lola Giménez. “El Cinca y el Gállego son de [la comunidad de regantes] Riegos del Alto Aragón, que hablan de sus ríos”, añade, y recuerda que solo 30 de los 220 kilómetros que tiene el Gállego discurren por su caudal natural. “Es un río triturado y abrasado”, sentencia. Desde Riegos del Alto Aragón discrepan y apelan a los árbitros entre los usos del agua, las confederaciones.

Con más de 1.200 represas de al menos 15 metros de altura, España es el primer país de Europa y el quinto del mundo en número de presas. Porcentualmente, es el segundo en densidad de diques por kilómetro cuadrado (0,23), solo tras Corea del Sur (0,77). “Las compañías eléctricas y los constructores estuvieron desde un principio entre los beneficiarios directos de una política centrada en la gran infraestructura hidráulica”, escribe el profesor de Historia Económica de la Universidad Complutense José Luis Gorostiza en un documento académico.

Las infraestructuras repartidas por el Estado español van desde pantanos a diques de contención, y buscan priorizar el agua de los ríos para el uso agrícola y energético, principalmente. Es decir, para usos privados. En la actualidad, alrededor del 50% del caudal de los ríos estatales está embalsado; existen 3,7 millones de hectáreas de regadío, con un crecimiento de alrededor del 2% en los últimos años, y con planes de aumento considerable sobre todo en la cuenca del Ebro, donde hay previstas 400.000 nuevas hectáreas; mientras que, en 2018, el 13,7% de la energía eléctrica generada en el Estado español provino de la hidráulica, según los datos de Red Eléctrica Española. “Los usuarios del agua, y muy específicamente los beneficiarios directos para actividades económicas, son los que más están influyendo en las decisiones sobre el agua. Y son dos sectores fundamentales: el regadío, sin olvidar que en España en torno al 80% del agua es consumida por los regantes; y los usos hidroeléctricos, que alteran de una manera muy importante y en general negativa el régimen de caudales”, explica la directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA), Julia Martínez.

EL TAJO, UN RÍO HIDROELÉCTRICO

El río Tajo a su paso por Toledo. DAVID ILIFF

La del Tajo es una de las grandes paradojas. “Antes de los años 50, era un río; a partir de esa fecha lo cosieron literalmente a presas, sobre todo en cabecera, y en el tramo extremeño hasta Portugal. El Tajo antes era de todos y no era de nadie”, escribe la abogada ambiental María Soledad Gallego en un documento con un título elocuente: Los señores del río Tajo. La experta apunta a los siguientes dueños: el trasvase Tajo-Segura, que lleva agua de la cabecera del río al Levante para los regantes; Madrid, a través su abastecimiento y sus aguas residuales; y las hidroeléctricas.

Iberdrola tiene desde 1956 la concesión para aprovechamiento eléctrico de casi 300 kilómetros de río, desde Talavera de la Reina hasta Portugal. Azután, Valdecañas, Torrejón, Alcántara y Cedillo están explotados por la misma empresa y suponen 5.145 hectómetros cúbicos de capacidad conjunta y un territorio inundado de 21.330 hectáreas. El libro El Tajo: historia de un río ignorado denuncia que se han producido episodios de desecación de kilómetros del río por la explotación eléctrica de estos embalses.

El río más largo de la península ha sido frontera natural e histórica entre los Estados español y portugués, pero hoy es una barrera infranqueable en manos privadas que dificulta la vida al vecindario de Cedillo y Montalvão: “Están a 13 kilómetros y a 12 minutos de viaje, pero solo los fines de semana (y no todos). De lunes a viernes hay que dar un rodeo de más de 100 kilómetros que lleva hora y media. Es inadmisible”, reza una petición en la plataforma change.org que recoge firmas para que la presa sea transitable de forma permanente. Iberdrola, el grupo empresarial que controla el embalse de Cedillo, se niega a la apertura. “Una empresa privada tiene más poder que dos Estados (España y Portugal) presuntamente soberanos, y se salta a la torera el Tratado de Schengen, firmado y en vigor desde hace ya 23 años”, critica la petición electrónica.

La empresa, preguntada al respecto, asegura que se trata de «una vía privada que forma parte de la central hidroeléctrica y, por lo tanto, no está diseñada como vía pública. Se aplican los protocolos de seguridad que establece la normativa, que dice que sobre este tipo de infraestructuras no está permitido el libre tránsito de vehículos o personas por medidas de seguridad, tanto para los trabajadores como para los posibles usuarios de la vía». Si los sábados y los domingos se abre una excepción es, aclara Iberdrola, fruto del acuerdo que hace años alcanzaron con los municicpios, «siempre que el desarrollo de los trabajos no lo impida y adoptando las medidas de seguridad complementarias necesarias».

En marzo de 2019, el Tribunal Supremo anuló parcialmente el Plan Hidrológico del Tajo tras los recursos presentados por plataformas ciudadanas, colectivos medioambientales y algunos ayuntamientos. La abogada María Soledad Gallego es quien ha llevado el caso: “Era una indiscriminación injustificada, un incumplimiento de la ley clarísimo y eso es lo que ha dicho el Tribunal Supremo: que los caudales ecológicos son una medida fundamental para cumplir los objetivos medioambientales”, explica la letrada a La Marea. Los caudales ecológicos son unos mínimos de agua que debe llevar el río para ser río, para ejercer como un ecosistema, como bien común y como nicho de biodiversidad. Los ríos son esenciales en la articulación de los paisajes y de los territorios, también apuntalan identidades, son materia literaria, alegórica y símbolo y seña en muchas religiones y creencias. Los ríos son origen y también destino.

“Son un patrimonio ecológico ambiental, pero también cultural e identitario, personal y colectivo. Y tenemos que defenderlo los ciudadanos porque, si no, seguirá siendo explotado para beneficio directo y exclusivo de esas actividades económicas que se benefician de tener acceso a un recurso con el que no asumen ningún tipo de labor de corresponsabilidad”, alerta Martínez.

¿Quién manda en los ríos? Juanjo Carmona, abogado y consultor ambiental, da la vuelta a la cuestión cuando se le hace esta pregunta: “No mandan los caudales ecológicos. Lo último es el medio ambiente”. También portavoz de WWF en Doñana, recuerda una peculiaridad del Guadalquivir, el único río navegable de dominio público marítimo terrestre, por lo que los intereses del Puerto de Sevilla también entran en juego. “Es necesario que se reúna una comisión de actividades competentes, porque tiene competencias la Confederación, pero también la Autoridad Portuaria en el tramo final, y a veces los proyectos son opuestos”, critica mientras pone de ejemplo el plan que hubo de dragar el río.

Pintada contra el embalse de Yesa en Aragón. ÁLVARO MINGUITO

LAS CONFEDERACIONES

La competencia en la gestión de los ríos recae en las confederaciones hidrográficas, adscritas al Ministerio para la Transición Ecológica. Y “regantes, constructores o hidroeléctricas se sienten cómodos en las tradicionales estructuras de las confederaciones, donde históricamente han ostentado representación mayoritaria e interlocución preferente, y por lo tanto se oponen a una descentralización de la gestión”, escriben los expertos Leandro del Moral y Nuria Hernández-Mora. Estas mismas confederaciones otorgan unas concesiones de explotación, sujetas a condiciones. Gallego recuerda que es la Administración General del Estado quien debe vigilar, cuidar y ser árbitro entre usos, si bien “no defiende de forma clara los usos comunes”. La portavoz de la Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglo tiene claro que han ganado la lucha social y medioambiental, pero “la batalla real de poder está lejísimos, pues la democratización de las confederaciones es ciencia ficción”. Las confederaciones cuentan con diferentes órganos de participación, pero la voz de las organizaciones ciudadanas y de los colectivos ambientales apenas está representada. “Cerca de la mitad de los vocales son para las administraciones públicas y, de la otra mitad, la gran mayoría son usuarios relacionados sobre todo con actividades agrarias y con regantes”, explica Julia Martínez. Desde Riegos del Alto Aragón lo argumentan así: “Tenemos mayor peso en función del consumo y también en función del pago. Somos usuarios que pagan el agua, igual que los hidroeléctricos pagan el kilovatio, cosa que no ocurre con otra tipología de usos como puede ser los recreativos”.

Susanna Abella, integrante de la Plataforma en Defensa de l’Ebre, participa en el Consejo del Agua de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) representando a las organizaciones ecologistas, que únicamente tienen dos asientos en el Consejo, compuesto por más de 90 personas. La activista describe lo sintomático del escenario y de la representación de lo que se podría llamar “el poder” dentro de la Confederación: en el centro está el presidente y, a ambos lados, los vicepresidentes: “Hay una persona que nunca se ha movido, que es el presidente de los regantes: puede estar de vicepresidente primero, segundo o tercero, pero nunca fuera de la mesa”. “En la práctica es una cosa muy oscura: no hay transparencia y el control real de cuándo se desembalsa lo tienen las esferas de influencia con capacidad no de diálogo, sino de presión”, sostiene el profesor emérito del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza Pedro Arrojo.

Los últimos datos del Índice de Transparencia en la Gestión del Agua (INTRAG), elaborados por la organización Transparencia Internacional España en 2015, recogen un retroceso en la transparencia de los organismos gestores de de este bien. Una trabajadora de la CHE que prefiere mantener el anonimato confirma esta visión: “Las confederaciones son opacas”.