Chile: entre el experimento neoliberal y la lucha por la igualdad

El profesor Eduardo Castro Ríos es director del Programa de Magíster Latinoamericano en Estudios Culturales y Literarios de la Universidad de los Lagos de Chile.

Las razones de la movilización ciudadana en Chile guardan directa relación con un evidente deterioro de la calidad de vida y el surgimiento de nuevas precariedades. Son resultado del aumento sistemático del costo de los bienes y servicios mientras las remuneraciones bajas no crecen en la misma proporcionalidad. Este fenómeno no es nuevo, se  ha venido expresando históricamente. La diferencia está en su intensidad y en la toma de conciencia de que se vive en una sociedad profundamente desigual: ese es el juicio de la inmensa mayoría de la población.

La movilización masiva es un acto de resistencia de una sociedad que había despertado hace años y que expresó en diversos momentos su malestar y demandas sectorializadas, pero que fue oída a medias, ignorada y maltratada.

Por lo demás, existen miles de documentos, diagnósticos, petitorios, proyectos de ley, declaraciones, artículos, libros, informes de organismos técnicos nacionales e internacionales que anticipaban lo que hoy estamos viviendo. 

En estas últimas décadas el país mejoró su infraestructura y servicios. Es innegable su crecimiento económico, como innegable es que los frutos de este, en su mayoría, los han recibido las clases privilegiadas. Los indicadores macroeconómicos han sido impecables, sin embargo, los sectores medios y bajos han ido aumentando sistemáticamente su nivel de endeudamiento, que desde hace un tiempo se mantiene en un 70% del ingreso disponible, debido al aumento de préstamos y al incremento en el costo de la vida.

Bastan estos simples ejemplos para advertir que en materia social se iba configurando un escenario complejo para las personas, problemas que el aparato estatal ha sido incapaz de resolver porque no tiene capacidad de control, ni de regulación. A su vez, el mercado ha ido fagocitando y debilitando lentamente al Estado.

La Dictadura Cívico-Militar nos dejó como herencia un modelo de economía social de mercado, con poco de social y mucho de mercado, y los gobiernos que la sucedieron no fueron capaces de resolver todos los amarres institucionales, avanzando bajo el paradigma de lo posible. Confiaron en que la subsidiaridad y las políticas públicas cubrirían los déficit sociales. No previeron que el desmantelamiento del Estado tenía tal grado de profundidad que lo tornó ineficiente frente a las crecientes demandas que el propio mercado introdujo en la población.

En consecuencia, la crisis que vivimos es producto de una mala lectura de las expectativas que generó este modelo en clave neoliberal y de una ceguera frente al rezago económico que fue provocando en los chilenos a través de estas cuatro décadas.

Los disparadores de esta rebelión no están radicados en un simple malestar coyuntural, sino en un acumulado histórico como la concentración grotesca del capital en manos de unos pocos, la falta de redistribución del ingreso, una avaricia desmedida  y en las alzas continuas. Situación que también tiene su correlato en inaceptables condiciones culturales, simbólicas y de relación de los altos funcionarios gubernamentales y legisladores con la ciudadanía: sordera activa, virulencia en el lenguaje, burocracia desmedida, falta de empatía y  sarcasmos reiterados referidos a la condición humana y su precariedad. 

Pasamos de ser tildados de compatriotas a patipelados, de manifestantes a lumpen y de ciudadanía a calle, reduccionismo naturalizado que invisibiliza. El mal uso del lenguaje no solo instala distancias entre las personas, sino que hiere profundamente. “Gobernar es educar” decía Pedro Aguirre Cerda, y también hablar bien, actuar con rectitud y tratar con respeto. Si hasta una reconocida figura de la televisión lo recomienda: “Sea cortés, edúquese lo más que pueda y respete para que lo respeten”.

Provocar directa o indirectamente  el mal a los demás y especialmente a la persona desvalida, ya sea a través de la palabra o la acción, y luego pedir perdón tardíamente en un contexto de represión que dejará daños irreparables, no es creíble, porque ni siquiera hay espacio para el  arrepentimiento, el encuentro y la reparación.

Este estallido desde un primer momento fue deslegitimado por la autoridad vinculándolo con los actos de vandalismo y saqueos, que nada tienen que ver con la movilización social, que se expresa en asambleas, marchas y  cabildos, que reclaman cambios en la estructura política, social y económica del país. Toda esta situación sirvió como argumento para decretar el estado de excepción, el toque de queda y la salida de los militares y de las fuerzas especiales a la calle, medidas que se suponían que protegerían a toda la población. Estas terminaron siendo un arma de doble filo y un profundo error, pues el saldo es totalmente negativo. Igualmente, se produjeron saqueos, quema de inmuebles… Además, tenemos que lamentar la muerte de varios compatriotas, las heridas de gravedad de miles, muchas de las cuales serán irrecuperables –como las más de 300 personas que han perdido un ojo en las manifestaciones-, y la detención y violación de los DDHH de otros tantos.

Por otra parte, tanto los abusos como los resultados de esta intervención militar reabren esa profunda herida del pasado, nos retrotrae en la historia, posterga el reencuentro entre la ciudadanía y sus Fuerzas Armadas, retorna la desconfianza, nos sume en la decepción, revive el resentimiento social y el dolor. ¿Quién se hará cargo de aquello? ¿Quién responderá por las víctimas? ¿Cómo se restituye el ser de la nación plural? ¿Cómo nos reinsertamos en la comunidad internacional si terminamos haciendo lo mismo que imputábamos a otros Estados? ¿Realmente valió la pena la defensa a ultranza de un modelo de sociedad estructuralmente inequitativo?

Hay que decir que todos los hechos acontecidos, tanto en el pasado como en este triste presente, han dejado al descubierto una falta de sensibilidad con las personas más vulnerables del sistema. He ahí la banalidad del mal de este modelo, he ahí el origen de la violencia, es un imperativo ético siempre rechazarla venga de donde venga.

Ha fallado la política que propiciaba el individualismo y la meritocracia darwiniana: la sociedad que construimos es profundamente desigual. Los bienes y servicios del primer mundo resultaron ser solo para los privilegiados y escasamente para los demás. En la marginalidad miles de personas esperan meses por una atención médica, otras después de trabajar toda una vida retornan a la pobreza, miles recorren interminables horas cada día para mover las industrias recibiendo como retribución salarios miserables, otras desde su precariedad hacen enormes esfuerzos y se endeudan para que sus hijos reciban la educación que puedan, millones viven en viviendas sociales pequeñas después de haber transitado como allegados, otras esperan salir del hacinamiento que implica la vida en campamentos y otras tantas subsisten viviendo en situación de calle.

¿Al servicio de qué y de quiénes ha estado la política económica? ¿Por qué esta no ha alcanzado al ciudadano y ciudadana común y corriente? ¿Por qué la economía ha estado siempre al servicio de los grupos económicos, funcionando siempre en la lógica del crecimiento, de la rentabilidad financiera y de los equilibrios de la macroeconomía?

¿Por qué no hubo un mínimo de solidaridad o de sentido común que hubiese permitido advertir  que gran parte de la población no soportaría las alzas sistemáticas de precios? Lo del transporte público era algo que se veía venir. Por alguna razón la gente evadía desde hace tiempo el pago en el Transantiago. Por tanto, lo ocurrido en el metro era esperable. Los chilenos son personas honestas y solidarias, y frente a las dificultades económicas la evasión fue una alternativa: no era eludir por eludir. Todo ello sumado a abusos sistemáticos y estructurales. No nos olvidemos que una gran mayoría de chilenos nos enfrentamos a una dictadura sanguinaria y la derrotamos electoralmente. ¿Qué más podían esperar los abusadores de este pueblo valiente?

Para salir de la crisis se requieren medidas de fondo y de alcance sistémico, no solo para calmar el resentimiento y la frustración o para resolver materialmente las inequidades, sino para recuperar la dignidad de las personas y de toda la sociedad.

Nadie aceptará razones de teorías conspirativas y menos que la movilización pacífica sea asimilada a la violencia de grupos que no creen en la democracia y en la paz, eso es criminalizar la protesta de la inmensa mayoría de los chilenos. 

¿Qué ocurrió que de la claridad de un día común y corriente en nuestras vidas pasamos a una noche negra y terrorífica? ¿Por qué del oasis pasamos a la guerra? ¿Quiénes abrieron esta caja de Pandora? ¿Por qué no se atendió a tiempo el malestar expresado por décadas? Fue más fácil no escuchar, imponer y someternos a estilos de gobernanza autoritarios y, como si fuera poco, este nuevo capítulo en nuestra historia nos encuentra con instituciones, servicios y empresas absolutamente desnaturalizadas y/o deslegitimadas como el propio Gobierno, los partidos políticos, la Iglesia, las Fuerzas Armadas y de orden, entre otras.

En cada una de estas estructuras del sistema se han incubado grupos que construyeron sus espacios de privilegios e instalaron una lógica endogámica en el ejercicio de la gestión y del poder. Una dinámica que no ha tenido contrapesos pues de parte del Estado ha habido escasa fiscalización, por la consabida precarización de este. En la génesis de esta condición está el temprano traspaso de servicios y la privatización de gran parte del patrimonio nacional, todo ello amparado por una Constitución heredada y enmendada.

Al final del día los únicos instrumentos de solidaridad y de asistencialidad que le quedaron al Estado fueron la subsidiaridad y las políticas públicas. Herramientas insuficientes para hacer frente a la escuálida retribución del trabajo, a la promoción de equilibrios, a la concentración de riqueza, al aumento de la pobreza y a la creciente necesidad de protección social.

Este es el origen de la interpelación que hace la ciudadanía a los gobernantes de turno, respaldada en su propia tradición democrática y en la memoria de sus luchas sociales. Y en la vanguardia de este movimiento resurgen las organizaciones de la sociedad civil, las cuales están invisibilizadas y no son consideradas como actores relevantes en los temas estratégicos del país, porque todo el espacio público-comunicacional ha sido ocupado por las instituciones gubernamentales y políticas, por esta razón, que el diálogo social carece de diversidad y conexión con las personas.

De esta situación el país no va a salir con medidas coyunturales, aun cuando estas sean de utilidad en el corto plazo. El problema es profundo y complejo. Además, existe el agravante de la falta de credibilidad de los actores y de las instituciones que tienen una responsabilidad histórica en resolver la crisis, junto a ellos deben ser convocados una variedad de representantes y líderes de la sociedad civil, pues la legitimidad de las soluciones pasará en gran medida por estas voces. 

El diálogo social es prácticamente el único dispositivo válido para arribar a la solución de la crisis, pero este debe ser amplio, inclusivo, transparente y generoso, dando prioridad a los temas que impactan directamente en la calidad de vida y en el consenso de las ideas que le permitan concebir el proyecto de país, que sea capaz de cumplir las expectativas de crecimiento y bienestar, un proceso que debe sustentarse en la solidaridad, la integración y  la protección.

La ciudadanía chilena es una comunidad madura, tiene toda una experiencia histórica acumulada, vivió períodos dramáticos en materia de derechos humanos, sufrió procesos de ajuste económicos, ha enfrentado desastres naturales, ha combatido su propia precariedad con una dignidad impresionante, ha asumido los retos que le ha impuesto la modernidad… Por tanto, no se puede desestimar su capacidad de acuerdo, resiliencia, adaptación, apertura, comunicación, sensibilidad, sociabilidad y reacción. 

Es por ello que ya ha iniciado su propio diálogo social a través de cabildos, a lo largo de todo el país, agenda en la que se contempla una seria discusión sobre su destino. Además, los chilenos y chilenas de hoy están hiperconectados al mundo, por lo que esta trágica situación suscitó la inmediata solidaridad internacional.  

Las autoridades y la élite no pueden desestimar estas capacidades de la ciudadanía y deben facilitar el diálogo social a partir de puntos de encuentro que no pueden ser otros que el reconocimiento y la comprensión de las necesidades básicas de la población y la urgencia de iniciar un camino de cambios estructurales que nos permitan tener un país mejor. Asimismo, hoy no es posible esquivar las diferencias o afirmar que solo existe un binarismo político y cultural en la sociedad, cuando en lo formal hemos contribuido para que nuevas subjetividades tengan espacios de visibilización.