¡Bórrense aquellos nombres!

Una semana más en el Ayuntamiento de Madrid. Desde que el pasado mes de junio el Partido Popular y Ciudadanos –con el necesario e imprescindible apoyo de Vox– accedieron al Gobierno de la ciudad, asistimos a una política de «tierra quemada», a una serie de acciones dirigidas a eliminar el legado y marcar distancia con la Corporación anterior. El intento de eliminación de Madrid Central; la supresión de la Oficina de Derechos Humanos y Memoria; la reversión de espacios peatonalizados y carriles bici; la reestructuración de las Áreas de Políticas de Género y Diversidad, por un lado, y Equidad, Derechos Sociales y Empleo, por otro, en un Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social (lo que muestra la preferencia por un enfoque asistencial en vez de un enfoque de derechos humanos y género); el cierre de la Emisora Escuela M-21; la designación a dedo de las personas responsables de espacios culturales antes elegidos mediante concurso público; y así podríamos seguir hasta un largo etcétera. ¡Cómo han dado de sí estos cinco meses!

Todo ello podría entrar dentro de la acción de un gobierno en las antípodas del anterior, si no fuera porque las medidas están adoptadas por motivos sectarios e ideológicos, en el peor sentido de este último término. Deformando la realidad, carentes de justificación y sin propuesta alternativa, son medidas dirigidas a imponer un modelo de ciudad –y de ciudadanía– en la que creerán los responsables de estos tres partidos, sí, pero que no ofrecen argumentos para mejorar la vida y derechos de las personas que habitamos en esta ciudad. 

Comenzó esta semana con el bando del alcalde Martínez-Almeida sobre la Cumbre del Clima a celebrar en Madrid, en el que, más que loar las virtudes del evento y los logros en materia climática de la ciudad que lo acoge, el alcalde (un abogado del Estado con vocación de hooligan) se dedica a descalificar sin rubor ni mesura –ni conocimiento de lo sucedido– las protestas acaecidas en Chile estos días. Continuó con el acto institucional del 25 de noviembre, con motivo del Día internacional para la eliminación de la violencia de género, donde asistimos al bochornoso espectáculo ofrecido por un concejal de Vox de cuyo nombre es mejor no acordarse. Concejal que no ha sido todavía formalmente reprobado, debido a la negativa de las y los concejales de PP y C’s a hacerlo en el lugar donde se realizan las reprobaciones, en el Pleno del Ayuntamiento. 

El hasta ahora último hito de esta semana es la decisión de actuar sobre el monumento proyectado y aprobado en memoria de las personas fusiladas por el franquismo en Madrid entre 1939 y 1944 en el cementerio de la Almudena, quitando del mismo las placas en las que figuran los nombres de estas personas fusiladas. Las imágenes que han podido verse muestran las placas con los nombres de las víctimas rotas y tiradas por el suelo. En el Pleno del Ayuntamiento celebrado este miércoles, los responsables municipales han confirmado que no se ha tratado de un acto de vandalismo, sino que la retirada de las placas ha sido una decisión consciente y premeditada del equipo de Gobierno, coherente con su decisión de paralizar el proyecto aprobado por la Corporación anterior, dotándole de un nuevo significado. En efecto, las explicaciones efectuadas por el Gobierno municipal inciden en situar la razón de la modificación en un supuesto carácter sectario y revanchista del proyecto aprobado por la anterior Corporación. Analicemos en detalle los argumentos que sostienen esta decisión.

De entrada, conviene denunciar la poca sensibilidad cultural que supone mutilar una obra artística, retirando de la misma un elemento significativo, si no central, de la misma. En este caso, hay argumentos para pensar que se ha vulnerado el derecho a la integridad de la obra (art. 14.4 de la Ley de Propiedad Intelectual); un derecho del que es titular su creador y que le protege frente a posibles alteraciones, deformaciones o modificaciones de la obra. Que la mutilación se haya hecho además rompiendo las placas, en las que figuran los nombres de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, es muestra o de una negligencia inexcusable o de un odio propio del peor de los fascismos. Sobre este último aspecto se ha hecho el silencio por parte de los responsables municipales, lo que es de esperar que no les libre de dar las explicaciones pertinentes sobre esta forma de tratar una obra que fue contratada con dinero público cumpliendo con la legalidad vigente.  

En cuanto a los argumentos de fondo esgrimidos, no hay nada nuevo bajo el sol. Son los argumentos que la derecha española lleva manejando durante años para oponerse a la recuperación de la memoria histórica y la garantía de los derechos de las víctimas del franquismo. En este punto Vox no ha venido a aportar novedad alguna a un discurso que PP y C’s esgrimen y aplican allí donde pueden. Es, en términos generales, el argumento de la equidistancia entre los «dos bandos» que protagonizaron una fratricida lucha entre españoles. Por tanto, todas las víctimas deben ser igualmente reconocidas. Este argumento esconde –sin duda de forma consciente– que las víctimas del llamado «terror rojo» fueron reconocidas y reparadas durante cuarenta años de dictadura, mientras que las de los vencedores permanecieron en el desamparo y olvido institucional. Asimismo, el argumento desprecia el dato de que el olvido de las víctimas del franquismo se ha prolongado durante buena parte de los cuarenta años posteriores a la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y que urge poner fin a esta situación.

Para profundizar en la cultura de los derechos es necesario desmontar, de una vez por todas, el argumento de la equidistancia. Es interesadamente falsa la afirmación de la existencia de «dos bandos» a los que se sitúa en plano de igualdad, al objeto de difuminar y no distinguir entre las motivaciones y acciones de unos y otros. Como también lo es el alegato de la «guerra entre hermanos».

En ambos casos se trata de ocultar la causa real del conflicto: un golpe de Estado contra la legalidad republicana. A partir de esta premisa, un Estado constitucional no puede ser equidistante en sus medidas de reconocimiento público. Debe reivindicar y poner en valor la memoria de las víctimas que fueron victimizadas por su defensa de los valores republicanos y los derechos humanos. Debe tomar partido por ellos, frente al «otro bando».

Por su parte, quienes recurren a la equidistancia para evitar reconocer y actuar en favor de las víctimas de la dictadura franquista, realmente están tomando partido. Ni la equidistancia ni el silencio son neutrales: son posiciones de parte. En este caso, de parte de quienes no quieren que se conozca lo sucedido y pretenden ocultarlo a toda costa. Hoy han sido los nombres de las víctimas; en otras ocasiones, lo que se ha intentado es borrar el nombre de los victimarios. Invisibilizar a las víctimas supone revictimizarlas.

En ese intento de borrar el pasado –»su pasado», diría Juan Gelman– radica la razón de la decisión del Gobierno municipal de retirar del monumento los nombres de las personas fusiladas en el Madrid franquista de los años 1939 a 1944. Personas que, o no fueron llevadas a juicio, o fueron sometidas a auténticas «farsas judiciales» donde sus derechos de defensa no fueron mínimamente respetados. Son todas ellas víctimas de graves violaciones de derechos humanos, hoy considerados como crímenes contra la humanidad.

Para los responsables municipales –y para el extinto Comisionado de la Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid– entre ese listado de víctimas hay nombres de personas que fueron a su vez victimarios, porque supuestamente participaron en el «terror rojo» en la ciudad de Madrid. Por ello, no merecen ser reconocidos públicamente. Ni ellos ni el resto, a juzgar por el resultado final.

Pero, respecto a la esgrimida condición de victimarios de algunas de las personas que figuran en el listado borrado, hay que recordar que se atribuye su condición a partir fundamentalmente de lo recogido en la Causa General; documento que no merece reconocimiento ni desde el punto de vista historiográfico ni desde una perspectiva jurídica.

Acudir a un documento de exaltación franquista –instruido sobre la «dominación roja» en España, según se recoge en su propio título– para atribuir la condición de victimario a una persona carece del mínimo rigor y no debería ser traído a colación por autoridades que se autoproclaman «constitucionalistas».

Por otro lado, si PP y C’s quieren ser coherentes con su argumentación, deberían entonces retirar la placa que recuerda el lugar donde sufrió el atentado mortal el entonces presidente del gobierno franquista Luis Carrero Blanco en la calle Claudio Coello nº 104 de Madrid, dado que en él sí concurre de forma clara la doble condición de victimario y víctima. 

Más allá de otras circunstancias, lo que caracteriza y cualifica a todas las personas del listado es su condición de víctimas del franquismo. Y esa condición atribuye derechos. Organismos internacionales y europeos han insistido que el Estado español debe poner fin a esta situación de desamparo de las víctimas, porque vulnera la normativa internacional de protección a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.

Un mandato que se dirige a todas las instituciones del Estado, de manera que a todas ellas –incluidas, por supuesto, las locales– deben poner los medios a su alcance y de su competencia para revertir esta situación. El inicial proyecto de monumento en el cementerio de la Almudena era un intento de reparación moral hacia las víctimas. 

En el Pleno del Ayuntamiento anteriormente reseñado, su presidente Borja Fanjul se jactaba orgullosamente de que el Gobierno de Madrid no va a hacer «políticas de memoria«. Pocas veces se ha escuchado a una autoridad despreciar a las víctimas y a los derechos humanos de una forma tan displicente. 

Transcurre así una semana más en el Ayuntamiento de Madrid.

Rafael Escudero Alday. Profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. @RafaEscudero1