El litio como botín de guerra no justifica ni el golpe ni la gestión de Evo Morales

Vaya por delante que no tengo ningún inconveniente en reconocer que lo que ha pasado en Bolivia es un golpe de Estado, que me alarma y me repugna el fanatismo que han mostrado los autoproclamados líderes de la revuelta Luis F. Camacho y Jeanine Áñez enarbolando Biblias contra el Estado plurinacional y haciendo gala de su machismo, su misoginia y su racismo quemando whipalas, la bandera de los pueblos indígenas del altiplano. Por lo mismo, me desgarra ver las imágenes de los muertos y los heridos en Cochabamba, en La Paz y en otros lugares del país que recorrí tantas veces estudiando el impacto de la extracción del litio en las comunidades que rodean el salar de Uyuni.

Sin embargo, me temo que las bizantinas discusiones filológicas que leemos en la prensa española y latinoamericana sobre si se trata de un golpe o no nos impiden ver la complejidad de la situación.  La mayoría de estos textos leen el conflicto desde una óptica izquierda/derecha que hace tabla rasa de la situación actual, ligan el golpe con la larga e infame tradición de intervenciones militares en el continente auspiciadas y financiadas por la CIA y construyen un universo binario y maniqueo de buenos y malos. Esta lógica izquierda/derecha, siendo necesaria, no es analíticamente suficiente para entender la abigarrada realidad de un país donde el colonialismo interno es una realidad dolorosamente insoslayable. 

En este sentido, la intelectual aymara Silvia Ribera Cusicanqui nos ha instado a huir de esta posición defendiendo que no se puede celebrar la caída del gobierno de Evo Morales como un triunfo de la democracia, pero tampoco creer en la “segunda hipótesis del golpe de Estado, que simplemente quiere legitimar, enterito, con paquete y todo, envuelto en celofanes, a todo el gobierno de Evo Morales en sus momentos de degradación mayor. Toda esa degradación, legitimarla con la idea del golpe de Estado es criminal, y por lo tanto debe pensarse cómo es que ha empezado esa degradación”

Preguntas incómodas para un tiempo incómodo

Por eso, conviene empezar haciéndose algunas preguntas incómodas que expliquen justamente cómo empezó esta degradación. Por ejemplo, cómo es posible que después de catorce años en el gobierno el MAS no tenga un candidato alternativo a la presidencia y la vicepresidencia del gobierno. ¿No hay entre los cuadros del MAS algún candidato o preferentemente candidata que pueda sustituir a Evo Morales y a su vicepresidente Álvaro García Linera? Soy consciente de que algunos países, como España, no le ponen límite a la reelección de sus presidentes. El problema es que la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, salida de una asamblea constituyente popular, sí estable un límite de dos mandatos. Es decir, no han cumplido con las mismas leyes que ellos se dieron. 

Evo Morales ya se acogió de manera trapacera a su tercera reelección argumentando que su primer mandato era previo a la aprobación de esta Constitución, pero ¿era necesario convocar un plebiscito en 2016 para autorizar que Morales y García Linera se presentaran a la reelección por cuarta vez? ¿No había más remedio que acudir al derecho internacional y forzar al Tribunal Constitucional de Bolivia a aceptar que no presentarse a las elecciones del 2019 violaba los derechos humanos del presidente? Insisto, ¿no había nadie ‘MAS’ para sustituirlos? Sabiendo que uno de los caballos de batalla de la derecha internacional es la alternancia en el poder, ¿por qué ponérselo en bandeja? La falta de alternativas evidencia que bien hay tendencias autoritarias dentro del gobierno del MAS que se aferran al poder por encima de cualquier consideración política, bien se desaprovecharon años para formar “por abajo” a los cuadros del partido para asegurar su continuidad más allá de la vida política de sus líderes. 

‘MAS’ preguntas sin respuesta: ¿Quién y por qué suspende el conteo electoral rápido la noche de las elecciones del 20 de octubre? ¿Quién y cómo nombró a los miembros del Tribunal Supremo Electoral? ¿Es cierto, como denuncia Pablo Solón, antiguo ministro del MAS, que fueron nombrados a dedo como muchos otros miembros de la magistratura para favorecer al gobierno? ¿Podemos justificar el fraude electoral verificado no sólo por la  OEA sino por múltiples auditorias nacionales e internacionales? ¿Podemos desestimar la degradación o el autoritarismo como mal menor en nombre de las políticas sociales del gobierno del MAS?

El modelo extractivista-patriarcal

Es innegable que durante los catorce años del gobierno de Evo Morales ha habido una notable reducción de la pobreza a través de políticas públicas de redistribución de la riqueza. Asimismo, no se puede negar que, aunque sea de manera limitada y muchas veces simbólica, el Estado hizo un esfuerzo histórico por reconocer a la mayoría aymara, quechua y guaraní del país, transformándose en un Estado plurinacional. Pero la pregunta es, ¿sobre qué modelo económico se sustentan estas políticas redistributivas y antirracistas? 

La respuesta a esta pregunta y la mejor guía  para entender la situación actual se encuentra en las potentes  intervenciones del movimiento feminista boliviano, una inteligencia colectiva lamentablemente silenciada en el relato del golpe de Estado de la izquierda internacional.  Uno de estos grupos es Mujeres Creando.

En el año 2017 este colectivo feminista aceptó una invitación de la bienal de arte de Bolivia para pintar un mural siempre que pudiera llevarse a cabo en la fachada del Museo Nacional de Arte, a escasos metros de la sede del gobierno. En el centro de este “altar profano”, concebido por Maria Galindo, Esther Argollo y Danitza Luna, aparecía el escudo de Bolivia con el Cerro Rico de Potosí clavado sobre la espalda de un hombre arrodillado en posición de sumisión. El pene del hombre estaba amarrado con una cadena a una pesa de oro. A los lados podía leerse: “Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista”  y “No hay nada más parecido a una machista de derechas que un machista de izquierdas”.

Las feministas de Mujeres Creando ponían así el dedo en la llaga –el mural duró menos de veinticuatro horas sin ser profanado– mostrando que las políticas extractivistas del Estado no se asentaban sobre una lógica de género neutral, sino sobre una solidaridad interna entre el colonialismo y el patriarcado que transforma los cuerpos de las mujeres y la tierra en mercancía y botín de guerra.

En efecto, el gobierno de Evo Morales no solo no modifico la lógica colonial extractiva del país basada en la exportación de minerales (oro, plata, estaño, cobre) a las metrópolis del Norte, sino que amplió el extractivismo otorgando más licencias mineras, intensificando la explotación del litio, ampliando la frontera de los agronegocios en el oriente y pactando con la oligarquía que ahora lo echa del poder. 

The indigenous State, el trabajo etnográfico de mi colega Nancy Postero, da cuenta de la naturaleza sistemática de estas políticas extractivas y su reverso, la transformación del Estado Plurinacional en una performance indigenista sin contenidos materiales.  Sí, parte de las regalías obtenidas con estos negocios sirvió para financiar programas sociales, pero ¿por qué nunca intentaron cambiar el modelo de desarrollo patriarcal colonial? ¿No vieron ninguna contradicción entre reconocer los derechos de la Pachamama en la Constitución y perpetuar un modelo económico absolutamente ecocida?

La lógica de extractivista/patriarcal llega a su paroxismo con el conflicto del TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Natural Isidoro Sécure) del 2010-2011. El gobierno del MAS pretendía construir una carretera que cortaba a la mitad este territorio guaraní en pleno corazón de la Amazonia y una de las zonas de mayor biodiversidad del país para facilitar la extracción de hidrocraburos en el centro del parque y la extensión de los agronegocios. La oposición de los habitantes del territorio fue duramente reprimida por el gobierno de Evo Morales. Una de las personas que acompañaban a la marcha en defensa del TIPNIS era Esther Argollo, una de las autoras del mural de Mujeres Creando. En 2017 tuve la oportunidad de entrevistarla y me describió, todavía conmocionada, la brutal represión de la Policía de Evo Morales en el pueblo de Chaparina: 

“Nos invadieron el campamento, nos cercaron, lanzaron gases, sacaron a los indígenas del lugar donde estábamos a patadas, a golpes, les amarraron, les taparon las bocas, tuve que correr con un niño al monte, porque… Era una señora, de las indígenas que estábamos en el campamento, era un domingo… La señora estaba con dos niños, uno se lo dio a uno de los indígenas y corrió al monte y el otro me lo dio a mí.”  

Como puede verse, la brutalidad de la represión gubernamental  no respetó ni siquiera a las niñas y niños que viajaban con las comunidades para defender sus territorios ancestrales. ¿Podemos pasar por alto estas atrocidades solo porque la oligarquía insurrecta es igual de violenta? ¿Se romperá el silencio sobre lo que pasó en Chaparina alguna vez?

En el conflicto del TIPNIS estaba la semilla de la lógica que ahora estalla en las calles de Bolivia. No combatir la lógica extractivista/patriarcal solo podía desembocar en una intensificación creciente de sus contradicciones y una repetición de sus lógicas patriarcales y neocoloniales. La  politóloga y antigua militante Katarista Raquel Gutiérrez lee el conflicto actual como una “pelea de gallos” entre Carlos Mesa, jefe de la oposición en las últimas elecciones, Evo Morales y el “Macho Camacho” representante de la oligarquía cruceña:

Víctima-verdugo-redentor: en la confrontación política se instaló amplificado el triángulo simbólico patriarcal por excelencia. La aparición de Camacho-redentor desafía a Evo-verdugo y silencia a Mesa-víctima. Así, la mediación de la palabra feminista/femenina se hace cada vez más urgente y, a la vez, resulta más difícil. Se hace cada vez más complicado enunciar las palabras y diseñar las acciones que puedan hacer entrar aire en ese trágico triángulo que terminará por tragarnos a todas. Algunas voces se asustan y eligen plegarse a alguno de los redentores en oferta, otras nos empecinamos en no hacerlo.

En este triángulo no hay gallos inocentes, todos los caudillos ejercen violencia, no sólo la oligarquía cruceña: todos queman la casa del enemigo. Ahora la lógica perversa consiste en ver quién acumula más poder y más dólares para financiar la represión. En este contexto, si Evo Morales quiere de verdad evitar un baño de sangre debería, como anunció hace unos días, dar un paso al costado. Sería más sensato abandonar la ambivalencia y garantizar decididamente que el MAS tenga otra candidatura que garantice salvarse del naufragio y hacer de cortafuegos a las derecha racista.

El litio como botín de guerra y como excusa

El relato de la izquierda –golpe de estado, CIA, Evo-víctima, oligarquía racista, retorno de la Biblia al Palacio Murillo— se sutura definitivamente con la aparición del litio como botín de guerra, todo ello aderezado con unas citas muy ad hoc de Eduardo Galeano sobre los recursos naturales como la maldición de los pueblos del tercer mundo.

No cabe duda, como ya señalé en otro artículo, de que el litio se ha transformado en uno de los minerales más cotizados, pues es un elemento indispensable en la fabricación de autos eléctricos que sustentan el “capitalismo verde”. Bolivia cuenta con grandes reservas de litio en los salares de Uyuni y Coipasa y, en ese sentido, es totalmente plausible que la oligarquía blanca del país, en connivencia con algunas potencias extranjeras (Estados Unidos, pero también China, Rusia o Alemania…), estén afilándose los colmillos para subastarse el litio. 

Pero, de nuevo, el gobierno de Morales no puede concebirse como un defensor puro de los recursos naturales y la diversidad ecológica de su país.  Antes de la llegada al poder de Evo Morales, a finales de los años noventa, la empresa norteamericana FMC ya había intentado firmar una contrato para explorar litio en el salar de Uyuni. La presión de las comunidades locales y del Comité Cívico Potosino hizo desistir al gobierno neoliberal de Sánchez de Losada. 

Tras la llegada al poder de Evo Morales en 2008, los yacimientos de litio pasaron a ser una concesión de COMIBOL (Comisión Minera Boliviana) y se creó la Dirección Nacional de Recursos Evaporíticos a cargó de Luis Alberto Echazú. El modo en que se realiza la transferencia de los terrenos ya es sospechoso. Habiendo recorrido todas las comunidades que se ubican alrededor del salar de Uyuni, puedo asegurar que en ninguna de ellas hubo consulta previa, libre e informada como exige el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para autorizar la explotación de litio en territorio indígena. En lugar de eso, se recurrió al apoyo de una organización masista, la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sur (FRUTCAS), que había logrado, tras años de lucha, que algunos territorios aledaños al salar fueran declarados Tierras Comunitarias de Origen (TCO). Pero este subterfugio legal no significa que todos los ayllus del salar estén de acuerdo con la explotación del litio. Hay comunidades como Llica que están en desacuerdo y otras que lo aceptaron porque no veían otra opción. 

Pero el asunto central es que se trataba nuevamente de un proyecto nacionalista extractivista. Los ingenieros de la planta de Llipi Llipi me explicaron en La Paz en 2016 que se iba a tratar de un proyecto completamente boliviano, ejecutado con capital boliviano, recursos humanos bolivianos y cuyos beneficios recaerían en el pueblo boliviano. Incluso llegaban a argumentar que podrían fabricar la batería de litio o incluso autos en Uyuni. Cuando les preguntaba sobre los potenciales impactos ambientales que iba a provocar la extracción, no solamente por el gasto de agua sino por los residuos que iba a generar la inyección de grandes dosis de cal en el salar para separar el magnesio del litio, respondían de nuevo con el imaginario nacionalista en el que el “oro blanco” prometía sacar, una vez más, al pueblo boliviano de la miseria, como en Potosí tantas otras veces.

La versión de algunos líderes de FRUTCAS era todavía más siniestra, pues  cuando pregunte a Humberto Ticona, uno de sus líderes, si no veía contradicción entre los artículos de la Constitución en defensa de la Pachamama y la extracción del litio, me respondió: “Claro, por ejemplo ¿el litio de dónde viene? De las entrañas de la tierra. La Pachamama nos está dando una alternativa a sus hijos para poder sobrevivir”.   

Incluso aceptando prima facie estas promesas de nacionalismo extractivo se trata de una historia de pésima gestión. En estos diez años de control de los yacimientos de litio del salar de Uyuni el gobierno ha cambiado de versión múltiples veces. El último episodio de la saga se remonta a abril del 2018, momento en el que el gobierno de Evo Morales firma una acuerdo con la empresa alemana ACI Systems GmbH para su explotación en régimen mixto con el Estado. El acuerdo ha sido finalmente revocado por las presiones de las comunidades circundantes al salar de Uyuni y de miembros del Comité Cívico Potosino. La negativa de las comunidades se debe en parte a su deseo de participar más activamente en los beneficios de la explotación del mineral, pero también porque, como me fue manifestado en múltiples entrevistas con miembros del pueblo Llica, las comunidades indígenas piensan que el salar es un ser vivo sagrado. Están convencidos, por ejemplo, que la quinoa real que se cultiva en la zona tiene una calidad especial por los vapores que despide el salar. Para las personas entrevistadas, la explotación del litio puede hacer implosionar el salar transformándolo en un barrizal, cuestión que sería vivida como una catástrofe epistemológica pues el yacimiento es un miembro más de la familia, junto con el volcán Tunupa, los cerros y todos los seres vivos que lo pueblan. 

El gobierno de Evo Morales, con toda su retórica pachamámica, jamás se ha planteado escuchar a estas comunidades o repensar la explotación del litio para preservar un espacio sagrado y de alta bioversidad, ni antes ni ahora; lo que estaba en juego era simplemente el modelo de explotación y la distribución de los beneficios. La izquierda internacional que tanto se preocupa, y con razón, por la situación en Bolivia debería escuchar a esta gente y a todos los colectivos de la sociedad civil que no están afiliados con ninguno de los caudillos en pugna, como por ejemplo, Colectivo Curva, Colectivo Ch’ixi, Comunidad Pukara, Nación Qhara Qhara, Nación Yampara, Parlamento de Mujeres, Red UNITAS (y, entre otras, sus organizaciones afiliadas CEDLA, CEJIS y CIPCA) y Trabajadores Originarios Quechuas de la Provincia Oropeza. 

Luis Martín-Cabrera es director del Programa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de California en San Diego.