Perú: libertad de prensa bajo ataque

Artículo publicado en #LaMarea70: ‘La memoria de Europa’ (marzo de 2019). A la venta aquí

Al Perú, como a muchas regiones ubicadas en el hemisferio sur, casi siempre llegan tarde (con lustros, años o meses de retraso) las tendencias ideológicas, políticas, culturales y hasta de entretenimiento que, para bien, pero sobre todo para mal, se esparcen a nivel global. Los últimos años fueron testigos del ascenso de partidos políticos de extrema derecha y grupos ultraconservadores que, propulsados por las redes sociales, patrocinan una idea que en Latinoamérica se escuchaba como un eco no tan lejano, pero que en Estados Unidos y Europa ya se había convertido en el discurso favorito de líderes democráticamente electos: los periodistas son “seres deshonestos” y “enemigos del pueblo”.

El discurso en su versión contemporánea llegó al clímax con Donald Trump en Estados Unidos. En simultáneo, la proclama se escuchó en Europa; con más símiles que diferencias, en líderes y partidos de derecha desde Alemania, Italia y Hungría, hasta Polonia y Finlandia. Con el exmilitar brasileño Jair Bolsonaro, esa narrativa llegó a América. Para entonces, el mismo discurso populista, racista y contrario a los derechos civiles en ambos continentes –bien empaquetado en un combo de fake news– ya se había diseminado a través de los altavoces con mayor audiencia del Antropoceno: Facebook, Twitter y WhatsApp. La punta de lanza del mensaje era simple y efectiva: la prensa tiene la culpa de todo.

Como suele ocurrir, cada país ha adoptado este discurso de odio contra los medios, según su momento político. En Perú, podemos situar el auge de este mensaje entre el año 2016, cuando la hija del exdictador Alberto Fujimori fue derrotada en las elecciones presidenciales; y 2017, en el amanecer del Caso Lava Jato, el mayor escándalo de corrupción conocido en la historia reciente de América Latina. La constructora brasileña Odebrecht habría pagado centenares de millones de dólares en sobornos y financiado campañas electorales a presidentes, expresidentes y funcionarios de 12 países en los últimos 20 años para conseguir la adjudicación de obras públicas. Desde que Odebrecht confesó su culpabilidad en Estados Unidos, un meteorito cayó en Lima. A solo dos años del Bicentenario de la Independencia, las pesquisas fiscales han barrido a la clase política nacional peruana. A saber: un presidente que se ha suicidado, uno prófugo de la justicia, otro con arresto domiciliario y uno a meses de una condena definitiva. Mientras, en España, la Audiencia Nacional ha empezado a investigar una empresa con sede en Zaragoza por dedicarse, presuntamente, al blanqueo millonario de la trama Odebrecht.

En este contexto peruano de instituciones democráticas devastadas, las voces para acallar al periodismo se hacen sentir más articuladas, avezadas y con más odio. El mensaje contra la prensa hoy llega por aire, mar y tierra. Desde los operadores del partido de Keiko Fujimori (presa por el Caso Lava Jato), la fuerza política con más poder del país, hasta sectores vinculados a redes del crimen organizado que buscan impunidad. Todos ellos en alianza casi tácita con grupos ultraconservadores que pretenden convertir al Estado en una filial del Reino de lo Cielos, y una clase empresarial mercantilista que parece sacar sus lecciones de libre de mercado de Mossack Fonseca más que de Milton Friedman.

En los últimos dos años, estas fuerzas –minoritarias por suerte en un país de 32 millones de habitantes– han hallado en las redes sociales la tribuna para amplificar su mensaje contra los medios, ya sea dando la cara directamente o detrás de cuentas anónimas creadas en fábricas de agencias de marketing. Hoy es moneda común hallar ataques furibundos contra los periodistas acompañados de las palabras «no deben existir», «lacras», «vendidos». Esta ofensiva, que de hecho tendrá escenarios críticos como el ocurrido en Brasil el año pasado, ya incluye agraviados directos, como los medios IDL Reporteros de Gustavo Gorriti; OjoPúblico (medio que yo dirijo) y los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz.

En el caso específico de OjoPúblico, el Poder Judicial ordenó el embargo de nuestros bienes en la querella planteada por un acusado de narcotráfico e investigado por la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) junto con el mayor financista de Keiko Fujimori. En 2016, la investigación de este acusado fue clave para la derrota de la entonces candidata presidencial. Tras conocerse la demanda, diferentes organizaciones periodísticas en Perú y Latinoamérica se han pronunciado contra este ataque legal que ya se ha extendido por diversas redacciones.

Ya sea amenazados por allanamientos e injurias, embargos judiciales y hasta por condenas de prisión, queda claro que el periodismo está bajo ataque en Perú. En semejante panorama, estas mismas fuerzas que piden a gritos por la aparición de líderes populistas como Trump o Bolsonaro y hasta la existencia de partidos como Vox en España, deben ser combatidas y rechazadas con más periodismo. El costo de no cerrarles el paso, aquí, en América, o en Europa, será más grave de lo que hoy nos imaginamos.