Análisis

La sangrante paz de Colombia

Colombia cada vez se aleja más de la paz y se acerca a los peores años de la presidencia de Uribe, en la que periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, profesorado y sindicalistas eran masacrados a diario por los paramilitares.

Lula Gómez entrevistando a Maryelis Angarita para su documental 'Mujeres al frente' (Archivo propio de la autora)

«En tres semanas han atentado contra tres mujeres, tres mujeres que conocí este verano en Colombia». Ese fue el arranque de este artículo, un comentario a la directora de LA MAREA que rápidamente me pidió escribiese sobre el tema. Afortunadamente a ninguna de ellas la mataron, pero desde entonces, hace poco más de un mes, los asesinos varios que andan desangrando esa esquina de América han aniquilado a decenas de defensores y defensoras de los derechos humanos. Y estamos en paz. Y en Colombia no hay guerra. Y la mítica guerrilla de las FARC, la más antigua de América Latina entregó las armas hace ya dos años. Y los informativos no hablan de ello. 

Quizás los más avezados lectores hayan visto en Internet los gritos de un niño de 9 años este fin de semana. La criatura presenció cómo disparaban a su madre. En las imágenes, el pequeño golpea como un loco la puerta de su casa con el cadáver de su madre a unos metros. Aúlla, patalea y se desgarra ante el cuerpo sin vida tirado en el suelo de quien le crió. María del Pilar Hurtado, que así se llamaba, había sido declarada objetivo militar por los paramilitares. «Nosotros no estamos con rodeos. Nosotros vamos es matando y recuperando el control y si buscan que el pueblo se caliente, pues se calienta esta mierda. Le damos plazo hasta las 12 de la noche de hoy», rezaba uno de los panfletos que le enviaron un día antes de matarla. Se dirigían a ella como «gorda, hija e puta y mujer del cacharrero». No está claro si ella, dirigente social, desplazada de otras tierras por otros violentos, era defensora o no. Hay fuentes que apuntan que fue un error y dicen que estaba incluida en esa lista fatal por equivocación. 

Que acertasen o no es lo de menos: está muerta, como los 702 líderes sociales y 135 excombatientes que han sido asesinados según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) desde que se firmó el tratado de paz de la Habana. Repito el recuento, una cifra que seguramente estará desactualizada cuando lean estas líneas: 837 personas entre enero de 2016 y mayo de 2019. El gobierno colombiano entre esas dos fechas “solo» reconoce 281 homicidios de líderes sociales, otras fuentes oficiales como la Defensoría del Pueblo hablan de 462 asesinatos. 

Ya sea con un asesinato cada 24 o 48 horas, lo que está ocurriendo en Colombia es un asesinato sistemático, están matando el acuerdo de paz mientras que el Gobierno y gran parte de la sociedad civil mira para otro lado. Es molesto mancharse de barro; es incómodo acercarse a los territorios (o sea, a las tierras que los campesinos y campesinas defienden con su piel y su sangre, donde “estuvo” la guerra); es cansino y aburrido seguir hablando de armas, desplazados y veredas a las que no llegan ni los funcionarios, ni los hospitales ni las carreteras. Porque en ellas reinan a sus anchas los narcos de Sinaloa -en unos tiempos donde los cultivos de coca se multiplican-, las disidencias de las FARC, el ELN (otra de las míticas milicias del país que viendo los incumplimientos de las promesas Gobierno hacia el grupo armado resulta difícil creer que entreguen las armas), las bandas criminales y los paramilitares. 

«Estamos alarmados por el chocante número de activistas asesinados, acosados o amenazados en Colombia, y el hecho es que esta terrible tendencia parece empeorar», decía hace apenas unos días el portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Rupert Colville. Y por poner cara, esbozo un somero perfil de esas tres mujeres que sobreviven y que podrían haber engrosado esa interminable escabechina que no cesa y que se dirige claramente hacia quienes defienden la paz y sus territorios. 

Tiemblo al hacerlo porque se me mezclan con las palabras de otra defensora, la periodista Jineth Bedoya, contra quien los bestias también han atentado varias veces. Ella, que fue secuestrada dos veces, torturada y violada de forma masiva. Ella, que vive con siete guardaespaldas, este fin de semana en Acampa por la Paz, en Coruña, decía que no callará a pesar de que la siguen apuntando. De algún modo, espera las balas. Algo muy parecido repite Mayerlis Angarita, otra defensora, otra mujer que ha renunciado a una vida propia por defender un país donde no sea normal que las maten, desaparezcan, violenten o torturen, explica. Ella es una de las mujeres más perseguidas en la zona en la que vive, Montes de María, en el norte de Colombia. Cuestiona el sistema de arriba abajo: por eso la quieren tumbar. Angarita ha sobrevivido a varios atentados, el último hace apenas un mes cuando iba en el coche con su hija y su sobrino. Vive también custodiada y tanto a la reportera como a ella se les quiebra la voz cuando piensan que cada vez que hablan puede ser la última. “Resulta difícil de entender que sigamos, claro. De hecho me ofrecieron salir de Colombia, pero quiero cambiar las cosas desde aquí. Me criticaron, me dijeron que no pensaba en mis hijos. Pero es porque pienso en mis hijos que me quedo. Y si tú no haces nada, eres parte de la indiferencia que nos mata. Las balas no matan, mata la indiferencia”, afirmaba en el libro Mujeres al frente. “A nosotros nos vulneraron los derechos y nos los tienen que restablecer. No nos protegieron, ni nos dieron garantías para que esos grupos no nos tocaran. Es el mismo escenario de lo que está pasando ahora. Nos están matando sin que a nadie le importe. La diferencia con lo que viví empezando el milenio es que ya no pueden tapar el sol con un dedo”, escribía hace unos días en el suplemento Semana.  

Contra Francia Márquez también fallaron. La afrocolombiana ostenta el premio Goldman, considerado como el Nobel del Medioambiente y vive en el Cauca, una de las zonas más peligrosas del país y una auténtica «mina de oro», un vergel que ha quedado seco por la actividad ilegal minera que drena y contamina los ríos. Con ella estaba la activista Clemencia Carabalí cuando las dispararon la última vez. Las dos siguen en pie y dicen que cuando les usurparon todo (amigos asesinados, tierras y derechos), también les quitaron el miedo. «El atentado del cual fuimos víctimas líderes y lideresas, nos invita a continuar apostándole a lograr la paz en nuestros territorios, en el departamento del Cauca y en nuestro país. Ya está bueno de tanta sangre derramada», comentaba Márquez en twitter. 

Hartas de tanta guerra tienen claro que deben seguir. Deben ser las lecciones que les ha dado la vida en un mundo que no ha conocido la paz. Otra defensora, la campesina Nelly Velandia, también desplazada, también perseguida, también acosada apuntaba hace tiempo que la guerra les enseñó que no podían claudicar. Sigo escribiendo, pero según lo hago -alentada por su fuerza- vuelvo a temblar. Me llega al móvil una nueva advertencia contra Mayerlis Angarita. Es de ayer. Y en ellas, las Aguilas Negras (paramilitares) la ponen la primera en su lista de las personas a callar. “Ninguno de los anteriores se salvarán de nuestras órdenes como son torturar, secuestrar, desaparecer, mutilar, descuartizar como ejemplo para que otros dejen de abrir la boca”. Tras el último tiroteo que vivió el Gobierno dijo que eran ladrones. Señores gobernantes: ¿van a hacer algo? Porque no vale lamentar las muertas. No vale aterrarse ante las imágenes de un niño desconsolado.

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Comentarios
  1. MIentras Colombia siga siendo una base norteamericana y sus gobiernos los opresores de su propio pueblo no hay solución posible. Los asesinatos, secuestros y amenazas actuales hacen trizas las esperanzas y buenos deseos de las FARC por su credulidad y buenas intenciones.

  2. TRAZAR CAMINOS ALTERNATIVOS.
    Es alternativo porque en Colombia y en el mundo lo que están necesitando las naciones y las sociedades, es que grupos de personas conscientes y comprometidas marquen rutas distintas a las que hasta ahora marcan las élites.
    Saludo de Pablo Beltrán (ELN) a la Jornada Internacional Antiimperialista y Solidaria por la Soberanía e Integración de los Pueblos, convocada por la Coordinadora de Organizaciones Sociales (COS) y la Coordinación del Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales y Políticas (CENOSP), realizada en Medellín del 26 al 28 de junio de 2019.

    «La bandera de la guerra es la de Trump y Uribe, por esto la bandera de la paz debe estar en las manos de los sectores que consideran que lo único que vuelve a Colombia viable es la paz.
    Ustedes se dan cuenta que el Proceso de Paz está en una crisis. ¿Cuál es el alma de esa crisis? Este Gobierno que representa a los sectores de la ultraderecha pro-imperialista, considera que la paz no es un asunto de Estado y con suprema desfachatez dicen que “lo que firmó el Presidente anterior no vale”; quieren borrar unos avances importantes para pasar la página de la guerra.
    Nuestro llamado es a que ustedes “se echen al hombro” una tarea gigante, pesada, como es liderar un camino alterno a la paz, diferente al que la oligarquía hasta ahora le ha impuesto al pueblo colombiano; como es una tarea grande requiere esfuerzos grandes, que no se hacen en tiempos cortos, en un proceso donde unas generaciones aportamos y otras nos relevan de esa responsabilidad, pero continúan con el mismo plan de construir la paz en Colombia.
    Esto exige unas alianzas, una unión, significa algo que el imperialismo teme: enfrentar a un pueblo cohesionado y con determinación, porque le neutraliza toda posibilidad de intervención y de injerencia.
    Nuestro llamado es que ustedes lideren la unidad, la cohesión de la sociedad colombiana alrededor de la paz como camino alternativo, porque el camino de Uribe y Trump es la cohesión alrededor del miedo y el terror.
    Lo más trágico que está pasando hoy en Colombia es el entierro de las FARC como sujeto político histórico, bajo el modelo de Desmovilización, Desarme y Reinserción (DDR). El cuento de hadas era que con el DDR las FARC quedaría automáticamente habilitada como sujeto político, pero Uribe y Trump con el DDR han evaporado a las FARC.
    En el ELN hemos sacado esta lección: ese camino del DDR no lo vamos a recorrer, nosotros si vamos a recorrer un camino alternativo de paz y solución política. La esperanza que tenemos es que ustedes lideren la construcción de una visión común de paz que dote a Colombia de ese camino alternativo.
    Nuestro llamado es a que sigamos en un esfuerzo por la vida, la paz, la solución política, la democracia, los cambios y la soberanía. En manos de ustedes está en gestar ese camino de Nueva Nación para Colombia, nosotros nos consideramos compañeros de camino de ustedes, estamos listos y dispuestos para ese camino de paz.
    Pueden contar también con nosotros para que no exterminen a las fuerzas nuevas que quieren otra Colombia como está ocurriendo hoy; nos sumamos a ese llamado para que el régimen suspenda su guerra contra la sociedad y nos sumamos a todos aquellos que están buscando la manera de auto protegerse, de defender la vida y los territorios, y resistir a esa maquinaria de Trump y Uribe.
    https://insurgente.org/colombia-eln-una-iniciativa-de-paz-mas-alla-de-la-pacificacion-de-la-elite-video/

  3. En junio de 2018 la izquierda colombiana suma más de 8 millones de votos en las elecciones presidenciales, sin embargo el ganador fue el candidato conservador Iván Duque que tomó su cargo bajo la sombra de los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana.
    Con la llegada de Duque al poder las alarmas no han dejado de sonar en Colombia. Las matanzas de defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales aumentaron casi un 50% en 2018 favorecidas por la impunidad: en tres de cada cuatro casos ni siquiera se establece la autoría de los hechos, según denuncian diversas ONGs. En 2019, solo en los cuatro primeros meses, al menos 51 líderes y lideresas comunitarias, ambientalistas, campesinas e indígenas han sido asesinadas.
    En total han sido asesinadas 702 dirigentes sociales y 153 excombatientes de las desmovilizadas guerrillas en ataques de militares y paramilitares, desde que se firmó el acuerdo de paz en septiembre de 2016. Además, en las cárceles hay más de 2.000 presas y presos políticos -dirigentes sociales, guerrilleros y guerrilleras (900 de las FARC)-. A esto, se suman otras zancadillas a la paz del Gobierno de Duque como el caso Santrich, las órdenes dadas por la comandancia del Ejército colombiano a sus tropas para duplicar la cantidad de bajas y capturas en combate desde comienzos de este año -tal y como revelaba The New York Time en un reportaje publicado hace unas semanas-, o que el Senado colombiano ha aprobado por amplia mayoría el ascenso de 13 militares y policías, entre ellos el comandante Nicacio Martínez, a quien se le relaciona con ejecuciones extrajudiciales.

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