La detención de Ola Bini y Julian Assange: una cruzada contra la libertad de información

Las mayores revelaciones acaecidas en la historia reciente sobre la manera en que el Gobierno estadounidense ha mentido a la opinión pública u ocultado información de interés general para continuar ejecutando su política militar, herramienta principal durante las guerras en Oriente Medio, fueron publicadas por Julian Assange, fundador de Wikileaks. Ello dio lugar a intensos e incómodos debates sobre las actuaciones de los sucesivos gobiernos, desde George Bush hasta Barack Obama, en lo que veremos si es juzgado como un crimen de guerra (el llamado Collateral Murder), a cientos de miles de documentos sobre las decisiones tomadas durante los ataques a Iraq o Afganistán para asegurar el control de los recursos mundiales de petróleo, a otros tantos correos electrónicos relacionados con la Convención Nacional Demócrata de 2016 –donde se mostraba la preferencia del establishment del partido por Hillary Clinton y el descrédito hacia Bernie Sanders– e incluso contenido relevante sobre los tratados de comercio internacional negociados en secreto durante años.

El último capítulo de una larga historia que determinará la manera en que las sociedades herederas de las revoluciones atlánticas entienden la libertad de la información, el rol de esta para mantener a salvo la democracia o mismamente los derechos humanos fue firmado por el Departamento de Justicia en forma de tratado de Extradición bilateral el pasado jueves: después de que Lenin Moreno retirara su apoyo al asilo de Assange en la Embajada del país en Londres, Assange fue detenido por la Policía británica tras permanecer refugiado durante siete años. Más allá de tratarse de una mera cuestión de haber violado el arresto domiciliario, como negó su abogada Jennifer Robinson en declaraciones a Sky tras un contenido viral difundido por El País, el presidente de Ecuador apeló al derecho internacional para explicar a The Guardian que Assange intentó usar su misión diplomática como un “centro de espionaje”.

Los intentos de destruir la reputación de Assange con imágenes fuera de contexto durante los tiempos difíciles de su detención arbitraria han sido definidas por expertas jurídicas, como Renata Ávila, como “una distracción”. Especialmente, como ha publicado The Intercept, cuando la doctora Sandra Crosby (experta en tortura que ha trabajado en Guantánamo) evaluó que Assange sufrió “severas enfermedades psicológicas y psicológicas” durante los dos años que duró la evaluación médica.

De nuevo en relación con Moreno, este defendió su decisión recalcando su autonomía y señalando que se trataba de “una decisión soberana», pues “no tomamos decisiones basadas en presiones externas de ningún país”. Hace apenas dos meses, el Fondo Monetario Internacional (FMI) inyectó 4.200 millones de dólares en Ecuador para evitar, de nuevo en palabras de su presidente, que sufriera “el destino de Venezuela”, es decir, la “intervención militar” de Estados Unidos, en palabras de The Economist; aquello que, como muestra una exposición reciente en el museo Reina Sofia sobre Chile de 1970, se conoce como “golpe de Estado”.

Por su lado, el Departamento de Justicia, en última instancia responsabilidad de Donald Trump, argumentó, como se ha hecho en repetidas ocasiones contra el actual presidente, que Julian Assange participaba de una “conspiración” con el cometido de hackear la contraseña de un ordenador clasificado por el gobierno estadounidense y así decretar cinco años de cárcel. Buena parte de los medios internacionales, si bien no han puesto en duda la decisión y han informado en numerosas ocasiones con errores en relación con el caso, han alcanzado el consenso de que Trump manda un mensaje a la libertad de prensa. Si durante las elecciones de 2016 y a posteriori, el multimillonario inició una cruzada contra los medios, esta decisión serviría meramente como una medida para desplazar más hacia la derecha lo que se llama la ventana de Overton (el eje de lo que una sociedad considera tolerable).

Por otro lado, las voces provenientes de la izquierda, aunque con una difusión mucho menor, han sido más taxativas. Por ejemplo, el filósofo Slavoj Zizek ha llamado culpables a quienes no mueven un dedo ante “uno de los pocos héroes de nuestro tiempo”. Una postura similar fue la expresada por Beppe Grillo, fundador de Movimiento Cinque Stelle. Al mismo tiempo, el columnista Owen Jones matizó que si existió alguna figura relevante a la hora de obtener acceso a la red informática del departamento de defensa de EEUU, esta fue Chelsea Manning. En cualquier caso, como afirmó el filósofo metafísico Giorgio Agamben, la cuestión de fondo trata sobre el “incremento sin precedentes en las posibilidades de control de los poderes económicos y policiales sobre los seres humanos”.

Ahora bien, buena parte de los posicionamiento no han llegado exclusivamente en relación con Assange, pese a que los mass media (especialmente los españoles) se hayan centrado en esta figura. Gracias a las declaraciones en The Washington Post de sus amigos, el pasado jueves se conoció que Ola Bini, desarrollador de software sueco y referencia mundial en privacidad, fue arrestado en Quito mientras se preparaba para viajar a Japón. Ocurría en el marco de una investigación sobre los supuestos esfuerzos de Julian Assange para evitar su desalojo de la embajada del país. Estas fuentes señalaron que el también activista en materia digital había sido acusado injustamente de conspirar para desestabilizar al gobierno. Un alto funcionario afirmó a dicho periódico que, si bien las autoridades no presentaron cargos contra él, estaba siendo investigado debido al supuesto esfuerzo de Assange y Wikileaks para chantajear al presidente Lenin Moreno. La ministra de Interior ecuatoriana María Paula Romo añadió en defensa de este último que “ha sido detenido simplemente por motivos de investigación”.

Ola Bini lleva detenido sin cargos desde el día 11 y su defensa ha presentado una apelación a dicha medida cautelar. Según la parte defensora, la detención no contó con traductor/intérprete, a pesar de que el defensor del software libre no habla castellano. Tampoco se leyeron sus derechos y no se le trasladó a un centro de detención, siempre de acuerdo a su abogado Carlos Soria. ¿Se trata de una persecución política arbitraria no sujeta a evidencias o pruebas legales?, es decir, ¿se está criminalizando la relación con Wikileaks desde el Gobierno de Ecuador?

“Su delito es que es amigo de Julian Assange, nada más, y eso no es un delito”, respondió su padre en su cuenta de Facebook horas antes de partir hacia el país. Por el momento, este suceso ha llevado a diversas figuras en derecho internacional a cuestionar los movimientos de los últimos días. David Kaye, relator especial de las Naciones Unidas en libertad de expresión, señaló que “nada conecta a Ola Bini con ningún crimen” y que, de no adjuntarse otras pruebas, “parece una detención arbitraria”. Por otro lado, Edison Lanza, relator Especial para la Libertad de Expresión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se sumó a esta preocupación criticando que se le privara de su libertad. También Erika Guevara-Rosas, directora en América Latina de Amnistía Internacional, ha expresado su incomodidad al respecto, siempre mientras se verifica toda la información y los detalles. Una postura similar a la de Unidas Podemos, quien en declaraciones a este medio ha afirmado que está siguiendo el caso durante la campaña para velar por “el cumplimiento de los derechos humanos vigentes en la ley internacional” y garantizar “la libertad de información”.

Los detractores de la decisión del Gobierno ecuatoriano van desde el periodista Green Greenwald, quien habló de “condiciones represivas”, hasta el reputado geógrafo marxista David Harvey, que llegó a exigir su libertad durante una conferencia llamada Mobilizations & Migrations: Revolutionary Internationalism. En el marco de este evento, el activista indio Vijay Prashad aprovechó para discutir con Chris Hedges sobre el “linchamiento mediático” y la “imposición” de las leyes contra figuras que luchan en favor de la libertad de información. A su vez, el pensador bielorruso Evgeny Morozov, en relación con la falta de evidencias legales para retener a Ola Bini contra su consentimiento, sustentadas en el material requisado con el que viajaba, señaló que precisamente entre su equipaje estaba un libro sobre ciberguerras escrito por un antiguo asesor en materia de seguridad nacional del presidente Ronald Reagan. Todas estas incongruencias han llevado al expresidente Rafael Correa a publicar un comunicado y a criticar que el país “ya no tenga solo presos políticos ecuatorianos, sino también extranjeros”.

En este sentido, la organización Article 19 instó al Gobierno de Suecia, “un defensor de las libertades de Internet y la protección de la libertad de expresión en internet”, y también a los servicios de Asuntos Exteriores de la UE a “respaldar los esfuerzos por la liberación de Bini y a protegerlo contra las represalias”. El apoyo a quien también forma parte del consejo asesor del proyecto europeo DECODE procede de una comunidad mucho más amplia, como The Thor Project, quien ha suscrito el comunicado de los abogados defensores, la Asociación de Software Libre de Ecuador, The Chaos Computer Club, o la organización para el progreso de las comunicaciones (APC), entre otras. Esta última ha hecho público un comunicado temiéndose que “estemos ante una espiral de persecución política y criminalización de activistas y expertos cuyo trabajo es clave para preservar la democracia”.