Síntoma Villarejo: una historia de silencio, cloacas y poder

Esta es una de esas historias que parece una atrevida invención entre una novela de espías de Frederick Forsyth y un embarullado sainete de Carlos Arniches. Un suceso real que nos suena a ficción. Se diría que incapaces de digerir lo que ocurre en esos espacios oscuros del poder, allí donde el susurro es condición indispensable para la política, decidimos pensar que que es mejor la comodidad de la ignorancia a la aridez de la certeza, la seguridad de la anécdota al temor de que el despropósito sea lo habitual.

La pasada semana nos enteramos que Pablo Iglesias acudía a declarar a la Audiencia Nacional en una nueva pieza secreta y separada del caso Tándem, la causa contra el excomisario Villarejo, en prisión desde noviembre de 2017. La razón fue que el juez García Castellón encontró entre los archivos del comisario un volcado de datos que parecía coincidir con los de un teléfono que le fue robado a Dina Bousselham, antigua asistente de Iglesias, y coincidentes con noticias aparecidas en OK Diario que giraban en torno a conversaciones privadas del dirigente de Podemos.

Iglesias ya iba prevenido para la cita. Él mismo llevaba la tarjeta del teléfono robado para que el juez pudiera cotejarla con los archivos copiados. Antonio Asensio, presidente del Grupo Z, recibió en una de sus empresas la tarjeta, pero se negó a publicar los datos que contenía y se la entregó al líder político, como El Independiente adelantó el sábado 30 de marzo. Parece que la invectiva de Pablo Iglesias contra el peso accionarial de bancos y fondos de inversión en medios, lanzada de forma insistente desde su mitin de vuelta en el Reina Sofía, era algo más que una consigna de campaña. A veces, incluso hasta para los marxistas, la realidad se pone de parte de la teoría.

Este nuevo episodio ha tenido, sin embargo, el silencio como acompañante. El resto de partidos, ya inmersos en precampaña, ha pasado de puntillas por el caso, de una gravedad obvia, para limitarse en el caso del PSOE a declarar por boca del ministro Marlaska que las llamadas cloacas de interior ya no existen. Grandes medios han tratado la noticia, en su mayoría, insistiendo en que la repercusión de estos hechos en el pasado inmediato ha sido mínima y que en todo caso es una tropelía más del propio Villarejo, desvinculándole de estructuras más amplias.

¿Ante qué nos encontramos? ¿Exagera Iglesias en sus acusaciones? ¿Han existido las cloacas del Estado? ¿Podemos darlas por clausuradas? Antes de contestar estas preguntas convendría desenredar una madeja de una densidad considerable.

Algo huele a podrido en España

Remontémonos a 2016. Patricia López y Carlos Enrique Bayo son dos periodistas del diario Público que llevan tiempo siguiendo las extrañas maniobras de algunos altos cargos de la Policía y el Ministerio del Interior. En junio reciben por correo anónimo una memoria portátil donde se escucha una conversación entre el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y Daniel de Alfonso, el director de la Oficina Antifraude de Cataluña. El encuentro recogido en la grabación tuvo lugar en 2014, y su intención fue la de crear una información falsa contra Xavier Trías, entonces alcalde de Barcelona y dirigente de CiU, para imputarle un delito económico.

El contexto es la primera intentona de consulta independentista el 9 de noviembre de 2014. El 27 de octubre el periódico El Mundo saca en portada que Trías posee cuentas en Suiza por un valor de 12,9 millones de euros. Una noticia curiosamente coincidente con la conversación grabada entre Fernández Díaz y De Alfonso, que es firmada por los periodistas Eduardo Inda, Esteban Urreiztieta y Fernando Lázaro. La información procedía de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional, como se aclaró en el juicio donde el exalcalde denunció al periódico por calumnias. Aunque los periodistas fueron absueltos, en el sentido de que ellos publicaron una información que parecía fiable por la fuente de origen, la cuenta en Suiza y la cantidad que adjudicaron a Trías era falsa.

A partir de esta grabación, las sospechas acerca de que el ministro Fernández Díaz controlaba una suerte de policía política se fueron incrementando, es decir, la utilización de la fuerza pública para hacer investigaciones sin indicio de delito, para en el caso de no encontrarse pasar a la fabricación de informes falsos que eran filtrados a medios afines. Para acabar la jugada, el falso sindicato ultraderechista Manos Limpias se personaba como acusación en las causas abiertas.

Las sospechas, sin embargo, empiezan a tornarse certezas cuando un zarzuelero personaje entra en escena: el pequeño Nicolás, un estudiante de Derecho que se hacía pasar por agente del CNI. Nicolás Gómez es detenido en octubre de 2014. En una de sus declaraciones a la prensa hace una de sus bravatas habituales: “Hay que confiar en la justicia pero hace falta tener un as en la manga”.

Ese as le llegaría con las grabaciones de una reunión entre el jefe de asuntos internos de la Policía Nacional, Marcelino Martín Blas, con el CNI, en el intento de que se archivara su causa. Sin embargo, esa grabación ilegal de una reunión de alta importancia para la seguridad nacional hace que se inicien acciones judiciales para aclarar lo sucedido.

En esas investigaciones se demuestra que hay un flujo de decenas de llamadas entre el 14 de octubre de 2014 y el 25 de diciembre de 2014, correspondientes a las comunicaciones de los periodistas Inda y Urreiztieta con altos cargos policiales. Entre esos cargos se encontraba el comisario Villarejo. Todos estaban a las órdenes de Eugenio Pino, director Adjunto Operativo, hombre de máxima confianza del ministro de Interior Fernández Díaz.

Todo parecía indicar supuestamente que Fernández Díaz estaba utilizando a la Policía para investigar a la carta a adversarios políticos y, lo que es peor, fabricar pruebas falsas contra ellos o bien, por contra, fabricar coartadas a favor de algunos acusados.

Villarejo desatado

José Manuel Villarejo nació en la provincia de Córdoba en 1951. Desde principios de los setenta entra a formar parte de la policía franquista, destacándose en operaciones de la lucha antiterrorista. Hasta 1983 está relacionado con el Sindicato Profesional de la Policía, donde se cree que como dirigente dio cabida a agentes que provenían de la ultraderecha. A partir de ese año toma una excedencia del cuerpo y se dedica a crear varias decenas de empresas con las que teje una tupida red de contactos y favores. En 1993 vuelve a la fuerza pública como agente encubierto, es decir, pudiendo compatibilizar su trabajo con actividades paralelas y disfrutando de una libertad casi plena al tener que rendir cuentas solo ante el director Adjunto Operativo.

Se ve envuelto a mediados de los noventa, bajo el último gobierno de Felipe González, en el Informe Veritas, un documento para revelar información injuriosa contra distintas personalidades, incluyendo el juez Garzón. Villarejo también participa en operaciones contra el terrorismo internacional, el narcotráfico y el crimen organizado. Su nombre empieza a volver a sonar con fuerza al llegar la crisis y con ella los numerosos casos de corrupción.

Es investigado en el caso Pinto, donde Javier López Madrid, yerno de Villar Mir (OHL) y amigo personal de Felipe VI, es acusado de acoso sexual y amenazas por la doctora Elisa Pinto. La dermatóloga también acusó en sede judicial a Villarejo de haberla apuñalado en abril de 2014. López Madrid, que más tarde sería condenado por el caso de las tarjetas Black, contrató a Villarejo para que realizara escuchas ilegales, seguimientos y coacciones a Pinto. Jaime Barrado, un condecorado comisario que investigó el caso, fue apartado del mismo como otros muchos policías que investigaban casos en los que se cruzaban las actividades paralelas de Villarejo.

El autodenominado agente encubierto ha estado supuestamente implicado de una u otra forma en la Gestapillo de Granados, la trama de espionaje del consejero de Interior madrileño contra enemigos de su partido. En el intento de ocultación del ático de Ignacio González, expresidente del gobierno regional madrileño. El caso de Método 3, cuando se intentaron crear informes falsos contra la familia Pujol a través del empresario Javier de la Rosa y la exnovia del hijo de Pujol, Victoria Álvarez.

Villarejo también parece estar presuntamente implicado en las grabaciones a Corinna, relacionada con el rey Juan Carlos, y una trama de comisiones ilegales en el AVE a la Meca. En el caso del espionaje del BBVA a ministros en la época de Zapatero. En el vídeo que acabó con la carrera política de Cifuentes. En el asalto del falso cura a la casa de Bárcenas. En la detención del empresario inmobiliario Juan Muñoz, marido de la periodista Ana Rosa Quintana. Y en el incendio del edificio Windsor a petición, supuestamente, de Francisco González, expresidente del BBVA. 

El comisario Villarejo es detenido el 3 de noviembre de 2017 por delitos de cohecho y blanqueo de capitales. Por algún motivo había que pararle los pies.

Más allá del sainete trágico, caen las piezas

A pesar de la gravedad de los hechos, que un solo individuo esté implicado en tantos escándalos llega a resultar tan abrumador como tragicómico. Hay un hombre en España que lo hace todo, cantaba el dúo barcelonés Astrud, a lo que deberíamos añadir que hace todo lo que otros necesitan.

Entre otras cosas, fabricar el falso informe PISA que inventaba una financiación a Podemos por parte del omnipresente gobierno venezolano y que una vez más volvió a contar con Eduardo Inda como dealer.

El documental de Mediapro Las cloacas del Estado concluye que Eugenio Pino, director Adjunto Operativo de la Policía, estando a las órdenes directas del ministro Fernández Díaz, contaba con varios inspectores a su cargo, la llamada Oficina Siniestra, para fabricar los informes, y el propio Villarejo como el encargado de las black-ops, aquellas acciones directamente delictivas.

El falso sindicato ultraderechista Manos Limpias, encargado de interponer las querellas judiciales contra los acusados en esta guerra sucia, cayó junto a Ausbanc en una operación en abril de 2016 en la que se les acusó de extorsión.

Eduardo Inda, fundador y director de Ok Diario desde 2015, ha continuado publicando exclusivas y documentos relacionados con casos en los que Villarejo ha estado implicado. Cuenta, además, con voz en la tertulia del programa de Ana Rosa Quintana y con varios espacios en La Sexta. El director de Al rojo vivo, Antonio García Ferreras, ha presumido de su amistad y su buena sintonía profesional con él. A ambos les une además su madridismo y una tercera amistad, la del presidente del equipo blanco, Florentino Pérez, uno de los empresarios más poderosos del país.

Mientras que García Ferreras y La Sexta han reaccionado con hostilidad a las declaraciones de Pablo Iglesias en relación con la independencia de los medios, Eduardo Inda se ha visto envuelto en su enésimo problema judicial y deontológico. Público informó este sábado 27 de marzo que los investigadores de la causa Tándem han encontrado un audio que prueba que fueron, efectivamente, Inda y Urreiztieta quienes proporcionaron al pequeño Nicolás la grabación de la reunión entre Asuntos Internos y el CNI. El círculo parece estrecharse.

Por otro lado, tal operativo, espiar a los policías de la Policía y a los espías españoles, era exagerado tan solo para conseguir el archivo del caso de Nicolás Gómez, un actor secundario. Al parecer, según los investigadores del caso, habría de por medio una cuantiosa operación de blanqueo de capitales donde estaría implicada la familia del dictador de la antigua colonia española de Guinea Ecuatorial y tres directivos del Ibex 35: Adrián de la Joya, Indra, Mauricio Casals, Atresmedia y Manuel Delgado Solís, ACS, la empresa de Florentino Pérez.

Algunas conclusiones

Una de las condiciones ineludibles para que el poder sea estable es que respete sus propias reglas. Los casos de corrupción son, además de un síntoma de falta de honradez personal, la constatación de que la forma que adopta el capitalismo bajo el régimen político de turno es más o menos dinámica y fuerte cuanto menos tenga que recurrir a lo ilegal. De esta forma, la estructura económica, política y del Estado permanece como confiable delante de los gobernados.

En el caso de España las peculiaridades de nuestra economía han dado forma a un régimen donde el poder político extraía ilegalmente dinero público con intención de aumentar los beneficios privados, es decir, que los representantes electos se comportaban como el consejo de administración de la burguesía nacional. No valen por tanto los esfuerzos judiciales ni policiales cuando la enfermedad está inserta en el ADN del sistema y no es simplemente un brote vírico.

De hecho, Villarejo no era más que uno de los facilitadores de estas relaciones, un individuo creado por el aparato profundo del Estado. Si la democracia liberal en España dio durante un tiempo una imagen confiable fue por personajes como Villarejo, dispuestos a enmendar, bajo la ley, sobre la ley y contra la ley, los excesos y escándalos que se producían en el anormal pero cotidiano funcionamiento de la corrupción política en España.

Quizá el mayor pecado cometido por Villarejo es el que acaba empapando a este tipo de personajes, el ser agentes dobles entre los intereses del Estado (el estado de los grandes poderes económicos) y sus aspiraciones personales. Un país que debe administrar a 47 millones de personas y que está entre las catorce mayores economías mundiales es evidente que no puede contar con tan solo un Villarejo ni depender de un personaje tan atrabiliario.

Pero más allá del sujeto debemos recordar que estamos envueltos, como ya comenté en esta misma publicación, en una crisis irresuelta de régimen político donde las formas electorales y el sistema de partidos son incapaces de proporcionar un gobierno estable, donde hay graves tensiones territoriales con Cataluña y donde la extrema derecha vuelve a ser un actor notable.

En esta situación, que se confirme que el anterior gobierno utilizó a la Policía para crear noticias falsas, no solo para perjudicar a Podemos, sino para impedirle formar ejecutivo con Pedro Sánchez, podría dar al traste con los planes de salida para esta crisis de régimen, es decir, la búsqueda de un gobierno estable entre el PSOE y Ciudadanos.

El silencio del PP es obvio, son los mayores implicados en lo que parece una trama –otra más– donde el Estado fue utilizado para perjudicar a rivales políticos como Podemos, que no eran del agrado del poder económico. Sin embargo, el PSOE tiene también presuntas conexiones tanto en la época de González como en la época de Rubalcaba, posiblemente a través del caso Interligare. Y Ciudadanos pues a lo que les manden, que para eso salieron de la probeta.

Sin embargo, se añade un factor a la opinión pública precisamente por parte de los que la crean. El sistema de medios en España ha sido una verbena de autosatisfacción, compadreos e intereses cruzados con el poder económico. Ahora, además, podrían aparecer como los colaboradores necesarios, y probados, de una trama de noticias falsas, injurias y manipulaciones con el objeto de alterar el panorama político del país a favor, justo, de sus grandes accionistas.

Inda puede ser, si así lo prueba la justicia, una de las cabezas más visibles de este entramado. Al igual que a Villarejo, sus intereses personales pueden haberle llevado a ser menos cuidadoso y más arrogante de lo aconsejable. Pero como decíamos también, Inda no es el único que ha confundido la filtración con ser el brazo ejecutor de tal o cual ministro o empresario. Hay periodistas que reciben presiones, otros van al palco del Bernabéu. 

Que toda esta situación final sea tan solo potencialmente desestabilizadora para la crisis de régimen que vivimos se debe, sobre todo, a los esfuerzos denodados de determinados políticos y comunicadores estrella por mantener a raya el escándalo, es decir, por ir cortando la cabeza a los insalvables pero no permitir a la ciudadanía conocer la verdadera profundidad de la trama. No en vano, los tertulianos más hábiles, aquellos que reflejan una pretendida neutralidad e incluso un sofisticado progresismo, han apelado estos días a la razón de Estado, como si en el fondo la estructura estatal fuera una máquina autónoma o tan solo el escudo del papel timbrado.

La realidad es que una parte del Estado está poniendo punto final a la policía política, pero más por una cuestión de supervivencia que por que su naturaleza sea la de inclinación a la justicia. Si se consigue un nuevo gobierno estable en las próximas elecciones se necesita un reinicio incluso en la forma oscura en que el Estado administra sus miserias. Y quizá algunos jueces de la Audiencia y algunos fiscales, además de unos cuantos mandos policiales, sean realmente funcionarios honrados, lo que no quita para que la máquina siempre se eleve por encima de sus componentes, para que la máquina cumpla su función última: mantener el orden de clase.

La izquierda en España ha cometido errores propios y ha pagado errores ajenos –y me refiero a la intentona independentista–, pero sin duda ha sufrido una campaña de desprestigio, más allá del robo del móvil o el informe PISA, íntimamente relacionada con muchos de los personajes que han ido apareciendo en estos párrafos y, por encima de ellos, los intereses que representan: los de los patricios por encima de los de la plebe, que es, por muchos siglos que pasen, el verdadero concepto de ciudadanía bajo un sistema económico basado en la desigualdad.

El poder efectivo seguirá en forma de proyectil guardado en algún almacén. El poder político representará un nuevo momento para tener esperanza en el cambio. El poder económico seguirá decidiendo quién, cómo y cuándo, oculto ante todos y a la vez visible en sus grandes torres. Los rascacielos pueden arder, es verdad, pero la mayoría seguirán imperturbables después de que las llamas hayan pasado.