El Estado, principal inversor en I+D en salud, acaba pagando al sector por las patentes

La mayor parte del gasto de salud en Investigación+Desarrollo (I+D) en España fue ejecutado por el sector público –tanto por administraciones como universidades– con un 62% del total, mientras que el 38% restante fue asumido por el sector privado. No obstante, el Estado “pierde toda capacidad de influir en asuntos tan cruciales como el precio o la gestión misma de la propiedad intelectual”, denuncia el informe Interés público en la innovación médica, elaborado por la fundación Salud por Derecho.

Los autores del documento, Óscar Sánchez e Irene Bernal, evidencian que los resultados de las investigaciones llevadas a cabo en universidades y centros de investigación bajo inversión pública se pierden cuando pasan a manos privadas. El ejemplo más claro, señalan, son los medicamentos. Financiados inicialmente por el Estado, una vez se obtienen resultados se patenta y una farmacéutica compra esa patente. Posteriormente, es la empresa quien desarrolla el medicamento y lo comercializa, con lo que el Gobierno pierde cualquier control sobre lo financiado inicialmente y tiene que pagar por ese producto al precio impuesto por la industria. Según el informe, nueve de las diez compañías que más ayudas económicas han recibido para proyectos en salud de 2010 a 2016 son grandes empresas farmacéuticas.

El estudio destaca que las invenciones desarrolladas en centros públicos son habitualmente protegidas por una patente y, posteriormente, se traspasan a las compañías a través de una licencia de explotación de la tecnología, o cediendo su titularidad a cambio de una contraprestación económica. «La gran mayoría de los centros de investigación y universidades cuenta con políticas para la gestión y transferencia de su propiedad industrial e intelectual. Sin embargo, no contemplan criterios de interés público», sostiene el documento. Otro punto cuestionado son las licencias de explotación, normalmente en exclusividad y que “dan lugar a futuros monopolios”. “Son muy habituales los acuerdos de confidencialidad, cerrando así la puerta al conocimiento compartido y a la transparencia”, denuncia.

El informe pone en el foco la poca transparencia durante el proceso de investigación: “No existe información pública sobre cuántos fármacos” nacen gracias al “conocimiento generado en universidades y centros de investigación” o “si se han beneficiado de la financiación pública”. Es decir, se da una carencia de un sistema completo que recoja aquellos éxitos a raíz de la inversión pública. En este punto, el estudio hace hincapié en la calidad de la investigación en nuestro país, motivo suficiente para “merecer mayor atención por parte de las políticas regionales y estatales”.

Recortes en plena crisis

El estudio también arroja dos fases claves para la inversión en salud. Los años precrisis y la creación por parte del entonces gobierno de Rodríguez Zapatero del Ministerio de Ciencia e Innovación dieron como resultado una buena época para la investigación. Sin embargo, a partir de los años 2009 y 2010, en plena crisis económica, la inversión sufrió un duro revés y cayó considerablemente. Atendiendo a datos del INE (Instituto Nacional de Empleo), fue la Administración pública la principal damnificada al disminuir en un 20% el gasto en I+D en ciencias médicas: de 955,56 millones de euros en 2010 a 761,42 millones en 2016.

Fundamental ha sido el papel desempeñado por comunidades autónomas y programas europeos como Horizon 2020, responsables con su financiación de mantener “mucha de la innovación biomédica que se desarrolla en España”, remarca el informe. Aun así, recalca que este tipo de aportaciones “no deben sustituir la responsabilidad de la Administración estatal de garantizar la inversión en la innovación”. En el caso de las administraciones autonómicas y locales, estas soportaron el 61% del gasto total de investigación y desarrollo, mientras que el otro 39% recayó principalmente sobre el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) y el ISCIII (Instituto de Salud Carlos III), ambos bajo la tutela del Estado.

En lo referido al gasto dedicado a personal, el documento arroja datos reveladores. Siguiendo datos del INE, el número de personas que se dedicaron al I+D en el campo médico no empresarial aumentó en un 7,8% durante el periodo 2010-2016. No obstante, al medir los datos en su equivalente a jornada completa, se demuestra que, lejos de crecer, decayó un 9,2%, pasando de 28.196 a 25.602. Por lo tanto, como apunta el informe, durante ese periodo se vivió un incremento de la temporalidad y de la precariedad del personal.

Propuestas para revertir la situación

Una vez trazados los principales problemas, los responsables del documento han establecido una serie de objetivos que ayuden a corregir tales carencias. Proponen consensuar “una definición de interés público” que permita “visibilizar las aportaciones del Estado”, asegurando «la transparencia, el acceso y los precios asequibles» de los medicamentos y productos sanitarios resultantes de la inversión pública en I+D. Todo ello pasa por la “revisión del actual marco normativo” para incluir medidas “que fomenten los principios de transparencia y de rendición de cuentas”, como “en otros países que responden a este propósito y que pueden servir de referencia”. Del mismo modo, subrayan la importancia de impulsar medidas políticas que permitan “gestionar con transparencia los conflictos de intereses en la innovación biomédica”.