COP 24: El doble juego de Estados Unidos

A pesar del rechazo del Acuerdo de París por parte de Donald Trump, los Estados Unidos aún están de lleno en el tratado, y trabajan celosamente para establecer el tono de las negociaciones internacionales del cambio climático. Mientras la Casa Blanca promocionaba su industria fósil a los márgenes de la cumbre del clima de Polonia, los equipos de negociación del departamento de Estado (equivalente al ministerio de Asuntos Exteriores) se encontraban profundamente involucrados en las negociaciones sobre el futuro del tratado de París.

Según negociadores de otros países, la estrategia final estadounidense parece ser presionar para obtener una normativa del acuerdo que esta administración (y cualquier otra administración futura) pueda tragar, en caso de que el país norteamericano acabe por quedarse o elija volver.

Una negociadora veterana de un país distinto a Estados Unidos declaró a Climate Home News que había escuchado directamente de diplomáticos y exdiplomáticos del departamento de Estado que “están tratando de conseguir que las normas sean lo más estrictas posibles y sin [reglas diferentes para países desarrollados y en desarrollo], para que un futuro gobierno de los Estados Unidos pueda regresar o no abandonar el Acuerdo de París”.

Otro diplomático veterano, de un país desarrollado, afirmó: “Creo que quieren asegurarse un trato que pueda servirles en un futuro, independientemente de su administración”.

Esta semana, los representantes diplomáticos de los Estados Unidos en las negociaciones del clima han estado presionando para obtener una normativa más universal y robusta, en su mayor parte en línea con lo que pide la Unión Europea.

Un portavoz del departamento de Estado declaró: “Como equipo de negociación, estamos concentrados en proteger los intereses estadounidenses en las negociaciones. Al permanecer en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, estamos interesados en asegurar que las reglas que surjan para el Acuerdo de París sean justas y efectivas”.

“Creo que [los negociadores del departamento de Estado] están haciendo un buen trabajo,” afirmó en una reunión celebrada el lunes Todd Stern, quien fuera enviado especial sobre cambio climático de Barack Obama y líder del equipo del departamento de Estado en París en 2015. “Y creo que se les aprecia por su seriedad, conocimiento, efectividad y cordialidad”.

El negociador del país desarrollado dijo: “A pesar de la transición de una administración a la otra, aún estamos negociando con el mismo grupo de expertos, quienes han estado involucrados en el proceso durante mucho, mucho tiempo”.

Fuera de las salas de negociación, los Estados Unidos son mucho más combativos. Los oficiales de la Casa Blanca siguen criticando públicamente el tratado y cualquier política climática que consideren dañina para la economía estadounidense.

La semana pasada, Trump criticó a Francia por el tumulto de los chalecos amarillos, achacándolo al Acuerdo de París. Los Estados Unidos se han situado públicamente al lado de Arabia Saudí, Rusia y Kuwait (y contra países ricos y pobres de todo el mundo) para bloquear una nota acogiendo el histórico informe científico sobre los efectos de un aumento de 1,5ºC en la temperatura global. Y los representantes de la Casa Blanca organizaron un evento externo, promocionando el uso de carbón, gas natural y energía nuclear.

Han pasado 18 meses desde que el presidente de Estados Unidos anunciara a bombo y platillo, en un discurso ofrecido en la Rosaleda de la Casa Blanca, que retiraría a su país del Acuerdo de París de 2015 o negociaría una “transacción” nueva y más justa. El problema es que las normas de la ONU no funcionan así. Las partes de un acuerdo no pueden abandonarlo hasta cuatro años después de que entre en vigor, así que, como muy pronto, Trump podría hacerlo el 4 de noviembre de 2020. Casualmente, un día después de las próximas elecciones de Estados Unidos.

Sin embargo, la Casa Blanca no está dejando que ese retraso temporal derribe su mensaje. Por segundo año consecutivo, el pasado lunes organizó una charla que ha suscitado protestas, al promocionar las fuentes de energía que tanto favorecen las políticas del gobierno de Trump, y cuyos puestos de trabajo son la prioridad en Estados Unidos, por encima de la protección del medio ambiente.

“La administración no ve que haya nada beneficioso en pertenecer a un tratado que impide el crecimiento económico de Estados Unidos y daña la competitividad de su producción, al tiempo que permite que esas mismas plantas operen en China con mayor nivel de emisiones”, afirmó Wells Griffith, consejero de Trump en materia de energía. “Creemos con firmeza que ningún país debería tener que sacrificar su prosperidad económica o su seguridad energética en pos de la sostenibilidad medioambiental”.

“Creo que eso es algo que proviene de una parte de la administración diferente de la gente que está trabajando a nivel técnico sobre el terreno en las negociaciones”, afirmó Stern durante el evento.

Sue Biniaz, quien fue la principal abogada de las administraciones de Obama, Clinton y Bush, afirmó que la mayoría de las posturas negociadoras adoptadas por los Estados Unidos lo han sido durante un tiempo prolongado. Sin embargo, afirmó que un gobierno estadounidense de distinto signo intentaría que en esta cumbre se decidieran incrementar los compromisos de recorte de emisiones de cada país. “Si hubiera una administración Demócrata, los Estados Unidos estarían por todas partes intentando que la decisión fuera lo más ambiciosa posible… pero, por supuesto, eso no va a ocurrir con el ejecutivo actual”, declaró.

Este artículo se publicó originalmente en Climate Home News. Traducido por Santiago Sáez.