Clemente Bernad y Carolina Martínez: “No hay duda de que se trata de un juicio político”

En 1997, el Arzobispado de Pamplona cedió al Ayuntamiento el Monumento a los Caídos de esa ciudad –su nombre oficial es Navarra a sus Muertos en la Cruzada–, quedándose con el usufructo de la cripta. En aquella cripta, donde estaban enterrados los restos de los militares golpistas Emilio Mola y José Sanjurjo hasta que el consistorio los exhumó en 2016, celebra misas la Hermandad de los Caballeros Voluntarios de la Cruz el día 19 de cada mes. Se trata de una organización creada por excombatientes requetés en 1939 para “mantener íntegramente y con agresividad si fuera preciso, el espíritu que llevó a Navarra a la Cruzada por Dios y por España” (la frase procede de las Reglas y Ceremonial de la Hermandad de la Cruz). De ahí que las misas se celebren los 19 del mes: honran así el 19 de julio de 1936, el día que se perpetró en Navarra el golpe militar –o, como prefiere llamarlo la propia hermandad–, “el alzamiento, hecho histórico insoslayable”.

Las misas honran “a los muertos por Dios y por España, y a sus miembros fallecidos”, a “los que lucharon –y vencieron–en dicha hora”. Las comillas son citas de un artículo publicado en 2005 por José Fermín Garralda Arizcun, doctor en Historia y miembro de la hermandad. En ese texto habla, también, del proyecto de una “nueva evangelización” que “no puede partir de cero”: por eso es tan importante para ellos proteger la cripta del monumento. El pasado 14 de noviembre, Clemente Bernad y Carolina Martínez (él, fotógrafo documentalista; ella, gestora cultural, ambos fundadores de la editorial Alkibla) se sentaron en un juicio frente a la Hermandad de los Caballeros Voluntarios de la Cruz. Se enfrentan a una pena de dos años y seis meses de cárcel acusados de revelación de secretos por haber tratado de filmar la cripta. El juicio fue suspendido, por falta de dos testigos (dos curas que la defensa había llamado a declarar), hasta este 12 de diciembre. Bernad y Martínez responden a esta entrevista en los momentos previos a un acto de apoyo a su causa en el Teatro del Barrio de Madrid.

Esta acusación tiene origen en A sus muertos, un documental que hicieron entre 2015 y 2016 para las jornadas ¿Qué hacemos con el Monumento a los Caídos? ¿Cómo fue la génesis de ese documental?

Carolina Martínez: En Pamplona hay una asociación, ZER, donde varias personas del mundo de la cultura (de la edición, de la historia, de la gestión, del arte) nos preguntamos cuestiones acerca de la ciudad. Desde el principio, el Monumento a los Caídos fue una de nuestras máximas preocupaciones: el segundo monumento de exaltación franquista más grande del Estado es, también, el único en un entorno urbano, en el centro mismo de la ciudad. Así que, para darle forma a ese debate, decidimos hacer unas jornadas para llevar estas cuestiones al espacio público y cada persona asumió un papel. Nosotros, porque es nuestro trabajo, decidimos hacer un documental.

Clemente Bernad: Queríamos abordar el monumento en su conjunto: el interior, el exterior, su relación con la ciudad, etc. En 2015, pedimos permiso al Arzobispado para acceder a la cripta y fotografiarla. Firmamos un contrato con ellos y lo cumplimos. A raíz de esa visita a la cripta decidimos ir a más y hacer un documental. No es un documental narrativo, sino un ejercicio de psicogeografía: pasear por entornos urbanos y plantear algunas preguntas a las personas que están allí. Se trata de mostrar cómo funciona el monumento en el marco de la ciudad. Y, en ese contexto, las misas forman una parte imprescindible de la narración. Las misas han sido denunciadas tanto por el Ayuntamiento de Pamplona como por el Parlamento de Navarra, que instó al gobierno navarro a terminar con ellas.

¿En algún momento pensaron que estaban cometiendo un delito al tratar de grabar la cripta?

C.B.: Esa pregunta nos la hicieron en el juicio también. Y respondimos que, claramente, no. En 2016, pedimos permiso al Ayuntamiento de Pamplona para grabar el interior del monumento y teníamos todos los permisos correspondientes. Un día, bajé al sótano y vi que una rejilla daba a la cripta, justo delante del altar donde se ubica el cura, en la capilla dedicada a Sanjurjo. Era 18 de marzo y decidí instalar una grabadora y una cámara allí porque era justo el día anterior a la celebración de la misa mensual. En ningún momento el Ayuntamiento nos prohibió filmar en ningún lugar del edificio, así que me sentí totalmente legitimado para hacerlo.

La policía tardó un año en citarles a declarar, pero después todo el proceso judicial ha ido muy rápido. ¿Creen que el suyo está siendo un juicio político?

C.M.: Sí, sin duda. La primera vez que nos dimos cuenta de que era un proceso político fue con las preguntas del juez de instrucción. Nos preguntó qué opinábamos de las misas, si éramos partidarios de eliminar el monumento, etc. También se refería siempre a ZER como una “organización” –en realidad, es una asociación– en un claro intento por presentar nuestro caso como un acto de terrorismo y no de documentalismo. Y sigue siendo así. Lo que ha pasado con la Fiscalía va en el mismo sentido: la acusación parte de un miembro de la hermandad que se presenta como damnificado, alegando que hemos violentado su intimidad. La Fiscalía, en lugar de quedarse con la acusación de ese solo ciudadano, dice que en realidad la damnificada es toda la hermandad y se persona en su nombre.

C.B.: Estamos hablando de una entidad fundada en 1939 por requetés y que sigue enalteciendo el golpismo. No hay duda de sus características. La Fiscalía tiene el deber de defender los derechos ciudadanos y el interés público. ¿Qué hace defendiendo a una hermandad que tiene las manos manchadas de sangre?

¿Y cuál ha sido entonces la estrategia del Ministerio Público durante el juicio?

C.B.: Ha tratado de presentar a la hermandad como gente que solo va a rezar a la cripta, es decir, despolitizar esas misas y presentarlas como unas reuniones entre amigos en las que rezan y hablan de su vida familiar. Así, tratan de acusarnos de haber atentado contra la intimidad personal y no la política. Pero estos no son ciudadanos corrientes: este es un espacio público ocupado por una hermandad de dudosa actividad. Si son solo misas, como ellos dicen, ¿por qué las ocultan? Y como el tema de las misas no era suficiente, han hecho hincapié en el agravio personal: han dicho que se sintieron tristísimos, violentados…

C.M.: Yo creo que han sabido jugar su papel de víctimas muy bien. Ellos se sienten víctimas, pero no piensan a cuántas víctimas están humillando diariamente y a las que violentan cada día con esas misas.

Ustedes también han denunciado lo que consideran que son irregularidades del juicio. ¿Pueden poner algunos ejemplos?

C.B.: Para mí la irregularidad más grave es la ausencia del material de la cámara. Yo instalé dos aparatos en aquella rejilla: una grabadora de audio y una cámara. La policía ha recuperado solo el material de audio. Del vídeo no hay nada en el sumario, dicen que aún no les han dado las imágenes. Esto es extraño, sobre todo teniendo en cuenta que en el sumario hay un informe completísimo sobre el audio de esas grabaciones, sí, pero también sobre toda nuestra actividad en redes sociales, conversaciones privadas que han recuperado de tarjetas de memoria borradas, etc. Por eso, la ausencia del material de vídeo de esa cámara es sospechosa. Esa cámara grabó algo que la hermandad y la policía no quieren que veamos. Creemos que eso es cómo se descubrió la cámara, que no están diciendo la verdad, y que ahí hay un misterio intencionado.

C.M.: Además de eso, no han aceptado ninguna de las pruebas que hemos presentado y uno de los testigos pidió protección policial y se la dieron, así que declaró como testigo protegido. Y eso ha sido humillante. Es un ejemplo más de la intención de presentarnos como gente peligrosa, como terroristas.

¿No tendría que ser un juicio clásico de ponderación de derechos, de si prima más el derecho a la información o el derecho a la intimidad?

C.M.: Sí, es algo muy discutido porque los dos son derechos fundamentales: se recogen en los artículos 18 y 20 de la Constitución. Solo prima el derecho a la información cuando aquello de lo que estás informando es de interés general y está contado de forma veraz.

¿Y en su caso lo es?

C.B.: Claro. Porque el documental, que es el marco en el que iban a ir esas imágenes, es totalmente veraz. También es prueba de esa veracidad nuestra trayectoria. Yo llevo 30 años trabajando como documentalista, y esa veracidad está más que garantizada. Y, sobre todo, no hay duda del interés general: hay una polémica social en torno a este monumento desde hace años, y en esa polémica está involucrada, en un sentido u otro, toda la sociedad navarra.