COP 24: Fricción en las negociaciones de las ayudas climáticas internacionales

La asistencia financiera para países pobres (y como contabilizarla, reportarla y garantizarla para el futuro) es uno de los mayores puntos de fricción de las negociaciones climáticas globales. Otra vez.

Las delegaciones negociadores que se reunen en la COP 24 en Katowice, Polonia, tienen como objetivo acordar un reglamento técnico amplio para finales de la semana que viene, para así asegurarse de que los países cumplen sus metas recogidas en el Acuerdo de París para contener el calentamiento global. Pero las reglas referentes a la financiación siguen siendo especialmente “sensibles”, y los avances hacia la superación de las diferencias están “remoloneando”, según dos personas negociadoras.

Conforme distintos elementos revisados del borrador iban llegando a los medios durante el miércoles y el viernes, la parte de finanzas fue una de las últimas en aparecer. El número de páginas se había reducido, pero quedaban muchas preguntas.

El último borrador sobre la declaración de las ayudas financieras ya pasadas incluía 41 “opciones” y 185 corchetes, señalando frases que aún podían ser modificadas, según un análisis realizado por Carbon Brief. Entre los asuntos que aún tenían que decidirse estaba si la contabilidad de la asistencia anterior por parte de países desarrollados debería estar ligada a las declaraciones que hagan cada dos años sobre un apoyo futuro “indicativo”.

El dinero siempre es un tema espinoso en estas negociaciones. En Katowice se está librando una batalla por las reglas que se diseñarán para hacer que los países más ricos respondan ante sus compromisos de asumir hasta 100.000 millones de dólares (unos 88.000 millones de euros) al año en financiación climática, pública y privada, a partir de 2020.

La cuestión ahora es el grado de compromiso que se exigirá a los países desarrollados en cuanto sus compromisos de financiación futura, y cómo la declararán.

Los países en desarrollo quieren garantías firmes en cuanto a las sumas que recibirán, el tipo de ayuda al desarrollo con la que pueden contar y por dónde se canaliza. Cuanto más sepan sobre una futura financiación, afirman, más fácil será cumplir sus propios compromisos para frenar el cambio climático, ya que muchos de ellos dependen de apoyos externos.

“Si preguntas por lo que pasará en 10 o 15 años, te vas a encontrar con más incertidumbre. Pero si revisas sus declaraciones de acciones pasadas, verás que han estado cumpliendo de verdad sus promesas,” afirmó Gebru Jember Endalew, presidente del bloque de países menos desarrollados y delegado de Etiopía. “Los gobiernos [de los países en desarrollo] necesitan alguna clase de cifras indicativas desagregadas, para poder considerarlas en sus planes”.

A la Unión Europea y otros actores en el lado desarrollado les preocupa atar sus presupuestos nacionales a una ley internacional, en especial si tienen que comprometer fondos con más de unos pocos años de anterioridad. Algunos países en desarrollo pidieron, en un principio, que la la financiación fuese consignada en paralelo con los planes para la reducción de emisiones, que van hasta 2030, según observadores que están siguiendo las negociaciones.

“Hay ciertas limitaciones constitucionales para que los países desarrollados declaren gasto por adelantado que son difíciles de superar”, dijo a un grupo de periodistas Elina Bardram, jefa de negociadores de la Comisión Europea, el pasado miércoles. Los países de la UE y el Banco Europeo de Inversión son los máximos contribuyentes a la financiación climática, aportando unos 20.400 millones de euros en total en finanzas públicas el año pasado.

Pero aunque los gobiernos puedan tener las manos atadas para comprometer a sus sucesores en cuanto a la ayuda futura, dar más información sobre sus intenciones podría ayudar a los posibles receptores a aprovechar las oportunidades, ya sean para políticas forestales en África, por ejemplo, o para energías renovables en el Caribe. O para defensas anti-inundaciones en los países insulares del Pacífico.

“Hay cierta reticencia en dar información por adelantado. Pero está muy claro. Todos hacemos previsiones, presupuestos. Dar información anticipada no significa que te estés comprometiendo legalmente a algo”, afirmó Amjad Abdulla, presidente de la Alianza de Pequeños Estados Insulares y líder de negociadores de las Maldivas. “No estamos pidiendo que nos den una previsión a 10 o 20 años vista. Al menos, que nos den lo que tienen. No se me ocurre ninguna razón por la que no puedan”.

El texto del borrador también apuntaba a incertidumbres sobre quienes deben declarar la ayuda financiera, y quienes pueden o deben hacerlo, lo que sugiere que se podría animar a las economías emergentes a hacer más.

Parece ser que los equipos de negociación han realizado avances en cuanto a las reglas para la declaración de financiación futura, reduciendo el número de páginas y los corchetes. Sin embargo, aún quedan incógnitas acerca de si pedirá que la declaración refleje recursos financieros “adecuados y predecibles” o, por el contrario “claridad” en el apoyo financiero. Tampoco se sabe si empezará en 2020, 2022, o en otro momento de la próxima década.

Endalew subrayó que los países en desarrollo necesitan saber qué apoyo recibirán en el futuro, pero que el sistema trata de ser “facilitador”. “No tenemos un sistema de cumplimiento severo. No es penalizador,” afirmó. “Nadie va a verse afectado por las figuras orientativas que se están comunicando”.

Karl Mathiesen contribuyó a este artículo, publicado originalmente en Climate Home News. Traducción de Santiago Sáez.