¿Quién es responsable de los feminicidios que cada semana se producen en este país?

La pregunta, a simple vista, puede parecer evidente, pero la realidad sigue siendo aún desconocida por una amplia mayoría de la población. Está claro que detrás de cada asesinato de una mujer por violencia machista hay un responsable directo: un hombre que ha tomado la decisión moral de asesinar a su pareja (o expareja), a su compañera o a su rollo intemporal. En los peores casos, “el mal” puede llegar incluso a ser tan extremo, que el maltratador es capaz de matar a sus hijos/as con tal de hacer el mayor daño posible a la madre, evidenciando así uno de los giros más sádicos que la ideología patriarcal puede llegar a perpetrar. Sólo recuerdo al mismo nivel a los kamikazes de la 2ª Guerra Mundial, o a los terroristas contemporáneos. 

La responsabilidad individual ante estos feminicidios es inflexible e inequívoca, pero es fundamental reconocer que detrás de cada asesinato, de cada agresión directa, o de las múltiples formas sutiles que los maltratadores utilizan para agotar o silenciar a sus parejas hasta llegar a asesinarlas (o, incluso,  detrás de toda la estructura que fundamenta, sostiene y alimenta el ejercicio directo de la violencia machista hacia todas las mujeres) hay otro nivel de responsabilidad igual de importante: el que le corresponde al Estado español como sujeto internacional de derecho, responsable inequívoco de los cientos de feminicidios que asolan este país. 

A menudo leemos noticias de mujeres que, aun contando con medidas de protección, acaban siendo asesinadas. Conocemos también los miles de casos de aquellas mujeres que heroicamente llegan a instancias judiciales al límite de sus posibilidades —reconozcamos que pocas personas somos capaces de llamar a las puertas de un juzgado, aunque sea por un delito menor— y se les deniega medidas de protección. En ocasiones, incluso, la defensa del maltratador retuerce de tal manera los hechos que la víctima (ella) es tratada como la responsable del daño perpetrado. Pues bien, cuando todo esto sucede la reflexión final es obvia: el Estado español no está poniendo todos los medios apropiados para garantizar y proteger los derechos humanos de las mujeres, de sus hijos e hijas, y evitar que de forma sistémica se ejerzan distintas formas de violencias machistas hacia las mujeres.

La responsabilidad de hacer realidad los derechos humanos de las mujeres, y de evitar el goteo continuo de asesinatos es un cometido que le incumbe al Estado (como sujeto internacional de derecho), en su deber innegociable de trabajar, sin tregua, por prevenir todas las violencias machistas, sancionar a los responsables directos, y asistir y reparar íntegramente a las víctimas y supervivientes. 

Reconocer y apuntar hacia esta responsabilidad no es baladí. Señalar al Estado como cómplice y responsable del «continuum de violencias» (Kelly, 1988) con las que convivimos las mujeres, nos permite entender que hay una parte de nuestra lucha que debe señalar, sin reparo, a las personas encargadas de hacer que la mano ejecutora que ahoga la libertad de las mujeres (los maltratadores) pueda ser neutralizada. 

El deber que le corresponde al Estado de ejercer la diligencia debida frente a la violencia de género implica, de forma prioritaria, poner en marcha políticas públicas con presupuestos adecuados a la dimensión de esta forma sistémica de violencia, a través de medidas dirigidas a prevenir la violencia machista. Al mismo tiempo, supone extender la formación y sensibilización, desde un enfoque feminista y de derechos humanos, a todas esas personas que, de forma directa o indirecta, están en contacto con las víctimas y supervivientes, aquellas capaces de decidir, en muchos casos, sobre la protección de las mujeres (como los jueces y juezas). Sobre el Estado recae también la responsabilidad de disponer de recursos asistenciales integrales para todas las víctimas y supervivientes, y desarrollar medidas adecuadas para reparar el daño —restitución de los derechos vulnerados, garantías de no repetición, indemnización, satisfacción y rehabilitación— frente al proyecto de vida truncado por la violencia sufrida. 

Ante esta fotografía fija, es evidente que, cuando ninguna de estas medidas (o grados de obligación) están siendo ejecutadas por el Estado para evitar tanto daño —tal como le corresponde, y como además establece el derecho internacional de los derechos humanos, y los múltiples tratados firmados y ratificados por nuestro país (vinculantes y, por tanto, de obligado cumplimiento)—, es indudable que debemos ser contundentes en nuestras exigencias. Por ello, es prioritario mostrar, de forma clara, la responsabilidad directa del Estado en el sostenimiento de un sistema patriarcal tenaz que alimenta maltratadores asesinos de mujeres.