Victoria Sandino: “La paz es un sueño para Colombia”

Durante 20 años estuvo enmontañada, es decir, fue guerrillera y combatió fusil en ristre al Estado, históricamente ausente en gran parte de las tierras colombianas. Judith Simanca Herrera, más conocida como Victoria Sandino, excomandante de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), es hoy senadora y forma parte de la dirección de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido fundado en agosto de 2017 por los excombatientes de la guerrilla tras firmar la paz con el Gobierno. Además de a la guerra, su nombre quedará asociado a la perspectiva de género que se incluyó en el acuerdo, el primero en entender que la paz es cuestión de hombres y de mujeres.

Victoria –su nombre– sería hoy hablar de paz, pero la realidad del país no lo permite, sobre todo si una sale de los despachos ministeriales de Bogotá. El ELN, como otra de las guerrillas históricas del país, ha ocupado los espacios donde se encontraban las FARC y amenaza a los hombres y mujeres del campo, un espacio que se disputa con los narcos mexicanos, ya en la zona, los disidentes de las FARC, los paramilitares y las bandas criminales (bacrims). En ese caos y con un país tremendamente polarizado, caen los pobres y los defensores de los derechos humanos, que inoportunan. También los antiguos miembros de la guerrilla.

¿Qué habría que hacer para que se dé una reinserción exitosa de todos esos excombatientes? ¿Cómo se vuelve a una vida normal tras no haber conocido otra realidad que la guerra?

Para que se dé una reinserción exitosa hace falta mucha voluntad política, la que pactamos en La Habana, la que queremos y soñamos los hombres y mujeres de las FARC. Lo que hay que hacer es concretar lo pactado. Y eso hay que hacerlo en muchas facetas. En política, garantizándose que todo nuestro personal pueda participar en una esfera cualquiera como ciudadano; en lo económico, haciendo que se materialicen los proyectos productivos, que se asignen las tierras ya que la mayoría de nuestra gente tiene vocación agropecuaria y es lo que pactamos y soñamos. En cuanto a seguridad, debemos hablar desde dos planos: el jurídico y el personal. Por una parte, según lo que pactamos, la Ley de Amnistía debía permitir la salida de la cárcel de más de 4.000 de nuestros integrantes. Pero hoy, después de casi dos años del acuerdo, más de 370 personas siguen en prisiones. Y así y todo, el Gobierno –en contra de lo establecido– quiere cambiar esas reglas que habíamos previsto. Es decir, se quiere derogar que la gente pueda amnistiarse, que pueda pasar a la JEP (Jurisprudencia Especial para la PAZ), que tenga las garantías de las que hablamos allí. El Congreso pretende cambiar esa reglamentación para mandar a toda la dirección [de las FARC] a la cárcel o a la extradición.

Y por supuesto hay que hablar de seguridad personal. Desde la firma, han asesinado a 76 de nuestros compañeros, a 20 de sus familiares y hay 6 desaparecidos. Nuestra integridad física está en riesgo.

En los territorios las comunidades están amenazadas por el ELN, los paras, los narcos de Sinaloa, la disidencia de las FARC… Eso no es paz.

Sí, la barbarie de la guerra sigue allí. Aquí siempre se ha pretendido ver una sola parte de la guerra, la de las FARC, pero la historia es otra y en ella entran muchos más actores. Para que se dé la paz el Estado debe estar presente en los territorios, pero no solo con fuerzas militares sino con inversión social. La institucionalidad debe resolver los problemas de las comunidades, donde hoy faltan profesores, carreteras, servicios médicos y programas de nutrición para que los niños no se desvanezcan en las escuelas.

¿Qué sería entonces la paz?

La paz es un sueño para nosotros, pero también una esperanza. La paz es que pare la persecución contra los líderes y lideresas sociales, que la lucha por los derechos sociales no nos cueste la vida. La paz es también que se amplíe la democracia y podamos disfrutar de este país tan hermoso, tan inmenso y diverso.

¿Están más preparadas las víctimas para mirarse cara a cara con el otro que los excombatientes?

Yo creo que las víctimas han hecho un proceso absolutamente loable y admirable. Desde que estábamos en el proceso quisieron participar y lo primero que decían era: “No se levanten de la mesa. Terminen esta guerra, hagan la paz”. Las víctimas tienen mucha esperanzas en este proceso. Aunque también  incertidumbres y decepción. Ahora lo que hay que hacer es garantizar la restitución de los derechos que se les arrebataron. Porque tras la firma, quienes han hecho actos de reparación hemos sido nosotros, algo con lo que no ha cumplido todavía ni el Gobierno ni el Estado colombiano.

¿Es fácil mirarlos y reconocer el dolor que causaron?

Nosotros reconocemos ataques por parte de las FARC que no nos enorgullecen, pero que ocurrieron. Hoy decimos que se haga verdad y justicia. De hecho, las mujeres nos estamos reuniendo con las víctimas. Es duro pero es también un proceso muy bonito de sanación, de reconocimiento y de identificar que nosotros también tenemos dolores y padecimos el conflicto. Muchas nos fuimos a la guerra como consecuencia de un conflicto que no era político, era económico.

¿A usted qué le quitó la guerra?

(Respira) La guerra me quitó muchos afectos. La guerra me quitó a muchas personas que amaba. Y no solo en los años en que estuve como combatiente; antes también. Yo entré en la guerra empujada por la violencia, yo fui parte de la Unión Patriótica [partido de izquierdas], yo viví parte de ese genocidio en el que mataron a más de 5.000 personas.

Hablemos de género. ¿Qué significó incluir esa perspectiva en el acuerdo?

Supuso que por primera vez en la historia de un acuerdo de paz logramos incluir que se reconociera que las mujeres habíamos sido impactadas de manera diferencial y que era necesario tomar medidas específicas, tanto en la norma como en las políticas públicas. Ese enfoque significa garantizar sus derechos fundamentales y con los de ellas, los de la toda la población. Diría, además, con todo el respeto y humildad, porque esto es un acumulado del movimiento de mujeres colombianas, que, tras el derecho a voto de las mujeres, el acuerdo de paz y el enfoque de género es, para las colombianas, la segunda conquista más importante de la historia reciente del país.

¿Una mujer guerrillera tiene un estigma mayor a la hora de reincorporarse?

Definitivamente. El estigma que padecemos hombres y mujeres que hemos estado en la guerra y que estamos haciendo el tránsito a la vida civil es durísimo. Nos tratan de asesinos, de violadores, pero a nosotras en particular se nos castiga más. Y eso ocurre porque tuvimos la osadía de tomar un arma, de dejar a nuestros hijos, de no tenerlos… porque la maternidad era incompatible con aquello. Hoy tenemos, por ejemplo, unos problemas muy complejos cuando esas madres están queriendo recuperar a sus hijos. Algunos desaparecieron, otros fueron dados en adopción, otros… jamás lo entendieron.

Vayamos a otro punto, las mujeres utilizadas como botín de guerra.

Sí, definitivamente, las mujeres fueron utilizadas como botín de guerra. Tanto sus cuerpos como su propia existencia. Desde todos los ángulos. Cuando los paramilitares incursionaban, las principales víctimas eran las mujeres. Las abusaban, las violaban y luego las mataban. Hay pruebas, pero no hay justicia: esos delitos no se han juzgado.

Perdón, ¿y las FARC no violaron a las mujeres?

Voy. Voy por partes. Entiéndame que yo tengo una visión propia. Pero hoy, tras el acuerdo, se quiere olvidar de tajo lo que hicieron los paramilitares. Y en esto, también hay que acusar a las fuerzas militares [de abusos y violaciones]. Por nuestra parte, sí, tengo que señalar que es seguro, que a pesar de las normas rigurosas que teníamos que condenaban cualquier tipo de violencia contra las mujeres, en el contexto de la guerra ocurrieron hechos de ese tipo por parte de integrantes de nuestra organización.

Entonces, ¿reconocerán esas violaciones? Porque todos, también las fuerzas del Estado, cuentan con normas que dicen que no se puede violentar a las mujeres.

Sí. Tendrán que salir y hacerlo. Todos. Ahí está la JEP. El problema es el de siempre, que no hablamos solo de los actores armados. Aquí todo el mundo participaba. La clase política dirigente no tenía el fusil directamente, pero sí financiaba, promovía y facilitaba para que se crearan estas violencias contras las mujeres. Afortunadamente esos delitos no pueden ser amnistiados.

¿Qué papel puede jugar ahora la comunidad internacional?

La comunidad tiene un papel fundamental para que se logre este acuerdo. Primero, debe estar presente en el territorio. Y dos, tiene que estar conminando al Gobierno para que cumpla lo prometido: nosotros lo hemos hecho. Cumplimiento y puesta en marcha. Hacen falta resultados específicos en materia de implementación.

Aparte, puede ayudar con apoyo técnico y recursos económicos. Porque muchos países de la comunidad internacional aportaron para la guerra, para fortalecer a las fuerzas militares y al Estado que seguía atacando a las comunidades y territorios. Invitamos a esos países ricos, que tienen además intereses en el país, que aporten, que inviertan para que esta paz llegue a los territorios y a la Colombia profunda, a esa que nunca ha conocido un escenario distinto al olvido, a la miseria, a la pobreza y a la guerra.

A pesar de todo, ¿cómo ve el futuro?

Hay esperanza. Colombia ha cambiado y dado pasos importantes. Nunca antes se había pensado que la izquierda sacara ocho millones de votos. La gente ha empezado a perder el miedo. No obstante, se deben dar cambios estructurales para que haya justicia social. No se justifica que en este país, con un territorio tan rico y diverso, mueran niños de hambre y eso pasa en El Chocó, en la Guajira y en Bogotá. No se justifica que existiendo una población tan numerosa con vocación agropecuaria y tantas tierras, no se asignen tierras. Eso tiene que cambiar, pero repito, hay esperanza.

Por cierto, su partido aparece totalmente dividido, ¿se rompe?

Yo diría que no, que simplemente hay discusión.