Vivienda digna como sinónimo de buena salud

“Una buena política de vivienda es, además, una política de prevención de salud”. Esta es una de las frases que recoge el informe Cuando la casa nos enferma. La vivienda como cuestión de salud pública. El documento, presentado en Madrid por la ONG Provivienda, extrae propuestas de intervención hacia políticas de protección de la salud a través del fomento de una vivienda digna, porque, afirman, los impactos de la vivienda deficiente en la salud son “múltiples y de intensidades variables: patologías, discapacidades, síndromes o trastornos”.

Esta situación está provocada por un contexto en el que, mientras la renta de la población española es más baja que en los años previos a la crisis, los precios de los alquileres se han visto muy incrementados en los últimos años, sobre todo en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, donde plataformas como Airbnb han tomado muchos barrios.

A través de este análisis, Provivienda pretende demostrar la conexión que existe entre el derecho a la salud y el derecho la vivienda pues “ambos no deben ser abordados por separados”, recoge el informe, una idea igualmente repetida durante la presentación por su autor, el sociólogo Thomas Ubrich, que, además, apunta a la inexistencia de datos de las viviendas disponibles con los que poder adoptar medidas.

Para este trabajo, se ha estudiado la relación entre ocupación residencial y salud en los distritos madrileños de Villaverde, Tetuán, Usera y Puente de Vallecas. A partir de las conclusiones obtenidas se han propuesto una serie de medidas dirigidas principalmente a las instituciones públicas, pero también a bancos, que ayuden a revertir la situación actual. Uno de los principales puntos que recoge este análisis es la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos para aumentar el plazo de duración legal mínimo del contrato de arrendamiento para que, en última instancia, el alquiler sea asequible.

Uno de los temas que más se ha abordado es el de las personas sin hogar, cuyo objetivo es garantizarles el acceso al sistema sanitario, así como establecer protocolos de detección e intervención temprana, evitando que «ninguna persona pase una noche en la calle, especialmente menores”. Del mismo modo, apunta a potenciar el acompañamiento social de estas personas, al igual que la necesidad de desarrollar la Estrategia Nacional Integral para Personas Sin Hogar 2015-2020, actualmente paralizada y sin dotación presupuestaria. Asimismo, el documento apuesta por modificar el actual Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para facilitar el acceso a un hogar adecuado a las personas que se encuentren en la calle. También quieren, sostienen, reorientar las ayudas a personas en situación de desahucio, poniendo a disposición viviendas desocupadas de las entidades financieras y otras propiedades para, así, alquilarlas a estas personas que han sido expulsadas de sus hogares habituales.

El renovado bono social eléctrico, aprobado recientemente por el gobierno de Pedro Sánchez, es otro de los temas que trata el estudio. Lo consideran limitado, y señalan como mejor opción la elaboración de una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética que interpele directamente a las empresas eléctricas, teniendo estas que contactar antes de acometer cualquier corte de luz con los servicios sociales por si esa persona se encuentra en situación de vulnerabilidad, además de permitir que cada familia acomode los pagos a sus capacidades económicas.

Por último, el informe recoge la problemática en torno a “la ocupación por necesidad”, pidiendo la modificación del artículo en el Código Penal que castiga estas acciones cuando son de manera pacífica y sin vivienda que no constituye morada. Para lograr esto, Provivienda determina la importancia de regularizar la situación a través de alquileres sociales con las entidades financieras o, en el caso de que este no sea posible, mediante otras alternativas residenciales.

Para mostrar cómo “las personas y familias enferman cuando no disponen de una vivienda o esta es inadecuada”, la asociación sin ánimo de lucro ha elaborado, además, un documental cuyos protagonistas son, entre otros, las propias personas afectadas.