10 años de Lehman Brothers: La crisis de las personas (cara B)

La llamada “crisis” ha supuesto un empobrecimiento feroz de la inmensa mayoría de la población, un enriquecimiento de los más ricos, el recorte brutal de derechos y libertades, el retroceso económico de las mujeres y la aparición de nuevas formas políticas que tiran de los dos extremos del arco parlamentario.

El 15 de septiembre de 2008, hace ahora diez años, Lehman Brothers presentó su declaración formal de quiebra y, según los que dicen saber, se inició la llamada “crisis financiera global”. En la práctica, en España, arrancó una década que ha barrido los derechos laborales, parte de los derechos sociales y muchas de las libertades que parecían indestructibles, que ha disparado las desigualdades y a la que nadie ve el final. Lo han llamado “la crisis”, y quienes así lo hacen parecen creer que se trata de un fenómeno atmosférico o similar, un accidente inesperado. Lo único cierto es que, tras estos años, el trabajo ya no es en España garantía de alimentación y techo. Con todo lo que eso supone. Y, al contrario de lo que le ha sucedido a la inmensa mayoría de la población trabajadora, las grandes empresas y entidades financieras han hecho su agosto.

Según el informe anual presentado por la Agencia Tributaria sobre 2017, las empresas crecieron el doble que los sueldos, algo que viene siendo habitual en los últimos años. De hecho, el resultado contable declarado de las empresas en España alcanzó los 217.563 millones de euros, un 9,2% más que en 2016, lo que supone supone la segunda mayor cota histórica lograda, solo por detrás de la de 2007, diez años antes. Paralelamente, los salarios habían subido solo un 0,1%. “En los dos últimos años ha culminado el proceso de recuperación de los resultados de las sociedades”, afirma el organismo gubernamental. Un proceso paralelo al de la población.

En los beneficios empresariales se basó el relato torticero del gobierno del Partido Popular para difundir la idea de que España había “salido de las crisis”, incluso que España “encabeza” la recuperación económica en Europa. Nada más lejos de la realidad. Según los datos de Eurostat, España era en 2017 el país de la UE con mayor pérdida de poder adquisitivo por parte de la clase trabajadora. Según los datos publicados por Eurostat ese mismo año, la renta salarial en España se ha reducido en 9.500 millones de euros en la última década. Los trabajadores y trabajadoras han perdido de media más de 500 euros anuales durante “la crisis”. En cuanto al tipo de contrato, sirvan de ejemplo las cifras de 2016: de los cerca de 20 millones de contratos formalizados, el 91,43% fueron temporales.

Todo lo anterior es relevante, porque la pobreza y la destrucción laboral están en la base de la destrucción de derechos, libertades y en la construcción un entorno legislativo que castiga los derechos más básicos.

Y NO LO ES
Una de las consignas del movimiento 15M –otro de los hijos de la crisis– fue aquel de “lo llaman democracia y no lo es”. Bien podría aplicarse a la crisis. Un crack que solo afecta a los trabajadores, a sus derechos y su capacidad adquisitiva no es un fenómeno “global” ni “financiero”.

“El problema no fue el terremoto económico de 2007, sino la estafa continuada posterior, que dura ya más de 10 años: han utilizado la excusa de la crisis para desmantelar el Estado del Bienestar. Los gobiernos del PP y PSOE han practicado un saqueo constante de lo público y de la economía, especialmente, de la clase trabajadora”, explica Alberto Garzón, coordinador federal de Izquierda Unida. “Lo más sangrante es que este proceso se ha decidido desde organismos internacionales que nadie ha votado y nuestros gobiernos no han cumplido con su obligación de defender a sus ciudadanos frente a los chantajes. El caso más claro fue la modificación hace siete años del artículo 135 de la Constitución”, añade.

Se refiere Garzón a la reforma exprés pactada con el PP y llevada a cabo por el PSOE en 2011, según la cual se ponía el pago de la deuda pública por delante de cualquier otro gasto del Estado, lo que venía a considerar secundario el gasto social, como ha quedado demostrado en la práctica.

“El resultado en 2018 es que, entre otros indicadores, la diferencia entre ricos y pobres es muy superior a la que había hace 10 años, la sanidad y la educación pública se encuentran bajo mínimos y el sistema de pensiones está seriamente deteriorado. Tras tumbar el gobierno de Rajoy, el siguiente paso tiene que ser construir la alternativa real de izquierdas. Solo hace falta voluntad política”, concluye.

LOS ‘NO-RICOS’
El 31 de agosto de 2016, en su primera sesión de investidura, el expresidente Mariano Rajoy dividió a la población española entre los ricos y “los no ricos”, con lo que borró de un plumazo la palabra “pobres”, como si creyera de verdad que por no nombrarlos iban a dejar de existir. Y lo cierto es que la pobreza, fruto del desempleo y los recortes anteriormente citados, está en la base de la feroz, terrible transformación que España ha sufrido en la última década. Y es claro ejemplo de una costumbre que ha florecido como nunca durante esta década podrida: la mentira política e informativa. Los términos más usados: posverdad y demagogia.

Según el reciente informe Premiar el trabajo, no la riqueza, elaborado por Oxfam, en España el 10% de los más ricos aglutina más riqueza que el 90% restante; en concreto, un 53,8%. Y los millonarios han logrado reunir 29 de cada 100 euros de la recuperación. De hecho, con 10,2 millones de personas con una renta por debajo del umbral de la pobreza, es el tercer país europeo en desigualdad, por detrás de Rumanía y Bulgaria.

Nadie, antes de esta crisis, podría imaginar que en España más del 40% de la población infantil viva por debajo del umbral de la pobreza. Ni que un partido entero estallara en carcajadas cuando un político alertara en el Parlamento del brutal problema. Sucedió el 21 de octubre de 2014, el partido que se burló era el PP y el líder denunciante, Pedro Sánchez.

Tampoco cabía en cabeza alguna, antes de la crisis, que nos fuéramos a acostumbrar a que cientos de miles de familias, muchas de ellas con sus hijos a cuestas, fueran expulsadas de sus casas por no poder pagar el techo bajo el que habitaban. Tanto es así que una de las activistas del movimiento Plataforma Anti Desahucios (PAH), Ada Colau, llegó a la alcaldía de la segunda ciudad española, Barcelona. Sin embargo, y sin cifras realmente fiables, la población española se ha olvidado de los desahucios hasta tal punto que ya no merecen una palabra en los informativos, pese a que, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en estos momentos se producen en España cuatro desahucios cada hora.

LEGISLACIÓN EN CONTRA
La repercusión de la crisis en lo judicial ha tenido lugar, según el periodista experto en la materia Ernesto Ekaizer, “sobre todo desde el punto de vista social y económico”. Para empezar, tal y como destacaba Garzón, “en la modificación del artículo 135 de la Constitución, regla de oro de limitación del déficit”. Y para seguir, “en la ley Rajoy de sostenibilidad de las pensiones 2013 –eliminación ajuste por IPC– contra la Constitución y el Pacto de Toledo; en la Reforma laboral de 2012 para precarizar y bajar los salarios; y en la eliminación de facto por asfixia de la ley de dependencia, entre muchas otras”.

Asimismo, hace mención Ekaizer a la llamada ley mordaza, “en previsión de resistencia social”. De hecho, la ley mordaza, que supone un hachazo a las libertades y, entre otras cosas, cambia juicios por multas a discreción de la Policía, solo resulta efectiva si antes empobreces a la población hasta el punto de que su precariedad le impida salir a la calle por no poder enfrentar los pagos de sanciones.

Capítulo aparte, según Ekaizer, merecen “las reformas financieras del PSOE, que se cargaron las cajas de ahorro en España por cuenta de la gran banca privada. Es importante porque supuso terminar con la obra social de las cajas, privatizarlas y convertirlas en bancos con accionistas privados”.

POBREZA FEMENINA
Además de la infancia, y junto a ella, quienes más han sufrido la llamada “crisis” han sido las mujeres. Siete de cada diez personas que reciben los salarios más bajos son mujeres, que solo representan el 34,5% de las personas que más ganan. La brecha salarial les supone cobrar hasta un 14% menos que los hombres.

Ángeles Álvarez, activista del feminismo y actual portavoz de Igualdad del PSOE, asegura que ha tenido lugar “una expulsión de un gran número de ellas del mercado laboral con una circunstancia que se no se había producido desde hacía años. La crisis no solo ha prevaricado los empleos, también ha sobrecargado de trabajo no asalariado vinculado a los cuidados dado que el Estado limitó las ayudas y dejó de cotizar por las cuidadoras”.

Por otra parte, la socialista incide en “un asunto del que apenas se habla y que sí tiene una repercusión negativa vinculada a la contratación pública de servicios y ayuda a la dependencia. No se ha apostado por el cooperativismo, que hubiese permitido que las trabajadoras negociasen directamente con la Administración en vez de con subcontratas que precarizan aún más sus condiciones laborales y sus salarios”.

CAMBIO, RACISMO Y XENOFOBIA
Finalmente, en la última década se ha modificado radicalmente el panorama político español. El cambio más significativo, sin duda, fue la aparición de Podemos y de sus partidos “hermanos”. En las elecciones de 2016, la coalición entre Podemos e Izquierda Unida (Unidos Podemos) consiguió arrancar 71 escaños en el Congreso. Pese a que dicha cifra no satisfizo a sus líderes, lo cierto es que ha supuesto una irrupción en la política española sin precedentes, y un empujón a las posturas más progresistas. En la base de muchas de las transformaciones políticas actuales está su empuje. Sobre todas ellas, la revisión de la Transición y lo que ha dado en llamarse el “régimen del 78”.

Quizás más relevante en la práctica ha sido la modificación de las alcaldías en 9 de las principales provincias españolas. Manuela Carmena (Madrid), Ada Colau (Barcelona), Pedro Santisteve (Zaragoza), Joan Ribó (Valencia), Xulio Xosé Ferreiro (Coruña), Martiño Noriega (Santiago), Jorge Juan Suárez (Ferrol) y José María González Kichi (Cádiz) están suponiendo una revisión del municipalismo y son un mazazo a la gestión tradicional de las áreas locales.

Por otra parte, pese a que Ciudadanos (C’s) se fundó tres años antes de 2008, o sea de la “crisis”, su papel está siendo decisivo en la división de la derecha conservadora, un fenómeno que no se había visto en esta democracia posfranquista. En los últimos años, y fruto de su enfrentamiento con el PP, ha radicalizado su discurso, hoy ultraconservador rozando habitualmente el racismo y la xenofobia. El PP, forzado por estas circunstancias, si es que le hiciera falta, vive un proceso paralelo que le ha llevado a plantearse leyes tan socialmente aceptadas como la del aborto.

Todos ellos, con el PSOE gobernando y los nacionalistas catalanes y vascos de muleta, deben enfrentar el resultado de una década destructiva: pobreza rampante, falta de derechos laborales, privatizaciones y corrupción generalizadas, una legislación ultraconservadora basada en el recorte de derechos y libertades, posturas xenófobas frente a la inmigración sostenida y una bolsa de menores de 40 años estancados en un “sin futuro” de muy difícil solución. Y Cataluña, que merecería un capítulo aparte, cuyo proceso independentista no tiene visos de retroceder. Y los últimos coletazos del franquismo, al que más de cuarenta años después, por fin, la sociedad española parece hincarle el diente.