El Defensor del Pueblo pone en evidencia al gobierno de Melilla en el caso de Mamadou Barry

Las evidencias demuestran las incongruencias de la versión dada por parte de Daniel Ventura, consejero de Bienestar Social de la Ciudad de Melilla, sobre la situación de los internos en centros de menores. En este caso, el Defensor del Pueblo en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, publicó ayer su informe anual en el que recoge el caso de Mamadou Barry que, como informamos en La Marea, murió el 22 de diciembre de 2017 tras un mes en coma, después de sufrir varias paradas cardiorrespiratorias en el Centro Educativo de Menores Infractores Ciudad de Melilla. 

En los días posteriores a su muerte, Ventura declaró ante los medios que había habido “un conflicto entre dos compañeros” del centro, por lo que trabajadores del mismo intervinieron cuando “llegaron a las manos”. Según su versión y la nota de prensa emitida por Fundación Diagrama, concesionaria de su gestión,  “el equipo del centro que ya estaba interviniendo, procede a la separación de los jóvenes y contención de la situación. Acto seguido, el joven M.B. sufrió un desvanecimiento y fue atendido de manera inmediata por el equipo médico del centro”. José Palazón, de la ONG Prodein, denunció que sus informaciones apuntaban a que el joven, de 17 años y procedente de Guinea Conakry, había sufrido una paliza por parte de trabajadores del reformatorio, hechos que Ventura negó tajantemente y anunció que su Consejería interpondría una denuncia contra él, de la que hasta el momento no se tiene constancia. 

Siete meses después, la investigación realizada por el equipo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), contradice la versión oficial de los hechos y da la razón a lo apuntado por Prodein. Como se puede leer en su informe anual, el equipo de MNP –integrado por dos técnicas de este organismo y otras dos externas– realizó una visita sin previo aviso al Centro Educativo de Menores Infractores Ciudad de Melilla (CIMI) los días 12, 13 y 14 de diciembre, cuando Mamadou Barry ya llevaba dos semanas en coma en la UCI del hospital comarcal. Solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del día de los hechos, ante lo que advirtieron “problemas y resistencias” desde un principio, como se lee en el informe: “El director manifestó que las imágenes estaban bajo la responsabilidad de la empresa de seguridad, que no tenía vinculación con la fundación encargada de la gestión del centro, y que ni siquiera él podía ver las imágenes si ocurría algún incidente”. 

Ante esta barrera, el equipo de MNP se dirigió a la Consejería de Bienestar Social, dependiente de Daniel Ventura, para solicitarle todas las imágenes de los servidores. Tras un plazo de espera que no nos especifican desde la Defensoría, recibieron 110 vídeos cuyo análisis por parte del equipo encargado de prevenir la tortura en el Estado español arrojó que fueron seis personas las que “practicaron la contención y se observó cierta rudeza en su aplicación”. Además, el informe recoge que una de las personas del centro que participó en esta maniobra “coge la cabeza del interno y la agita de modo que se da contra el suelo”. De hecho, el documento incluye el fotograma del momento en el que Barry se desvanece tras esta operación y otro en el que se ve cuando es llevado a la enfermería para que sea reanimado. La investigación también encuentra “discrepancias entre la duración de la contención realizada y anotada en el registro de medios de contención del CIMI con lo que resulta de los vídeos visualizados”. 

Las irregularidades no acaban aquí. El informe del equipo del Defensor del Pueblo explica que “la autopsia que se realizó al menor fue clínica y no judicial, por lo que faltarían bastantes elementos para establecer una eventual correlación entre la contención y la parada cardiorrespiratoria. Hay que indicar que la autopsia clínica se realiza cuando se considera que el fallecimiento ha sido considerado muerte natural. Cuesta entender que en un caso como este no se realizara una autopsia judicial”, concluye en este sentido. Este era un aspecto que habíamos subrayado en los dos reportajes publicados por La Marea que recogían el caso de Mamadou Barry, ya que ni su abogada, ni su familia ni la prensa hemos tenido en ningún momento acceso a la autopsia.

El 9 de febrero, el consejero Ventura dio una rueda de prensa en la que aseguró que los resultados de la autopsia habían revelado que el menor sufría una “miocardiopatía hipertrófica obstructiva que produce arritmias”, pero no se entregó ninguna documentación a los periodistas presentes. El 20 de marzo volvimos a solicitarla sin éxito, después de que Barry fuese enterrado sin avisar a sus familiares –residentes en España y localizables ya que habían intentado reunirse con Ventura para conocer más sobre lo ocurrido–. 

El informe del Defensor del Pueblo también recoge que “el centro tampoco realizó ningún parte de lesiones, por lo que el menor no fue examinado por un forense en el momento del ingreso para comprobar si había lesiones producidas por la contención”. Por ello, el MNP insta al centro a que mejore el protocolo aplicado a las contenciones y a que cumplimente correctamente los partes de lesiones y que los remita al juzgado, como marca la normativa, ya que ha encontrado que “no son realizados de forma frecuente aun cuando existe un alto número de contenciones”. En cualquier caso, la investigación de la muerte de Mamadou Barry ya ha sido asumida por el área de seguridad y justicia del Defensor del Pueblo. 

La Marea se ha puesto en contacto con el gabinete de prensa de la Consejería de Bienestar Social, bajo cuya tutela se encontraba Mamadou Barry en el momento de los hechos, así como con el de la Fundación Diagrama, concesionaria de la gestión del centro donde tuvieron lugar los hechos. Hasta el momento no hemos recibido respuesta en ninguno de los dos casos. 

Duchas de agua fría, colchones en mal estado y habitaciones con humedades

El informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de Torturas, encargado de la supervisión de los lugares de privación de libertad en España bajo el protocolo de las Naciones Unidas con este fin, ahonda en las condiciones en las que viven los menores internados en el centro de menores infractores de Melilla. Entre la veintena de sugerencias que recogen, destaca que “los menores se quejaron sobre el frío, humedades y de que no tienen agua caliente en la ducha” y recomienda que se adopten medidas para subsanar “las deficiencias que se apreciaron en la mayoría de las habitaciones, así como los problemas de las calderas de modo que se garantice la disponibilidad de agua caliente en todas las celdas”. 

Asimismo, destaca que “algunos colchones de las camas de los menores eran antiguos de espuma y estaban en muy mal estado” e insta a que se agilice la sustitución de todos ellos por otros que sean ignífugos. El MNP denuncia que en el caso de los menores internados con una medida terapéutica, “estos no reciben un tratamiento psicológico o psiquiátrico diferente del resto de los internos, aun siendo necesario para ellos un tratamiento específico”. Igualmente critica que no haya “actividades de ocio que motiven a los menores” y recomienda que en el momento del ingreso y siguiendo los protocolos internacionales, se realicen analíticas de sangre de control así como para la detección de Enfermedades de Transmisión Sexual. 

Ninguna de las 16 sugerencias recogidas en el informe del MNP ha obtenido respuesta aún por parte de la Consejería de Bienestar Social de Melilla.