Los miércoles negros de la Radio Televisión Canaria

Televisión pública en manos privadas. Así ha sido desde su nacimiento el modelo de gestión de Radio Televisión Canaria (RTVC), que a punto estuvo de irse a negro el pasado 1 de julio. Los trabajadores y trabajadoras, hasta último momento, se veían en la calle. Una situación originada, al igual que ocurre en RTVE, por ser un organismo a merced del poder político. La última muestra de censura ocurrió este lunes según denunció la periodista de la casa María Dolores Aguilar, que publicó en su cuenta de Twitter la negativa de RTVC a emitir un reportaje que la misma cadena le había encargado. La noticia, formada por dos piezas, analizaba el proyecto del Gobierno de Canarias de incluir los eSports –competiciones de videojuegos– en las escuelas: un bloque contaba con la presentación del proyecto, y el otro con la opinión –todas negativas– de fuentes expertas.

La decisión de no dar la parte crítica fue, según confirman a La Marea fuentes cercanas a la redacción, de la jefa de informativos, Nieves Rocha. Aguilar relata que esta «se escudó en que la información estaba demasiado escorada” y no incluía otras interpretaciones. En declaraciones a este medio, Nieves Rocha asegura que «el reportaje no se ha emitido porque no está completo» y que saldrá cuando estén «todas las opiniones». No obstante, esta versión se contradice con la ofrecida ayer en el CanariasAhora por la directora de comunicación de Radio Televisión Canaria, Candelaria Delgado, quien atribuyó el problema a la “falta de espacio».

Pido disculpas al Presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría @CabreraRocaG. Hace una semana nos contó cual era la postura de los pediatras sobre el proyecto de los e-sport de @EducacionCan. Sigo esperando a que los informativos de @rtvc me dejen emitir su declaración.

— Malole Aguilar (@maloleaf) 23 de julio de 2018

Para entender cómo se ha llegado a esta encrucijada hay que retroceder a 2008. En ese momento se fija, tras un concurso público, que la gestión de los informativos y la continuidad de la cadena estén a cargo durante los próximos ocho años, y a razón de más de 150 millones de euros, de la productora audiovisual Videoreport. Lo logró a pesar de no disponer de inmuebles para producir los informativos, obligando a las presentadoras a viajar entre islas para hacer su trabajo, o tener el centro de producción de Las Palmas de Gran Canaria sin luz. La empresa, que debía finalizar su contrato en 2016, alargó su estancia dos años más gracias a que el Gobierno de Canarias fijó una prórroga como ‘compensación’ por los recortes en los servicios y el personal.

En agosto de 2017, el entonces presidente del Consejo Rector y administrador único de la radio y televisión canaria, Santiago Negrín, decidió unilateralmente publicar el nuevo concurso que adjudicaría el control de los informativos. Sería por 144 millones de euros hasta 2026. Sin embargo, este movimiento incurría en una presunta ilegalidad, pues toda contratación superior a un millón de euros compete al Consejo Rector en su totalidad y no a una sola persona, como se estipula en la ley de RTVC firmada en 2014.

Concurso público sin publicidad

El concurso, que seguía su cauce mientras llovían las críticas, fue declarado desierto en marzo por RTVC, alegando irregularidades en la documentación presentada por las tres empresas que pujaban. Entonces Negrín, como presidente en funciones, formuló otro concurso, esta vez sin publicidad y restringido. Un hecho que señaló así Cristina Duce, experta en contratación pública, en una de las reuniones celebradas: “Quiero hacer constar en acta, antes de que el señor presidente levante la sesión, que en mi doble condición de secretaria del consejo rector y de la mesa de contratación del concurso, he advertido al señor presidente de que mi opinión no coincide con la suya y que el concurso negociado sin publicidad que pretende tramitar es un fraude de ley”.

El 25 de abril, Videoreport resultó ganadora del polémico concurso, revalidando así la concesión por otros ocho años más. Sin embargo, no ha sido posible materializarse por una situación surrealista. La propia vencedora, creyendo que no volvería a ganar el contrato, adoptó una estrategia basada en impugnar de manera sistemática todas las decisiones tomadas por Santiago Negrín y RTVC. Con un contrato adjudicado, pero sin poder ejecutar, se acercaba a la fecha límite sin saber nadie qué paso dar.

No obstante, Santiago Negrín dimitió. El Consejo Rector, que desde noviembre estaba en proceso de completar el equipo, pasó a estar en funciones y a la espera de una nueva ley. Negrín, responsable para la gran mayoría de los actores del desastre, se marchó con una carta achacando la decisión “a la presión mediática, la controversia judicial y la política partidista” que, afirmaba, “ha terminado afectando a su salud”. Abandonó en mayo, con un concurso supuestamente irregular impugnado que no valía.

En ese punto se llega a junio. La fecha límite -1 de julio- estaba cada día más cerca. Peligraba la emisión, y con ello los aproximadamente 230 empleos de Videoreport, quien a su vez tenía subrogado 90 puestos de trabajo –cámaras externos, unidades móviles, agencias y profesionales de las islas no capitalinas– a través de otras empresas privadas. En total, más de 300 trabajadores que irían a parar a la calle si no se encontraba una solución pronto.

Y llegó. In extremis, pero se logró. El Parlamento, en cuestión de días, aprobó una ley de emergencia por la que se elegía un nuevo administrador único: José Carlos Naranjo Sintes. Un acuerdo vigente hasta final de año donde se incluía la posibilidad de cesarlo por mayoría simple si no cumplía las expectativas de las distintas fuerzas. Asimismo, el ente público asumiría la contratación como trabajadores públicos –sin concurso- de los más de 200 trabajadores de Videoreport. El resto seguiría dependiendo de las empresas privadas. Además, la cadena pública ha tenido que hacerse cargo del alquiler de las instalaciones y del material técnico, propiedad también de la productora audiovisual.

En una de sus primeras declaraciones, el nuevo presidente de RTVC reconocía otra supuesta irregularidad gestada por el anterior presidente, quien mantuvo a Cellnex, proveedor de la señal, a través de una convalidación de facturas. Este movimiento evitó el fundido a negro tanto de la televisión como de la radio pública autonómica el pasado 31 de diciembre de 2017.

Con el verano ya en su plenitud, los ojos están puestos, por un lado, en la gestión de Naranjo Sintes, señalado por crear el puesto de director de Operaciones sin concurso público. Un gesto que él, el ‘dedazo’, reprochaba durante su etapa como auditor de la Audiencia de Cuentas de Canarias. Por otro lado está el Parlamento de Canarias, en proceso de redactar una nueva ley que genere consenso entre todos los grupos, y cuya mayor cuestión por resolver es si se volverá a la fórmula privada, o si por el contrario por primera vez habrá una televisión completamente pública. La respuesta final, que se conocerá antes de acabar el año, es seguida muy de cerca por los trabajadores de RTVC, que barajan ir a la huelga si no ven cambios.

Tres empresas, a por el control de Radio Televisión Canaria

Esta lucha, alargada durante meses, no solo ha tenido como protagonistas a los poderes políticos y empresariales. Los medios de comunicación de las islas, encargados de seguir la actualidad de este acontecimiento, han formado parte de la negociación.

Tres han sido las empresas que se disputaron gestionar la cadena autonómica durante la próxima década: Videoreport, en cuyo accionariado figura como máximo accionista Inforcasa Digital SA, editora de Canarias 7, uno de los periódicos más leídos del archipiélago canario. Otra de las que también consta en el consejo de administración de Videoreport es el Grupo Secuoya mediante varios negocios, entre ellos WNEWS Agencia de noticias. Hasta el año pasado también tuvo presencia Canarias de Avisos, editora de Diario de Avisos, periódico decano de Canarias que desde 2016 nutre de información a El Español, y viceversa.

Nuntium TV SL, descalificada por un error formal, es otra de las que quería hacerse con la licitación del ente público. Anteriormente conocida como Minifalda S.L., ésta productora está dirigida por Carlos Delgado y Carina Pardavila. El primero es el gerente de Prensa Canaria, encargada de editar los periódicos La Provincia/Diario de Las Palmas –el más leído del archipiélago y máximo rival de Canarias 7– y La Opinión de Tenerife. Por su parte, Pardavila es la responsable de PRISA Vídeo, división para televisión del conocido grupo de la Cadena SER y El País.

Por último está Liquid Media. Se trata de una filial propiedad del gigante audiovisual Mediapro, encargada de canales como Bein Sport. Su administrador único es Jaume Roures, que en 2011 despidió a casi la totalidad de la plantilla del diario Público.

Es una situación en la que medios de comunicación se lanzan continuas pullas unos contra otros en forma de artículos, con el único fin de desacreditarse. Mientras, sus directivos se preparan para tomar el control de una televisión pública que no es pública, y con unos trabajadores y trabajadoras que ni siquiera disponen de un Consejo de Redacción con el que denunciar las censuras y malas prácticas, como ocurre en RTVE. Aun así, cada miércoles el negro toma la pantalla como rechazo a la diferencia salarial entre los contratados por lo público y los contratos mediante empresas privadas, a pesar de desempeñar la misma labor.