Puntos a favor y en contra sobre la de ley de cambio climático de Podemos

El pasado jueves, el grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presentó su proposición de ley de cambio climático. El documento, de 135 páginas, establece las líneas maestras de la estrategia a largo plazo del grupo morado para enfrentarse a las consecuencias del calentamiento global. La propuesta plantea objetivos algo más ambiciosos que los que se espera plantee el Gobierno en las próximas semanas. Así, el texto (con poco recorrido legislativo al no contar Unidos Podemos con apoyos suficientes para su aprobación) se plantea como una herramienta de negociación con el Ejecutivo. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció hace unas semanas que planea presentar el borrador de la propuesta del Gobierno antes de que las Cortes se vayan de vacaciones.

Entre los objetivos que plantea Unidos Podemos está un 35% de reducción de emisiones, con respecto a niveles de 1990, para 2030, y un 95% para 2050. Además, se plantea que al menos un 45% de la energía dentro de doce años proceda de renovables, así como una reducción del consumo de energía primaria del 40% con respecto a un hipotético escenario sin medidas de ahorro. Para 2050, el objetivo es que toda la energía proceda de renovables. Entre las medidas más destacadas llama la atención un “Plan Nacional de Eficiencia Energética”, que incluiría la rehabilitación energética de al menos 200.000 viviendas al año.

En cuanto a las centrales eléctricas, Unidos Podemos propone el cierre de las térmicas de carbón para 2025. Además, el texto rechaza la estrategia de sustituir el carbono con energía nuclear, pidiendo que no se extienda la vida útil de las centrales de fisión más allá de 2024. Por último, plantea que las centrales hidroeléctricas tengan como prioridad “el apoyo a la integración en el sistema eléctrico de las tecnologías renovables no gestionables”, como la solar o la eólica. Asimismo, una vez expiradas las concesiones de las centrales hidroeléctricas, se prioriza su retorno a la gestión pública.

El texto hace hincapié en el concepto de transición justa, mencionando el “conflicto ecológico distributivo” que supone el cambio climático, en el que una minoría se habría apropiado de unos recursos comunes, dejando a la mayoría los “pasivos ambientales”. El grupo también introduce el concepto de economía circular, pidiendo “un cambio estructural en el modelo productivo”.

Luces y sombras entre los ecologistas

La ambición demostrada en la ley ha sido bien recibida, en general, por las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, varios representantes de las mismas, contactados por La Marea, han mostrado sus dudas respecto a varios aspectos.

Para Ana Barreira, directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), es positivo que los partidos políticos empiecen a priorizar las leyes de cambio climático. Barreira espera que el texto registrado por Podemos añada competencia que acabe propiciando la aprobación de una ley más ambiciosa y aplicable. Sin embargo, señaló que el objetivo para 2050 debería haber sido de emisiones netas cero.

La directora del IIDMA sí valora positivamente la fecha prevista para el cierre de las centrales de carbón, una campaña en la que el Instituto, que forma parte de la alianza europea contra este combustible Beyond Coal, se ha concentrado en los últimos años: «Evidentemente, para poder cumplir con los objetivos de mitigación, la inclusión de una fecha concreta y cercana para el cierre de las centrales térmicas es fundamental», afirma, añadiendo que el establecimiento de esta fecha es «el primer paso clave» hacia una transición energética «ordenada y progresiva». Barreira también celebra la inclusión de una reforma fiscal basada en la filosofía de «quien contamina paga».

Héctor de Prado, responsable de clima y energía de Amigos de la Tierra España, considera muy positivas algunas partes de la proposición de ley, como que se introduzcan los conceptos de transición justa y justicia climática, así como la perspectiva de género. Asimismo, celebra la inclusión de los presupuestos de carbono, aunque critica que sea “la versión” del grupo confederal de dichos presupuestos, y que no se apliquen a todos los sectores de la economía. De Prado también se muestra escéptico con la idea de crear una Agencia Estatal del Cambio Climático. El activista califica la propuesta de “interesante pero fácilmente politizable”.

Finalmente, De Prado muestra pocas expectativas de que la propuesta prospere, ya que, según él, varios grupos parlamentarios se opondrán sistemáticamente “por venir de donde viene”. Así, el responsable de Clima de Amigos de la Tierra cree que la ley que finalmente se apruebe será “de mínimos”, prácticamente forzada por las obligaciones para con Bruselas, y que solo se plasmará tras “un debate eterno que terminará cuando termine la legislatura”.

“Esto nos debería hacer reflexionar a todos sobre la capacidad política de la clase dirigente de este país y de su incapacidad de dejar de lado intereses, ideologías, rencillas y orgullos patrios, y sentarse a abordar un tema de enorme magnitud que tendrá nefastas consecuencias para este país más pronto que tarde”, concluye De Prado.

Por su parte, Javier Andaluz, responsable de Cambio Climático de Ecologistas en Acción, señala que los objetivos “son los más ambiciosos que se han presentado hasta ahora en todas las propuestas”, al tiempo que celebra que sean cuantificables. No obstante, el activista afirma que esto no significa que sean idóneos: “Creemos que deben ser aún mayores, sobre todo teniendo en cuenta el informe del IPCC que se publicará en octubre, que probablemente pondrá sobre aviso a las sociedades más industrializadas para que adelanten la descarbonización de la economía de 2050 a 2040”. Andaluz se muestra satisfecho por la inclusión de demandas sociales, así como del apoyo al autoconsumo.

Sin embargo, el representante de Ecologistas en Acción es crítico con varios de los aspectos recogidos en el texto. “Aunque se establezcan objetivos generales, tendría que haber más concreción. El discurso que plantea Podemos está muy ligado a la parte más ecologista de la organización, y no sabemos cómo otras áreas del grupo responderán en el desarrollo de reglamentos posteriores”, afirma, y añade que la sección dedicada a la gobernanza es una de las que requieren más trabajo.

El carbón se enfrenta a su fin

Javier Andaluz celebra que se plantee el cierre de las centrales de carbón para 2025, pero afirma que el mismo “no puede supeditarse a la generación de empleo local”. El activista argumenta que la situación de despoblación del medio rural no puede desligarse del monocultivo energético que ha mantenido activas las comarcas mineras. “El carbón tiene que cerrar, y hay que dar salidas laborales a toda la sociedad. No se puede asociar la despoblación solamente al fin de un monocultivo energético”, sostiene Andaluz.

Precisamente en este sentido, CCOO Asturias es muy crítico con la propuesta. Damián Manzano, secretario general de la sección de industria del sindicato en Asturias considera que la proposición de ley “no propone alternativas realistas para la sustitución de la industria”. “Creemos que es un despropósito, y puede hacer un daño tremendo a los trabajadores”, dice el sindicalista.

Izquierda Unida en Asturias se alineó con CCOO, y el propio jueves, al tiempo que se presentaba la proposición de ley en el Congreso, rechazaba la misma a través de su diputado, Ovidio Zapico. En una nota de prensa, el representante de la coalición afirmó que “la peor política es aquella que sacrifica territorio por voto en las ciudades, lo que este proyecto de ley significa”. IU Asturias ha pedido a sus diputados que voten en contra de la propuesta.