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Denegaciones de la tarjeta sanitaria de forma “ilegal y arbitraria”

El Colectivo de Afectadas por el INSS solicita a la ministra Carmen Montón que tenga en cuenta que muchas personas quedan excluidas del sistema sanitario a causa de la interpretación legislativa.

“Cuando mi madre vino a residir a España y fuimos al Instituto Nacional de la Seguridad Social, ni siquiera nos cogieron la solicitud escrita y nos dijeron que por culpa del Real Decreto 16/2012 –aprobado por Rajoy– no tenía derecho a la asistencia sanitaria”, narra Olga Lucía, que reside en España desde hace 20 años y tiene la nacionalidad. A partir de ahí se sucedieron diferentes negativas y un “largo camino” durante el cual su madre llegó a enfermar. Finalmente, el Juzgado de lo Social reconoció su derecho. A pesar del anuncio del nuevo Gobierno de acabar con el decreto que excluía a las personas migrantes de la sanidad, la situación continúa siendo complicada para personas como la madre de Olga.

El Colectivo de Afectadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha denunciado que el organismo deniega “de forma ilegal y arbitraria” la tarjeta sanitaria a personas que viven en España con un permiso de residencia. En una rueda de prensa, algunas personas afectadas han asegurado que está incumpliendo la legalidad vigente y sostienen que el citado Real Decreto 16/2012 “vulnera el derecho a la protección de la salud de miles de personas”, lo que provoca un aumento de la mortalidad.

Apoyados por el colectivo Yo Sí Sanidad Universal, la organización ha demandado en reiteradas ocasiones a la Seguridad Social y ha ganado “casi la totalidad de los juicios”, lo que ha permitido a los demandantes conseguir la tarjeta sanitaria después de un largo proceso. “En la mayoría de los casos el camino ha acabado en la alegría de haber visto reconocido nuestro derecho”, apunta Patricia, una de las integrantes del colectivo. “A pesar de ello, hay cientos de personas que se han quedado sin tarjeta ante la negativa del INSS”, añade.

Yuk Sánchez, abogado y colaborador del Colectivo de Afectadas por el INSS, ha hecho hincapié en la idea de que estas personas excluidas de la sanidad pública tienen un permiso de residencia. “Según dicen los jueces, el INSS lleva a cabo actuaciones que son ilegales”, ha recalcado, poniendo como ejemplo las 40 sentencias que se han producido a favor a de las personas denunciantes. “Como juristas entendemos que esta situación se tiene que resolver”, ha concluido Sánchez.

Finalmente, ha realizado varias peticiones a las instituciones. “En primer lugar le pedimos a la ministra [de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social] Magdalena Valerio que haga que el INSS regrese a la legalidad y conceda la tarjeta sanitaria a las personas que de acuerdo con la ley ya deberían tenerla”, ha exigido Patricia. También han solicitado a la ministra [de Sanidad, Consumo y Bienestar Social] Carmen Montón que tenga en cuenta que muchas personas quedan excluidas del sistema sanitario a causa de la interpretación legislativa, “lo que hace imprescindible que la redacción de la nueva ley no dé lugar a la arbitrariedad en su aplicación”. A la Delegación de Gobierno han pedido el cese de la amenaza de retirar el permiso de residencia a aquellas personas que reclaman la tarjeta sanitaria y, por último, han animado a las personas que se encuentren en la misma situación a denunciar al INSS.

 

Fe de errores: en la primera versión de este artículo había un error en el Real Decreto 16/2012, el cual fue nombrado de forma equivocada como Real Decreto 16/2002

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Comentarios
  1. El real decreto en cuestión es el 16/2012, aprobado por Rajoy. La ley 16/2002 es de prevención y control integrados de la contaminación. Tanto en el texto de la notocia, como en el enlace al BOE hay una errata.

    Saludos

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