Doctrina con dinero público

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La niña llamada Carolina S. F. estudia Primaria en un colegio concertado del madrileño distrito de Moncloa-Aravaca. Entre los libros que carga en la mochila, uno titulado El regalo de la creación, de la Editorial SM. Dicho volumen arranca así: «Vivimos en un mundo maravilloso que es creación de Dios. Es muy importante que las personas lo cuidemos y vivamos en él sin estropearlo». En una primera ojeada, no queda claro si se trata de un manual para el alumnado o para los docentes. De lo que no cabe duda es de que, ya desde el principio, muestra su encontronazo con la base científica del conocimiento. Para la cría que vuelve a casa con la mochila cargada, la Creación será obra de alguien llamado Dios, y que por supuesto nada tiene que ver ni con la evolución ni con el saber desarrollado en los últimos siglos. Dos páginas después, el librillo reproduce el arranque del Génesis, y lo anuncia: «El Génesis es el primer libro de la Biblia. En él podemos leer que Dios creó el universo y todos los seres vivos que existen». Las siglas de la editorial SM vienen de Santa María, grupo nacido en 1937 a partir de un núcleo de sacerdotes marianistas.

Carolina es una del más del millón (1.073.165) de alumnas y alumnos que cursa la asignatura de Religión en España en Primaria. En Secundaria son 537.876; en Bachillerato, 129.639; y en Educación Infantil, 423.194 escolares. En total, más de dos millones (2.163.874) en los niveles no universitarios, la inmensa mayoría, religión católica. A todos ellos les cuenta las calificaciones de esta materia en la nota media de final de curso. Hace unos días, la nueva ministra de Educación, Isabel Celaá, anunció que dejará de computar para la nota, tanto para la media como para la beca. «Propongo la creación de una asignatura obligatoria de valores cívicos y éticos, centrada en el tratamiento y análisis de los derechos humanos y de las virtudes cívico-democráticas», afirmó en el Congreso, donde enumeró algunas medidas con las que el nuevo gobierno de Pedro Sánchez pretende revertir la Lomce, conocida como ley Wert.

Mientras tanto, observemos estos datos: entre los docentes financiados con fondos públicos, 3 son judíos, 48 son musulmanes, 235 son evangelistas y 16.500 son católicos. En cifras: el coste de los docentes católicos a las arcas públicas es de 600 millones de euros mientras el de los evangélicos es de 5,5 y el de los musulmanes, de 1,2 millones.

La Constitución Española afirma en su artículo 16 que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Sin embargo, las relaciones entre el Estado y la jerarquía católica desdicen dicha pauta, y de hecho se rigen por los acuerdos con la Santa Sede de 1979, que tienen rango de acuerdo internacional y que, muy al contrario de corregirse, se han ido afianzando y ampliando a lo largo de la democracia.

Según datos de Europa Laica, la asociación erudita en el tema, el Estado español aporta a las arcas de la Iglesia católica, a través de subvenciones directas y exención de tributos, más de 11.000 millones de euros anuales –la Conferencia Episcopal asegura a La Marea que no dispone de esos datos–. De ellos, cerca de la mitad –5.010 millones– están destinados a capítulos relacionados con la educación. A los 600 millones de euros consignados a profesorado de Religión en el Estado y las comunidades autónomas, hay que sumar más de 4.400 millones en financiación de centros privados concertados de ideario católico y otros 10 millones en convenios con consejerías de Educación.

De todas las partidas en las que se pueden dividir los más de 11.000 millones públicos que van a la Iglesia católica, el de Educación es el mayor con diferencia. Le siguen los capítulos referentes a la obra social y asistencial y a las exenciones y bonificaciones tributarias, cada uno de ellos con 2.000 millones, menos de la mitad de lo destinado a educación. Sirva lo anterior de argumento difícilmente refutable para afirmar que el Estado español, en la actualidad, realiza el mayor esfuerzo en afianzar la doctrina católica en la educación de los escolares no universitarios. Dicho esfuerzo crea, de forma evidentemente voluntaria, unas élites educativas ligadas a la educación privada concertada, que se encuentran en asociación indudable con la doctrina católica.

«La educación requiere una revolución que transcienda la escuela de la era analógica y que se inserte en el racionalismo crítico de la era digital, pero aspirando a una escuela no elitista sino igualitaria y emancipadora», explica el presidente de Europa Laica, Antonio Movellán.

La insistencia de Movellán en que la educación no sea elitista ni fomente las desigualdades se basa en una de las evidencias de la escuela concertada en España. En sus palabras: “Un sector importante de las clases urbanas adineradas lleva a sus hijos e hijas a los colegios católicos o concertados confiando en que el no mezclarse con niños de otras clases sociales les encauzará hacia un camino de éxito social o, por lo menos, de no fracaso. Por eso la enseñanza concertada se ha expandido en las zonas urbanas de mayor nivel de renta y también en las regiones más ricas. No es tanto la calidad educativa de estos centros como la concentración de un alumnado de un nivel social similar y alejado del ‘diluvio general’. En las zonas urbanas y en las grandes áreas metropolitanas es la escuela pública la que tiene que enfrentar los problemas del alumnado con necesidades especiales, la inmigración más reciente etc. Es una segregación educativa que es funcional en el ámbito de la segregación social».

Así pues, el fomento de la educación concertada en centros católicos no tiene una finalidad de calidad educativa, sino de creación de élites económicas y sociales, de establecimiento de mecanismos de identificación, o sea, de fomento y perpetuación de las desigualdades.

En cuanto a la lucha de los partidos políticos en España para revertir todo lo anteriormente dicho, Movellán es tajante: «Hoy son pocos los partidos que se declaran a favor de una escuela pública, única y laica. Más bien todos han asumido la escuela neoliberal, la libertad de educación, etc… Esa idea de la escuela como lugar de emancipación social se ha perdido ya que no se aspira a una sociedad igualitaria». No obstante, Izquierda Unida lleva años exigiendo el fin de los conciertos educativos, que en la práctica viene a referirse al fin de las mil millonarias subvenciones a la educación católica.

En opinión de la dirigente de IU Loles Dolz, dos son las vertientes principales de la presencia de la Iglesia católica en la educación española. Por un lado, «la amplísima red de centros católicos privados concertados». O sea, de centros de educación católica y titularidad privada que reciben miles de millones de las arcas públicas. Por otra parte, destaca «la existencia de la Religión católica en el currículo escolar como materia de oferta obligada en todos los niveles educativos, desde Educación Infantil hasta la Secundaria postobligatoria, impartida además por catequistas que pagamos todos, aunque son impuestos por los correspondientes obispados».

Esto significa, en su opinión, que «el Estado español, constitucionalmente aconfesional, financia con fondos públicos y promueve el adoctrinamiento religioso en el ámbito escolar desde la más tierna infancia, atentando así contra los derechos de niñas y niños a que se respete su ‘libertad de pensamiento, de conciencia y de religión’ (art. 14.1 de la Convención de Derechos del Niño) y contra la libertad de conciencia en general». Pero no se queda ahí: «Significa también otorgar a la Iglesia católica el privilegio de difundir y perpetuar su ideología particular a cargo del contribuyente. Todo ello sin contar con el pingüe negocio que para la patronal católica supone su extensa red de centros concertados, mayoritariamente implantada en zonas urbanas, lo que les permite seleccionar a su alumnado y hacer caja con cuotas voluntarias que han de abonar las familias, aunque sus hijos e hijas cursen enseñanzas concertadas, es decir, financiadas íntegramente con recursos públicos».

Subvenciones y ley de igualdad

Todo lo anterior revela su verdadero peso si se tiene en cuenta que, durante esto que llamamos crisis, el recorte en la enseñanza pública ha resultado brutal, con cerca de 28.000 profesores despedidos y 9.500 millones de euros menos. Paralelamente, la enseñanza privada concertada ha alcanzado máximos históricos, pasando de 5.500 millones de euros hace ocho años a la partida de 7.000 millones actuales. De ellos, 5.000 millones van a parar a los centros de educación católica.

Más allá de lo anteriormente citado, cabría deducir que la Educación impartida en centros privados católicos –y que afecta a más de dos millones de niños y niñas en España– podría resultar ilegal con la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en la mano. En su artículo 23, bajo el título «La educación para la igualdad de mujeres y hombres», se lee: «Asimismo, el sistema educativo incluirá, dentro de sus principios de calidad, la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el fomento de la igualdad plena entre unas y otros». Eso afecta directamente, tal y como indica su artículo 35 (Subvenciones públicas), a las subvenciones del Estado.

Es decir, que sería difícilmente subvencionable la educación que recibe la niña llamada Carolina S. F., que vuelve del cole con El regalo de la Creación en la mochila. ¿Por qué? Porque dicha educación le enseña que la mujer nace de la costilla del hombre. Que esa mujer, llamada Eva, ofrece una manzana al macho, y que por su culpa, ese acto se convierte en castigo de la humanidad. Ella es culpable. Una educación que, además, le adoctrina en que el ejemplo a seguir y venerar es el de la virginidad, o sea que la Virgen –mujer sin atributos sexuales, sin derecho al placer y aun así madre– es su modelo de vida y crecimiento.

La citada Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres añade, además, en su artículo 24, que la Administración procederá a la «eliminación y el rechazo de los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación entre mujeres y hombres, con especial consideración a ello en los libros de texto y materiales educativos».

En declaraciones recientes a esta periodista, el magistrado Joaquim Bosch, en nombre de Jueces para la Democracia, admite: «Está claro que hay una contradicción entre las normas que impiden subvencionar a organismos que favorezcan la desigualdad y las subvenciones a la Iglesia católica». O lo que es lo mismo, que los fondos que el Estado español destina a la enseñanza privada de orientación católica, más de 5.000 millones de euros al año, se encuentran en manifiesta contradicción con las más básicas normas de igualdad que nuestra sociedad requiere y dicta.

Los datos utilizados en este artículo proceden del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, de la organización Europa Laica, del sindicato CCOO y de Izquierda Unida.