Los jóvenes que repoblaron Fraguas piden a García-Page retirar la demanda

Dos años, un mes y 15 días. Es el tiempo que pasarán en la cárcel los seis jóvenes de la Asociación de Repobladores Rurales que en mayo de 2013 decidieron repoblar Fraguas, un pueblo abandonado de la Sierra Norte de Guadalajara, si no hacen frente a las multas que se les han impuesto. El juicio, celebrado el mes pasado y cuya sentencia se ha conocido estos días, ha contado con la Junta de Castilla-La Mancha como acusación, que pide seis meses de prisión por delitos de usurpación del territorio. Posteriormente se sumó un delito contra ordenación del territorio y otro por daños medioambientes. Finalmente, este último fue retirado. Se les demanda 2.700 euros a cada uno.

En un intento de revertir el caso, esta semana se celebró en el Teatro del Barrio de Madrid una rueda de prensa conjunta con algunos de los afectados, que expusieron sus impresiones tras la sentencia. El acto fue organizado por Madres contra la represión. Paloma, en representación del colectivo, mostró su solidaridad con una juventud “criminalizada día tras día”. Desde su punto de vista, considera necesario que se extienda este tipo de iniciativas, sobre todo en lugares como Guadalajara al ser “de las más castigadas por la despoblación” y con gran “paro y precariedad”. Por ello, pidió la “absoluta absolución”.

Erlantz Ibarrondo, abogado de la defensa, cree que la sentencia es un “aviso a navegantes” para “evitar que se reiteren” los actos cometidos. Asegura que la legitimidad está clara en todo momento, pero “lo de la legalidad sí es discutible”. Otro de los aspectos que más ha indignado al letrado ha sido la evolución de las demandas interpuestas. En un principio, apunta, “el procedimiento empezó por un delito de ocupación”, al igual que “las preguntas cuando declaran y el auto de apertura del juicio oral”, y “solo después del recurso del fiscal y de la Junta se modifica y se les acusa de un delito contra la ordenación del territorio”. Ibarrondo ve desproporcionado tratar el delito de ocupación por lo penal porque en el Código Penal “nunca está la usurpación de un monte público”. En cuanto a la ordenación del territorio, asegura que el artículo aplicado del reglamento no fue concebido para sancionar la rehabilitación de un pueblo “por mucho que se haga una interpretación amplia”. 

Asimismo, también se les exige el hacerse cargo de los costes de la demolición del pueblo, que han fijado los peritos en unos 27.000 euros, asegura la asociación. Según el abogado, en la sentencia no aparece reflejada esta parte, que hace que “por vía de responsabilidad civil” no se pueda demoler algo “por lo que he sido condenado”.

Jaime Merino, uno de los integrantes –no condenado- de la Asociación de Repobladores Rurales, defendió el proyecto que desde su organización llevan años desarrollando. “Fraguas lucha contra la despoblación rural” con el único fin de “promocionar y recuperar el mundo rural”, y a pesar de las “muchas trabas administrativas”. Del mismo modo, Merino incidió en la legitimidad de los actos al contar desde un principio con el visto bueno de los antiguos vecinos y vecinas, expulsados de la localidad hace 50 años por decisión de Franco, que ordenó su demolición para la reforestación del monte con pinos.

Isaac Alcázar, uno de los afectados, defendió la inocencia de los suyos y cargó duramente contra el Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por Emiliano García-Page Sánchez (PSOE). Además, incidió en el vicepresidente segundo, José García Molina, diputado por Podemos, partido que permitió a Page mantener el poder en la comunidad autónoma manchega tras las pasadas elecciones de 2017. El joven condenado recordó la predisposición en los inicios del político morado con la causa de Fraguas. Actualmente, forma parte de esa acusación que, Merino afirma, ya “es bochornosa” tanto si les acaban condenando como si no: “Nadie les quitará la vergüenza de meter a seis jóvenes en la cárcel”. Por otra parte, solicitó que se permita la continuidad del proyecto, así como que reconozcan la incompetencia en el problema de despoblación.

A pesar de las críticas hacia la formación morada, también estuvo presente en la rueda de prensa David Llorente, diputado en las cortes de Castilla-La Mancha por Podemos. Llorente, que se declara en contra de la participación de su partido en el gobierno del PSOE, ve el proyecto que se juzga “una buena idea en el lugar acertado” por ser una de las zonas más despobladas del país. La Junta, asegura, “lleva años gastando millones de dinero público –sobre todo fondos europeos- en políticas de desarrollo rural sin conseguir nada”. Llorente se refirió a la autorización del gobierno manchego para la construcción de una macro granja porcina en un área natural protegida en la misma provincia de Guadalajara. En cuanto al caso de los jóvenes, afirmó que hará todo lo posible desde las Cortes, al mismo tiempo que pidió “retirar la demanda y reconocer Fraguas”.

Ni los técnicos de la propia Junta ni los miembros del SEPRONA encontraron indicios de daño alguno al entorno natural de la zona, recalcaron desde la asociación. Los arquitectos han sido otras de las voces que se han pronunciado sobre este caso. En un comunicado, dicho colegio ha mostrado su «desolación» y afirman ver con preocupación cómo los pueblos se quedan «vacíos, sin actividad, sin jóvenes y por consiguiente, sin futuro».

La sentencia ya ha sido recurrida por la defensa, que ha asegurado a La Marea que se puede dilatar “hasta ocho meses”. Para hacer frente al montante económico, los condenados están en una fase recaudadora con distintos actos.